Gobierno en crisis

Los maestros aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han puesto en crisis al gobierno federal y del distrito federal, de distinta filiación política, entre sí.

Provenientes de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y el mismo Distrito Federal, han dispuestos plantones en el Zócalo de la ciudad de México, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Senado, tratando de llegar al recinto habilitado en el Centro Banamex, en las  instalaciones de Televisa y TV Azteca y la Residencia Oficial Los Pinos, principalmente.

Se sabe que a raíz de la aprobación de la reforma educativa por el Congreso, los maestros de la CNTE realizaron foros de consulta entre sus bases, cuyas conclusiones dicen que fueron entregadas a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para ser incorporadas en la dictaminación de las leyes secundarias aprobadas recientemente. Se habla que hubo indiferencia y quizás desdén, menosprecio o hasta soberbia, en los servidores públicos de SEGOB que no atendieron sus peticiones, de ser cierto, es un desafortunado evento que puede complicar el escenario nacional.

Mientras tanto, las muestras de protesta de la CNTE están causando enojo entre la ciudadanía de la capital de la República, cuyas formas de manifestarse impiden el derecho de tránsito de los que nada tienen que ver en su movimiento, a tal grado que en redes sociales se ha criticado duramente al Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que los usuarios de twitter incorporaron un tema bajo el hashtag #MeHagoPendejoComoMancera, en donde realizan toda clase de críticas y señalamientos en protesta a la inacción del mandatario capitalino.

Dicha inacción llevó a pedir la suspensión de dos juegos profesionales de futbol, bajo el argumento que no se cuenta con un estado de fuerza suficiente, en virtud de la proximidad del primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, cuyo mensaje político será en el Campo Marte, como un signo del apoyo político que recibe de las fuerzas armadas y a la expectativa de lo que el CNTE pueda disponer.

El común denominador de los manifestantes, es que provienen de Entidades Federativas con crisis entre el magisterio de esos estados, como por ejemplo Oaxaca, cuyo plantón generó pérdidas multimillonarias a los sectores productivos de su capital, en el que no hubo procesados por esos actos, aunque los docentes no dejaron de cobrar sus percepciones salariales y dejando sin clases a los menores oaxaqueños. En esa ocasión, una de las causas de las protestas magisteriales se encontraba en la forma de gobernar de Ulises Ruíz Ortíz, cuyo partido político perdió la gubernatura y pasó a ser gobernada por la oposición, bajo el mando de Gabino Cué Monteagudo, pero las protestas magisteriales continuaron; entonces queda claro que el tema no era partidista ni político, era con el afán de cobrar sin trabajar y sostener sus canonjías.

El Gobierno Federal ha sido prudente y cuidadoso en sus acciones y declaraciones. No ha querido enviar a la fuerza pública para recuperar el derecho de tránsito en las calles; no obstante, esa prudencia ha sido interpretada como debilidad, tibieza y hasta un signo de falta de gobernabilidad.

Lo que sí es cierto, es que los maestros de la CNTE, -disidencia del sindicalismo oficial que por muchos años encabezó la otrora poderosa Elba Esther Gordillo en el SNTE-, no están jugando a las vencidas; están imponiendo sus condiciones y reglas al gobierno local y federal, cerrando calles y bloqueando edificios públicos con el objeto de conseguir la voluntad del legislador para dar marcha atrás en la aprobación de la reforma citada y sus leyes.

Entre sus demandas se encuentra el rechazo a la reforma laboral, a la Alianza por la Calidad de la Educación y a la prueba ENLACE, porque dicen que atentan contra la educación pública y gratuita; el repudio al gobierno federal que pretende aprobar todas las reformas estructurales que afectan al pueblo de México, piden la salida inmediata de Emilio Chuayffet de la SEP por atentar contra la educación pública y gratuita, se oponen al calendario escolar que emite la SEP para el ciclo escolar 2013-2014, porque dicen que atenta contra los derechos laborales de los trabajadores de la educación, diferencias en la forma de interpretar las nuevas facultades y atribuciones de la autoridad y alteraciones en materia laboral al derecho al debido proceso, principalmente.

Retiraron abiertamente el rechazo a ser evaluados, ya que seguramente comprendieron que es un argumento poco honorable y vergonzoso, en virtud a que cualquier profesionista o empleado requiere, -para ser competitivo-, actualizarse en lo relativo a su campo de acción, y más aún, cuando el conocimiento tiene una vigencia de siete años.

El Estado debe hacer valer el imperio de la ley y el estado de derecho, y no debe permitir que una causa justa sea desvirtuada por intereses ajenos al legítimo magisterio nacional.

Más allá de las formas impositivas o las razones que argumenta la CNTE para protestar, ¿no cree que deberían propugnar por reincorporar a los planes de estudio, materias como Civismo o Historia de México, para mejorar la calidad educativa en vez de protestar por otras causas?

Proponen que el presidente acuda a San Lázaro

En agosto de 2008, el Constituyente Permanente integrado por las Cámaras del Congreso de la Unión y por las Legislaturas de las Entidades Federativas, determinó modificar el artículo 69 constitucional, para que en lo sucesivo, el presidente de la República dejara de acudir a rendir el informe sobre el estado de la administración a su cargo, cada 1 de septiembre, y sólo se limite a enviarlo por escrito.

Entonces, quizás la gota que derramó el vaso para que se aprobara esta moción, fue aquel septiembre de 2006, cuando por las circunstancias poselectorales del momento, el expresidente Vicente Fox llegó a San Lázaro con pleno conocimiento de que la tribuna se encontraba tomada por legisladores afines al ex candidato Andrés Manuel López Obrador, pensando que podría presentar su informe, cosa que no sucedió y se convirtió en el primer presidente de México que no pudo cumplir con su obligación constitucional.

Con estas reformas se terminaron las vergonzosas interpelaciones al presidente, que entre una extraña combinación de aplausos, gritos y abucheos, intentaba presentar su informe, momentos difíciles que fueron trasladados a sus subordinados.

En virtud de lo anterior, el presidente Felipe Calderón ha presentado los tres informes de la administración en su mandato por escrito; sin embargo, el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), José Ricardo López Pescador, propuso que las Cámaras de Diputados y Senadores busquen un acuerdo para que el presidente de la República acuda a San Lázaro, el próximo 1 de septiembre, con el fin de que el Primer Mandatario entregue su IV Informe de Gobierno de forma personal, y que explique lo realizado en esta administración.

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado calificó al PRI y al Partido del Trabajo, (PT), de incongruentes, por promover otras modificaciones al formato del informe presidencial, para que el jefe del Ejecutivo acuda de nueva cuenta al Congreso de la Unión a presentarse ante el Legislativo, y acusó que “lo quieren revivir para satisfacer su vorágine política”.

Al ser proclamada la independencia, Agustín de Iturbide, fue el primero en informar al Congreso, mediante dos informes: uno en noviembre de 1822 y el otro en marzo de 1823, y además, los entonces ministerios de Relaciones Exteriores e Interiores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Hacienda Pública y, por último el de Guerra, hacían lo propio mediante memorias de trabajo; quienes aprovechaban para gestionar sus intereses por conducto de los oradores del gobierno.

Iturbide controvertido. Hubo un intento por incluir el nombre de Iturbide en letras de oro, retirado en 1921. Durante la sesión solemne del Congreso del 23 de septiembre de 1971, en la que se develó en letras de oro, la máxima de Vicente Guerrero: “La Patria es Primero”.

“… Señor Presidente, ¡Se ha encendido al rojo vivo otra vez, el debate histórico del desarrollo de México!, …¡Cómo es posible que quieran ustedes señores de Acción Nacional negar ser los indignos herederos, digo indignos, porque no se atreven a defenderlos de frente, de todos los que han mancillado a México durante más de 150 años de vida independiente? …¿Quiénes históricamente fueron a traer a un Emperador extranjero? ¡Sus padres políticos!, …”: sostenía el diputado Francisco Ortiz Mendoza, quien junto con el jalisciense Abel Salgado Velasco, demostraron que por sus actos, fue un traidor y oportunista a los ojos del pueblo.

