La parte proporcional de la pobreza

El artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social señala los nueve indicadores sobre los cuales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) mide la pobreza en dos grandes rubros. El primero, el ingreso; y el segundo, una serie de carencias sociales en materia de rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la alimentación, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a servicios básicos en la vivienda y, por último pero no menos importante, el grado de cohesión social.

A propósito del reciente informe de la CONEVAL de medición de la pobreza en el 2014 en México, no hay buenas noticias cuando de 2012 a 2014 el número de personas en pobreza es de 55.4 millones de mexicanos, con una diferencia de 2 millones entre 2012 y 2014.

Tanto el ingreso, como las carencias sociales señaladas, son objetivos nacionales previstos en la Carta magna, vistos desde el punto de vista de la seguridad nacional mexicana.

Por lo que se refiere al ingreso, este quizá puede ser considerado el principal responsable de la pobreza en la que no estamos bien. Por ejemplo, un informe de la Organización Internacional del Trabajo señala que en 2012, el salario mínimo en México era de 101.3 dólares al mes, por arriba de República Dominicana con 97.2 dólares mensuales y por debajo de Bolivia con 153.6 Chile con 132.3 o Nicaragua con 191.2 dólares, respectivamente.

Respecto al segundo grupo, -el de las carencias sociales con 8 indicadores-, no toma por sorpresa el rezago educativo, cuando la reforma educativa de este sexenio no ha sido materializada del todo, en parte por la responsabilidad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sus métodos de presión sobre el gobierno de Oaxaca y del Federal, para acceder a sus peticiones que no se les examine a los docentes para subir de nivel.

Sobre los servicios de salud, seguridad social, alimentación, vivienda y cohesion social, es el indicador para afirmar que no son las políticas indicadas las que se implementan en estos rubros, cuando el 58.5 % no tiene seguridad social, 23.4% sin acceso a alimentación, 18.2% sin servicios de salud, 21.2% sin servicios básicos de vivienda. Aquí, interviene la responsabilidad de los Gobernadores de las Entidades Federativas, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que los mayores desvíos de recursos se encuentran en los rubros presupuestales de salud, educación y seguridad.

Pero no sólo estos dos grandes rubros a los que la Ley se refiere son los de pobreza en el país y que serían considerados en los derechos de segunda generación. Para ampliar la evaluación y cambiar su denominación de evaluación de política social y llamarles políticas públicas, es menester incorporar a los instrumentos de medición, los derechos de tercera generación, que comprometerían los derechos de la autodeterminación, la identidad nacional y cultural, la paz, la justicia internacional, el uso a la informática, la información, el medio ambiente, la vida digna, entre otros.

Como ejemplos de esta necesidad, es que México ocupa el tercer lugar en ciberdelitos, sólo superado por China y Sudáfrica y ha sido reprobado en derechos humanos o por organismos internacionales y cuestionado en métodos y procedimientos de acceso a la información, como el abuso para calificar como asunto de seguridad nacional algunos temas y así evitar su divulgación.

Si la ciudadanía pudiera ejercer a plenitud el derecho a la información y la clase política se comprometa con la aplicación del estado de derecho, podría avanzarse mucho en el combate a la corrupción y a la impunidad, como principales factores de la existencia de una burocracia no profesional, politizada y sometida a márgenes de corrupción que generan escándalos como El Chapo, Ayotzinapa, Apatzingán, Tlatlaya, Ostula, Casa Blanca, Grupo HIGA, OHL, Ronda Uno, los departamentos de José Murat, la corrupción de los Moreira, etcétera.

Nada se resolverá si nos enojamos

Estas fueron las palabras aludidas por el Presidente de la República, para señalar a quienes nos llenamos de indignación por la corrupción e impunidad alrededor de la fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.

Porque detrás de una decisión mediática está proteger a un servidor público como lo es, la remoción del director inteligencia de la Policía Federal, para trasladarlo a la división científica de la misma dependencia, según el portal de Ana María Salazar, entonces, ¿En qué consiste la traslación de un mando a otra área de igual responsabilidad sin que sea sancionado por la fuga de “El Chapo”?

Porque en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014 – 2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 2014, el diagnóstico ahí señalado es, que el Sistema Penitenciario Nacional -conformado por los centros penitenciarios del ámbito federal y local-, ha fallado en su función de evitar que algunos internos continúen delinquiendo.

Porque el mismo Programa afirma que, entre otros problemas, hay sobrepoblación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, carencia de manuales de procedimientos para el uso de la fuerza y falta de control de personal, que garantice la seguridad y evitar fugas, como las que por tácticas y operaciones, el Presidente de la República pide a la ciudadanía que con enojo e ira no se resuelva este problema.

