La percepción del agravio

La clase política vende la idea a la ciudadanía que con el sistema anticorrupción aprobado por el Congreso, es la panacea para uno de los males de este país, que más agravios causa en el ciudadano.

Mientras que para la ciudadanía le agravia la pobreza, la corrupción, el desempleo, el fracaso educativo, la desigualdad, los fraudes, la impunidad, la delincuencia, la injusticia, la violencia, la partidocracia, las mentiras, los moches, el despilfarro y la opacidad, entre otros temas, a la clase política le agravia la critica política, el señalamiento, la transparencia y la denuncia pública.

Un estudio reciente hecho por el CIDE y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), denominado “México:Anatomía de la corrupción” incorpora una gráfica de la comparación de corrupción de gobernadores de México y Estados Unidos, de 2000 a 2013.

La gráfica indica que mientras en Estados Unidos en ese periodo hubo nueve gobernadores acusados, con los mismos casos investigados y con las mismas detenciones, en México hubo 41 gobernadores acusados, 16 de ellos investigados y sólo 4 detenidos, exponiendo lo deficiente del sistema anti impunidad mexicano.

Un solo ejemplo que quizás sea representativo del agravio ciudadano lo constituye, la injusta distribución de la riqueza, que podría generar o coincidir en factores de corrupción, por la vía del régimen de consolidación fiscal.

Dicho régimen se aplica para las grandes empresas y consiste en la deducción de perdidas contra ganancias acumuladas por impuestos, mediante la adquisición premeditada de una empresa con pérdidas y mantenerla de esa manera, para demostrar a la SHCP sus mermas y deducirlas de sus utilidades.

Otro ejemplo son las facilidades fiscales a grandes corporativos. Entre el 2000 y el 2005 los 50 grandes contribuyentes -de empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras-, pagaron sólo 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA), en promedio.

A esto súmele que Guadalajara podría ser la capital del lavado de dinero en el país, según el Departamento del Tesoro norteamericano. Lo sospechoso es que la desacreditada Fiscalía de Jalisco no actúe en consecuencia, ya que cabe la posibilidad que alguna empresa relacionada a algún político sea el beneficiario de las deducciones anteriores y se encuentre entre los 176 negocios sospechosos de éxito empresarial, y por tanto, “hueles a pura lana mojada”.

Esto funciona porque existe un sistema fiscal diseñado para omitir información y generar canonjías a discreción. La percepción de agravio tributaria también es palpable e incide en el ánimo de la ciudadanía.

Para el campo político, si no hay perdón para ciudadanos que pagan impuestos, tampoco lo debe haber para servidores públicos deshonestos, como cualquier exgobernador que haya abusado de sus funciones. Medidos con la misma vara, nomás.

Por eso el genio militar del padre José María Morelos abarcó todos los campos de la seguridad nacional y sin saberlo, creó los objetivos nacionales con la promulgación de los Sentimientos de la Nación, ganándose la admiración y respeto de todos.

Entre sus subalternos, Morelos tenía la fama de irresponsable, quienes constantemente se preocupaban de que al Generalísimo no se le ocurriera alguna locura, -como la de no marchar en sus exploraciones personales más allá de un punto ubicado-, dado a los Bravo, Galeana y Matamoros.

A los dos meses del sitio de Cuautla, las fuerzas habían menguado en ambos bandos y cuyo ejército insurgente estaba necesitado de obligar a los realistas a gastar parque, pedía voluntarios para que se acercaran a las trincheras enemigas y provocaran los disparos de los españoles.

Como en la guerra y en el amor, todo se vale, entre los voluntarios a tan peligrosa misión, estaba una mujer: María Reyes. Una insurgente que se acercaba a las filas de los gachupines, se levantaba las enaguas mostrándoles las nalgas a los realistas y provocando sus disparos.

Seguramente esta mujer salió ilesa, ya que con el tiempo, fue juzgada por la Inquisición y encarcelada durante cinco años por tan osados actos.

La educación pública y la educación política

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) acaba de publicar un reporte, en el que afirma que la educación primaria en México tiene una calidad, debajo del promedio de la mayoría de los países del mundo y coloca a nuestro país, en el lugar 102 de 124.

