La percepción del agravio

La clase política vende la idea a la ciudadanía que con el sistema anticorrupción aprobado por el Congreso, es la panacea para uno de los males de este país, que más agravios causa en el ciudadano.

Mientras que para la ciudadanía le agravia la pobreza, la corrupción, el desempleo, el fracaso educativo, la desigualdad, los fraudes, la impunidad, la delincuencia, la injusticia, la violencia, la partidocracia, las mentiras, los moches, el despilfarro y la opacidad, entre otros temas, a la clase política le agravia la critica política, el señalamiento, la transparencia y la denuncia pública.

Un estudio reciente hecho por el CIDE y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), denominado “México:Anatomía de la corrupción” incorpora una gráfica de la comparación de corrupción de gobernadores de México y Estados Unidos, de 2000 a 2013.

La gráfica indica que mientras en Estados Unidos en ese periodo hubo nueve gobernadores acusados, con los mismos casos investigados y con las mismas detenciones, en México hubo 41 gobernadores acusados, 16 de ellos investigados y sólo 4 detenidos, exponiendo lo deficiente del sistema anti impunidad mexicano.

Un solo ejemplo que quizás sea representativo del agravio ciudadano lo constituye, la injusta distribución de la riqueza, que podría generar o coincidir en factores de corrupción, por la vía del régimen de consolidación fiscal.

Dicho régimen se aplica para las grandes empresas y consiste en la deducción de perdidas contra ganancias acumuladas por impuestos, mediante la adquisición premeditada de una empresa con pérdidas y mantenerla de esa manera, para demostrar a la SHCP sus mermas y deducirlas de sus utilidades.

Otro ejemplo son las facilidades fiscales a grandes corporativos. Entre el 2000 y el 2005 los 50 grandes contribuyentes -de empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras-, pagaron sólo 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA), en promedio.

A esto súmele que Guadalajara podría ser la capital del lavado de dinero en el país, según el Departamento del Tesoro norteamericano. Lo sospechoso es que la desacreditada Fiscalía de Jalisco no actúe en consecuencia, ya que cabe la posibilidad que alguna empresa relacionada a algún político sea el beneficiario de las deducciones anteriores y se encuentre entre los 176 negocios sospechosos de éxito empresarial, y por tanto, “hueles a pura lana mojada”.

Esto funciona porque existe un sistema fiscal diseñado para omitir información y generar canonjías a discreción. La percepción de agravio tributaria también es palpable e incide en el ánimo de la ciudadanía.

Para el campo político, si no hay perdón para ciudadanos que pagan impuestos, tampoco lo debe haber para servidores públicos deshonestos, como cualquier exgobernador que haya abusado de sus funciones. Medidos con la misma vara, nomás.

Por eso el genio militar del padre José María Morelos abarcó todos los campos de la seguridad nacional y sin saberlo, creó los objetivos nacionales con la promulgación de los Sentimientos de la Nación, ganándose la admiración y respeto de todos.

Entre sus subalternos, Morelos tenía la fama de irresponsable, quienes constantemente se preocupaban de que al Generalísimo no se le ocurriera alguna locura, -como la de no marchar en sus exploraciones personales más allá de un punto ubicado-, dado a los Bravo, Galeana y Matamoros.

A los dos meses del sitio de Cuautla, las fuerzas habían menguado en ambos bandos y cuyo ejército insurgente estaba necesitado de obligar a los realistas a gastar parque, pedía voluntarios para que se acercaran a las trincheras enemigas y provocaran los disparos de los españoles.

Como en la guerra y en el amor, todo se vale, entre los voluntarios a tan peligrosa misión, estaba una mujer: María Reyes. Una insurgente que se acercaba a las filas de los gachupines, se levantaba las enaguas mostrándoles las nalgas a los realistas y provocando sus disparos.

Seguramente esta mujer salió ilesa, ya que con el tiempo, fue juzgada por la Inquisición y encarcelada durante cinco años por tan osados actos.

Jalisco en código rojo

El viernes 1 de mayo tuvo lugar más de 40 puntos de conflicto, entre vehículos siniestrados, comercios, gasolineras y sucursales bancarias incendiadas, producto de la reacción a la implementación del operativo Jalisco de las fuerzas federales, para presuntamente detener un capo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sur de Jalisco.

El CJNG sacó a relucir su capacidad de fuego al derribar el helicóptero del ejército mexicano, con un lanza cohetes. Pero además, vino a demostrar la capacidad de organización, de logística y de despliegue operativo del CJNG, al poner en crisis de seguridad 25 ciudades de Jalisco, su zona metropolitana en Guadalajara y algunas ciudades de Michoacán, Guanajuato y Colima.