Prosiguiendo, el artículo 68 de la Constitución de 1824, preveía que el presidente de la Federación, -así denominado-, asistiera el 1 de enero de cada año, a la apertura del periodo ordinario de sesiones y pronunciara un discurso alusivo, pero no para informar. La obligación para que el presidente de la República asistiera a informar, data de la constitución de 1857 en su artículo 63.

Durante el mandato del presidente Porfirio Díaz, los informes presidenciales se presentaban en 2 ocasiones ante el Congreso; posteriormente el constituyente de 1917 le asignó al artículo 69 de la Carta Magna dicha obligación, mismo que fue reformado en 1923 y en 1986, con cambios de forma que conservaron el espíritu del Constituyente, hasta la del 15 de agosto de 2008, aún vigente.

Puede cambiar

“[…] ¿Qué sentido tiene que vivamos en este país en una relación de abuso-tolerancia? Se viola la Constitución todo el tiempo por parte de los sacerdotes, y el gobierno no los puede multar, porque a pesar de que hay violación de la Constitución no hay razón valedera […]”, dijo el Senador Pablo Gómez Álvarez del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al argumentar su iniciativa para dotar de plenas facultades para que la jerarquía católica, aborde asuntos políticos desde el púlpito, e incluso, realizar campañas políticas. Muy polémico tema y muy extraño que la izquierda mexicana lo promueva, aunque puede cambiar.

Sobre lo anterior, le comparto una hipótesis del exdiputado del PRD Javier González Garza, quien fue coordinador de su grupo parlamentario en la pasada legislatura, en la que inteligentemente -y sin estar en contra de los dogmas de fe de la iglesia católica-, sostiene que, en virtud de que en el momento de su ordenación sacerdotal o votos monásticos, los sacerdotes  y monjas renunciaron voluntariamente a la ciudadanía mexicana -con sus derechos incluidos-, para adquirir nuevos derechos y obligaciones con el Estado Vaticano -el cual se rige por los usos y prácticas diplomáticas-, y por consiguiente, en lo sucesivo le deben obediencia al Papa como sus súbditos, y por este sólo hecho, los convierte en extranjeros en México, y por tanto, su participación en política sigue proscrita, según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 33 constitucional.

Además, como los ministros de las iglesias tienen derechos parciales, como el de votar -más no a ser votados, todavía-, a una identidad, entre otros; la buena noticia es que, -quien genera derechos asume obligaciones-, de prosperar esta iniciativa, es muy probable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP) comience a gravar impuestos a los ingresos y bienes de las iglesias, además que serán sujetas de fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por el Instituto Federal Electoral (IFE) en procesos electorales, y cualquier ciudadano podrá, mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), acceder a información de las iglesias, desde el momento en que éstas reciban recursos públicos.

Se lo dejo a su criterio y usted tiene la mejor opinión.

Pero lo que puede cambiar, es el tema del fuero constitucional. Por ocho votos contra dos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los senadores y diputados tienen el privilegio de estar protegidos por el fuero, pero siempre en el ejercicio de sus funciones, y en otra circunstancia actúan como ciudadanos y pueden ser demandados.

El primer antecedente del fuero constitucional para los legisladores, se encuentra en el artículo 128 de la Constitución de Cádiz de 1812, que señalaba que “Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales, que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el tribunal de Cortes en el modo y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes, y un mes después, los diputados no podrán ser demandados, civilmente, ni ejecutados por deudas”.

El artículo 59 de la Constitución de Apatzingan de 1814, señalando que “Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso podrá hacérseles cargo de ellas; pero se sujetarán al juicio de residencia, por la parte que les toca en la administración pública, y además podrán ser acusados durante el tiempo de su diputación, y en la forma que previene este reglamento por los delitos de herejía y por los de apostasía, y por los de Estado, señaladamente por los de infidencia, concusión y dilapidación de los caudales públicos”.

En la primera Constitución de 1824, esta disposición se preveía en su artículo 42, en la que se ratificaba la inviolabilidad de sus opiniones, una parte procesal para formar causa y se omitió lo absurdo, como la herejía, apostasía, infidencia y concusión.

De igual forma, en el artículo 59 de la Constitución de 1857, estaba prevista la misma disposición, pero se omitió parte del procedimiento para la acusación en sus Cámaras.

Para el 8 de julio de 1856 se aprobó el proyecto de Constitución, en lo general, por 93 votos a favor y 5 en contra, siendo las ideas centrales de la carta magna, la forma de gobierno democrático – popular; la soberanía nacional depositada en la Federación y los Estados; la división tripartita de poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- tanto en los federales como en los estados; la implementación del juicio de amparo, entre otros.

Después de acalorados debates, el 5 de febrero de 1857, bajo la presidencia del jalisciense Valentín Gómez Farías, el Congreso juró la Constitución y después, lo hizo el presidente Ignacio Comonfort. El 15 de diciembre de 1856 el papa Pío IX mediante decreto pontificio, sentenciaba que el gobierno mexicano le había declarado cruda guerra a la iglesia, a sus intereses y sus derechos, y ordenaba a la feligresía católica que no jurara la Constitución de 1857. 10 años después, el Vaticano rompió relaciones diplomáticas con México.

Al tiempo, Valentín Gómez Farías fallece y le es negado el derecho a la cristiana sepultura, siendo sus restos depositados en el jardín de la propiedad de su familia en Mixcoac, ciudad de México.

Prosiguiendo. Para el Constituyente de 1917, siguió vigente esta disposición en el artículo 61, y además, se facultó al Presidente de cada Cámara, a velar por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

El dictamen  argumentaba para su aprobación, que es un precepto universalmente admitido por estar vinculado en él, la garantía de que los representantes del pueblo puedan proponer toda clase de modificaciones a las leyes existentes. Continúa señalando, que si esta inviolabilidad no existiera podría tomársele al legislador, como trastornador del orden público y apologista de un delito.

Cualquiera que haya sido el propósito, el fuero para legisladores se instituye con el propósito de dotar de libertad de expresión en el ejercicio de sus funciones, y no como patente de impunidad. Cabe destacar, que entre 1857 y 2005, se ha pasado de 129 a 1956 sujetos con fuero, es decir, desde legisladores hasta el Presidente de la República, pasando por Gobernadores, Diputados Locales, Secretarios de Estado, Ministros de la SCJN, inclusive.

Cambios curiosos

Cuando el Ejecutivo Federal no coincide en los planteamientos aprobados con algún decreto del Congreso, recurre a la figura jurídica de los incisos a) al c) del artículo 72 constitucional y, con ello, tener la posibilidad de presentar sus observaciones, -conocidas también como veto-, en un término no mayor a diez días útiles a la Cámara de origen.

Pero el sentido de la décima propuesta que el presidente Felipe Calderón hizo al Congreso, en su iniciativa de Reforma Política el pasado 15 de diciembre, lo fue el presentar “…observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados por el Congreso y al Presupuesto de Egresos de la Federación…”.

Pareciera una petición redundante, en el que no se entiende por qué ha de reformarse la Carta Magna, para establecer lo ya permitido.

Veamos; si se trata de observaciones a los proyectos de ley, el presidente ha devuelto en múltiples ocasiones a las Cámaras, decretos con cuyo contenido no está de acuerdo y no sería la primera vez.

Pero si se trata de observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación, en 2004 el expresidente Vicente Fox, estuvo en desacuerdo con modificaciones realizadas por el Congreso, y pese a que publicó el presupuesto en el Diario Oficial de la Federación, presentó una controversia constitucional, que terminó en 2005 en una votación de seis a cinco Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes reconocieron el derecho del Ejecutivo a vetar el presupuesto.

