Hasta agosto de 2013 poco más del 44% de las personas consultadas desaprobaba la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con una encuesta de Mitofsky, en la que un 56% de los consultados aprobaba su gestión.
La aprobación o desaprobación de la administración federal de gobierno, debe de verse no sólo por la calificación que los reactivos de una encuesta arrojan, sino también en resultados en trascendencia, política, económica o social.
Veamos. La liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez y del narcotraficante Rafael Caro Quintero, no son dignos ejemplos de un Estado triunfante. Por el contrario, la permanencia de la ciudadana francesa y del capo en prisión, fue solucionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy seguramente con el conocimiento y consentimiento de la Procuraduría General de la República. Recientemente en un acto de voluntad política se le suma, por supuesto, la devolución de inmuebles y cuentas bancarias por 224 millones de pesos a Raúl Salinas de Gortari.
La falta de crecimiento de la economía nacional, que pareciera que no existe una estrategia de crecimiento, cuyo impacto se resintió en todos los sectores de la economía nacional. Se espera que con el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el 2014 se reactive la economía.
De la mano de la seguridad y la economía, las declaraciones de Teodoro Briseño Maldonado, director de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la consultora Trust Management Sourcing (TM Sourcing), señalando que en México se lavan hasta 50 mil millones de dólares anuales. Seguramente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no es ajena a esta sensible y delicada declaración, que se acerca en pesos al 15% del costo de la violencia equivalente al 15% del PIB que aseguró la titular de Salud aunque luego corrigió la cifra para ajustarla en 1.3%.
En el plano de seguridad pues es preocupante. Como ejemplo, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, reveló que el crimen organizado llegó a disputar el monopolio del poder al Estado y dijo que al “inicio de mi gobierno caí en la cuenta de que estábamos a punto, si no es que ya había sucedido, de que el monopolio de la autoridad no lo tuviera el gobierno, sino la delincuencia”. De la anterior declaración, cabe la suposición que la anterior administración de su hermano, Humberto, estuvo al borde del colapso. Grave.
Por supuesto, las temerarias declaraciones de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del expresidente Felipe Calderón, señalando que las personas que ingresaron a dialogar con un grupo de legisladores de la Cámara Alta, son integrantes del grupo delictivo de los Caballeros Templarios. Ahora, Servando Gómez Martínez “La Tuta”, líder de esa organización aparece y dice que la hermana del expresidente fue la única –siendo candidata a la gubernatura de ese Estado- que se acercó para, entre otros dichos, presentarles sus respetos, en lo que sería una nueva práctica política el presentar consideraciones a la delincuencia.
No obstante lo anterior y manteniendo a discreción esta información, se acaba de conocer que la también senadora por Michoacán, Iris Vianey Mendoza (PRD), fue en realidad quien facilitó el acceso del grupo de personas al Senado, lo que enrarece aún más el ambiente en Michoacán.
Hablando del expresidente Calderón, su consentimiento para crear centros de inteligencia norteamericanos en México, señalado por Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), cuyo tema causa incomodidad en esta administración.
En tiempos de reformas estructurales, como la hacendaria, energética, político electoral, y demás, el gobierno presenta iniciativas con argumentos y comparaciones extranjeros, para actualizar a México a los estándares internacionales en dichos temas. De mantener dicha tendencia, se debería también seguir el ejemplo de otras naciones para proponer la remoción de uno que otro legislador, ya sea dirigente sindical o coordinador de algún grupo parlamentario acusado de corrupción, como sucedió recientemente Italia, cuyo Senado removió a Silvio Berlusconi por corrupción. Eso se llama congruencia.
En el mismo plano de reformas, no se le ve intención de impulso a la mencionada Comisión Nacional Anticorrupción, que venga a complementar a la recién reforma en transparencia.
De todo lo anterior es que se deduce que los temas más sensibles de interés ciudadano, se ajustan a la economía, seguridad y al de la corrupción, razones por la cual es que no se percibe beneplácito por el regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder, por lo menos no en la mayoría.