En el campo político vino a evidenciar que el Primer Mandatario, Aristóteles Sandoval, conocía del operativo al exhortar a sus servidores públicos de primer nivel, a no abandonar la entidad desde un día antes. El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en Jalisco hicieron pronunciamientos el mismo viernes, para condenar los hechos o para apoyar al Ejecutivo del Estado. El PRI en Jalisco mantuvo un silencio, y por tanto, es posible que la clase política de su partido, así como sus candidatos, hayan dejado sólo políticamente al Primer Mandatario de Jalisco.

En el campo económico se calcula que las pérdidas materiales, ascienden a unos 550 millones de pesos. Los soldados y elementos de seguridad que fallecieron, seguramente fueron recibidos en el glorioso santo sanctorum de la República por algún héroe de la independencia.

En el campo de seguridad evidenció que las fuerzas federales no le confían la seguridad a la Fiscalía General de Jalisco (FGE), en el que se presume que Nájera no comparte información de inteligencia.

El modelo de seguridad en Jalisco implementado por Luis Carlos Nájera, desde que fue Secretario de Seguridad Pública en Jalisco y que se basa en técnicas policiales, tácticas de seguridad, de inteligencia, doctrina de seguridad y operativos, ha sido superado y por tanto, él y sus mandos no tienen nada más que ofrecer a la ciudadanía de Jalisco.

Cuenta con mandos formados en la amistad o en la improvisación, enquistados  así como él desde hace 9 años, carece de doctrina de seguridad propia y casi la mitad de su estado de fuerza, calculado en unos 19 mil policías locales y municipales, reprobaron las pruebas de control y confianza, cuya producción de delitos de alto impacto, como los desaparecidos, coloca a Jalisco en el segundo lugar del país.

El CISEN recomendó remover a un mando de seguridad de la zona metropolitana de Guadalajara, recomendado por el Fiscal Nájera. Esto no es cosa menor. El propio Luis Carlos Nájera tiene señalamientos de proteger al CJNG, así como una recomendación en la Comisión de Derechos Humanos, por la muerte de un preso, principalmente.

Por lo anterior, todos los mandos de la FGE deben renunciar y el titular, además, debe someterse a investigación en el Ministerio Público Federal, y se deben nombrar nuevos mandos comprometidos con el estado de derecho.

Los campos señalados estaban seriamente vulnerados, razón por la cual, la Federación implementó el operativo Jalisco para contener el avance de la delincuencia.

En el control de daños en medios nacionales y en la rueda de prensa a la que convocó el titular de la Fiscalía, sólo se remitió a señalar las estadísticas de los daños, y careció de un ejercicio autocrítico a su desempeño o de propuesta para evitar nuevamente en lo futuro sucesos de este tipo.

Al decadente modelo de seguridad de Luis Carlos Nájera, titular de la FGE, se le agrega las deficiencias en el modelo de información del gobierno de Jalisco, y que en la anterior crisis cuando el CJNG dio muerte a 15 policías de la FGE, un mando intermedio fue quien salió a medios a informar lo que le correspondía al Primer Mandatario o al Fiscal Nájera.

Hay quien afirma que Jalisco podría ser el nuevo Michoacán. No se descarta.

Los soldados y elementos de seguridad que fallecieron, seguramente fueron recibidos en el glorioso santo sanctorum de la República, por la “Dulcísima Madre de la Patria”.

Nos referimos a Leona Vicario, -la primera mujer periodista de México-, quien con recursos propios, suministraba provisiones de boca y guerra al ejército insurgente, convencía a los mejores armeros vizcaínos que se unieran a la guerra de independencia, distribuía la correspondencia rebelde, recibía en su casa a los jefes insurgentes, ayudaba a las familias de los apresados y era miembro de la sociedad secreta de Los Guadalupes, protectora de los rebeldes.

Al ser descubierta e interrogada por el inquisidor Matías Monte Agudo, dice de Leona Vicario, que “No tembló ni un ápice ante mi presencia ante mis amenazas de prisiones, castigos, de excomuniones... ¡Y me sostenía la mirada!”.

Fue rescatada de su cautiverio y se unió al ejército de Morelos, en compañía de su esposo, Andrés Quintana Roo, pero vivió entre penurias: su criada, María de Soto Mayor, señala que “Perseguía la niña Leona para limpiarle los mocos y lavarle la cara, a Juanito Nepomuceno, el hijo del señor Morelos”.

A su muerte y en las comparecencias de la Comisión para declararla como “Dulcísima Madre de la Patria”, nunca antes se había visto llorar a un Benemérito de la Patria, pero su esposo, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demostró que los héroes también son humanos: “¡Le he dado todo a mi patria! ¡Todo! ¡La vida misma  le daría! ¡Pero no la de Leona!”.

