El michoacanazo

Dicen los que saben que han atestado tres golpes a la ciudadanía y democracia en Michoacán, llamados también michoacanazos.

El primero, señalan que se trata de la militarización fallida de la seguridad pública, en la que seguramente el Gobierno de Colombia ha valorado los suficientes méritos para conferirle al Secretario de Seguridad Pública Federal (SSPF), Genaro García Luna, una condecoración que el Congreso no la autorizó a portar.

Muy probablemente el gobierno sudamericano valoró las producciones cuasi cinematográficas, como las aportaciones para la producción de la serie “El Equipo”, o la detención de la banda de “Los Zodíaco” ésta última de donde salió a la luz pública Florence Cassez.

El segundo michoacanazo es el relativo a la judicialización de la lucha contra la inseguridad, en el que algunas decenas de servidores públicos de ese Estado, fueron arrestados en operativos de la SSPF y que uno a uno fueron exonerados, evidenciando el uso político de la dependencia, junto con la Procuraduría General de la República de la licenciada Marisela Morales.

El último michacanazo, es el que algunos señalan que han propinado los Presidentes del Partido Acción nacional (PAN), Gustavo Madero; el del Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira; y el de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano; quienes junto con el Gobernador Leonel Godoy y algunos empresarios locales, han decidido que lo mejor para su Entidad Federativa, es impulsar la candidatura en común de un solo candidato.

Argumentan la seguridad, la economía financiera y procesal, y la conformación de una agenda en común, pero por otra parte se insiste en los excesos de los partidos políticos, y claro, los empresarios se erigen como los grandes electores, aquellos que se abrogan los derechos ciudadanos, en virtud de que éstos carecen de inteligencia y saben qué es lo mejor para los que moneda a moneda, contribuyen a aumentar sus riquezas. Por supuesto que la autoridad electoral local ha manifestado su beneplácito.

Sin embargo, olvidan que el procedimiento no fue del todo el correcto; olvidaron o no quisieron convocar a las dirigencias estatales de PRI, PAN y PRD así como representantes de la sociedad civil michoacana, para que decidieran en su conjunto.

El ejemplo michoacano que pasó a la posteridad: Morelos -en el otoño de 1810- desconocía que el contenido de su diario generaría comunicación política: “Pueblos enteros me siguen queriendo acompañarme a luchar por la independencia […]”, escribió al principio de su campaña, en noviembre de 1810, “pero les impido diciéndoles que es más poderosa su ayuda -labrando la tierra- para darnos el pan a los que nos lanzamos a la guerra […]”.

En campaña, Morelos se hacía acompañar de su pequeño hijo –Juan Nepomuceno- , quien  María de Soto Mayor, la criada de Leona Vicario, señalaba que “Perseguía la niña Leona para limpiarle los mocos y lavarle la cara, a Juanito Nepomuceno, el hijo del señor Morelos”.

Al ser apresado por el Coronel Manuel de la Concha, se le confiscó su biblioteca personal: Unas decenas de libros en su gran mayoría sobre materias religiosas con acento en la práctica moral del sacerdote, como prontuarios, directorios, sermones, breviarios, obras de teología dogmática, teología moral, oratoria sacra, sagrada escritura, hagiografía, guadalupanismo.  Varias obras de gramáticas y diccionarios en hebreo, japonés, tagalo, italiano, francés, mexicano, cora, latín y griego.

Después vino el juicio -militar y eclesiástico-: Un testigo presencial señala que el obispo ejecutor se deshacía en llanto; sólo Morelos se mantuvo sereno y se le vio caer alguna lágrima. Luego, fue ejecutado.

Para Porfirio Díaz, quien con profunda emoción recibió de España, el uniforme con que Morelos fue capturado, diría: “Yo no pensé que mi buena fortuna me reservara este día memorable, en que mis manos de viejo soldado son ungidas con el contacto del uniforme que cubrió el pecho de un valiente, que sintió palpitar el corazón de un héroe y prestó íntimo abrigo a un altísimo espíritu, que peleó contra los españoles, no porque fuesen españoles, sino porque eran los opositores de sus ideales”.

Según se dice, el general Napoleón Bonaparte, emperador de Francia exclamó durante la campaña de 1812: "Con cinco generales como Morelos conquistaría el mundo".

Morelos fue el verdadero michoacanazo para este país.

Arranca la sucesión por la Presidencia del PAN

En la sucesión por la Presidencia del Partido Acción Nacional (PAN), hasta el momento se han inscrito los senadores Gustavo Madero y Blanca Judith Díaz, el diputado Francisco Ramírez Acuña, Cecilia Romero, excomisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), y recientemente, el diputado Roberto Gil Zuarth.

El diputado Francisco Ramírez Acuña, ha sido secretario de Gobernación y gobernador de Jalisco, de quien se sabe es de línea dura del PAN; Cecilia Romero, viene del Instituto Nacional de Migración (INM) luego de la lamentable muerte de 72 inmigrantes de Centro y Sudamérica y de la cual, por supuesto no acepta responsabilidad alguna.

Por lo que atañe a la candidatura de Madero, se presume que está impulsada desde la Residencia Oficial de Los Pinos, en la que además, el senador por Chihuahua ha sido diputado federal en la LIX Legislatura, desempeñándo la Presidencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; por su parte, Blanca Díaz, senadora por Nuevo León, fue diputada federal en la misma legislatura e integrante de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana .

Por último, Roberto Gil hasta hace unas semanas, se desempeñó como subsecretario de

Gobernación, en la administración de Fernando Gómez Mont, quien lo acompañó a su registro en la sede nacional del PAN.

Se dice que candidaturas como la de de Cecilia Romero y Blanca Judith Díaz, son para dividir los votos de los 381 Consejeros Nacionales del PAN a favor de Madero, además, se cree que Romero es impulsada por la ultraderecha representada en el yunquismo en el PAN.

Luego del éxito de los pasados procesos electorales locales de 2009, en los que el PAN arrebató al Partido Revolucionario Institucional (PRI) las gubernaturas de Puebla, Oaxaca y Sinaloa, ahora tratará de convencer al electorado que sufragará en las próximas elecciones locales de 2011 y que, entre otras, se disputarán las gubernaturas de Baja California y del Estado de México, entre otras, como preámbulo a la elección federal de 2012, en la que se renovará la totalidad del Congreso de la Unión, con 500 curules en Cámara de Diputados y 128 escaños del Senado y, por supuesto, la Presidencia de la República.