El mismo informe señala que la calidad de la educación es carente, principalmente en matemáticas y ciencias. Esto podría explicar la ausencia de un razonamiento lógico en el mexicano para resolver problemas en esas áreas de la ciencia.

La reforma educativa aprobada al inicio de la LXII Legislatura parece que no ha revertido tendencias de unos años atrás. En julio de 2009 se aprobó la eliminación de la materia de historia en libros de texto, y la derecha del yunque trató por todos los medios de incorporar la objeción de conciencia en materia de salud, para evitar la prestación del servicio médico, argumentando motivos religiosos.

Un poco antes, en julio del 2008, el Banco Mundial publicó su informe “México, nota sobre los determinantes de la política en materia de aprendizaje”, en donde señalaba que el 52 % de la población adulta, carece de aptitudes y conocimientos básicos para hacer de nuestro país una economía competitiva.

Un poco más atrás a principios de 2007, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que dirige el mexicano José Ángel Gurría, calificó al SNTE de Elba Esther Gordillo, como “lastre” para la economía mexicana.

Por último, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala en un informe que el sindicato de Elba Esther Gordillo, es el paradigma de la corrupción educativa a nivel mundial. Es probable que estos ejemplos y la corrupción rampante, hayan sido el motivo en la  presente administración para procesar penalmente a Gordillo.

Lo cierto es que educativamente, nuestro país no es el ejemplo que nos gustaría presumir en el mundo y este ejemplo permea a todos los estratos de la sociedad, incluyendo a la clase política.

Es probable que aquí radique la insensibilidad y la falta de educación de algunos integrantes de la clase política, para despacharse con la cuchara grande en actos de corrupción, sin el menor pudor o recato que la educación pueda otorgar.

Es probable que uno de los primeros actos de corrupción e injusticia lo sea, las denominadas pensiones de Moctezuma, llamados así a la calidad de propietaria a perpetuidad dada por el rey Carlos V al señorío de Tacuba, en favor de Isabel Tecuichpo Ixcaxochitzin Moctezuma, hija del emperador Moctezuma Xocoyotzin, cuyas rentas por el usufructo de ese Señorío constituirían las pensiones citadas, que perduraron por toda la época de la colonia española.

En 1821, el recién independizado y naciente Estado mexicano asumió el compromiso de mantener las “pensiones de Moctezuma” a favor de los sucesores en la decimo cuarta generación y la familia española de los condes de Miravalle, ambas familias descendientes del Emperador Moctezuma II.

Esta pensión fue suprimida por Decreto del Presidente Abelardo L. Rodríguez y publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 9 de enero de 1934.

Luego entonces, si Hernán Cortes, Capitán General de la invencible Armada Española muere el 2 de diciembre de 1547, muy probablemente las “pensiones de Moctezuma” pudieron haber sido implementadas en 1550 y suprimidas hasta 1934, es decir, duraron -casi 400, 384 años para ser exactos- en vigor y seguramente ahora es un monto incalculable.

Probablemente en la actualidad haya personajes de la vida política que creen merecer algo similar a las pensiones de Moctezuma.

Jalisco en código rojo

El viernes 1 de mayo tuvo lugar más de 40 puntos de conflicto, entre vehículos siniestrados, comercios, gasolineras y sucursales bancarias incendiadas, producto de la reacción a la implementación del operativo Jalisco de las fuerzas federales, para presuntamente detener un capo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sur de Jalisco.

El CJNG sacó a relucir su capacidad de fuego al derribar el helicóptero del ejército mexicano, con un lanza cohetes. Pero además, vino a demostrar la capacidad de organización, de logística y de despliegue operativo del CJNG, al poner en crisis de seguridad 25 ciudades de Jalisco, su zona metropolitana en Guadalajara y algunas ciudades de Michoacán, Guanajuato y Colima.

En el campo político vino a evidenciar que el Primer Mandatario, Aristóteles Sandoval, conocía del operativo al exhortar a sus servidores públicos de primer nivel, a no abandonar la entidad desde un día antes. El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en Jalisco hicieron pronunciamientos el mismo viernes, para condenar los hechos o para apoyar al Ejecutivo del Estado. El PRI en Jalisco mantuvo un silencio, y por tanto, es posible que la clase política de su partido, así como sus candidatos, hayan dejado sólo políticamente al Primer Mandatario de Jalisco.