En las deliberaciones de los vocales, uno de los escribanos de la comisión -el bachiller de apellido Lerdo de Tejada- fue felicitado por el presidente Santa Anna, quien lo invitó a participar en política, pero se negó y firmó su acuerdo por escrito.

30 años más tarde la vida le cambió a ese bachiller de nombre Sebastián, al ser Presidente de la República.

La tortura en México

Naciones Unidas publicó este lunes el informe sobre tortura, en el que arroja que “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad", así lo dijo Juan E. Méndez, relator especial de la organización.

Resaltó que la finalidad de dicho procedimiento es castigar o extraer confesiones o información, con evidencia de la participación activa de fuerzas policiales y ministeriales, en cuyas prácticas prevalece la indiferencia o complicidad de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

No sólo eso, sino que el informe de Naciones Unidas viene a corroborar el Informe la Oficina en Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA, por su siglas en inglés), quien afirma que durante más de dos décadas, sucesivos gobiernos mexicanos han tomado medidas para crear fuerzas policiales más profesionales, modernas y mejor equipadas. Aunque estas reformas han incluido algunos elementos positivos, no han logrado establecer sólidos controles internos y externos sobre las acciones policiales, lo que permite que continúe un patrón generalizado de abuso y corrupción.

Ante los señalamientos de Naciones Unidas, el gobierno mexicano por conducto de Jorge Lomónaco Tonda, representante permanente de México ante Organismos Internacionales con sede en Suiza, dijo en sesión del Consejo de Derechos Humanos, que nuestro país reconoce una serie de retos por atender en la materia, pero no comparte “una aseveración como la que propone el relator” de Naciones Unidas.

En el triste y deplorable papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha sostenido un papel de audacia y valentía política ante las aseveraciones que sobre nuestro país hizo el expresidente de Uruguay, José Mujica así como el Papa Francisco, para reclamar con toda energía y la debida representación lo dicho por esos actores políticos; mientras tanto, cuando en los Estados Unidos han asesinado a tres mexicanos, la misma cancillería ha  procedido con simples notas diplomáticas que sólo demuestran la pobreza y mediocridad de la política de relaciones exteriores.

No obstante lo anterior, lo cierto es que hay miles y miles de muertos contabilizados de los cuales, es probable que la autoridad haya participado con un número indeterminado, difícil de cuantificar y cuya cifra es la que no puede ocultar la cancillería.

Por eso es que ahora que el relator de Naciones Unidas asocia la indiferencia o complicidad de autoridades, como algunos jueces, es que se levanta la voz ciudadana para reclamarle al Senado, que no se ratifique a Eduardo Medina Mora en el cargo de Ministro de la Corte a propuesta del Presidente de la República, porque sus actos como servidor público, lejos de engrandecer las instituciones de procuración de justicia e inteligencia del estado mexicano, vino a desvirtuar el espíritu de dichas funciones.

No fueron suficientes las más de 50 mil voces que reclamaban a los senadores del PRI y PAN no ratificar a Medina Mora. Esto los coloca en una vulnerabilidad para las críticas y señalamientos, sobre todo porque el Senado manda el mensaje a la opinión pública, de insensibilidad e indiferencia a las demandas ciudadanas, en un momento en el que se acercan las elecciones y la ciudadanía podría invocar este enojo para votar en contra de sus partidos, a menos que la verdadera razón para haber votado a favor lo sea que les haya dolido los 100 pesos que anunciaron como descuento de su dieta y demás prestaciones, como una medida de austeridad.

Pero no sólo la tortura es física. Los ciudadanos padecemos también la tortura política, cuando algunos regidores, presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, federales o senadores, no son sensibles a las demandas o peticiones ciudadanas y violentan la voluntad popular.

Padecemos la tortura política, cuando en el desempeño de sus funciones sobreponen intereses de grupo a intereses ciudadanos, o bien, cuando sin empacho o pudor alguno, toman el dinero que no les corresponde, ignorando olímpicamente a propios y extraños, como si se tratara de su patrimonio y pasando a la historia como un servidor público del montón, sin criterio propio y esperanzado a que su jefe político o su partido les arrojen unas migajas políticas para su triste y miserable subsistencia política.