Por supuesto que no puede resolverse con enojo, cuando en 2013 la sobrepoblación en Centros Penitenciarios es casi de una cuarta parte de su población normal y a un año de entrar en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal (oral) y cuando en todo el país se producen 22 millones de delitos y solamente 22 mil de ellos causan sentencia. Terrible.

Ni tampoco puede responsabilizarse a la institución de la Secretaría de Marina, lo que conforme a derecho le corresponde a la Procuraduría General de la República, como lo es, la investigación y recaptura de delincuentes, como “El Chapo”.

No podemos decirnos sorprendidos y ahora enojarnos, cuando fueron llamados a ejercer cargos públicos relacionados con la operación de los centros penitenciarios, a personajes con dudosa y corrupta reputación en cargos de similar equivalía. La responsabilidad es del nivel de autoridad que los convocó y les permitió ejercer una función cuando eran conocidos sus antecedentes.

Los ciudadanos no debemos sentirnos enojados o iracundos, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la PGR le hayan permitido a la organización delictiva de Guzmán Loera, seguir conservando cuentas bancarias y bienes materiales para mantenerse vigente y contar con los recursos económicos necesarios para pagar personal y material para la excavación del túnel por donde se fugó el capo.

No podemos llamarnos enojados, cuando es un asunto de Estado y no de partidos políticos en el poder, toda vez que es la segunda ocasión que escapa “El Chapo” de compurgar una pena en cárceles mexicanas, cuya clase política prefiere voltear a otro lado, que reconocer que la impunidad y la corrupción medró y se enquistó en los subsistemas de seguridad y político, que para donde apunten los señalamientos de las investigaciones, se abre alguna rendija o puerta, por donde escurren y escurren intereses ajenos al servicio público integrados a la corrupción, dañina para el país.

No. La verdadera razón no es el enojo ni la ira que provoca el escape, sino la burla de que fue objeto el gobierno, aquí y en el extranjero.

El punto más bajo del sexenio

Cuando cayó la noche del sábado 11 de julio pasado y mientras comenzaba la gira de Estado por Francia, el titular del Ejecutivo Federal era informado por el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido, de la nueva fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, que  cayo como balde de agua fría en su primer círculo de colaboradores.

Así y durante toda la semana en que el Presidente de la República ha estado en visita oficial, columnistas de todos los medios han descrito las condiciones tácticas operativas y de inteligencia de los subsistemas del campo de seguridad, cuyas condiciones rodearon la fuga del capo.

Otro más han realizado mapas mentales con las responsabilidades de los servidores públicos de primer, segundo y tercer nivel.

Lo cierto es que se vulneraron los sistemas penitenciarios, de seguridad y se omitió cortar el flujo de financiamiento hacia la organización de Guzmán Loera, que le permitió a su equipo en el exterior del penal del Altiplano, contratar el personal y recusos necesarios para construir el túnel, así como para generar una capacidad de soborno al interior de dicha prisión, es decir, hubo un trabajo coordinado al interior y exterior de la cárcel.

De igual manera durante toda la semana en redes sociales, la ciudadanía volcó su burla contra el gobierno federal, ante su incapacidad y corrupción en los subsistemas de seguridad y político. El gobierno federal ofreció 60 millones de pesos por datos para facilitar su nueva captura.

Así, el Secretario de Gobernación, la Procuradora General de la República, el Comisionado Nacional de Seguridad y el director del CISEN fueron citados a comparecer ante los legisladores, diputados y senadores, integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, para que explicaran lo sucedido en ese penal, mismos funcionarios que son presionados ante la opinión pública por la oposición para que renuncien a sus cargos.

Por su parte, en Washington la DEA para ocultar su molestia, manifestó su disposición a colaborar, -nuevamente-, en la búsqueda y recaptura del narcotraficante, incorporándose la Interpol mediante una alerta internacional.

Editoriales y las ocho columnas los diarios internacionales, daban cuenta de la burla y humillación de la que había sido objeto el gobierno mexicano

En el plano político , el PRI  y el PAN encabezaron durante la sesión de la Comisión Permanente, una guerra de acusaciones mutuas, cuando el PRI señalaba que en la administración del expresidente Vicente Fox Quesada había escapado Guzmán Loera; por su parte, el PAN le recriminaba al PRI lo mismo.

Un par de días ante y en lo que pareciera un alejamiento político del PRI hacia el Presidente, el CEN emitió un comunicado con desafortunadas afirmaciones: “No tienen autoridad moral quienes iniciaron esta guerra cruenta y absurda contra el crimen organizado”.

Prosigue el comunicado, señalando: “Durante sus gobiernos no sólo se evadió el mismo criminal, con la omisión y la connivencia de los suyos; el "Chapo" pasó de ser el criminal más buscado de México al más poderoso del mundo”.