En el campo económico se calcula que las pérdidas materiales, ascienden a unos 550 millones de pesos. Los soldados y elementos de seguridad que fallecieron, seguramente fueron recibidos en el glorioso santo sanctorum de la República por algún héroe de la independencia.

En el campo de seguridad evidenció que las fuerzas federales no le confían la seguridad a la Fiscalía General de Jalisco (FGE), en el que se presume que Nájera no comparte información de inteligencia.

El modelo de seguridad en Jalisco implementado por Luis Carlos Nájera, desde que fue Secretario de Seguridad Pública en Jalisco y que se basa en técnicas policiales, tácticas de seguridad, de inteligencia, doctrina de seguridad y operativos, ha sido superado y por tanto, él y sus mandos no tienen nada más que ofrecer a la ciudadanía de Jalisco.

Cuenta con mandos formados en la amistad o en la improvisación, enquistados  así como él desde hace 9 años, carece de doctrina de seguridad propia y casi la mitad de su estado de fuerza, calculado en unos 19 mil policías locales y municipales, reprobaron las pruebas de control y confianza, cuya producción de delitos de alto impacto, como los desaparecidos, coloca a Jalisco en el segundo lugar del país.

El CISEN recomendó remover a un mando de seguridad de la zona metropolitana de Guadalajara, recomendado por el Fiscal Nájera. Esto no es cosa menor. El propio Luis Carlos Nájera tiene señalamientos de proteger al CJNG, así como una recomendación en la Comisión de Derechos Humanos, por la muerte de un preso, principalmente.

Por lo anterior, todos los mandos de la FGE deben renunciar y el titular, además, debe someterse a investigación en el Ministerio Público Federal, y se deben nombrar nuevos mandos comprometidos con el estado de derecho.

Los campos señalados estaban seriamente vulnerados, razón por la cual, la Federación implementó el operativo Jalisco para contener el avance de la delincuencia.

En el control de daños en medios nacionales y en la rueda de prensa a la que convocó el titular de la Fiscalía, sólo se remitió a señalar las estadísticas de los daños, y careció de un ejercicio autocrítico a su desempeño o de propuesta para evitar nuevamente en lo futuro sucesos de este tipo.

Al decadente modelo de seguridad de Luis Carlos Nájera, titular de la FGE, se le agrega las deficiencias en el modelo de información del gobierno de Jalisco, y que en la anterior crisis cuando el CJNG dio muerte a 15 policías de la FGE, un mando intermedio fue quien salió a medios a informar lo que le correspondía al Primer Mandatario o al Fiscal Nájera.

Hay quien afirma que Jalisco podría ser el nuevo Michoacán. No se descarta.

Los soldados y elementos de seguridad que fallecieron, seguramente fueron recibidos en el glorioso santo sanctorum de la República, por la “Dulcísima Madre de la Patria”.

Nos referimos a Leona Vicario, -la primera mujer periodista de México-, quien con recursos propios, suministraba provisiones de boca y guerra al ejército insurgente, convencía a los mejores armeros vizcaínos que se unieran a la guerra de independencia, distribuía la correspondencia rebelde, recibía en su casa a los jefes insurgentes, ayudaba a las familias de los apresados y era miembro de la sociedad secreta de Los Guadalupes, protectora de los rebeldes.

Al ser descubierta e interrogada por el inquisidor Matías Monte Agudo, dice de Leona Vicario, que “No tembló ni un ápice ante mi presencia ante mis amenazas de prisiones, castigos, de excomuniones... ¡Y me sostenía la mirada!”.

Fue rescatada de su cautiverio y se unió al ejército de Morelos, en compañía de su esposo, Andrés Quintana Roo, pero vivió entre penurias: su criada, María de Soto Mayor, señala que “Perseguía la niña Leona para limpiarle los mocos y lavarle la cara, a Juanito Nepomuceno, el hijo del señor Morelos”.

A su muerte y en las comparecencias de la Comisión para declararla como “Dulcísima Madre de la Patria”, nunca antes se había visto llorar a un Benemérito de la Patria, pero su esposo, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demostró que los héroes también son humanos: “¡Le he dado todo a mi patria! ¡Todo! ¡La vida misma  le daría! ¡Pero no la de Leona!”.