Una tortura histórica. La perversidad, crueldad y ruindad de la Santa Inquisición mexicana, a los que algunos en estos tiempos les encantarían revivir tan dignos status, como Manuel Abad y Queipo, quien decretó la degradación eclesiástica de Miguel Hidalgo y José María Morelos, en el que “te arrancamos la potestad de sacrificar, consagrar y bendecir, que recibiste con la unción de las manos y los dedos”, mientras eran raspadas su manos y yemas de los dedos, daban inicio al ritual de degradación eclesiástica, para posteriormente, y “como hijo ingrato, y borramos de tu cabeza la corona, signo real del sacerdocio, a causa de la maldad de tu conducta”, al tiempo que le raspaban la cabeza para borrar simbólicamente la unción obispal para ordenar. Poco antes vino la terrible excomunión.

Entre la sospecha y la responsabilidad de Mireles

El fin de semana pasado fue detenido José Manuel Mireles, lider de las autodefensas de Michoacán, bajo el argumento de portación de arma de uso exclusivo del ejército, enre otros delitos.

En un discreto operativo, Mireles fue trasladado a un penal en Sonora, para no dar pie a que sus seguidores puedan manifestarse, como lo comenzaron a hacer en Michoacán.

Esta detención se enmarca en una probable inutilización política del también médico, toda vez que se percibió que Mireles podría ser rentable políticamente como candidato en el próximo proceso electoral federal, cuando Andrés Manuel López Obrador ha salido a su defensa, condenando el arresto.

Eran una constante las afirmaciones de Mireles, quien señalaba que pese a la presencia del Comisionado para Michoacán, Arturo Castillo, ese Estado sigue en crisis, quien aparece en medios en una estrategia de contención de opinión.

Es sospechosa la detención de Mireles, porque personajes de la vida pública de Michoacán, como la senadora Iris Vianey Mendoza (PRD), la senadora Luisa Maria Calderón Hinojosa (PAN), así como Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, quienes son señalados por vínculos con la delincuencia organizada, no han sido molestados por un Agente del Ministerio Público o mucho menos por una orden de aprehensión.

Igual de sospechoso es que la PGR no haya dado a conocer los nombres de los servidores públicos que permitieron a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, evadirse de la acción penal durante 13 años.

Una sospecha en la historia, es aquella por la cual, la inquisición emite un comunicado el 15 de marzo de 1813 en el que señala que aunque Miguel Hidalgo “pide perdón al Tribunal de la Santa Inquisición, de las injurias que le hizo y de que intentó satisfacer a los cargos que se le hicieron, juzga que no resultan méritos bastantes para absolver su memoria y fama, ni tampoco para condenarlo […]”, y por tanto, sigue vigente su condena ante la historia.

Arraigan al secretario de gobierno de Michoacán

El secretario general de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna, fue detenido y arraigado por su presunta colaboración con el grupo delictivo de los Caballeros Templarios y contradiciendo al gobernador de esa entidad, Fausto Vallejo Figueroa, quien afirmaba meter las manos al fuego por él.

El también exgobernador Reyna no alcanzó a utilizar el aparato de procuración de justicia, como ha sucedido con personajes públicos en otras ocasiones, en el que ante cualquier señalamiento de conductas irregulares, buscan, piden y exigen que el ministerio público los investigue y ante medios los declare pulcros y sin mácula alguna. Este es el malentendido uso de las procuradurías de justicia, que son instituciones para perseguir delitos y no para extender certificados de buena conducta política.

En su momento otros políticos que se encontraron bajo el escrutinio público, buscaron en algún momento el auxilio del ministerio público y al no obtenerlo, salen a medios para pregonar que hay un nefasto interés, sesgo partidista, perverso trasfondo o tinte político, que desea desestabilizarlos. Una declaración a medios no substituye la actuación ministerial de la procuración de justicia.

Esta es una conducta dada en algunos integrantes de la clase política, en la que en una extraña relación, desean obtener en la publicidad de sus actos, la fama y el reconocimiento público en pos del avance en sus carreras políticas, pero que al menor intento de ser evidenciados en algún acto de corrupción o ilegalidad, buscan pasar inadvertidos, en el anonimato y pretendiendo que nadie los critique de sus conductas.

En este supuesto se encuentren las senadoras michoacanas Iris Vianey Mendoza (PRD) y María Luisa Calderón Hinojosa (PAN), así como el exgobernador de esta entidad, Leonel Godoy Rangel, con graves señalamientos por sospecha de tener vínculos con la delincuencia.

La perredista acusada por el líder de las autodefensas en ese estado, José Manuel Mireles Valverde de colaborar con los Templarios; la panista señalada por Servando Gómez “La Tuta”; y el exgobernador Godoy bajo sospecha, entre otras cosas, de proteger a su hermano, el exdiputado Julio César Godoy Toscano quien recibe el apoyo de “La Tuta” para ganar la elección así como otras reveladoras declaraciones.