Desde el 2000 en que arribó a la Presidencia de la República, la transición no significó el cambio que se esperaba; electoralmente ha perdido ocho gubernaturas: Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Nayarit, Aguascalientes, entre otros.

El costo del ejercicio en el poder, no se hizo esperar: Dejó de gobernar en importantes municipios del Estado de México y Baja California; de las gubernaturas del centro del país, sólo le quedan Guanajuato y Jalisco, y parece próximas a perder, en función de las prácticas de los gobiernos de ultraderecha que mandatan esas entidades, en las que ambas porciones territoriales son conocidas como corredor azul, y lo más importante, unos 30,000 muertos en la mal llamada guerra contra la inseguridad en el país.

El proceso de independencia tuvo una participación activa en la derecha: apoyó económica y militarmente a la Corona Española, contra los esfuerzos insurgentes de Hidalgo, Morelos y Guerrero. Una vez derrotados, promovieron la creación de una monarquía con Agustín de Iturbide.

La evolución de la derecha no se comprendería sin la participación de la Iglesia. Durante el siglo XIX, su causa política basada en la religión, provocó la guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa, y en el siglo XX, se reveló ante el poder civil legítimamente constituido, declarándole la guerra al gobierno, entre 1926 y 1929, en la guerra cristera, cuyos principales bastiones eran, por cierto, Jalisco y Guanajuato.

En 1939 nace el PAN, por la necesidad que esa ideología contara con una organización política que le ayudara a conquistar el poder y como respuesta al gobierno socialista de Lázaro Cárdenas. 

Sobre la participación de la iglesia en política, se sabe que durante su Asamblea Nacional en 1965, Manuel Gómez Morín propuso la proscripción de la participación del clero en su partido, quien no estaba en contra de la iglesia, sino de su influencia en el PAN.

Cumple IFE 20 años

La semana pasada el Instituto Federal Electoral (IFE), cumplió sus primeros 20 años, con un Foro organizado para tal acontecimiento y al cual, se invitó al expresidente Carlos Salinas de Gortari.

El presidente del IFE, Leonardo Valdés, -quien por cierto fue quien le entregó la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador en el 2000-, dijo que desde su fundación, el instituto transformó políticamente al país.

El IFE nació como un organismo público autónomo para organizar las elecciones federales, aunque hoy, el desarrollo del proceso electoral 2006 dejó un mal sabor de boca, en el que voces ciudadanas señalan que su carácter de autónomo ha sido superado por los intereses generados.

El proceso electoral federal del 2006, que desató una serie de pasiones y desencuentros entre los entonces candidatos a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN) y Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), motivado en parte por la tibia respuesta de la autoridad ejercida por el IFE y la injerencia del expresidente Vicente Fox, en las que fueron las elecciones más polarizadas en la sociedad del México contemporáneo.

Recordemos la participación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) quien con su publicidad pretendió persuadir al electorado de que la opción electoral del PRD y su candidato eran perniciosos para México; el escándalo de Hildebrando Zavala, el cuñado incómodo de Calderón, y su presunta participación en la elaboración de una inmensa base de datos con información del Padrón Electoral del IFE, de Teléfonos de México (TELMEX) y del Padrón de Beneficiarios de los Programas Federales de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); la famosa fórmula matemática con la que presuntamente el IFE o el PAN alteraron los resultados electorales; las declaraciones del expresidente Vicente Fox a principios de 2007 en las que indicaba que “se desquitó” al ganar el candidato de su partido; el escándalo millonario, de los más de 250 mil spots electorales en radio y televisión, con todo y la firma del convenio entre el IFE y Televisa; la renuncia de la entonces Secretaria Ejecutiva del IFE y ahora Presidenta  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanis Figueroa y recientemente en febrero de 2009, el escándalo por los sueldos y prestaciones de sus Consejeros.

A propósito del reciente proceso de selección de candidatos a ocupar los cargos de Consejeros Electorales, en 2008 se renovaron tres Consejeros, de donde llegaron Leonardo Valdés Zurita, Marco Antonio Baños Martínez y Benito Nacif Hernández, cuyas calificaciones ante la Comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados, se encontraban entre el lugar 21º. y el 35º., por lo que quizás no hayan sido los mejor calificados académicamente, pero sí los que mejor cabildearon su ingreso al IFE. Ahora hay 146 aspirantes al cargo de Consejeros.

Cuando en septiembre de 1977, el presidente José López Portillo presentó al Congreso, la iniciativa con proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ésta fue el parte aguas en la vida política del país, dicha reforma -en materia electoral-, estaba acompañada de la iniciativa con la que se expedía la Ley Orgánica de Partidos Políticos y de Procesos Electorales (LOPPPE), cuya principal aportación fue la de permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas antes proscritas y propició su representación en los órganos legislativos, misma que en 1990 fue sustituida por el primer Código Federal Electoral y que en 1996 dio paso al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral (COFIPE).

En ese entonces, la diputación federal del Partido Acción Nacional (PAN), en voz del legislador Jorge Garavito Martínez, decia “…rechazamos el proyecto en lo general, porque no cambia el sistema, persiste el mismo sistema, la decisión de que el grupo que actualmente detenta el poder, no lo abandone. Por eso estamos en contra…” aunque con el tiempo, su partido ha salido beneficiado con innumerables diputaciones por el principio de representación proporcional hasta permitirle, como ha sido en posteriores legislaturas desde 1997, ser la primera fuerza en el Congreso, sin ser mayoría absoluta.

Felicidades al IFE, pero debe honrar a la democracia.

¿Están dispuestos?

Como lo ofreció el presidente Felipe Calderón, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa para reformar 419 artículos de los poco más de 1,000 que componen la Ley Federal del Trabajo, en la llamada reforma laboral.

La propuesta oficial prevé ampliar los requisitos para los emplazamientos a huelga e impedir la “eternización” de esos conflictos, establecer la contratación temporal y por hora, así como imponer la rendición de cuentas a los sindicatos, cuyos dirigentes sean electos con el voto directo y secreto de sus agremiados.

Además, regula la figura de la subcontratación u outsourcing, tipifica como delito el trabajo infantil y castiga hasta con 4 años de cárcel la contratación de menores de 14 años de edad, así como sanciona el acoso y el hostigamiento sexual en los centros de trabajo, entre otros cambios.