En las deliberaciones de los vocales, uno de los escribanos de la comisión -el bachiller de apellido Lerdo de Tejada- fue felicitado por el presidente Santa Anna, quien lo invitó a participar en política, pero se negó y firmó su acuerdo por escrito.

30 años más tarde la vida le cambió a ese bachiller de nombre Sebastián, al ser Presidente de la República.

Libre expresión o información

En el fondo de la crisis que protagonizaron la periodista Carmen Aristegui y MVS de Joaquín Vargas, la opinión pública se encuentra debatiendo si se trata de una transgresión a la libertad de expresión o al derecho a la información.

Ambos, tanto la libertad de expresión como el derecho a la información, son bienes jurídicos que tutela el derecho y protege el Estado mexicano mediante sus instituciones; además son objetivos nacionales que se persiguen como anhelo, en el marco de la seguridad nacional mexicana.

El derecho a la libertad de expresión consigna que el individuo tenga la capacidad de divulgar lo que su leal saber y entender le indique, mientras que en el derecho a la información busca que el individuo reciba y difunda información en poder del gobierno.

Los radicales creen que a Aristegui o al país le violaron su derecho a la libertad de expresión y que generaron protestas en redes sociales y en las oficinas de MVS Radio, pero parece que no es así. Carmen sigue, como ciudadana, conservando la libertad de decir lo que piense, ya no en MVS pero podría ser en CNN donde tiene un espacio o por medio de alguna plataforma pública, como YouTube o Live365, por citar algunas.

El problema entre Aristegui y Vargas es un asunto eminentemente laboral, por haber despedido a dos integrantes de su equipo y por implementar políticas editoriales, en cuyo fondo podría encontrarse un trasfondo político. Vargas es un concesionario de un bien del dominio público como es, la señal en la que transmitía Aristegui.

No obstante lo anterior, la delgada línea entre la libertad de expresión de Aristegui como comunicadora y el derecho a la información de la ciudadanía, vino a darle la razón a Aristegui, cuando entre las formas para despedir a sus subalternos y a ella misma, se encuentran los contenidos informativos con el toque audaz y temerario propio de la comunicadora, cuyas críticas hacia el ejercicio del poder no eran del agrado de los destinatarios.

El derecho a la información compromete un ejercicio de investigación periodística, y los resultados que arroje es el producto que usted o yo como ciudadanos, tenemos derecho y consumimos.

Es precisamente el derecho a la información por el que conocimos los sucesos de la Casa Blanca, que comprometen al presidente de la República, su esposa y al secretario de Hacienda.

Gracias a ese derecho, es que diversos medios de comunicación dieron cuenta del escándalo de “los moches”, entre el diputado Luis Alberto Villarreal, excoordinador del grupo parlamentario del PAN, escándalo que se amplió a diputados de casi todos los grupos parlamentarios.

El ejercicio del derecho a la información nos permitió conocer que los senadores prefirieron apoyar la propuesta para Ministro de la Corte venida del presidente Peña Nieto en la persona de Eduardo Medina Mora, que voltear a ver a las decenas de miles de firmas de ciudadanos que nos opusimos a esa designación.

Por cierto es en el mismo Senado que ahora los legisladores anuncian que se impondrán una reducción a su salario por la fastuosa cantidad de 10 mil pesos y para todo 2015 aumenta la nómina 16.7% para quedar en 1,893 millones de pesos. Parece burla.

Como los anteriores ejemplos, se encuentran escándalos como oceanografía, la línea 12 del metro, el Partido Verde Ecologista de México, la liberación y sospechosa devolución de los bienes de Raúl Salinas, la exoneración del expresidente del PRI en el DF y cualquier otro escándalo político que contenga un valor informativo.

El bien jurídico tutelado que está siendo afectado no es la libertad de expresión, sino el derecho a la información.

Un mundo nos vigila. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, en dos reportes que envió al Congreso norteamericano, afirma que “La corrupción es el impulsor del lavado de dinero y de sus delitos derivados. La corrupción es endémica en todos los niveles de la sociedad y del gobierno mexicano. El gobierno de México debe combatir la corrupción”.

El derecho a la información también se encuentra en el alcance de las reformas a la transparencia aprobadas en el Senado cuyos grupos parlamentarios deberían hacer públicas todas las subvenciones que reciben.