Qué curiosos o extraños cambios propuso el presidente Calderón, como así quizás se consideró, en su momento dado, la promulgación de la Ley Juárez, que suprimía los tribunales especiales, -tanto militares como eclesiásticos- en lo referente a los delitos del fuero común y también porque fue modificado el sistema de fueros.

Como antecedente, Benito Juárez y Juan Álvarez, llevaban una relación de compadrazgo. Juan Álvarez fue presidente de la República por un periodo fugaz pero brillante, lográndose allegar de una serie de colaboradores excepcionales: Ignacio Comonfort en el Ministerio de Guerra, Melchor Ocampo en Relaciones Exteriores, Guillermo Prieto en Hacienda y Benito Juárez en Justicia.

Con un respaldo así, en los escasos 38 días que gobernó tomó dos medidas trascendentales que cambiarían el destino de México: la promulgación de la Ley Juárez y la convocatoria al Congreso que elaboraría la Constitución de 1857.

Al ser proclamada la Ley Juárez, los comentarios en las mansiones de los ricos, -proclives a la causa conservadora-, espantados por la medida, comentaban: “…no tiene la culpa el indio, -en referencia al Ministro Juárez-, sino el pinto (Juan Álvarez), su compadre…”.

El Constituyente de 1857 estuvo formado por numerosos estadistas mexicanos, entre los que se hallaba, Valentín Gómez Farías –primer liberal mexicano, Francisco Zarco –primer cronista parlamentario-, Anastasio Cañedo –teórico de la nacionalización de los bienes eclesiásticos-, Guillermo Prieto –el poeta financiero-, Melchor Ocampo –el liberal más radical-, Santos Degollado –militar-, Vicente Rivapalacio –nieto de Vicente Guerrero-, Ignacio L. Vallarta –jurista-, Miguel Lerdo de Tejada –el desamortizador eclesiástico-, José María del Castillo –primer tratadista de derecho constitucional y administrativo-, así hasta reunir 178 diputados, entre liberales y conservadores, como grupos parlamentarios.

El 5 de febrero de ese año, el recinto del Congreso en Palacio Nacional lucía abarrotado de curiosos, cuando en un momento de emoción profunda, el presidente del Congreso Constituyente, Valentín Gómez Farías, anciano enfermo de casi 76 años, “patriarca de la libertad de México, prestando el apoyo moral de su nombre y de su gloria al nuevo código político”, se levanta de su curul y ayudado por varios diputados llega al centro del salón. Se arrodilla delante del evangelio y jura la nueva Carta Magna. Después, en contraste, todos de pie y con el brazo extendido, responden a la pregunta de si juran reconocer, guardar y hacer guardar la Constitución, con un enérgico y uniforme: ¡Sí, juramos!.

Las Leyes de Reforma, -como la Ley Juárez-, habían sido incorporadas al texto constitucional. A partir del siguiente Congreso, conocido como Primer Legislatura, todos los diputados en vez de juramentar sobre la biblia, -como era la costumbre-, por primera vez protestaron el cargo sobre las Leyes de Reforma y se omitió la asistencia de los diputados a catedral al Te Deum y comenzó la práctica de nombrar comisiones de visita a los Ministerios o Secretarías del Ejecutivo, entre otras. 

Cambios precisos que formaron la República.

La lucha

La estrategia aplicada por el expresidente del Partido Acción Nacional, (PAN), Germán Martínez Cázarez, resultó avasallada por el desencanto, -que de manera generalizada, volcó la ciudadanía a realizar un voto de castigo en contra de ese partido en las pasadas elecciones federales intermedias. 

Las Entidades de Nuevo León, Colima y Campeche fueron ratificadas para el Partido Revolucionario Institucional, (PRI), en contraste con Querétaro y San Luis Potosí que le fueron arrebatadas al PAN.

Ciudades como Guadalajara, Cuernavaca, Guanajuato, y el corredor azul en el Estado de México, compuesto por Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Toluca, cambiaron del PAN al PRI, inclusive; en la mayor derrota electoral padecida por el partido del presidente Calderón. 

La crisis generalizada en el PAN se circunscribe en la lucha de poderes reales al interior de ese partido.

Por una parte, la corriente tradicional encabezada por el presidente Felipe Calderón, y por la otra, la de la ultraderecha con el expresidente Vicente Fox, presuntamente al frente. 

Resulta curioso que hace alrededor de un año, el Tribunal del Vaticano, -la Rota Romana-, haya dictaminado al expresidente Fox, como incapaz para volver a contraer matrimonio, cuando hace unos días, la misma iglesia haya participado en el enlace matrimonial de Fox con Marta Sahagún en Guanajuato.

La verdadera lucha de intereses se haya, por parte de la ultraderecha, en elevar los dogmas de fe religiosas a rango de política pública, e incluso, constitucional.

Como ejemplos: poco más de 10 legislaturas locales han aprobado la penalización del aborto desde su concepción, -cualquiera que haya sido el método de concepción-, lo que significa que al ser aprobada en la legislatura número 16, tendrá que ser elevado a rango constitucional; además, la eliminación de la materia de historia en libros de texto, sin omitir la incorporación de la objeción de conciencia en materia de salud, para evitar la prestación de algún servicio médico argumentando motivos religiosos.

No estamos hablando del siglo XIX. Me refiero a maniobras de no más de 10 años de insistencia, en un intento por imponer los temas de una agenda religiosa como modelo social. Todas estrategias silentes pero de un gran impacto. 

Con ese mismo impacto, el presidente Benito Juárez promulgo las leyes de Reforma, incorporadas al texto de la Constitución de 1857: La Ley Juárez, por la que los tribunales eclesiásticos y militares se debían concretar a intervenir en los asuntos de sus competencias y no en los civiles; la Ley Lerdo obligaba a las corporaciones civiles a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los arrendaban; la Ley Iglesias que prohibió el cobro de derechos parroquiales, conocidos como diezmo; la Ley de la nacionalización de los bienes del clero, complementaria de la Ley Lerdo; la Ley del matrimonio civil, para establecer que el matrimonio religioso no tiene validez oficial y establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado; la Ley del registro civil, en la que se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado; la Ley de libertad de Cultos, que permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que desee; y la Ley de exclaustración de monjas y frailes, en la que se prohibió la existencia de claustros o conventos, y se decretó la salida de las religiosas y religiosos que ahí vivían. 

“…[…] La nación se encuentra hoy en un momento solemne, porque del resultado de la encarnizada lucha, que los partidarios del oscurantismo y de los abusos han provocado esta vez contra los más claros principios de la libertad y del progreso social, depende todo su porvenir. En momento tan supremo, el gobierno tiene el sagrado deber de dirigirse a la nación y hacer escuchar en la voz de sus más caros derechos e intereses, no sólo porque así se uniformará más y más la opinión pública en el sentido conveniente, sino porque así también apreciarán mejor los pueblos la causa de los grandes sacrificios que están haciendo al combatir con sus opresores, y porque así, en fin, se logrará que en todas las naciones civilizadas del mundo se vea claramente cuál es el verdadero objeto de esta lucha que tan hondamente conmueve a la república. […]” justificaba el presidente Juárez a la nación mexicana al ser promulgadas. 

Esta serie de leyes fueron, la verdadera acta de nacimiento del Estado mexicano, que en este año cumplen 150 años, por cierto, en riesgo por esa estrategia silenciosa y mezquina. 

Despreciadas por algunos y sus intereses; pero no por los hombres libres o aquellos quienes vieron en el progreso la base de esta nación. 