En rueda de prensa en San Lázaro, los legisladores del PAN exhortaron a todas las bancadas a analizar la iniciativa y rechazaron que la misma "tenga dedicatoria" para algún sindicato como el de Petróleos Mexicanos (PEMEX) o el Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)".

El tema para el PAN es beneficiar a la clase trabajadora y generar condiciones de competitividad que redunde en un mejor ingreso para todos.

Cuando la Ley Federal del Trabajo fue creada en 1931, como una ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, a la que se le han hecho 24 reformas desde 1972 hasta 2006, el PAN nace en 1939 por la necesidad que la derecha mexicana cuente con una organización política que le ayude a conquistar el poder y como respuesta al gobierno socialista de Lázaro Cárdenas.

Entre la década de 1940 y 1950, surgen las organizaciones empresariales como CANACINTRA, CONCAMIN, CONCANACO y la COPARMEX, -seguramente interesadas en esta reforma- con las que algunos de sus miembros se les relaciona con organizaciones político-religiosas, tales como los Caballeros de Colón, el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, tristemente célebre por el escándalo de su creador Marcial Maciel.

Pero si el PAN está dispuesto a modernizar el marco laboral vigente, entonces es necesario reformar también otra serie de ordenamientos para beneficiar a la clase trabajadora, por ejemplo: el PAN puede presentar una reforma para omitir comisiones bancarias por depósitos de nómina, a partir de determinados montos y no sólo por el salario mínimo.

Puede también, pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) suspender el alza de los precios de gasolina, que incrementa los precios de los productos de la canasta básica en espiral y toca sensiblemente, la mesa de los hogares mexicanos.

Puede impulsar que la SHCP, no coloque en Buró de Crédito a trabajadores -asalariados o por cuenta propia- por omisión en el pago de impuestos. Hoy por hoy y digan lo que digan, si su nombre aparece en Buró de Crédito, es una lista negra y por la cual, usted no es sujeto de crédito.

Para justificar lo anterior y además que las arcas públicas dispongan de dinero en efectivo, el PAN puede solicitar que se sancione autoridades que subejerzan presupuesto, como los 120 mil millones no ejercidos del 2007.

También, pueden promover que los 50 grandes contribuyentes -de empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras-, paguen lo que verdaderamente generen de impuestos y no sólo los 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre el 2000 y el 2005, en promedio.

En alcance de lo anterior, pueden solicitar la eliminación del régimen de consolidación fiscal para las grandes empresas y que significa que a los grandes corporativos les es muy redituable comprar una empresa con pérdidas y mantenerla así, para demostrar a la SHCP sus mermas y deducirlas de sus utilidades.

Otra idea: Los diputados federales del PAN pueden cuestionar al Ejecutivo Federal, el porqué el número de fideicomisos del gobierno federal, se incrementó de 1,387 en 2004 a 1,409 en 2005, y el monto de sus activos pasó de 675 mil millones de pesos a 742 mil millones de pesos en ese periodo.

Una más: que exhorten al Sistema de Administración Tributaria de la SHCP para que dé a conocer la lista de personas físicas y morales beneficiadas con la cancelación de sus deudas fiscales en 2007, cuyo monto asciende a 73 mil 900 millones de pesos.

“El hombre que carece de lo preciso para alimentar a su familia, ve la instrucción de sus hijos como un bien muy remoto, o como un obstáculo para conseguir el sustento diario. En vez de destinarlos a la escuela, se sirve de ellos para el cuidado de la casa o para alquilar su débil trabajo personal, con que poder aliviar un tanto el peso de la miseria que lo agobia. Si ese hombre tuviera algunas comodidades; si su trabajo diario le produjera alguna utilidad, él cuidaría de que sus hijos se educasen y recibiesen una instrucción sólida en cualquiera de los ramos del saber humano. El deseo de saber y de ilustrarse es innato en el corazón del hombre. Quítensele las trabas que la miseria y el despotismo le imponen, y el se ilustrará naturalmente, aun cuando no se le dé una protección directa.”: Benito Juárez.

Hay materia, pero, ¿verdaderamente están dispuestos?

El régimen y las deudas

A propósito del Régimen de Consolidación de las empresas, por el que según los senadores, hay 422 grandes empresas que pagan hasta 1.7 % de impuestos, este régimen consiste en que varias empresas agrupadas bajo una razón social o holding, pueden pagar impuestos como si fueran un solo contribuyente, lo que permite la amortización de pérdidas contra sus utilidades.

Sin embargo, el empresariado mexicano en voz del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes, alzó la voz y afirmó que las empresas sí pagan impuestos, en respuesta a las afirmaciones del presidente de la República, quien arremetió contra las grandes empresas.

El presidente Calderón además, dio su beneplácito porque las grandes empresas tengan actividades filantrópicas, patrocinen eventos deportivos y regalen equipos médicos, pero, -insistió-, también deben pagar impuestos.

Quizás por esa razón a los grandes corporativos les sea más redituable comprar una empresa con pérdidas y mantenerla así, -bajo su firma empresarial-, para demostrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sus pérdidas y deducirlas de sus utilidades.

De alguna u otra manera, el régimen político a través de la SHCP ha favorecido, tolerado o permitido, las practicas de algunas grandes empresas, con el objeto de eludir el pago real de impuestos.

Para estos tiempos de crisis, dicen los que saben que existen 2 mecanismos para mantener liquidez: reducir el gasto corriente y deuda.

Mientras que en 1821 la primera devaluación del peso la hizo Agustín de Iturbide, de .95 a .97, la paridad del peso contra el dólar, la primera deuda en México la contrajo el Presidente Guadalupe Victoria en 1824, por un monto de 16 mdp con Inglaterra. Iturbide era fusilado y se promulga la primera constitución.

El presidente Anastasio Bustamante en 1831contrae un crédito de casi 8 mdp; en contraste, Vicente Guerrero era fusilado.

En 1837 el presidente José Justo Corro endeuda al país por casi 12 mdp. En 1858 el presidente Benito Juárez recibe el país con una deuda de casi 60 mdp. Ya se anunciaba la guerra de Reforma o de Tres Años, en cuyo periodo, no se presentó presupuesto de egresos ni cuenta pública.

En 1865 Maximiliano de Habsburgo contrae deuda 105 mdp y para 1868, el régimen del presidente Benito Juárez expropió una superficie de alrededor de 7.5 millones de hectáreas en los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, parte de Zacatecas y San Luis Potosí a don Carlos Sánchez Navarro y Berain, uno de los hombres más rico de México durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo.

