El Ejecutivo propone cambios

El Presidente de la República se dirigió el jueves pasado en un mensaje a la nación, para proponer una serie de medidas que contengan la inseguridad en el país, en el que anunció nuevas iniciativas de leyes, la readecuación de algunas otras y la generación políticas públicas, que vienen a incorporarse en el campo de seguridad, económico y social y cuyo anuncio generó grandes expectativas.

En el campo de la seguridad sobre sale por ejemplo, la creación de Policías Estatales Únicas que vendrán a substituir a las más de 1,800 policías municipales en la que se dará prioridad a Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco, cuando en esta última entidad haya sido escogida porque la seguridad a cargo del Fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez, es porque su desempeño en el servicio público de seguridad pública no ha sido el indicado y en la que el Gobernador Aristóteles Sandoval debiera valorar seriamente la permanencia de ese servidor público en el cargo.

Además presentará una iniciativa de Ley contra la infiltración del crimen organizado en  las autoridades municipales, una iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito; sin embargo, la delincuencia se inserta también en la política y sus individuos, sin que sea tocada.

Se argumenta también la debilidad institucional para suprimir las policías municipales y sólo dejar a las policías estatales. La clase política ha contribuido a las causas de debilidad institucional y no se nota que haya castigo, empero.

En el campo social la propuesta presidencial establece acciones en derechos humanos, para facultar al Congreso a legislar en materia de desaparición de personas y tortura, se estabecerían algunos protocolos de atención así como un Fondo de ayuda y el Registro Nacional de Víctimas, entre otros.

Para el campo político se propone incorporar el fortalecimiento en la transparencia, rendición de cuentas y participacion ciudadana, en los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios para el sector público.

Hay otras propuestas, pero parece que son medidas coyunturales para problemas estructurales, que fueron gestándose por años y años de impunidad y corrupción.

Es coyuntural, cuando en su orígen se invocan los sucesos que generaron la crisis de Ayotzinapa y no se reconoce como problema estructural a la corrupción y la impunidad que se pretende erradicar, si es que el objetivo es aspirar a un país de primer mundo cuando se invocan procesos y medidas de esos países.

Parece que la solución radica sólo en el robustecimiento de las medidas policiales, pero sin que los mandos o la clase política tenga responsabilidad alguna.

Por ejemplo, se desconoce si en el Sistema Nacional Anticorrupción en el que presumiblemente creaba la Comisión Nacional Anticorrupción, se sigue permitiendo que de manera impune algunos diputados sigan gozando del beneficio de los moches, o bien, se siga permitiendo que sin reglas de operación asignen recursos a fondos públicos, lo cual genera un nicho de corrupción.

Se desconoce si dentro de la propuesta presidencial hay algún mecanismo para combatir la impunidad política en el sistema de justicia, cuando algunos integrantes de la clase política buscan a las Procuradurías del país para solicitar alguna carta de buena conducta, de lo contrario, debe incorporarse alguna figura análoga que lo combata.

Además, sería muy pertinente fusionar la figura de la Auditoría Superior de la Federación al Sistema Nacional Anticorrupción al que se refiere el Presidente de la República, o bien, a la Comisión Nacional Anticorrupción –como órgano constitucional autónomo- para que todo aquel que apruebe o ejerza recursos públicos puedan imputársele responsabilidad por la asignación y ejercicio de recursos presupestales a Fondos Públicos que hayan sido corrompidos.

No fueron suficientes las medidas anticorrupción en las licitaciones y adquisiciones anunciadas, para erradicar la percepción social de impunidad y corrupción que produce el escándalo de la Casa Blanca, y además, en el mensaje que dio el Primer Mandatario, no se hizo alusión a la corruptibilidad e impunidad de la clase politica en los partidos políticos. Amén de la narcopolítica y de la narcoautoridad, de la que puede hablarnos personajes como José Luis Abarca, Julio Godoy o Mario Villanueva, en un mensaje además, que careció de autocrítica.

Algunas propuestas parece que fueron tomadas de la pasada administración, como por ejemplo el control de la seguridad en los municipios y la creación de policías estatales, en cuyo ejercicio pareciera una falta de creatividad o frivolidad, en quien asesora al presidente de la República.

En síntesis, era necesaria una medida de golpe al rumbo de la seguridad, pero mientras tanto, parece que la impunidad y corrupción aún no esta considerado con seriedad.