Es desafortunada, porque parece que en el PRI la solución a este y quizás a muchos problemas del país lo sea, culpar al pasado, señalar con el dedo flamígero a las administraciones anteriores panistas.

Es como si el PRI no hubiera participado desde el 2000 hasta el 2012, en la construcción del país que ahora tenemos. Como si el PRI no hubiera controlado el Congreso y la intención de legislar la presencia del ejército en las calles y que ahora se les está volteando.

Un partido que ante su peor crisis de seguridad nacional de tiempo atrás, sus legisladores le niegan el derecho a la ciudadanía de conocer la verdad, por más cruda y ruín que esta parezca.

Un instituto político integrado a un sistema de partidos, cuya clase política prefiere voltear a otro lado, que reconocer que la impunidad y la corrupción medró  y se enquistó en los subsistemas de seguridad y político, que para donde apunten los señalamientos de las investigaciones, se abre alguna rendija o puerta, por donde escurren y escurren intereses ajenos al servicio público integrados a la corrupción, dañina para el país.

El comunicado del PRI es como escupir hacia arriba; es como dejar de reconocer que los relojes de medio millón de pesos, que las casas blancas y las de Malinalco y los departamentos en Manhattan en Nueva York no existen y cuya naturaleza es el verdadero causante de la fuga del capo en El Altiplano.

Mientras tanto en este momento, seguramente el Primer Mandatario ya debió haber analizado qué hacer con los servdiores públicos señalados, o como dijo Brozo: “¿Qué tiene que pasar en este país para que alguien renuncie?”.

Imperdonable, la fuga de “El Chapo”

La noche del lunes 13 de julio, el Secretario de Gobernación (SEGOB), Miguel Ángel Osorio Chong, ampliaba la información a la incrédula opinión pública, sobre la nueva fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” ocurrida del penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Antes como usted recuerda, en un operativo en Mazatlán, Sin. en febrero de 2014, elementos de la Armada de México detuvieron al “El Chapo”, luego de haberse fugado hace 13 años del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, en el que se sabe que fueron esenciales para la captura, los datos aportados por la geolocalización, rastreo de llamadas y escucha de un teléfono celular que portaba.

Mientras tanto, no se dejaron esperar las reacciones en redes sociales, con memes y comentarios sobre la forma y la debilidad del sistema penitenciario mexicano que permitió, una vez más, que el capo se diera a la fuga, mientras el Presidente de la República se encuentra fuera del país, en Francia, acudiendo a los festejos por la Toma de La Bastilla.

Las consecuencias de esto no podrían hacer esperar. En lo que “El Chapo” escapa, México no ha nombrado Embajador en Washington a quien la DEA o la Casa Blanca llame en este momento, para pedir explicaciones de la fuga y del porqué en su momento, el exprocurador Murillo Karam se negó a extraditar al capo, argumentando que no existía el riesgo.

Abre una crisis de la clase política mexicana con el sector militar mexicano, quien a través de la Armada de México  y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos le han cargado la mano en la lucha contra el crimen organizado, y que lejos del esfuerzo castrense, se ve cómo el poder corruptor de la delincuencia genera un nuevo frente en el poder político y en sus estructuras de seguridad, que le permitieron escaparse.

Resulta inconcebible y hasta burlesco, que mientras se descubra la adquisición de un software informático producido por la compañía Hacking Team, que interviene a control remoto dispositivos móviles y que extrae todos los datos y el historial de las computadoras, sus audios e imágenes de la webcam, que les permiten, además, grabarlos mientras trabajan, que es usado por el Ejército, la Marina, la Policía Federal, el CISEN y gobiernos de 11 Entidades Federativas, como Jalisco, Puebla, el Distrito Federal y algunas más, no orienten el uso de esta tecnología para perseguir o mantener delincuentes recluidos en la cárcel, sino que sea usado para obtener información con uso político.

El responsable de los centros penitenciarios federales que hay en el país es la Secretaría de Gobernación, mediante su titular Miguel Ángel Osorio Chong, quien ante esta grave y delicada situación, se menciona su remoción de tal encargo y que políticamente podría ser substituido por el Diputado Manlio Fabio Beltrones, dada la coyuntura de fin de legislatura.

Retomando, la fuga del capo abre la necesidad de reorientar los esfuerzos anticorrupción, de cuestionar la formación de la seguridad pública de los Estados, el sistema penitenciario y su corrompibilidad y la permanencia de las fuerzas armadas en la calle en un desgaste innecesario; todos incorporados al modelo de seguridad mexicano de la presente administración.

Además es posible que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no haya desmantelado la red financiera de “El Chapo” y con ello, facilitar su escape.

Mientras haya personajes de la vida política que presuntamente tengan relaciones de poder o subordinación con delincuentes, no será posible controlar la inseguridad que aqueja en el país.