Luego del triunfo de las armas mexicanas en la Intervención Francesa, en 1871 Juárez endeuda al país por 80.5 mdp y desconoce la deuda contraída por Maximiliano. El país estaba sin recursos.

El presidente Porfirio Díaz asciende al poder con una deuda de casi 143 mdp y deja la Presidencia con casi 300 mdp de deuda. En su periodo, se instituye la educación laica y gratuita; el Congreso aprueba la reelección indefinida; se crea el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas; se elabora el 1er. censo nacional en el país: 12’632,427 habitantes en 1895; la campana de Dolores es trasladada a Palacio Nacional; se funda el Círculo Liberal; Francisco I. Madero publica el libro "La Sucesión Presidencial".

Los primeros 1,000 mdp de deuda fueron en el periodo de Álvaro Obregón, cuando en 1922 asciende a 1,485 mdp. Plutarco Elías Calles en 1925 reduce la deuda a 857 mdp. Años posteriores, volvía aumentarse la deuda pública hasta en 1,340 mdp. Con Calles, nace Ferrocarriles Nacionales de México; se funda el Banco de México, entre otros eventos.

El presidente Manuel Ávila Camacho reduce la deuda a 240 mdp, tendencia que duró desde 1944 a 1950. Mientras, México ingresaba a la Segunda Guerra Mundial; se funda el IMSS y posteriormente, toma protesta el primer presidente civil contemporáneo: Miguel Alemán Valdés.

La campaña invisible

La revisión de la Cuenta Pública 2007 presentada por el Auditor Superior de la Federación, (ASF), Arturo González de Aragón, arrojó subejercicios (presupuesto sin gastar) en ese ejercicio fiscal, por 120 mil millones de pesos, (mdp), y que fueron transferidos a fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, con el objeto de ejercerlos con discrecionalidad.

A propósito de lo anterior y con el objeto de que expliquen las razones sobre el uso de recursos públicos, -producto del subejercicio-, a favor de diferentes candidatos a puestos de elección popular del partido Acción Nacional, (PAN), principalmente, fue aprobado en la sesión de la Comisión Permanente, un dictamen para citar a comparecer al secretario de Desarrollo Social, (SEDESOL), al Director del Programa Oportunidades y al Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, (FEPADE).

Además se presentó una proposición que solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, (SSP), Genaro García Luna, para que explique las razones por las que se dejaron de ejercer casi 2,900 de millones de pesos, equivalentes al 43% del presupuesto del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) en el ejercicio fiscal del 2007, arriba citado.

En estos momentos de tiempos electorales, esos 120 mil mdp, servirían para cubrir las deficiencias en seguridad pública, que reclama la campaña proselitista del PAN, y que como parte de sus estrategias, realiza ante su inminente derrota en las elecciones intermedias y en una desesperación por obtener el sufragio.

La primera estrategia se basa en manchar la imagen del contrincante, mediante el esparcimiento de rumores. La segunda, procura impedir el voto a favor del adversario, más que a ganar adeptos por las propuestas propias, -es decir-, bajo el principio de que “si el voto no me favorece, hay que anularlo”.

Se presume que estas tácticas, de propaganda negra y campañas negativas, que a punto estuvieron de llevarnos a la confrontación después de las elecciones del 2006, son de la autoría del estratega panista Antonio Solá Reche, el publicista de la extrema derecha española, de quien se dice que obtuvo la ciudadanía mexicana con fecha 5 de diciembre de 2006, es decir, a unos días de haber tomado posesión la administración de Felipe Calderón, en un proceso muy parecido al caso Zhenli Ye Gon.

Lo anterior se ajusta a las cuestionables campañas ciudadanas "Vota en Blanco", que se presume es promovida por Luis Alberto Bolaños Vera, director de internet de la Presidencia de la República en el sexenio del expresidente Fox, así como por el movimiento "Tache a Todos", impulsado por Gabriel Hinojosa Rivero, primo hermano del presidente Felipe Calderón, principalmente, con el inocente argumento de que “todos los partidos y candidatos son lo mismo” o bien, "no hay a quién irle".

Con estas acciones que promueven la discordia, el Ejecutivo Federal se quedará sin interlocutor válido después del proceso electoral, para los acuerdos en el Congreso.

Dicen los estudiosos de la derecha en México, que existen 3 clases de esta ideología: La derecha católica conservadora, interesada en la preservación de ciertos valores morales de la tradición católica, que suelen ser reivindicados por los partidos demócrata-cristianos; La derecha liberal, defensora del liberalismo económico y generalmente opuesta a la acción del Estado como regulador de la actividad de los particulares; Y por último, la ultraderecha, término peyorativo usado por militantes de izquierda para describir grupos que sostienen versiones extremas de los dos anteriores puntos y frecuentemente acusada de influir en los gobiernos panistas actuales en términos similares a las teorías de conspiración. 

La participación de la derecha en México fue relevante desde antes de la independencia, en que intervino apoyando económicamente y militarmente a la Corona Española contra los esfuerzos insurgentes de Hidalgo, Morelos y Guerrero, pero en la medida que la propia España sufrió cambios democráticos, como la Constitución de Cádiz y los sectores de la derecha mexicana apoyaron la realización de la independencia para crear una monarquía a través de Agustín de Iturbide.

Posteriormente lograron colocarse e influir en los gobiernos de Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, periodos non gratos de la vida de México.

En estricto sentido histórico, la evolución de la derecha desde la Colonia hasta nuestros días, no es comprensible sin la participación política de la Iglesia.

Así como su poder económico y político formó ejércitos para defender en el siglo XIX su causa política basada en la religión, causaron la guerra de Reforma y de la Segunda Intervención Francesa.

En el siglo XX con su poder, se reveló ante la autoridad civil legítimamente constituida y declarando las hostilidades con el enfrentamiento entre las tropas religiosas y las del gobierno federal, entre 1926 y 1929, en la guerra cristera.

Creó grupos como el Partido Católico Nacional, los Tecos en la Universidad Autónoma de Guadalajara, las Damas Católicas, Acción Católica Mexicana, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, Falanges Tradicionalistas Mexicanas, entre otros.