Traigo a la memoria histórica las palabras del presidente Juárez en 1860, rodeado del General González Ortega, Santos Degollado, Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada. Vistiendo de negro y habiendo bajado de su carruaje; su fiel Camilo al lado y arropado por el pueblo que se congregaba a recibirlo, luego del triunfo de la guerra de reforma, entre liberales y conservadores, dijo en Palacio Nacional: "…¡¡¡Mexicanos!!! Antes éramos independientes, pero no libres. A partir de hoy seremos también libres. Hoy podemos considerar que ha sido fundada la nación mexicana. Hoy empezará el proceso de fundación de una nueva patria. Hoy comenzaremos el proceso de transición de una sociedad feudal y teocrática a una sociedad moderna, contemporánea, la única con la que podemos satisfacer las necesidades del país”…”.

Costó trabajo

Como sabe, este domingo recurriremos a las urnas, -en elecciones intermedias federales, para renovar la totalidad de curules de la Cámara de Diputados; así también, en algunas entidades federativas se elegirá Gobernador, Diputados Locales y Munícipes, y que se circunscribe en un ejercicio democrático y plural. 

Por primera vez, se puso en práctica las reformas electorales aprobadas en el 2008, luego del proceso electoral presidencial 2006, y que merecerán una nueva revisión. 

Durante los primeros años de la lucha insurgente, el 13 de septiembre de 1813 en Chilpancingo se convocó al Primer Congreso, en el que se leyeron los “Sentimientos de la Nación” de José María Morelos y Pavón, y además, se planteó la importantísima elección del generalísimo de las fuerzas insurgentes.

Los candidatos eran los capitanes Ignacio López Rayón, José María Liceaga y José María Morelos, quien en un acto de modestia renunció al nombramiento y, a cambio, pidió que se le nombrara el “Siervo de la Nación”. 

En este Congreso fueron electos Ignacio López Rayón por la provincia de Nueva Galicia, Sixto Verduzco por la de Michoacán, José María Liceaga por Guanajuato, José María Murguía por Oaxaca, Carlos María de Bustamante por la provincia de México, José María Cos por Veracruz, Andrés Quintana Roo por Puebla, José Manuel Herrera por Técpan y el teniente general Manuel Muñiz, no con calidad parlamentaria sino como invitado especial del generalísimo, para discurrir el ataque a Valladolid. De este Congreso nace la Constitución de Apatzingan y desde luego fue un Congreso no reconocido por el Virreinato. 

Una vez consumada la independencia en 1821, el Poder Legislativo fue predominante durante la primera etapa del México independiente durante el siglo XIX.

En este siglo, se gestó como una reacción a las invasiones de diversos países y a las rebeliones internas. El presidencialismo fue totalmente consolidado en el siglo XX a través de la Constitución de 1917. 

En 1821, la elaboración de la instrucción electoral fue objeto de largas discusiones, por un lado la Junta Soberana se inclinó por tomar como base la población, y de otro, Iturbide insistía en tomar la representación corporativa y el número de partidos en cada provincia.

Finalmente prevaleció la idea Iturbidista. Esta decisión tendría sus efectos meses más tarde. Igual que la experiencia gaditana, las provincias se quejarían y demandarían una verdadera representatividad.

Finalmente se eligieron 167 diputados, 150 propietarios y 17 suplentes. El apoyo de los grupos provinciales al Plan de Iguala se vio reflejado en estas elecciones.

De acuerdo al total de diputados, 80 de ellos pertenecían al clero, al ejército, a funcionarios del estado y algunos letrados. Estos también eran vecinos de las capitales provinciales. Un segundo elemento a señalar es la presencia de 55 diputados bajo el requisito de vecinos o “particulares”, señalados en las actas. Un grupo menor, 13 diputados eran propietarios de los territorios del norte. Solamente dos comerciantes, cinco propietarios de talleres artesanales, dos dueños de minas y dos nobles. 

El 1 de abril de 1824 inician las discusiones del proyecto de la primera Constitución Política de México, por las que el Congreso estableció la independencia del poder judicial respecto al ejecutivo y legislativo, intolerancia religiosa y fueros para el clero y la milicia. Ramos Arizpe era el líder del grupo liberal frente al cual los conservadores, en minoría, poco pudieron hacer para combatir el principio federativo rechazado muchas veces tan solo por el nombre, pues siendo nuevo para muchos, no tenían idea sobre este sistema de gobierno del cual, no trataban los libros políticos franceses ni españoles que circulaban en esa época en México; luego entonces, la nación adoptará el sistema republicano, representativo, popular y federal. 

En el desorden institucional por instaurar el federalismo o el centralismo, como forma de gobierno, para ser diputado se requería haber pagado una contribución directa en la clase de propietarios, comerciantes e industriales, y por tanto la distribución de diputados se ostentaba entre las clases dominantes. Además, quienes no pertenecían a ellas no podían votar ni ser votados. 

Según el decreto para las elecciones del 19 de junio de 1843, además de realizar elecciones para diputados, las asambleas departamentales eran quienes elegían al presidente de la República. 

Después, el 5 de febrero de 1857, el recinto del Congreso en Palacio Nacional lucía abarrotado de curiosos, cuando en un momento de emoción profunda, el presidente del Congreso Constituyente, Valentín Gómez Farías, anciano enfermo de casi 76 años, “patriarca de la libertad de México, prestando el apoyo moral de su nombre y de su gloria al nuevo código político”, se levanta de su escaño y ayudado por varios diputados llega al centro del salón.

Se arrodilla delante del evangelio y jura la nueva Carta Magna. Después, todos, de pie y con el brazo extendido, responden a la pregunta de si juran reconocer, guardar y hacer guardar la Constitución, con un enérgico y uniforme: ¡Sí, juramos!.

Las Leyes de Reforma se habían incorporado al texto constitucional. A partir del siguiente Congreso, -conocio como Primera Legislatura-, todos los diputados en vez de juramentar sobre la biblia, -como era la costumbre-, por primera vez protestaron el cargo sobre las Leyes de Reforma y se omitió la asistencia de los diputados a catedral al Te Deum. Además, comenzó la práctica de nombrar comisiones de visita a los Ministerios o Secretarías del Ejecutivo, entre otras prácticas. 

En la Constitución de 1857 se proclaman derechos de primera generación y algunos de segunda, en los que se imprime la pertenencia ciudadana y política de un individuo hacia un Estado o Nación, así como garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. 

La Ley Orgánica Electoral del 12 de febrero de 1857, introdujo a la práctica electoral mexicana, la universalidad del voto a todos los nacidos en territorio nacional o fuera de ella, con tal que unos y otros, hayan cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y que tengan un modo honesto de vivir. 

El 5 de mayo de 1869, el presidente Benito Juárez decreta la Ley que modifica el artículo 16 de la Ley Orgánica Electoral, en la que se establece que en las elecciones para la renovación de los poderes federales, no podrán ser electos diputados al congreso federal, los individuos que hubieren servido a la intervención o al llamado imperio. 

El 10 de marzo de 1869 aparece una circular que tiene por objeto, el de no consentir que ninguno de los empleados de la Federación en los Estados, tome parte con su carácter oficial, ni se valga del nombre del gobierno, para nada de lo que concierne a las elecciones, en las que sólo deben obrar con su simple carácter de ciudadanos. 

En 1871 se publica la reforma a la Ley Electoral, por la que se dispone que en los días de elecciones, la fuerza armada de la Federación permanezca en sus cuarteles, destacamentos, guardias o retenes, y desde un mes antes no pueda movilizarse por el Ejecutivo, sino en los casos de invasión exterior o de sublevación interior.

Además, se prevé que todos los funcionarios públicos, cometerán un delito oficial tolerando o disimulando la violencia de la fuerza armada, el cohecho o soborno, el fraude o los abusos que sus subalternos cometieren contra la libertad electoral, en las elecciones de los funcionarios federales. La tolerancia o disimulo consitutían un delito oficial calificado, si los mencionados abusos fueren cometidos por la fuerza armada, por sus oficiales o sus jefes. 