Imperdonable, la fuga de “El Chapo”

La noche del sábado pasado, el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido, informaba a la opinión pública la nueva fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” ocurrida del penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Como usted recuerda, en un operativo en Mazatlán, Sin. en febrero de 2014, elementos de la Armada de México detuvieron al “El Chapo”, luego de haberse fugado hace 13 años del penal de máxima seguridad en Puente Grande en Jalisco.

En un cuidadoso manejo informativo, el gobierno norteamericano informaba de su arresto por la mañana, y por la tarde en México, el titular de la PGR daba a conocer su detención y los pormenores de este. Se sabe que fueron esenciales para la captura, los datos aportados por la geolocalización, rastreo de llamadas y escucha de un teléfono celular que portaba.

Sobre esta detención, afirmaba el entonces procurador Murillo Karam, que durante estos 13 años Guzmán Loera se ocultó entre los estados de Sinaloa y Durango, pero qué extraño que en todo ese tiempo, ninguna autoridad lo haya detectado, o si así fue, es probable que el capo haya comprado voluntades para escapar.

En un artículo publicado en la revista Nexos, en agosto de 2010, Héctor de Mauleón señala sobre la personalidad de “El Chapo”, que en uno de los perfiles psicológicos que se le realizaron, subraya el sentimiento de inferioridad que le produce su estatura (alrededor de 1.65 metros) y la tenacidad con que se empeña en demostrar “superioridad intelectual” y alcanzar “un estatus de omnipotencia”. Prosigue diciendo que “De acuerdo con ese diagnóstico, “en su realidad interna no existe la culpa”, posee habilidades “para manipular su entorno” y pretende mantenerse “en el centro de la atención”. Seductor, afable, espléndido, sabe generar “sentimientos de lealtad y dependencia hacia su persona”. Es tolerante a la frustración, “pero no indulgente con sus detractores”. Sus respuestas son siempre calculadas y define claramente sus metas.

Mientras tanto, no se dejaron esperar las reacciones en redes sociales, con memes y comentarios sobre la forma y la debilidad del sistema penitenciario mexicano que permitió, una vez más, que e capo se duera a la fuga, mientras el Presidnete de la República se encuentra fuera del país, en Francia, acudiendo a los festejos por la Toma de La Bastilla.

Las consecuencias de esto no podrían hacer esperar. Mientras que “El Chapo” escapa, México no ha nombrado Embajador en Washington a quien la DEA o la Casa Blanca llame en este momento, para pedir explicaciones de la fuga y del porqué en su momento, el exprocurador Murillo Karam se negó a extraditar al capo, argumentando que no existía el riesgo.

Abre una crisis con el sector militar mexicano, quien a través de la Armada de México le han cargado la mano en la lucha contra el crimen organizado, y que lejos del esfuerzo castrense, se ve cómo el poder corruptor de la delincuencia genera un nuevo frente en el poder político y en sus estructuras de seguridad, que le permitieron escaparse.

Resulta inconcebible y hasta burlesco, que mientras se descubra la adquisición de un software informático producido por la compañía Hacking Team, con sede en Milán, que interviene a control remoto dispositivos móviles, copia mensajes de texto, conversaciones de buscadores como Google, Yahoo, MSN y Skype, que extrae todos los datos y el historial de las computadoras, sus audios e imágenes de la webcam, que les permiten, además, grabarlos mientras trabajan, usado por el Ejército, la Marina, la Policía Federal, el CISEN y gobiernos de 11 Entidades Federativas, como Jalisco (Que sospechosamente en esta semana remueve al cuestionado Luis Carlos Nájera al frente de la Fiscalía de Jalisco), Puebla, el Distrito Federal y algunas más, no orienten el uso de esta tecnología para perseguir o mantener delincuentes recluídos en la cárcel, sino que sea usado para obtener información con uso político.

Políticamente, esta fuga se encuadra en el viaje del Presidente Peña Nieto y en el bullicio político por el término de los trabajos de la LXII Legislatura de la Cámara Baja, en el que trasciende la incertidumbre por el destino político que tendrá el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien es señalado como el siguiente presidente del PRI, antesala de la candidatura a la Presidencia de la República.

Retomando, la fuga del capo abre la necesidad de reorientar los esfuerzos anticorrupción, de cuestionar la formación de la seguridad pública de los Estados, el sistema penitenciario y su corrompibilidad y la permanencia de las fuerzas armadas en la calle en un desgaste innecesario; todos incorporados al modelo de seguridad mexicano de la presente administración.

Mientras haya personajes de la vida política que presuntamente tengan relaciones de poder o subordinación con delincuentes, no será posible controlar la inseguridad que aqueja en el país.