Durante el siglo XX, la derecha acaudillada por la iglesia impulsó acciones políticas. Crearon la Unión Nacional Sinarquista en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, activa y vigente en ésta última: el gobierno del Estado de Guanajuato promovió el sinarquismo, “como un ejemplo a seguir”, además de la deliberada intención del ahora gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, de omitir de los libros de historia, -siendo presidente Municipal de Guadalajara-, el paso del presidente Benito Juárez por Guadalajara, entre otros sucesos.

Después nace el PAN en 1939 por la necesidad de que la derecha mexicana cuente con una organización política que le ayude a conquistar el poder y como respuesta al gobierno socialista de Lázaro Cárdenas.

Entre la década de 1940 y 1950, surge el Partido Demócrata Mexicano y nacen las organizaciones empresariales como CANACINTRA, CONCAMIN, CONCANACO y la COPARMEX, con las que algunos de sus miembros se les relaciona con organizaciones político-religiosas, tales como los Caballeros de Colón, el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, tristemente célebre por el escándalo de su creador Marcial Maciel.

El periodista Álvaro Delgado, afirma en su libro "El Yunque: La ultraderecha en el poder", que esta organización es una sociedad secreta mexicana de carácter regional pero con impacto nacional, y cuyo supuesto propósito, es defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás, así sea mediante la violencia, para instaurar el reino de Dios en la tierra, mediante el sometimiento del Gobierno mexicano a los mandatos de la Iglesia católica, por conducto de la infiltración de todos sus miembros en las más altas esferas del poder político.

De ser cierto, es fanatismo. La canonización por conducto del papa Juan Pablo II, de una serie de mártires mexicanos durante la guerra cristera, ha renovado también el fervor de Grupos Ultraderechistas en México.

De ahí se entiende la conducta del Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, (PAN), de otorgar un donativo, socialmente rechazado, para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos en Guadalajara.

Todo lo anterior no lo afirma esta pluma, lo dice la historia y sus hechos. 

No es malo tener una simpatía política, cualquiera que sea, ni declararla como tal, siempre y cuando, aquel que se jacte de ser defensor de algún partido político, conozca, asuma y defienda con orgullo, la responsabilidad de los antecedentes históricos de su ideología en cualquier debate.

No le dé el gusto a nadie de jugar con su voto y con esto, decidir su futuro.

No importa por quién, pero vaya a votar el 5 de julio. “…Podré no estar de acuerdo contigo, pero daría la vida por defender tu derecho a decirlo…”: Voltaire.

El referendum

Actualmente sólo los estados de Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, cuentan con alguna legislación en materia de participación ciudadana que garantice la participación de la ciudadanía en las decisiones de gobierno.

Los estados en donde se contempla la figura de referéndum son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; mientras que, además de las anteriores, se suma Chiapas a los estados que contemplan en sus legislaciones la figura del plebiscito. La iniciativa popular, además de aparecer en los anteriores estados, solamente en Tamaulipas se le regula como acto aislado, sin contemplar las anteriores figuras.

Finalmente se tratan de mecanismos de participación ciudadana con los que puede hacer valer sus peticiones o inconformidades al gobierno. Los primeros indicios se remontan a la época Juarista, como antecedente claro de la intención del gobernante en turno por realizar una consulta al pueblo con la intención de que el resultado de ésta, fuese obedecido y posteriormente convertido en legislación Constitucional. El inconveniente en este caso en concreto, tal como lo marcan los historiadores y la Constitución de ese entonces, es que dicha figura no se encontraba prevista en la Carta Magna por lo que carecía de obligatoriedad.

Diez años tenía de vida la Constitución de 1857 -por la que Juárez había peleado- y todavía no entraba en vigor a plenitud, debido a que durante esos diez años el presidente Juárez había gobernado siempre con base en facultades extraordinarias, que le fueron concedidas primero con motivo de la Guerra de Reforma, y después por la guerra contra la intervención y contra el imperio. Pero establecida la paz, era tiempo de iniciar, por vez primera, el orden constitucional por el que tanta sangre se había derramado.

El presidente Juárez, que había sido el símbolo de la patria durante diez años, que había mantenido viva la esperanza del triunfo en esos largos años de conflictos -en la bien llamada gran década nacional- de pronto se encontró con la casi imposible misión de gobernar con una Constitución diseñada para controlar y acotar al Poder Ejecutivo.

Para Jalisco, la figura de referéndum funciona de manera derogatoria, y con ello, abolir los actos jurídicos del titular del Poder Ejecutivo en el estado, con el requisito de ser solicitado por el 2.5 por ciento de los electores del estado, que para el caso representan poco más de 100 mil firmas.

Así las cosas, inicia el año con la permanente e interminable lucha entre concesionarios del transporte público versus estudiantes; los primeros por aumentar las tarifas y evitar su modernización y los otros, por que se cumpla los acuerdos tomados para la modernización, pero sin el aumento de tarifas.

Mientras que los concesionarios dicen transportar por unidad a 600 pasajeros diariamente, el Gobierno de Jalisco señala que son 800 las personas beneficiadas a diario por el servicio, que a todas luces es deficiente e inseguro. Los transportistas argumentan que, a menor cantidad de transportados, mayor tarifa; Su petición radica en aumentar hasta en 5 pesos el costo del viaje por persona.

Además, hace unos días fueron quemadas 3 unidades del transporte público; en acciones que los transportistas han acusado al líder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), César Barba Delgadillo, sin embargo esta acusación no está del todo segura, ya que no se han presentado pruebas, por lo que no se descarta que los mismos transportistas hayan incendiado las unidades, al amparo de ser chatarra, como normalmente se encuentran casi todas las unidades, y contar con seguro contra daños.

Finalmente, la pelota esta en el campo de juego del Ejecutivo del Estado, que en todo caso, está obligado a gobernar para quienes votaron o no por él; aunque nombre a, aparentemente un chofer, como Secretario de Salud; aunque nombre procuradores preciosos que de manera sinvergüenza se autoprotegen; y, aunque haga referencia coloquialmente a Presidentes Municipales con un “no mame”; aunque afirme que “todos somos culpables” por la muerte del niño en las aguas contaminadas del Río Santiago y, de las cuales, no hemos visto que nos ponga el ejemplo, como primer ciudadano de Jalisco que es, tomándose su vaso de agua, como lo declaró el empresario Javier Gutiérrez Treviño de la CONCAMIN Jalisco.