En abril de 1887, es reformada la Constitución para autorizar por un sólo periodo, la reelección del presidente de la República. Así, Porfirio Díaz inició una nueva gestión el 1 de diciembre de 1888. 

El 6 de febrero de 1917, Venustiano Carranza promulga la Ley Electoral, bajo el principio Maderista “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

En 1918 se promulga el decreto de Venustiano Carranza, que introduce la palabra “votó” en la lista de electores, la desaparición de la mayoría absoluta, mayores garantías para el secreto del voto y la permanencia del padrón electoral, en cuya confección participan instancias clave como el Registro Civil y los Juzgados de lo Penal. 

El 29 de abril de 1933, es publicada la reforma para, -entre otras-, para prohibir la reelección inmediata de diputados y senadores propietarios, aun como suplementes; para establecer la no reelección absoluta de quien haya ocupado el cargo de presidente de la República con cualquier carácter; y para establecer la no reelección inmediata de presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, y miembros de consejos municipales o juntas de administración civil. 

El 12 de febrero de 1947, entra en vigor las reformas para permitir la participación de la mujer en las elecciones municipales como votantes y como candidatas. 

El 1 de septiembre de 1952, bajo los trabajos de la XLII Legislatura, ingresó la primera mujer diputada federal: Aurora Jiménez de Palacios, electa por el distrito único de Baja California Norte. 

Para conceder a la mujer el derecho a votar y ser elegida en los comicios, el Presidente Adolfo Ruiz Cortines presenta al Congreso, la iniciativa que es aprobada el 17 de octubre de 1953. Años antes, con este mismo propósito, el presidente Cárdenas había tratado de reformar sin lograrlo. No es un error cronológico. Primero, hubo una mujer diputada federal y luego, se modificó el texto constitucional. 

La reforma electoral de 1970, introdujo el voto universal, sin más restricciones que haber cumplido con la edad de 18 años. 

Si usted se considera de ideas de avanzada, vote por la opción que así le convenga; si sus principios se lo dictan hay también alternativa para ello.

Vote por lo que le convenga a usted, su familia y su entorno; porque con su voto, hace fuerte a la democracia y créame que costó sangre, sudor y lágrimas a generaciones pasadas.

Usted y yo, somos los herederos de esas luchas y conquistas políticas que algunos desprecian y no valoran.

Nosotros no padecimos penurias o desgracias por las guerras, -de independencia, de reforma, de intervención ni de revolución; no supimos lo que es estar sujetos a una conquista y dominación por 300 años, al arbitrio de un tribunal inquisitorio; no vivimos reelección tras reelección, entre otras circunstancias. 

No se vaya con el canto de las sirenas para votar por el menos peor, o con una visión simplista de anular su voto, que es parte de una estrategia perversa.

Hay propuestas y los partidos y sus candidatos tuvieron la oportunidad para mostrarlas.

¿Pusimos atención en esas propuestas o le dimos valor a las campañas de desprestigio?

Excelente propuesta

Senadores de las distintas fracciones políticas, instalaron la Mesa de Seguimiento y Evaluación de la Instrumentación de la Reforma Electoral 2007-2008, y precisaron que estarán en discusión temas que la reforma anterior no consideró, como son las candidaturas independientes y ciudadanas, la propaganda electoral en infomerciales, la contabilidad de votos distintos a las opciones políticas contenidas en las boletas electorales, entre otros aspectos.

Participaron como invitados Dong Nguyen, coordinador general de los Proyectos de Asistencia Electoral y Cultura Democrática de las Naciones Unidas en México y Carina Perelló, vicepresidenta de Desarrollo y Cooperación de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, quien dijo que la reforma electoral en vigor, esta sobreconstitucionalizada, al asignar al Instituto Federal Electoral (IFE), la tarea de asignar spots en los medios de comunicación, que lo convierte en una "super agencia de publicidad", además de sus funciones interminables de organización y control de las elecciones. 

Además y en el marco del proceso electoral, la nueva reforma electoral se ciñe a la serie de propuestas ciudadanas y partidistas, como la reelección legislativa, entre otras. 

En la gama de posibilidades electorales, hay una que sobresale: Se trata de la propuesta encabezada por Trino Padilla; sociólogo, profesor universitario, exrector de la Universidad de Guadalajara, (UdG), con Doctorado Honoris Causa por la Universidad Kyung Hee de Corea. Lo acompaña en la candidatura, Ernesto Villanueva; abogado, consultor con especialidad en temas del Congreso y cabildero en una firma de consultores. 

Ellos son la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), en el distrito 8 Federal de Jalisco, y que, con su voto, seguramente ocupará la curul para renovar la Cámara de Diputados, para dar paso, como cada 3 años -desde 1857-, a la diputación federal que constituirá la LXI Legislatura del Congreso. 

Durante los primeros 35 años de la vida del México independiente, entre 1821 y 1856, el Poder Legislativo Mexicano se depositó en una serie de organismos legislativos varios, desde la Junta Provisional Gubernativa hasta un Congreso, con una duración entre uno y dos años, motivado por la visión de 44 presidentes y un emperador, con opiniones de corte centralistas y federalistas, sobre el país que México debería ser. 

En 1830, Guadalupe Victoria promovió que el periodo presidencial fuera ampliado de cuatro a seis años. En 1836 las Siete Leyes Constitucionales, cambiaron el periodo presidencial a ocho años. 

Como consecuencia de la estabilidad constitucional, dada por la promulgación de la Constitución de 1857, los Congresos se sujetaron a un orden numeral continuo, y se estableció los dos periodos de sesiones, no obstante de las reformas a la Carta Magna de 1874 y 1917.

La I Legislatura abrió sus sesiones el 7 de septiembre de 1857, pero funcionó por poco tiempo, pues el 20 de diciembre, debido al pronunciamiento del Plan de Tacubaya por Ignacio Comonfort, fue clausurado y se aprehendió a su presidente, Isidoro Olvera, dando inicio a la guerra de Reforma.

Por única ocasión, esta Primera Legislatura tuvo una duración de cuatro años, -en lugar de dos-, aunque su trabajo no fue constante por la guerra. Esta legislatura aprobó que los periodos presidenciales volvieran a cuatro años y con posibilidad de reelección indefinida. 

Durante la segunda intervención francesa -entre 1862 y 1867-, es decir, de la II a la IV Legislatura, el Congreso en muchas ocasiones no sesionaba por falta de quorum, y sus decretos fueron sustituidos por la legislación imperial de Maximilano de Habsburgo, quien expidió el primer Código Civil del país, además de aportar a la cultura política mexicana la colocación de la imagen del mandatario en las oficinas públicas. 

Posteriormente, la VIII Legislatura -de 1875 a 1878- fue la primera bicamaral, en la que por primera vez, el Senado atrajo la atención pública. 

De la IX a la XXIV Legislatura, -entre 1878 a 1910-, cuando el país vivió bajo la pax porfiriana, Díaz presentó al Congreso la iniciativa para ampliar el periodo a ocho años, –con el argumento de que los virreyes duraban en promedio ese lapso. 

Luego de los trabajos del Constituyente de 1917, el Congreso aprobó la propuesta de Venustiano Carranza, para volver al periodo presidencial de cuatro años. 

El 24 de enero de 1928 fue publicada la reforma que determinó definitivamente el periodo de seis años para el presidente. Lázaro Cárdenas fue el primero que duró 6 años. 

Fue hasta la XXXVI Legislatura, -de 1934 a 1937-, también en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas del Río, que los periodos legislativos comenzaron a durar 3 años, como hasta ahora. 

Platique con ellos. Conozca la opinión de Trino sobre la educación superior o salud y seguridad pública, y sus propuestas para mejorarla, que de seguro son muchas.