Por sobre todas las cosas, entre el derecho a la información y la libertad de expresión, vive y transita el conocimiento de los hechos generados por los actores públicos y la opinión de la ciudadanía. El primero, en quien recae la responsabilidad de sujetar sus actos de conformidad con lo que señala el derecho, y el segundo, a señalar con prudencia y responsabilidad, todo lo que salga de los límites que la ley impone al servicio público, aunque no les guste a algunos.

A muchos legisladores se les olvida que “Como la buena Ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”: José María Morelos y Pavon en “Sentimientos de la Nación”.

Incredulidad y desconfianza

En su gira de trabajo por Londres, el presidente Enrique Peña Nieto dijo en entrevista al periódico Financial Times, que en el país prevalece una sensación de incredulidad y desconfianza.

No es para menos dicha afirmación, cuando en el escaparate nacional se encuentran los cambios que se presentaron mientras se daba la noticia de la detención del líder de la organización delictiva “Los Caballeros Templarios”, Servando Gómez Hernández “la Tuta”, el Ejecutivo Federal removió al ahora ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en substitución de Jorge Carlos Ramírez Marín, quien contenderá por una curul en la LXIII Legislatura.

Además, la exSenadora Arely Gómez González fue designada como titular de la PGR y Eduardo Medina Mora como candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La recién designada titular de la PGR es hermana de Leopoldo Gómez, Vicepresidente de Televisa, cuya empresa ha sido favorecida, entre otras cosas, con la devolución de por lo menos 3,000 millones de pesos y quizás la condonación de gran parte de las cuentas generadas por el consumo de energía eléctrica, o quizás alguno que otro impuesto o derecho estatal o municipal en el país.

Entre la desconfianza, el reto que tiene la licenciada Gómez en su encomienda como titular de la PGR, será que investigue a la empresa de la que su hermano es Vicepresidente, a petición del Buró Federal de Investigaciones norteamericano, a efecto de corroborar que en el escándalo de las camionetas encontradas en Nicaragua con dinero sospechoso que portaban logotipos de Televisa, reluzca la verdad.

Hay desconfianza cuando en la integración de candidaturas a cargos de elección popular, en las designaciones se vean a hijos o cónyuges de políticos, sobrinos, tíos, primos, hermanos, o bien, personajes que saben que están a punto de ser perseguidos por la justicia, como Marcelo Ebrard quien a toda costa obtuvo una candidatura por Movimiento Ciudadano, de manera descarada y como si fuera una herencia en vida, o bien, que candidatos como la actriz Carmen Salinas, responda que "No sé que voy a hacer en la Cámara", al tomar protesta como candidata.

Claro que hay incredulidad y desconfianza en este país, cuando la justicia de la misma PGR que llevó a la cárcel al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, desconoce cómo sustentar debidamente las demandas y en juzgados el exmandatario sea exonerado por el delito de lavado de dinero y con la misma suerte podría correr Elba Esther Gordillo, Servando Gómez Martínez “La Tuta” o el recién arrestado el “Z-40”.

Hay desconfianza por la designación de Eduardo Medina Mora como Ministro de la SCJN, porque siendo Director del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), la clase académica mexicana lo señala de alterar la Agenda de Riesgos del Estado Mexicano en el sexenio del expresidente Vicente Fox para incorporar la agenda de intereses de grupo Banamex y realizar inteligencia para ese grupo con recursos públicos, cuyo titular en México es su hermano Manuel.

De hecho, la clase académica acaba de presentar al Senado más de 20 mil firmas en contra de su designación, mientras que el PRD afirma que Medina Mora no es “honorable, capaz, ni probo”.

Medina Mora fue titular de la PGR cuando Televisa se prestó al montaje por la que fue detenida la ciudadana francesa Florence Cassez por Genaro García Luna, exDirector de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y por tanto, demostró falta de capacidad e impericia al realizar una mala integración de la averiguación previa, de cuyas fallas en el debido proceso, la SCJN determinó la libertad de Cassez.

Se ha dado a conocer que Medina Mora siendo titular de la PGR podría haber tenido conocimiento de la introducción de armas, de manera premeditada, bajo el operativo norteamericano “Rápido y Furioso”, lo que lo coloca en una delicada situación.

