La Ley General de Instituciones y Procesos
Electorales así como la Ley General de Partidos Políticos fueron las leyes
secundarias a la reforma político – electoral, que con el objeto de dar
certidumbre a la próxima elección federal y algunas locales, aprobó el
Congresos y sus Cámaras en el periodo extraordinario de sesiones que concluyó
el jueves.
No obstante lo anterior, lo que pudo haber sido
un serio comienzo en la etapa del Instituto Nacional Electoral y sus organismos
electorales locales, vino a desvirtuarse por haber agregado al dictamen un
haber de retiro para los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
Esta prestación ha recibido bastantes críticas
por su incoporación, que es ajena al espíritu de la reforma citada y por
tratarse de la prestación en sí, y que ambas se centran en la inmoralidad,
cuando lo primero ocurrió lejos de los aparadores públicos y aprovechando la discusión
de los temas de las leyes secundarias citadas, y lo segundo, cuando los
Magistrados devengan un sueldo en el que deben programar sus gastos de retiro
laboral, como lo hace cualquier ciudadano.
Este tipo de beneficio sólo se asigna al retirarse
el Presidente de la República y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, dado a que realizan funciones de Estado, no del tipo
jurisdiccional electoral como los Magistrados señalados, de ahí entonces que
sea considerado el pago por algún favor político recibido, pasado o futuro.
Este es el mensaje que fue transmitido.
Con estas actitudes, la advertencia es que podrían
incorporarse temas ajenos en las siguientes reformas secundarias en
telecomunicaciones y energéticas, pendientes de aprobación.
Hay que comprenderlo de la siguiente manera: “Bajo el sistema federativo los funcionarios
públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden
improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse
asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrada medianía que
proporciona la retribución que la ley haya señalado [...]”. Se trata del
ideario político del presidente Benito Juárez sobre la honradez.