Pregúntele a Ernesto cómo fue que logró que el Congreso Mexicano recibiera al Dalai Lama en el 2004 o que en la LIX Legislatura se aprobaran mayores recursos para la construcción de carreteras en Jalisco.

Antes de que tome su decisión, revise las propuestas de Trino y Ernesto, analícelas o formúleles las preguntas que quiera.

Estoy seguro que se convencerá.

Los derechos

En próximos días, el Ejecutivo Federal hará público en el Diario Oficial, el decreto aprobado en el Congreso por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el propósito de evitar el incumplimiento, evasión y elusión del pago de las cuotas obrero-patronales, llevada a la práctica por algunas empresas denominadas de subcontratación laboral, también conocidas con el anglicismo outsourcing y cuya práctica, sin duda, se encuentra fuera de los esquemas salariales y previsionales de la economía formal e institucional.

En el ejemplo se hayan las empresas que ofrecen servicios de limpieza, de seguridad, mercadeo telefónico, entre otras. 

El diputado jalisciense Patricio Flores Sandoval (PRI), autor de esta iniciativa, señaló en su exposición de motivos que, con estas omisiones dolosas, el IMSS reconoce que tal evasión puede representar hasta 30 % de sus ingresos actuales, a fin de ver favorecidas las finanzas de dichas empresas y sin importar los perjuicios que ocasionan a los trabajadores. 

Recordemos que la seguridad social es un derecho constitucional nuestro, que busca garantizarnos, -entre otros beneficios-, el derecho a la salud, a la vivienda, la protección de los medios de subsistencia y el retiro digno al concluir la trayectoria laboral. En otras palabras, no nos están regalando nada. 

Dicen los que saben, que mientras los derechos de primera generación son aquellos en los que se imprime la pertenencia ciudadana y política de un individuo hacia un Estado o Nación, los derechos de segunda generación son aquellos que tienen como objeto garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. 

En la Constitución de 1824 sólo se señalaron los derechos del naciente Estado Mexicano y sus actores políticos, es decir, la forma de gobierno, el presidente, el Congreso y sus individuos, así como la forma de justicia, principalmente. Mientras que hasta la Constitución de 1857 se plasmaron por primera vez, los derechos de primera generación y algunos de segunda generación, que fue la bandera del presidente Juárez para defender la República de la Segunda Intervención Francesa. 

Una vez el triunfo de la República en junio de 1867, Juárez vuelve a México el 15 de julio.

Instala su residencia en Palacio Nacional y, en su vida de regreso a la normalidad, retoma sus actividades como Masón del Rito Nacional Mexicano. Se dice que su Logia, estaba ubicada en uno de los salones de Palacio Nacional, y cuyo recorrido, sin más escolta, que sólo con la compañía que la del fiel Camilo, indio zapoteca. 

Los trabajos de ese día eran singulares. En logia abierta, sus hermanos masones le solicitaron la conmutación de la pena capital impuesta por el tribunal militar a un caudillo rebelde, dado a que han fracasado ya las gestiones efectuadas por los más significativos sectores políticos y sociales de la Capital, en vano han sido los recursos sentimentales de amistad, de parentesco y de compañerismo.

La muerte se acerca. Juárez, quien previamente se puso de pie e hizo los signos correspondientes de su grado, escuchó el discurso de los hijos de la viuda, quienes lo acompañaron del signo de socorro y contesta: "...El Maestro Masón Benito Juárez se honra de pertenecer a la Augusta Institución Masónica; es miembro de la Logia Independencia No. 22, su Guarda Templo interior; más no tiene facultades para conceder la vida a un ciudadano que ha sido legalmente sentenciado a muerte y pide permiso para cubrir el Templo...".

Le rodean las miradas. Hay desilusión. En el gremio hay confusión. Juárez hace una breve pausa y prosigue: "...El C. Presidente de la Republica -los asistentes voltean nuevamente a verlo- informa que os espera en sus oficinas del Palacio Nacional, dentro de una hora y verá, si dentro de las facultades que la ley le concede, puede otorgaros la gracia de la vida que pedís... ".

Se retira del Templo, recoge en el perchero del cuarto de pasos perdidos su abrigo y sombrero, ya con la investidura del Primer Magistrado de la Nación, y acompañado de Camilo, emprende la caminata a sus oficinas, donde una hora más tarde, hace gracia de la vida del rebelde, a su Logia madre. 

Muy probablemente este pasaje corresponde al perdon, de la sentencia de muerte que hizo el Consejo de Guerra, -en julio de 1867-, a los generales imperialistas Casanova, Escobar, Ramírez, Valdéz, Moret, Reyes, Herrera y Lozada, Calvo, Magaña, Liceaga, Montherde y Othón, así como al Príncipe Salm Salm. 

Previamente, este mismo Consejo juzgó y sentenció a Maximiliano de Habsburgo. La petición de indulto fue solicitada por los liberales queretanos Jesús María Vázquez, Hipólito A. Vieytes, Nicolás de la Campa y los hermanos Frías y Soto. 

Prosiguiendo. Fue hasta la Constitución de 1917 cuando en realidad, se consagraron los derechos de segunda generación, pero la seguridad social, todavía estaba difusa, suelta.

Era una constante recibir en el Congreso, -desde mediados del siglo XIX y hasta principios del XX-, solicitudes de particulares en las que solicitaban una pensión por servicios prestados a la Nación. Desde un escribiente hasta la viuda de un militar, que ofrendó su vida en alguna de las guerras del siglo XIX. 

Durante los trabajos del Constituyente de 1917, los diputados Héctor Victoria, Froylán Manjarrez, Alejandro Cravioto, Rafael de los Ríos y Francisco J. Múgica integraron la Comisión que dictaminó lo referente al trabajo.

Se dictaminó el establecimiento de la jornada de 8 horas, el descanso semanal, responsabilidades de los patrones en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como también la obligación de observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad y la prohibición del trabajo industrial para mujeres y niños. A moción de Múgica, se aprobó que los trabajadores participaran de las utilidades de las empresas y la obligación de dotar de vivienda. 

En la actualidad, uno de los artículos más reformado, -desde su promulgación en 1917-, es el artículo 123, que legisla lo referente al trabajo y a la previsión social, con 22 modificaciones. En enero de 1943 se crea el IMSS.

El 6 de abril de 1943 se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), que constituye la organización sindical más grande del apartado “A” del artículo 123 Constitucional y el 1 de enero de 1944 inician los trabajos del IMSS, con la primera aportación del Gobierno Federal por la cantidad de cien mil pesos, la primera afiliación empresarial y se expidió la primera credencial de afiliación. 

Por cierto que en la década de los cincuenta, el IMSS tenía un empleado que se desempeñaba como archivista.

Su nombre es Fidel Castro Ruz, quien dedicaba su tiempo libre a una actividad poco común: entrenar a un grupo de insurgentes, entre los que se hallaban Ernesto "El Che" Guevara, con quienes a bordo de la embarcación de nombre “Granma”, tomaron por asalto el cuartel Moncada, dando inicio a la revolución cubana. El resto usted lo sabe.

Nuevos proyectos

En una gira por el estado de Campeche, el presidente Felipe Calderón, dijo que “desgraciadamente esa propuesta –la de crear varias refinerías- sólo fue apoyada por unos partidos políticos, Nueva Alianza, Partido Verde y Acción Nacional, y fue rechazada por el PRI, el PRD, del PT y Convergencia” en referencia a uno de los puntos del tema de la reforma energética.

Desde luego, en el Congreso no se hicieron esperar las reacciones y durante las efemérides sobre la celebración de las constituciones de 1857 y 1917, el senador Pablo Gómez (PRD), señaló que la administración actual no tenía proyecto alguno para su construcción, lo que provocó un debate entre legisladores. La sesión del jueves siguió adelante y el Senado conmemoró la aprobación de las Cartas Magnas que han forjado este país.