Por el fortalecimiento de la participación ciudadana en las decisiones de gobierno, esperemos que la FEU logre la hazaña de realizar el referéndum revocatorio para ejemplo de Jalisco y México de cómo sí se puede influir en las decisiones del gobierno de manera institucional, pacífica y legal.

Una cosa lleva a la otra

Hace unos días la Cámara de Diputados designó al presidente y consejeros del Instituto federal Electoral (IFE), en un proceso que empieza a ser cuestionado por el cumplimiento de la legalidad y por las cuotas de poder repartidas entre los partidos políticos.

Por lo que respecta al ahora consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, cuenta con experiencia en el ámbito electoral al haber sido presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien por cierto fue quien le entregó la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador en el 2000.

En cuanto a Marco Antonio Baños Martínez, recientemente fue asesor de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) del Congreso de la Unión; y Benito Nacif Hernández, es académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de quien depende el proyecto intitulado “Monitor Legislativo”.

Como dato a tomar en cuenta son los lugares que ocuparon en la lista de calificaciones, el 21, 31 y 35, respectivamente, por lo que quizás no hayan sido los mejor calificados académicamente pero hoy vemos que sí fueron notables políticamente, para quienes aprobaron el dictamen de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja que los acreditaba como los nuevos consejeros.

En el camino quedaron figuras relevantes como el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Genaro David Góngora Pimentel; la ex fiscal de delitos electorales, María de los Ángeles Fromow Rangel; el comunicador de W Radio Ezra Shabot Askernazi; y el jurista Raúl Carrancá y Rivas, quien por cierto afirmó que impugnará el proceso; entre otros aspirantes.

Desde luego que hay quienes dicen que ganó el PRD y el PRI en la designación de consejeros; otros que el PAN y el PRI; pero por el momento, las combinaciones de colores son irrelevantes.

Y como consecuencia de la designación de los consejeros electorales, también hubo grupos de interés que ganaron y perdieron; el tema del control de monopolios emerge en el contexto nacional. Por principio de cuentas, el recién estrenado presidente del IFE, Leonardo Valdés, debe de estar revisando el escándalo de los más de 180,000 spots publicitarios emitidos durante el pasado proceso electoral, pendiente de dar solución.

Se trata de dar atribuciones a la Comisión Federal de Competencia (COFECO), así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), para ejercer controles más estrictos sobre sus dominados, con el objeto de controlar el monopolio en varias áreas del sector privado, entre ellas las telecomunicaciones.

Por ahora, grupo Televisa a través de Cablevisión; y TV Azteca por conducto de Iusacell, ofrecen el servicio de triple play, que consiste en servicios de voz, datos y video; pero en cuanto a TELMEX le autoricen el tercer servicio, de televisión, seguramente será la cabeza en la televisión mexicana.

En todo caso, los grupos de interés cabildearon, ante legisladores y el ejecutivo, la posibilidad de incluir en la primer triada de nuevos funcionarios electorales, a quien de alguna manera garantizaría sus intereses en el seno de las decisiones de la autoridad electoral, mientras tanto, la SCJN desechó el amparo que interpuso la COPARMEX en contra de la Reforma Electoral. El siguiente cambio de consejeros del IFE es en agosto próximo, unos meses previos al arranque del Proceso Electoral Federal 2009.

Por otra parte, y al día siguiente de la designación de consejeros, en el Foro organizado por la IE Business School, el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, señaló que en México no se apoya a las empresas, en contraste con los Estados Unidos de Norteamérica; poniendo como ejemplo el interés de Televisa en incursionar en el mercado norteamericano, en contraste con el de la cadena Telemundo, al solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) una concesión de televisión. Quizás eso explique su molestia al no ser electo el aspirante a consejero electoral de su preferencia.

Mientras tanto, el ejecutivo federal no ha dicho “esta boca es mía”, y veremos las reacciones de los actores políticos involucrados en el tema.

Y la información

En la pasada legislatura, luego de una serie de señalamientos de improbidad para algunos senadores de la República -que ahora son diputados federales-, fue aprobada la “ley Televisa”; que fue publicada el 11 de abril del 2006 en el Diario Oficial de la Federación, y que contiene diversas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión.

Con posterioridad, el 4 de mayo de 2006, cuarenta y siente senadores de la LIX Legislatura, promovieron una acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de dicho decreto.

Así las cosas, y luego de prosperar el recurso ejercido por los legisladores, el 7 de junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó su resolución, declarando inválidos los artículos 9-C, párrafo último, y Segundo Transitorio, párrafo tercero, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como los artículos 16; 17-E, fracción V; 17-G; 20, fracciones I, II y III; y 28 y 28-A, en su totalidad, de la Ley Federal de Radio y Televisión, reformas por las cuales, en otras palabras, las empresas dominantes no tenían la obligación de renovar sus permisos de concesión sobre un bien del dominio público como las telecomunicaciones, y por tanto, beneficiaban el duopolio existente, entre otros impactos.

En su voto particular, el Ministro Genaro David Góngora Pimentel señaló que “se preponderan argumentos de carácter económico, sobre los derechos fundamentales, que en el caso se encuentran implicados tales, como la libertad de expresión, información y prensa”.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos la revocación del contrato que hizo la W Radio, a los servicios profesionales de la periodista Carmen Aristegui, en los primeros días de este año, y quien ha recibido numerosas muestras de solidaridad de diversos actores de la vida pública, no por la pérdida de una remuneración, sino por el atentado a la libertad de expresión, al anteponer intereses económicos sobre los derechos ciudadanos, tal y como lo señaló el Ministro Góngora Pimentel.

Aristegui señala una serie de presiones que fue objeto, y que tuvieron origen desde el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, así como de la Residencia Oficial de “Los Pinos”, y a los cuales, Televisa y el español Grupo PRISA, poseedor del cincuenta por ciento de acciones en W Radio y dueño del periódico “El País” en España, se prestaron para consumar su salida.

Carmen menciona también que las investigaciones periodísticas como la del Gobernador de Puebla Mario Marín y sus desagradables conversaciones con el empresario Kamel Naciff; el escándalo por la presumible participación del Cardenal Norberto Rivera Carreras por encubrir pederastas; la muerte de la indígena Ernestina Ascencio, penoso para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por la participación de militares, entre otras investigaciones, fueron incómodas para sus protagonistas, por el valor periodístico que representan y por ello reaccionaron en su contra.