Además en la gestión de Medina Mora al frente de la PGR, se presentó la acusación que hizo el ministerio público a su cargo, en contra de las indígenas otomíes Jacinta y Teresa Madrigal, cuya autoridad llegó a la conclusión que 2 mujeres lograron desarmar, someter y secuestrar a 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) entrenados en técnicas y tácticas policiales. El tiempo le dio la razón a las indígenas y tuvieron que ser liberadas por tal absurdo.

La historia no se equivoca y da enseñanzas. La PGR y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de Monte Alejandro Rubido no han volteado al pasado para comprender el porqué el ejército de Oriente ganó la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862: claro, por la participación de una fuerza de indígenas zacapoaxtlas, en la que el General Republicano Miguel Negrete se dirigió a los 1,500 indios de la sierra norte de Puebla, de manera llana y coloquial: “Muchachos, nos vamos a batir con los que se dicen los primeros soldados del mundo, pero ustedes deben de demostrar que nosotros somos los primeros por el derecho que tenemos de nuestro suelo”.

Después de este ejemplo, seguramente ahora la PGR y la CNS hayan discernido que con un batallón de unas 250 indígenas, -como Jacinta, Teresa o Alberta, por supuesto-, se pueda demostrar que los indígenas son más leales a su país y podrían contribuir a abatir la inseguridad.

Claro que hay incredulidad y desconfianza. Y falta hablar de los candidatos.

Cambios en seguridad

El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso la iniciativa que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, en la que la hasta ahora Procuraduría General de la República cambia de nombre y deja de ser parte de la administración pública federal.

El diseño contempla que se inserte en la reforma al sistema jurídico mexicano, para que en lo sucesivo la FGR sea un organismo constitucional autónomo, que cuente con un sistema de juicios orales que faciliten la impartición de justicia.

La eficacia de estos juicios orales están garantizados por un juez de proceso, que será el responsable de garantizar que todas las etapas del proceso sea llevado a cabo apegado a derecho, evitando así las irregularidades que hasta ahora han hecho que los vicios del proceso sean la causa principal de las fallas en el actual sistema inquisitorio e injusto.

Además, en el diseño se incorporó la libertad de que gozará el Fiscal, a efecto de que en sus resoluciones no prevalezca sujeción política alguna al Ejecutivo, que pudiera entorpecer la impartición de justicia.

Es de recomendar que en la integración de personal a la nueva Fiscalía, no exista el de dudosa reputación y honorabilidad, cuyos actos propios o de aquellos familiares con vínculos consanguíneos hasta en tercer grado, pongan en entre dicho el espíritu de nueva filosofía en la impartición de justicia. Sobre todo porque de la FGR dependerá la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, y sería desafortunado saber que en esta o en cualquier área de la FGR hay personal directivo, mando u operativo, con intereses encontrados en que la justicia encuentre un determinado camino, no siempre apegado al derecho.

La pregunta es: Si la FGR contará con una Fiscalía Anticorrupción, ¿Cuál será el destino de la Comisión Nacional Anticorrupción?

Además, la FGR seguirá integrada al Sistema Nacional de Seguridad Pública, al que se encuentran integradas la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina – Armada de México.

Esta nueva configuración para transformar la PGR en la FGR parece que se enmarca, en un nuevo diseño de política de seguridad del Ejecutivo Federal, y que incorporó el anuncio durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en la participación mexicana en Operaciones de Mantenimiento de Paz (OMP), cuyos integrantes son conocidos como Cascos Azules.

El Presidente dijo que la participación mexicana podría incorporarse personal civil o militar, siempre y cuando exista la auorización y mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que exista el consentimiento expreso del Estado donse se desplegará la OMP en el marco jurídico nacional, y cuyas tareas serían de índole humanitaria en beneficio de la población civil.

No sería la primera vez que nuestro país participa en este tipo de OMP o ayudas internacionales. En enero de 2010 nuestro país envió un contingente humanitario de personal civil y militar en 30 vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana y 20 travesías en cinco buques de la Armada de México.

Así, se desplegó el Plan DN-III y el Plan Marina, en apoyo a la población afectada por el terremoto, en apoyo al operativo internacional dirigido por los Estados Unidos.