En 1854 a raíz de la revolución de Ayutla, Ignacio Comonfort asume la presidencia de la República, quien convoca a elecciones para el Congreso Constituyente que es instalado el 18 de febrero de 1856, en el que para aprobar la Constitución de 1857, el Congreso tuvo 12 presidentes y sesionó en 229 ocasiones, previas al 5 de febrero de ese año, bajo la presidencia del jalisciense Valentín Gómez Farías.

Este Constituyente estuvo formado por numerosos estadistas mexicanos, entre los que se hallaba, Valentín Gómez Farías –primer liberal mexicano, Francisco Zarco –primer cronista parlamentario-, Anastasio Cañedo –teórico de la nacionalización de los bienes eclesiásticos-, Guillermo Prieto –el poeta financiero-, Melchor Ocampo –el liberal más radical-, Santos Degollado –militar-, Vicente Rivapalacio –nieto de Vicente Guerrero-, Ignacio L. Vallarta –jurista-, Miguel Lerdo de Tejada –el desamortizador eclesiástico-, José María del Castillo –primer tratadista de derecho constitucional y administrativo-, hasta reunir 178 diputados, entre liberales y conservadores, como grupos parlamentarios.

Con el tiempo, el siguiente movimiento que originó un cambio substancial en la Constitución fue, la revolución de 1910, en la que para formar el Congreso Constituyente, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, el Gral. Venustiano Carranza, procedió de similar forma que el presidente Benito Juárez, es decir, sumó una gran cantidad de facultades, en virtud de las gravísimas circunstancias que vivió el país y se abanderó en la defensa de la Constitución de 1857.

Una vez instalado en el Teatro Iturbide -de Querétaro-, al frente de la Mesa Directiva se hallaba el jalisciense Luis Manuel Rojas, quien dio a conocer a la Asamblea Constituyente, el proyecto de decreto dirigido por Venustiano Carranza, el 1 de diciembre de 1916, y que de inmediato se formaron comisiones para su análisis, discusión y dictaminación.

En el Constituyente de 1917 había 62 abogados, 16 médicos, 16 ingenieros, 18 profesores, 14 periodistas, 7 contadores públicos, 2 farmacéuticos, 4 mineros, 3 ferrocarrileros, 5 líderes obreros, 1 actor, 22 militares, 19 agricultores y otros 31 ciudadanos entre artesanos, comerciantes y empleados en general, entre otros.

En 66 sesiones del pleno, las discusiones en comisiones se encontraron con la polarización de opiniones de los diputados, definidos como “liberales carrancistas” y jacobinos obregonistas” así como de un grupo independiente de ellos.

El texto del 17 rebasa el espíritu anticlerical de la del 57; desconoce toda personalidad a la Iglesia; se reforman los poderes públicos; se fortalece el Poder Ejecutivo; se delinean los límites del legislativo, y se establece la inmovilidad de los magistrados del Poder Judicial, para asegurar su independencia; se declara la autonomía municipal; se suprime la vicepresidencia de la República; se establece un banco de emisión único; se fortalece el espíritu liberal, que tutela los derechos individuales; y se incorpora el lema: “Sufragio Efectivo. No reelección”.

"…La historia enseña que todas las naciones, para llegar a la reforma y a la verdadera civilización, han tenido que pasar por pruebas terribles y por dolorosos sacrificios, y muchas veces los pueblos más poderosos debieron tocar el borde del abismo y, sin embargo, pudieron salvarse por la fe y la unión entre sus hijos…”: Vicente Rivapalacio –presidente de la II Legislatura del Congreso- en sesión del 15 de diciembre de 1861, dirigiéndose a Benito Juárez con motivo de la ampliación de facultades para hacer frente a la segunda intervención francesa.

El juramento

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se aprobó la proposición con punto de acuerdo, por la que se felicita al nuevo presidente norteamericano Barack Obama por su toma de protesta, en la que tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts, como Barack Obama, erraron en la fórmula para que prestara su juramento como 44º. presidente de esa nación y primero de raza de color.

El error fue subsanado a dos días, cuando de nueva cuenta y en una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente de la Corte tomó correctamente el juramento al presidente Obama, en quien el mundo tiene depositadas sus esperanzas para salir de la crisis económica, entre otros temas.

Quizás no haya tenido repercusiones ese hecho, dado que el presidente Obama fue electo por sus ciudadanos, quienes abarrotaron el National Mall en Washington, desde el Capitolio hasta el Monumento a Lincoln, mismo testigo del famoso discurso “I Have a Dream”, pronunciado por Martin Luther King, Jr. el 28 de agosto de 1963, considerado por muchos uno de los principales discursos de la historia del siglo XX.

En el México independiente, el 25 de septiembre de 1821 la Junta Soberana, a convocatoria de Agustín de Iturbide, se reunió para acordar el ejercicio de la representación nacional, hasta la reunión de las Córtes -ahora Congreso-, en la que se denominó soberana y con el tratamiento de majestad, y se designaron las primeras comisiones, quedando como Primera: de Relaciones interiores; Segunda: De exteriores; Tercera: de Justicia y lo Eclesiástico; Cuarta: de Hacienda; y Quinta: de Guerra.

El juramento que tomaron los vocales que después serían los integrantes del primer Congreso -en el Imperio-, señalaba la siguiente fórmula: “…¿Juráis observar las garantías proclamadas en Iguala por el Exército del Imperio Mexicano con su primer Gefe: los Tratados celebrados en la villa de Córdova referentes al Plan del mismo Iguala, en que se hizo el pronunciamiento de la Independencia del Imperio, y desempeñar fielmente en servicio de la Nación vuestro encargo de vocal de la suprema Junta provisional Gubernativa, que se ha establecido en consecuencia de lo ordenado en los mismos Tratados?...”

Posteriormente, el 21 de julio de 1822, abría el cortejo que acompañó a Agustín I a la catedral de México a su coronación. Venían los ayudantes de ceremonia con las insignias de la familia real, una comisión de 24 diputados y los generales que portaban las insignias del emperador. Adentro de catedral hubo procesión bajo palio, y después de entregar su espada al presidente del Congreso, Iturbide ocupó el trono chico puesto cerca del coro, que incluyó la profesión de fe del monarca con la mano en los Evangelios, la colocación de las insignias en el altar, el canto del Veni Creator por parte del obispo de Guadalajara, Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, -el creador del proyecto de la Casa de la Misericordia, ahora Instituto Cultural Cabañas- quien lo ungió como Agustín I.

Durante la vigencia de la Constitución de 1824, la fórmula para jurar se hallaba en el artículo 101, siendo la siguiente: “…Yo … nombrado presidente (o vicepresidente) de los Estados Unidos mexicanos, juro por Dios y los santos Evangelios, que ejerceré fielmente el encargo que los mismos Estados Unidos me han confiado, y que guardaré y haré guardar exactamente la constitución y leyes generales de la federación. …”, quienes lo hacían ante el Congreso.

La Constitución de 1857 en su artículo 83, precisaba: “…Juro desempeñar leal y patrióticamente el encargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conforme á la Constitución, y mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. …”

El constituyente de 1917, le asignó el artículo 87, que se consigna: “… Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande. …” fórmula que aún sigue vigente.

Momentos solemnes de Estado, pero nuestra realidad nos indica que sigamos trabajando y adelante.