Ahora, para los especialistas en estos temas, el debate se centra entre las libertades ciudadanas versus la libertad de empresa, por lo que el caso Aristegui ha abierto la puerta en México para que el Grupo Plural en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se constituyó en la Cámara Alta, tenga para investigar y modificar la legislación correspondiente.

En este sentido, los integrantes, senadores todos del grupo citado, están más obligados que nunca para dotar al país de un marco legal que permita, garantice y estimule la competencia, la pluralidad, los derechos de las audiencias y de los profesionales, entre otras muchas cosas. Se trata de poner por delante el derecho de todos frente al de las grandes corporaciones, como en otros casos.

Cuando alguno de nuestros hijos comete un error, preferimos que nos diga la verdad a la mentira, porque así podemos defenderlos con certeza y creo, este es el mejor ejemplo del valor de la información.

Ni se defiende los intereses de Televisa, ni se defiende a Carmen Aristegui. No. En este momento se llama Carmen Aristegui, como bien pudo llamarse Pedro Pérez o Francisco Gutiérrez. Lo que está en juego es la defensa de los valores de la democracia. Los derechos no de unos, sino de todos. Se defiende que usted o yo estemos debidamente informados, en un verdadero acto de tolerancia, de racionalidad, le guste a quien le guste y al que no le guste, pues ni modo. La información no es monedita de oro para caerle bien a todos.

Dijo Voltaire: “…Podré no estar de acuerdo contigo, pero daría la vida por defender tu derecho a decirlo…”

Slim vs. Gil

En comisiones de la Cámara de Diputados se encuentra para su análisis y dictamen, la iniciativa que reforma la Ley de Inversión Extranjera; la cual prevé modificar el límite de participación de capital extranjero en las telecomunicaciones, hasta en un 49%; además pretende abrir todas las redes públicas y el espectro radioeléctrico en general; iniciativa que, indirectamente, impactará a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que actualmente se encuentra sujeta de intensos cabildeos con legisladores, por parte de diversas empresas del ramo, particularmente Telmex y Telefónica Movistar; lo que se disputa es el nada despreciable negocio de veinte mil millones de dólares al año.

Según se desprende de su exposición de motivos, la iniciativa en cuestión pretende establecer condiciones adecuadas para la promoción de la inversión en el sector de la telefonía fija y de servicios relacionados, con la intención de beneficiar a los usuarios mediante el incremento de la competitividad en la prestación de los mismos, así como permitir nuevas inversiones y crear un ambiente de verdadera competencia en la red fija de telefonía, logrando así incrementar los accesos a esta clase de servicios para un amplio sector de la población que se ubica en zonas marginadas.

Al frente de la española Movistar, se encuentra el otrora secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio foxista, Francisco Gil Díaz, quien además de despachar las haciendas públicas, desde Patios Marianos de Palacio Nacional, actuaba como vicepresidente de México, hombre fuerte del gabinete del expresidente, quien doblegó por igual a sus compañeros secretarios de Estado, que a diputados federales, senadores o gobernadores, y quien por el ejercicio de su cargo conoce todas las entrañas del manejo financiero y fiscal; es decir, donde ganan y donde pierden, qué les duele y qué les beneficia, qué les afecta y qué les impacta, cómo ganar y deducir en impuestos; y que ahora, luego del escándalo en enero pasado por su nombramiento como consejero del banco HSBC, tuvo que separarse de ese puesto y, ahora, al frente en México de esta compañía telefónica trasnacional.

Esta empresa española enfrenta acusaciones de dominación en el mercado ibérico, a grado tal que la Comisión Europea de Competencia le aplicó una multa por 151 millones 875 mil euros en julio pasado, según se desprende un estudio realizado por la Coordinación de Asesores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara Baja.

Por otra parte, Carlos Slim Helú, recientemente nombrado el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes; entre sus posesiones, por citar algunas, es dueño de Grupo Carso con las holdings Teléfonos de México, América Móvil, Nacobre, Frisco, Sears, Condumex, Hoteles Calinda, Cigatam, Sanborn’s, entre otras, que generan más de 220 mil empleos en el país; quien dentro del ramo de las telecomunicaciones en México es el predominante, que no el único, que es diferente.

En concreto, la redacción original de la iniciativa comentada, preveía la apertura del 100% a capital extranjero, bajo el supuesto de que "siempre y cuando, a juicio de la comisión (Federal de Competencia, COFECO), prevalezcan en el país de origen de la inversión extranjera condiciones similares de apertura para la inversión nacional de telecomunicaciones". Esto significa que los españoles tendrían que garantizar las mismas condiciones para los operadores mexicanos, pero al operar en condiciones de dominación, según la Comisión Europea de Competencia, la telefónica española estaría engañando a la autoridad mexicana, COFECO, al dirigir una empresa en forma ilegal, presuntamente violando las leyes de Inversión Extranjera y Federal y la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Luego entonces, de ahí que la redacción arriba citada haya sido retirada del texto del dictamen, toda vez que la batalla que emprende la COFECO, presumiblemente mal influenciada por los españoles, por conducto del exsecretario Francisco Gil, con los legisladores federales mexicanos y bajo el argumento de el monopolio que tiene Teléfonos de México en contra de los usuarios de telefonía fija. De igual manera, TELMEX ha tratado de cabildear entre legisladores federales para evitar sea aprobada.

Nadie esta a favor de los monopolios, cualquiera que este sea, sin embargo nuestros legisladores deberían defender el interés nacional, para que el rubro de telecomunicaciones no termine como el de los bancos, es decir, están en México pero, no son de mexicanos.

La Reforma Electoral

En un acto inédito para la historia del país, los medios de comunicación televisivos y radiofónicos transmitieron el martes pasado, en vivo, la sesión de Comisiones Unidas del Senado de la República; acto en el que se discutió el dictamen de las reformas constitucionales en materia electoral, llamadas de tercera generación, y a la que acudió la dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) encabezada por su presidente Enrique Pereda Gómez, así como un grupo de destacados comunicadores como Joaquín López Dóriga, Javier Alatorre, Ciro Gómez Leyva, Denise Maerker, Julieta Lujambio, Carlos Loret de Mola, Pedro Ferríz de Con, Sergio Sarmiento, Jaime Sánchez Susarrey, Ana María Lomelí, Jorge Zarza y Salvador García Soto, entre otros y en la que algunos de ellos expusieron de viva voz sus inquietudes respecto de la reforma que se discutió.