Antes, en agosto de 2005 nuestro país envió 196 miembros del ejército, 14 camiones cisterna con agua, una unidad de atención médica, 45 vehículos militares y más de 250 toneladas de comida, agua embotellada y provisiones médicas, en apoyo a los afectados con motivo del paso del huracán katrina en Texas, Alabama, Alabama y Louisiana en el vecino país del norte.

Esta operación fue dirigida por el experimentado General del Ejército Mexicano, Francisco Ortíz Valadez, -uno de los mejores soldados de la Republica-, cuyo personal fue calurosamente recibido por las poblaciones mexicanas y carreteras a su paso por territorio nacional.

Con gallardía y aplomo, Ortíz Valadez comprendió la responsabilidad histórica que le había conferido el Presidente de la República, al encabezar el primer contigente del ejército mexicano en cruzar la frontera norteamericana, luego de que 159 años atrás, desde la Guerra México - Norteamericana de 1846-1848, no se veía un convoy militar mexicano en territorio estadunidense.

Tanto el terremoto en Haití como el huracán katrina, son ejemplos de cómo puede participar nuestro país en Operaciones de Mantenimiento de Paz en auxilio a la población civil.

El punto es, el personal militar que debe desviarse para la atención de OMP en el estado de seguridad interior del país y la falta de un techo presupuestal para atender alguna eventualidad de esa naturaleza.

Las mejores fiestas del país

Hace poco más de 100 años, un desfile histórico de carros alegóricos con representaciones de las tropas de los indios aztecas, el emperador Moctezuma, Hernán Cortés, los indios tlaxcaltecas, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y el Ejército Trigarante, abría el desfile que conmemoraba el centenario de la independencia de México.

Doña Carmen Romero Rubio ofrecía la recepción oficial en los salones de Palacio Nacional. Hay fuegos artificiales para los asistentes, como seguramente los habrá ahora.

En la cena en Palacio Nacional del centenario en 1910, el chef Sylvain Daumont, cocinero personal de Porfirio Díaz, se había esmerado en preparar el extraordinario menú para 10,000 personas, servidos por un ejército de meseros, y cuya etiqueta exigía ser presentados al comensal en estricto francés: melón helado con champaña, para continuar con salmón asado del Rhin con salsa de mariscos, langostinos, berenjenas al vino del Rhin, duraznos Florida, chocolates, pastelillos y tartaletas de postre.

El contraste de las fastuosas fiestas de la independencia, contrastó hasta en diferencias gastronómicas: El gobierno de Porfirio Díaz dio tamales, atole, caldo, arroz, mole de guajolote, enchiladas, barbacoa y frijoles para la gente del pueblo en los festejos.

Entonces en 1910, el XXIV Congreso celebró, como el LXII en la actualidad, una sesión solemne para esta magna ocasión.

Es probable que Pedro García haya escrito uno de los mejores relatos sobre el grito en Dolores, Guanujato, en su libro “Con el cura Hidalgo en la guerra de Independencia”, quien afirma que el padre Hidalgo dijo: "Mis amigos y compatriotas: no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa, que sólo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado hace tres siglos como signo de la tiranía y servidumbre; terrible mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos. Llegó el momento de nuestra emancipación; ha sonado la hora de nuestra libertad; y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Os invito a cumplir con este deber. De suerte que sin patria ni libertad estaremos siempre a mucha distancia de la verdadera felicidad. Preciso ha sido dar el paso que ya sabéis, y comenzar por algo ha sido necesario. La causa es santa y Dios la protegerá. Los negocios se atropellan y no tendré, por lo mismo, la satisfacción de hablar más tiempo ante vosotros. ¡Viva pues la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América, por la cual vamos a combatir!”. Así se levantaba un pueblo oprimido.

En 1910, los marinos franceses, alemanes, argentinos y brasileños toman parte en el desfile militar; además, María Conesa “la gatita blanca”, -artista de la época-, entona el Himno Nacional. Se inaugura el monumento a la Independencia en Paseo de la Reforma y posteriormente, el Hemiciclo a Juárez; unos días después, se inaugura nuestra Máxima Casa de Estudios: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para los festejos del centenario de la independencia en 1910, el trabajo ideológico de la comisión encargada de los festejos del centenario, -formada en abril de 1907-, fue debida en gran parte a Justo Sierra y Vicente Riva Palacio en el ámbito de su intelectualidad: la historia nacional el primero y sobre las lecciones de civismo el segundo. El objeto de los festejos de 1910 fue centrado en la elaboración de obra pública.