Ingobernabilidad o desestabilización

Si nos atenemos al concepto amplio de gobernabilidad que propone Antonio Camou en los cuadernos de divulgación democrática del Instituto Federal Electoral (IFE), se trata de “un estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental”, y por tanto, en este momento las primeras superaron a lo segundo.

Pero si lo comparamos con el concepto de desestabilización que aporta Rodrigo Borja en su enciclopedia de la política, se trata de la “acción de debilitar las instituciones políticas de un Estado y de erosionar la autoridad de sus gobernantes, de modo que el sistema en su conjunto pierda seguridad y firmeza”, cosa que sucedió como consecuencia de la misma crisis política, social y de seguridad que generó los sucesos de Ayotzinapa.

Lo más seguro es que el común denominador entre ingobernabilidad o desestabilización es que en ambos, algunos ingredientes para su producción lo constituyen, la corrupción y la impunidad.

El plan de legalidad que anunciará en unas horas el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no puede tener como objetivo generar nuevas leyes, porque el derecho positivo mexicano tiene más de 290 disposiciones en todas las materias.

Como tampoco la intención es la de crear nuevas instituciones, porque la grave crisis que vislumbró los hechos de Guerrero no es de estructura burocrática, mucho menos una coyuntura temporal. No puede hablarse que modificará procesos operativos, cuando su seguridad en Los Pinos fue vulnerada, al permitir el ingreso a miembros del EPR y del ERPI entre los padres de los normalistas que se reunieron con el presidente, sin haber realizado el mapa de actores al que está obligado.

El problema es estructural en el que se trata de impunidad y corrupción enquistada en las prácticas de todos los partidos políticos. La venta de candidaturas, los negocios al amparo del poder, los moches, los narcolegisladores y narcoautoridades, las licitaciones y los sobornos, entre muchos ejemplos en todo el país y cuyas actividades devinieron en esta crisis política, social y de seguridad en el país.

Otro momento de grave crisis en el país: En sesión del 15 de diciembre de 1861, Vicente Rivapalacio, presidente del II Congreso, se dirige al Presidente Juárez, a quien la asamblea le otorga facultades extraordinarias para hacer frente a la intervención francesa, “La historia enseña que todas las naciones, para llegar a la reforma y a la verdadera civilización, han tenido que pasar por pruebas terribles y por dolorosos sacrificios, y muchas veces los pueblos más poderosos debieron tocar el borde del abismo y, sin embargo, pudieron salvarse por la fe y la unión entre sus hijos”.

Parecía que todo marchaba bien

Desde diciembre de 2012 el gobierno federal prometía impulsar una serie de políticas públicas por la vía del Pacto por México, que imponían los temas de la agenda nacional. Así vinieron las reformas laboral, educativa, hacendaria y fiscal, política y finalmente, la energética, que prometían tiempos de bonanza económica.

Estos temas vinieron a aminorar y cambiar un poco la percepción sobre el estado de inseguridad que se vivía en el país.

Por primera vez en mucho tiempo, el presidente de la República pudo sentarse en la misma mesa, con los presidentes de las principales fuerzas políticas del país, incluyendo el de su partido, mandando un mensaje de armonía política, no así el de la armonía y paz social.

No todo estaba bien, porque mientras las reformas que el Congreso le había aprobado al presidente y transitaban la vía de la acción, la presión social producto de la impunidad y la corrupción crecían y superaban las expectativas generadas por el proyecto de nación que implementaban las reformas del presidente Peña Nieto.

El proyecto de nación vino a demeritarse, por las crisis que fue enfrentando el gobierno federal que comenzaron con la matanza de Tlatlaya, siguieron con las protestas de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, continuaron con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, prosiguen con la abrupta suspensión de la licitación del Tren Rápido México Querétaro, y por ahora, se detiene en el conflicto de intereses cuando uno de los contratistas ganadores de la licitación señalada vende la casa blanca a la esposa del presidente, en 7 millones de dólares.

En otros países por escándalos de menor calado que este, es motivo suficiente para que el Primer Mandatario haya renunciado a su encargo. Mientras tanto en el Congreso, algunos legisladores defienden el conflicto de intereses visto por todo mundo, seguramente a cambio del siguiente cargo de elección.

Nuevamente una marcha hace presente el descontento social producido por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, al que se agrega el factor violencia generado por los anarquistas. Hay quien dice que estos grupos son dirigidos por la oposición, mientras que otros consideran que quienes los movilizan son grupos económicos cuyos intereses han sido afectados por la reformas emprendidas por el presidente Peña Nieto. Lo cierto es que estos grupos de violencia se han presentado desde la administración  federal pasada echando por tierra que aparecieron por presiones económicas.