Originalmente la CIRT se opuso a la aprobación de esta reforma, argumentando que retirar a los consejeros Generales del Instituto Federal Electoral, sería un golpe para la democracia. Posteriormente, en sendos comunicados de prensa, el duopolio, entiéndase TELEVISA y TV Azteca, señalaron, respecto de esta tema, que “no les interesaba el dinero” y que sus cuestionamientos los hacían por “los valores y la democracia del país”, aunque durante su comparecencia el común denominador fue señalarles a los legisladores la violación a la libertad de expresión que se verificaría de aprobarse tal reforma, que por cierto, en ninguno renglón del dictamen se toca lo relativo al artículo 6to. Constitucional; por otra parte, se les “olvidó” la lucha dada hasta el momento y omitieron defender a los Consejeros del IFE, materia inicial de su participación en el debate público.

A lo anterior se suma el reciente desplegado publicado en diversos diarios del país, por un grupo de intelectuales, apoyando la permanencia del Consejo General del IFE. Que por un ejercicio de congruencia resultaría interesante saber quiénes lo firmaron, en contraste con los que signaron el desplegado de hace un año censurando el actuar del Consejo General del IFE y apoyando al candidato perredista Andrés Manuel López Obrador.

El objeto de los cuestionamientos de la CIRT se resumen en que los partidos políticos ya no podrán contratar propaganda política o electoral, sino en lo futuro será por conducto del IFE, lo que significa que se les termina el lucrativo negocio de alrededor de 2,500 millones de pesos anuales facturados, además de la cantidad no especificada, que se especula es por un monto igual o superior al anterior, por concepto de propaganda pagada por terceros, lo que en cálculos conservadores sumarían entre 5,000 y 7,000 millones de pesos al año.

Luego entonces, de ahí se explica la conducta desmedida, grosera, majadera y fuera de lugar de un comunicador que siendo solapado por la dirigencia de la CIRT, en un intento desesperado por defender sus intereses pretendió virar el tema de la reunión, no para debatir la reforma electoral con argumentos sólidos, sino tratando de comparar la conducta de los legisladores federales a comportamientos deleznables fuera del objeto de la reunión; aún cuando para el desarrollo de la reunión se invocaron el respeto y la tolerancia, de los cuales, la CIRT y las televisoras parece que no tienen el valor y además les vale, en franca, absurda y absoluta rebeldía a la autoridad legítimamente constituida.

En otras palabras, el propósito de la reforma electoral es otorgar equidad a los partidos políticos en el uso de los tiempos de radio y TV en las elecciones; evitar el uso de recursos públicos para la promoción personal y para las campañas políticas; disminuir la influencia del poder del dinero en la lucha por el poder político y que en parte para lograrlo, se necesita moderar la libertad de comercio sobre la explotación de un bien del dominio público, como lo son las concesiones y permisos de televisión y radio, que en todo caso, pertenecen a los mexicanos.

Y ahora, el IFE

Como sabemos, el proceso electoral federal del 2006 desató una serie de pasiones y desencuentros entre los entonces candidatos a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN) y Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), motivado en parte por la tibia respuesta de la autoridad ejercida por el Instituto Federal Electoral (IFE) y la injerencia del expresidente Vicente Fox, en las que fueron las elecciones más polarizadas en la sociedad del México contemporáneo.

Recordemos la participación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) quien con su publicidad pretendió persuadir al electorado de que la opción electoral del PRD y su candidato eran perniciosos para México; el escándalo de Hildebrando Zavala, el cuñado incómodo de Calderón, y su presunta participación en la elaboración de una inmensa base de datos con información del Padrón Electoral del IFE, de Teléfonos de México (TELMEX) y del Padrón de Beneficiarios de los Programas Federales de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); la famosa fórmula matemática con la que presuntamente el IFE o el PAN alteraron los resultados electorales; las declaraciones del expresidente Vicente Fox a principios de 2007 en las que indicaba que “se desquitó” al ganar el candidato de su partido; el escándalo millonario, aún sin resolver, de los más de 250 mil spots electorales en radio y televisión, con todo y la firma del convenio entre el IFE y Televisa; la renuncia de la entonces Secretaria Ejecutiva del IFE y ahora Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanis Figueroa; etcétera, de los cuales algunos siguen siendo temas pendientes por resolver para el IFE.

Actualmente entre pasillos del Congreso se comenta la posibilidad de llegar a acuerdos para sacar adelante la tan ansiada reforma hacendaria del Ejecutivo Federal a cambio de que en la reforma electoral se apunte la remoción del Consejo General del IFE, bajo la Presidencia de Luis Carlos Ugalde, ampliamente cuestionado por círculos políticos, de académicos e intelectuales, como presunto implicado en un probable fraude electoral de esas elecciones, y que en recientes declaraciones del Presidente del IFE precisa que “equivaldría a aceptar que hubo fraude”.

También, es conocida la posición del Consejero Presidente Luis Carlos Ugalde, en la que explica que de prosperar la remoción del Consejo General del IFE que preside, sería un duro golpe a la democracia; que en lo futuro las próximas generaciones cuestionarían los procesos electorales y comparando su probable separación con la que pudiera ser sujeto el Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el mal proceder de jueces o magistrados, en un caso hipotético.

Recordemos que en 1996 los entonces Consejeros Ciudadanos en el IFE, Santiago Creel Miranda, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcaditas, José Woldenberg Karakowski y Fernando Zertuche Muñoz, en un acto de sensatez republicana renunciaron a sus cargos luego de la reforma electoral que se suscribió en 1996, luego entonces, parecería que la actitud en de Luis Carlos Ugalde es una posición chambista con miras a la permanencia en el cargo.

En otras palabras, con la remoción de los Consejeros del IFE, el PRD simplemente no quiere saber nada del árbitro que no le dio el triunfo a su candidato a la Presidencia; el PRI únicamente ve en esta remoción una venganza en contra de Elba Esther Gordillo y el PAN ve en la destitución la oportunidad de lograr el apoyo del PRD a la reforma fiscal.

Además, en un acto de civilidad y responsabilidad, el Consejo General del IFE debería poner sobre la mesa su renuncia, sin la necesidad de tocar el tema de un vergonzoso juicio político en el Congreso de la Unión, o bien, sólo le queda aplicar el slogan publicitario con el que la Fundación Televisa promueve una serie de valores entre la ciudadanía: ¿Tienes el valor o te vale?