Este sería un fantástico ejemplo y momento, para retomar la historia nacional y el civismo, en los libros de texto gratuito.

También en 1910, el enviado español, Camilo García, -Marqués de Polavieja- hace entrega del uniforme con que fue capturado José María Morelos por el coronel realista Manuel de la Concha. Porfirio Díaz, profundamente emocionado  -casi con lágrimas en los ojos-, señaló: "Yo no pensé que mi buena fortuna me reservara este día memorable, en que mis manos de viejo soldado son ungidas con el contacto del uniforme que cubrió el pecho de un valiente, que sintió palpitar el corazón de un héroe y prestó íntimo abrigo a un altísimo espíritu, que peleó contra los españoles, no porque fuesen españoles, sino porque eran los opositores de sus ideales”.

Según los funcionarios de la Secretaría de Hacienda a cargo del porfirista José Yves Limantour, el costo de la centenaria celebración ascendió a 1.5 millones de pesos (mdp), que para entonces era una real fortuna. En 2010, los festejos del bicentenario costaron unos 3,000 mdp; claro, otra verdadera fortuna.

Las diferencias sociales alimentabal el movimiento revolucionario, que comenzó en noviembre de ese año: Se formó un Comité de Damas presidido por doña Carmen Romero de Díaz, para hacer un donativo de 5,000 trajes de color caqui, sombreros y zapatos, -entre otras cosas-, para que todos los mendigos o niños de la calle no dieran “mal aspecto” ante los invitados extranjeros, a propuesta del diario más influyente del país, “El Imparcial”.

En una contradicción entre la herencia indígena y la exaltación de su pasado por las festividades, era mal vista la vestimenta de los grupos indígenas, consistente en calzones de manta y huaraches, -salvo a quienes participaron en los desfiles oficiales. Poco tiempo antes, el gobierno de Díaz “repartió” gratuitamente 5 mil pantalones entre los indios de la ciudad.

En el campo de las artes, Gerardo Murillo, -el Dr. Atl-, participó de manera destacada en los festejos del Centenario. Durante las celebraciones dirigió a jóvenes promesas artistas mexicanos: Roberto Montenegro y Diego Rivera, entre otros, quienes desde entonces destacaron y sorprendieron con su arte renovador.

Nuevamente a clases

Más de 25 millones de alumnos de educación básica y media del sistema educativo nacional, regresaron a partir del lunes pasado al nuevo año escolar, con el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto, que serán entregados más de 700 mil dispositivos tablets para alumnos de quinto y sexto de primaria de las escuelas públicas.

Esta es una buena oportunidad para volver a retomar la materia de historia de los libros de texto gratuitos y que fueron retirados en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Por ejemplo, es inconcebible que se haya retirado de dichos textos la paternidad de Miguel Hidalgo, cuando se sabe por investigaciones de historiadores, citas de particulares, documentos oficiales y su propia familia, que afirman que el también Padre de la Patria tuvo 3 mujeres con las que procreó 5 hijos en total.

Por cuanto a su gran obra: ser el iniciador de la guerra de independencia, se omite que el movimiento tuvo un carácter de guerra santa: Lucas Alamán, en su historia de México escrita 40 años después, afirmaba que las tropas de Hidalgo, habían fijado en palos, carrizos y sus sombreros, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entre la tropa se oía: "el cura es un santo ... la Virgen le habla varias veces al día [...]". Probablemente de aquí salga el refrán popular: "Te haces que la Virgen te habla".

Aquí, Hidalgo es el ejemplo de la falta de interés en temas históricos, en el que el posicionamiento oficial de la citada administración, es por una parte no reconocer que Miguel Hidalgo y Costilla tuvo hijos, aunque se demuestre lo contrario; y por otra parte, que era tan humano, con virtudes y defectos como usted o yo.

Así es que sería pertinente que se reincorpore en el plan de estudios la materia omitida, para reafirmarnos los conocimientos sobre la vida y sucesos de nuestra historia, a efecto de no repetir esos actos y para que las nuevas generaciones sepan quiénes fueron sus héroes, -como Miguel Hidalgo-, y no sólo porque tiene nombre de calle o de mercado.