Los anarquistas no son grupos desestabilizadores, toda vez que su objeto es generar violencia en contra de las instituciones en actos públicos; mientras que el desestabilizador genera además, actos tendientes al debilitamiento de la estructura económica.

Por una parte, la marcha capitalizó el descontento social que ha producido los sucesos de Tlatlaya, IPN, Ayotzinapa, la Casa Blanca, entre otros. Por otra parte, los anarquistas que buscan el momento adecuado para provocar a la autoridad e iniciar la violencia. No más.

Lo lamentable de todo esto es que parece que no existe la intención de capitalizar la luz que arroja los conocimientos generados por las instituciones de educación superior, públicas y privadas, los organismos de la sociedad civil, o instituciones de gobierno, para convertirla en inteligencia de la cual se obtengan políticas públicas. Pareciera que se desperdicia el talento que produce investigación económica, política o social, para mejorar las condiciones de vida.

Esto podría explicar que en los índices de medición de la pobreza que genera el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se encuentre que las políticas públicas que impulsa el gobierno federal y sus secretarías de Estado, sólo pretendan objetivos de pobre calidad al otorgar niveles de satisfacción de tercer mundo y no se aspire al bienestar de los países de primer mundo.

Además, la investigación en economía arroja que el sistema económico mexicano no está diseñado para elevar las condiciones de vida de la ciudadanía, sino para mantener una base de contribuyentes en quienes se apoye el sistema fiscal y hacendario mexicano.

Por otra parte, no se capitaliza la investigación en ciencias sociales o en política, porque esto destrozaría los cotos de poder, los cacicazgos, prevendas, narcopolíticos, venta de candidaturas, moches y toda clase de figuras de impunidad y corrupción que prevalece en los partidos políticos, reconocidos en ellos mismo, cuando en el Congreso violan su pacto de impunidad y se lanzan acusaciones por el tema de la Casa Blanca y de la relación de José Luis Abarca con AMLO.

No se capitaliza la investigación jurídica, que arroje el mejoramiento de las condiciones de procuración e impartición de justicia, y que el sistema inquisitorio absurdo permita que figuras como Florence Cassez, Rafael Caro Quintero o Raúl Salinas de Gortari obtengan su libertad y que personajes como las indígenas Jacinta y Teresa Madrigal o el maestro tzotzil Alberto Patishtan o los indígenas recientemente liberados en Chiapas por confundirlos como probables responsables de la matanza de Acteal, hayan permanecido injustamente en prisión, mientras que para el 2015 los Ministros de la SCJN aumentarán sus sueldos, con una sociedad lastimada por la ausencia de justicia.

Así que si el gobierno federal verdaderamente desea recomponer el orden de las cosas, pues de seguro conoce el camino a seguir.

El Estado y la ley no se llevan

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto regresó de su viaje por China y Australia, dio una conferencia de prensa en la que afirmó que el uso de la fuerza es el último recurso que utilizará el Estado mexicano para contener los actos vandálicos y la violencia, que se ha registrado en Guerrero, Michoacán y la ciudad de México principalmente, como protesta por la desaparición de los 43 jovenes estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

Esta protesta parece que no es organizada por los probables deudos o sus seguidores, sino por anarquistas para obtener la provocación necesaria de los órganos del Estado mexicano y generar condiciones de represión, como uso de la fuerza, suspensión de garantías individuales, entre otros.  Lo extraño es que las oficinas de los partidos que han sido vandalizadas, son los del PRI, PAN y PRD, excepto Morena, PT, y Convergencia; además han causado destrozos a las puertas de Palacio Nacional, a una unidad del metrobús y a Ciudad Universitaria de la UNAM.

Es muy probable que la intención del presidente de la República sea aplicar la ley, para llevar el orden a todo el país y que los culpables de actos vandálicos respondan por sus actos ante la justicia.

Pero mientras exista diferencias de fondo principalmente que causan alguna disfuncionalidad en los órganos o funciones que componen el Estado mexicano y su relación con los gobernados, dificilmente el espíritu de lo dicho por el presidente, pueda llevarse a cabo.

Diferencias diametrales en lo político, social y económico, es lo que tienen a este país en esta de sus peores crisis de los últimos años.