Consumatum Est

El 15 de diciembre concluyó formalmente el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, que desde luego comprende a ambas Cámaras. Cámara de Diputados sesionó en 33 ocasiones, en las que se presentaron 345 iniciativas para reformar diversos ordenamientos; además, se aprobaron más de 80 dictámenes relativos a iniciativas o minutas, otro tanto igual de dictámenes con puntos de acuerdo, entre otros. Por lo que toca al Senado, se aprobaron 64 decretos, 17 de ellos remitidos al Ejecutivo Federal para su publicación; 38 enviados a la Cámara de Diputados para su revisión, ratificó 12 instrumentos internacionales, así como 22 nombramientos a diversos cargos de responsabilidad. Cabe destacar el grado de consenso que se alcanzó en las votaciones, pues numerosos de ellos se aprobaron por votación unánime o prácticamente unánime y una cantidad mucho inferior se aprobó por votación más o menos dividida. Resalta del trabajo del Congreso, la aprobación de la reforma energética, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la reforma que otorga al Congreso la facultad de expedir una ley general en materia de secuestro, así como las reformas constitucionales por las que se establece la pregunta parlamentaria y se omite la presencia del presidente de la República cada 1 de septiembre pero sigue informando por escrito al Congreso. Se trata de reformas que eran indispensables, en unos casos, y en otros de forma, pero que de los que se esperan transformaciones de fondo en procedimientos, sobre todo en seguridad y justicia -ampliamente demandado- así como en energía. Las discusiones al seno de las comisiones dictaminadoras, fueron muy similares a las del Constituyente de 1917, instalado en Querétaro el 21 de noviembre de 1916 con 140 de los 240 presuntos diputados. Una de las tendencias ideológicas para reformar la Carta Magna consistía en que, la Constitución de 1857 no había llegado a ser efectiva, mientras que la otra tendencia demandaba la modificación de los preceptos que observaba como obstáculos para el país. Para formar el Congreso Constituyente, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, el Gral. Venustiano Carranza, procedió de similar forma que el presidente Benito Juárez en 1857, es decir, sumó una gran cantidad de facultades, en virtud de las gravísimas circunstancias que vivió el país y se abanderó en la defensa de la Constitución de 1857. Una vez instalado en el Teatro Iturbide -de Querétaro-, al frente de la Mesa Directiva se hallaba el jalisciense Luis Manuel Rojas, quien dio a conocer a la Asamblea Constituyente, el proyecto de decreto dirigido por Venustiano Carranza, el 1 de diciembre de 1916, y que de inmediato se formaron comisiones para su análisis, discusión y dictaminación. En el Constituyente de 1917 había 62 abogados, 16 médicos, 16 ingenieros, 18 profesores, 14 periodistas, 7 contadores públicos, 2 farmacéuticos, 4 mineros, 3 ferrocarrileros, 5 líderes obreros, 1 actor, 22 militares, 19 agricultores y otros 31 ciudadanos entre artesanos, comerciantes y empleados en general, entre otros. Las discusiones en comisiones se encontraron con la polarización de opiniones de los diputados, definidos como “liberales carrancistas” y jacobinos obregonistas” así como de un grupo independiente de ellos. Entre los artículos más debatidos, estuvieron los relativos a las cuestiones religiosas. Para los diputados constitucionalistas, la influencia negativa de la Iglesia se había hecho patente en el apoyo que ésta diera al jalisciense Victoriano Huerta. En lo laboral, los diputados Héctor Victoria, Froylán Manjarrez, Alejandro Cravioto, Rafael de los Ríos y Francisco J. Múgica integraron la Comisión que dictaminó lo referente al trabajo. Se dictaminó el establecimiento de la jornada de 8 horas, el descanso semanal y la prohibición del trabajo industrial para mujeres y niños. A moción de Múgica, se aprobó que los trabajadores participaran de las utilidades de las empresas y la obligación de dotar de vivienda. El agrarista Andrés Molina Enríquez, sin ser diputado, fue quien redactó el artículo 27 constitucional, referente a la cuestión agraria. Y ahora, sigue tocando a los legisladores continuar con más cambios para el país, como la moderación en el cobro de comisiones bancarias, entre otros temas.

El Debate

El jueves fue aprobado en el Senado, los 7 dictámenes que contienen la llamada reforma energética, cuando en el exterior de la sede alterna –Torre Caballito- se manifestaron simpatizantes del derrotado Andrés Manuel López Obrador, además de que varios diputados federales perredistas lograron introducirse hasta el exterior del salón donde sesionaban, para encontrarse a golpes con policías federales, al mando del mismo secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, en la que resultó lesionado Gerardo Villanueva, diputado perredista.

“…¡Genaro, ven tú y sácanos!…” le espetaba la diputada Convergente Layda Sansores, mientras en los senadores aprobaban los dictámenes. Al término, los gritos de “traidores” se escucharon en los pasillos del 5º. piso, dirigidos al coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete así como a Graco Ramírez, entre otros.

Uno de los primeros debates que tuvo que sostener la asamblea constituyente que redactó la Carta Magna de 1857, lo fue el hecho restablecer la de 1824 o bien, la de expedir una nueva Constitución como lo fue la de 1857, producto de la proclama del Plan de Ayutla, promulgado por Florencio Villarreal el 1 de marzo de 1854, del que se desprende el ánimo de sus forjadores en defensa de la libertad mancillada, luego de que el 20 de abril de 1852 volviera como presidente el autodenominado “Alteza Serenísima” Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, quien entre otras cosas, censuró a la prensa, cobró impuestos sobre coches, carruaje, puertas, ventanas y hasta perros, suprimió los ayuntamientos y promulgó una ley contra conspiradores.

Luego, el 18 de febrero de 1856 tomaron protesta los 90 diputados del Congreso constituyente, con Ponciano Arriaga como presidente del Congreso, junto con la Comisión dictaminadora que se encontraba integrada por el mismo Arriaga, así como por los diputados Mariano Yáñez, Isidoro Olvera, José M. Romero Díaz, Joaquín Cardoso, León Guzmán, José M. Cortés Esparza, Melchor Ocampo y José María del Castillo Velasco.

Unos días antes, el arzobispo de México compareció ante el Congreso, solicitando que no se aprobara el artículo 15 constitucional, que garantizaría la libertad de religión, dado que sólo podía haber una sola religión verdadera -la católica- y un solo Dios verdadero, y no era posible que los mexicanos abrazaran cualquier fe.

En la sesión del 30 de julio en que se continuó el debate del 15 constitucional, el diputado José María Mata de Jalapa, yerno de Benito Juárez, dijo que “…La democracia es también una religión que tiene sus apóstoles y mártires. Aquéllos que defienden el progreso aceptan este apostolado y nosotros también aceptamos el martirio... en los Estados Unidos y en Inglaterra, y en todos los países donde hay libertad de conciencia, hay un orden y tranquilidad envidiables. Si la mayoría de las personas están contra la reforma, no votaré por ese artículo, pero tampoco contribuiré a la intolerancia. Hacia adelante, hacia adelante, progreso y civilización. Esta es nuestra bandera: el dogma de la democracia, la verdad del evangelio, libertad, igualdad, fraternidad…”.

Para el 8 de julio de 1856 se aprobó el proyecto de Constitución, en lo general, por 93 votos a favor y 5 en contra, siendo las ideas centrales de la carta magna, la forma de gobierno democrático – popular; la soberanía nacional depositada en la Federación y los Estados; la división tripartita de poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- tanto en los federales como en los Estados; la implementación del juicio de amparo, entre otros.

Después de acalorados debates, el 5 de febrero de 1857, bajo la presidencia del jalisciense Valentín Gómez Farías, el Congreso juró la Constitución y después, lo hizo el presidente Ignacio Comonfort. El 15 de diciembre de 1856 el papa Pío IX mediante decreto pontificio, sentenciaba que el gobierno mexicano le había declarado cruda guerra a la iglesia, a sus intereses y sus derechos, y ordenaba a la feligresía católica rebelarse y no jurar la Constitución de 1857. 10 años después, el Vaticano rompió relaciones diplomáticas con México.

Toda reforma toca intereses y Andrés Manuel se quedó sin materia.