Es político, cuando la corrupción y la impunidad supera a los controles de confianza a los que deberían estar sujetos los candidatos de los partidos políticos.

Es económico, cuando corrompe estructuras y pone en riesgo la estabilidad económica, desde la de la comunidad hasta la del país.

Es social, cuando la corrupción e impunidad permea como una forma de vida, permitiendo que se sobrepongan a valores y condiciones de la sociedad.

Sensibilidad gubernamental

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes(SCT) afirmó en un comunicado las razones por las cuales el Ejecutivo Federal decidió dejar sin efecto, el fallo de licitación para la construcción del Tren de Alta Velocidad México – Querétaro.

Dice que en razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública, el Ejecutivo Federal instruyó a la SCT a reponer el procedimiento por cual se había asignado su construcción a un consorcio de empresas chinas así como a las empresas mexicanas de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas; de Juan Armando Hinojosa, empresario favorecido en el estado de México, y Olegario Vázquez Raña.

Esta decisión podría tener como consecuencia que proyectos como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, sean observados por la opinión pública, bajo la sospecha que de un momento a otro, la SCT reciba la instrucción para reponer el procedimiento de licitación.

Es posible que en esta súbita decisión haya imperado la sensibilidad para comprender que despertaba sospechas y suspicacias, toda vez que los mejores contratos pudieran ser para los amigos o beneficiados del poder político, lo que afirma una vez más, que el sistema económico no está diseñado para beneficiar a la ciudadanía, sino a unos cuantos.

Cuando la sensibilidad es una propensión natural del hombre a dejarse llevar de los afectos, este momento no es el más idóneo para que el presidente de la República realice un viaje de estado a Asia. No lo es, cuando hace apenas unos días la ciudadanía dio una muestra de poder de convocatoria, cuando los padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala marcharon junto con miles y miles de personas indignadas por estos hechos.

Este no sería el momento más oportuno para viajar, porque sería visto como una muestra de frivolidad y sólo para estrenar en su primer vuelo intercontinental al avión presidencial, en el que muy probablemente tenga todas las comodidades de la vida moderna y cuyos pasajeros pueden disfrutar de viandas internacionales y bebidas generosas, lejos muy lejos, de la frágil realidad mexicana.

La función de gobierno requiere de tolerancia y paciencia, no sólo de buena voluntad para gozar de las mieles del poder y parece que al procurador Murillo Karam y sus colaboradores la paciencia se le termina, cuando le pide a los padres de los normalistas que “está cansado de tantos regaños”.

Esta misma sensibilidad gubernamental es muy posible la que está realizando el cálculo político, para dosificar la información, y extender la crisis política, en vez de concluir con la presentación de los jóvenes. Es esta crisis la que vino a presumir la colusión de servidores públicos y cuyo modus operandi es señalado como desaparición forzada, penado por las leyes internacionales.

La sensibilidad es la que pudo haber señalado a Rogelio Ortega Martínez, como gobernador interino en substitución de Ángel Aguirre Rivero, pero esa sensibilidad no valoró que el también académico tiene nexos, ideológicos principalmente, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y cuya simpatía es probable que no sea del agrado de los grupos subversivos de Guerrero, en el que la inteligencia mexicana no pueda advertir una crisis.

Esta sensibilidad es la que debería imperar para buscar a personajes de la clase política con sospecha de actividades irregulares y pedirles que se separen del cargo, como los señalamientos de que fue sujeta la senadora Iris Vianey Mendoza, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática por cierto, quien fue señalada por José Luis Mireles de pertenecer a los Caballeros Templarios. Proclamar que acudirá y pedir licencia a su cargo por un mes para presuntamente someterse a la Procuraduría General de la República (PGR) y ser investigada, no le servirá de nada, cuando su intención es obtener una carta de buena conducta política para pasar desapercibida. Ostentar un cargo de elección con fuero constitucional no es garantía de honorabilidad.

La conferencia de prensa que ha dado el procurador Murillo Karam presenta las sospechas de la opinión pública: Desde el primer día los muchachos fueron muertos, sus cuerpos incinerados y en un lugar y arrojados en otro. Parece que las explicaciones del procurador no satisfacen el clamor de justicia.

Más allá de todos estos hechos, se encuentra la pobreza en las políticas públicas para combatir la impunidad y la corrupción, como elementos principales de los hechos de Iguala y cuya clase política encuentra el momento idóneo para seguir delinquiendo, con la seguridad y garantía de no ser llevado a la justicia.