Arraigar al exsecretario de gobierno de Michoacán sin tomar en cuenta los serios dichos que involucran a las legisladoras y antes al exgobernador, -como una línea de investigación y proceder en consecuencia-, es hacer que la PGR sea utilizada para acreditar la buena conducta política de todos ellos, en el que desean pasar desapercibidos para la opinión pública y la justicia, abusando del fuero y la pertenencia a la clase política, buscando el apoyo de su partido para estar en condiciones de negociar la impunidad como moneda de curso legal, a cambio de la votación de su grupo parlamentario en el Congreso o condicionar el apoyo político al gobierno en turno. Esto se llama chantaje político.

Cuando un delincuente señala a un político o funcionario de alto nivel, las autoridades federales lo investigan a discreción y sin dar parte a la opinión pública para evitar someterlo a un juicio mediático; en contraste y en un acto poco usual de la PGR, a Reyna se le detuvo y se le arraigó por 40 días, en el que su detención debe arrojar luz que aporte los detalles de la protección institucional a Los Caballeros Templarios, venga de donde venga. Este mismo proceder debe implementarse con quienes protegen a los demás cárteles, sean de cualquier signo o procedencia política. Aquí sería interesante que la PGR diera a conocer, a cuáles integrantes de la clase política ha señalado Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, por protegerlo durante 13 años que estuvo prófugo de la justicia.

En ejercicio del derecho a la sospecha y con el objeto de despejar todas las dudas, sin que sean certificados en conducta, sería interesante conocer los informes de inteligencia del ejército y la armada, sobre los señalamientos de que se les imputa para estar en condiciones de deslindar responsabilidades. La autoridad tiene la palabra.

Ante las arbitrariedades y abusos de los indígenas en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, a finales de septiembre de 1810, Ignacio Allende le reclamaba al padre Hidalgo el proceder de los indios, cuya respuesta fue “¿Qué quiere que haga? ¡Se están vengando de 300 años de injusticia!...”.

Política difícil

Dice el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que se recuperaron territorios controlados por los cárteles, lo cierto es que cárteles o no, Michoacán seguramente vive su peor momento al permanecer en la incertidumbre, producto de la presencia de grupos del crimen organizado que fueron denunciados con anterioridad por Obispos de Michoacán, así como por uno de los lideres de un grupo de autodefensas, José Manuel Míreles, de este Estado.

La gravedad del tema es que gobiernos emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han demostrado su incapacidad para gobernar en esa Entidad Federativa, en una crisis que además de la seguridad, se extiende a lo político.

Así, sobre el tema político es que aparece Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), afirmando que su partido, el blanquiazul, está emulando al PRI en la práctica de la corrupción. Esta declaración no favorece los dichos reparadores del titular de la PGR, en un intento por demostrar que la dependencia que dirige, actúa en el marco de una estrategia por rescatar Michoacán de la delincuencia organizada y de prácticas insensibles de gobierno, como patrocinar una fiesta en el Palacio de Bellas Artes con el cantante Juan Gabriel, dado por el gobernador en funciones y ahora Secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, así como por el gobernador Javier Duarte de Chihuahua.

Como se dijo arriba, la gravedad de las condiciones de seguridad de Michoacán fue denunciado con anticipación, pero oh! maldita verdad, que te empeñas en salir a flote para evidenciar a la clase política.

Es muy posible que el problema de seguridad mexicano se encuentre de manera deprimente, no sólo en Michoacán, sino en todo el país, así lo indica la sola presencia del centro de espionaje de Estados Unidos, que se encuentra en la Av. Paseo de la Reforma en la ciudad de México, en el que laboran tres elementos del Comando Norte, uno de la Agencia Geoespacial, otro de la Agencia de Inteligencia de la Defensa y otro más de la NSA, según un documento desclasificado del Pentágono de nombre “Noforn”.

Esta situación del espionaje ha sido un tema recurrente y desafortunado para el gobierno del presidente Peña Nieto y que ha provocado reacciones diversas; desde quien señala que se debe pedir explicaciones firmes, hasta invocar el tema del nacionalismo para impedir que sigan ejerciendo espionaje en territorio nacional.

Hoy por hoy, lo cierto es que con permiso o sin permiso del Gobierno Federal, no abonó en el tema de la seguridad el haber autorizado la permanencia de una oficina que aglutine la inteligencia norteamericana, al servicio de la seguridad mexicana. La situación no ha mejorado, así lo percibe la población.

Una relación política difícil se dio cuando la administración del expresidente Felipe Calderón, retiró la materia de historia en los libros de texto de secundaria.

Es inconcebible que se haya retirado la paternidad de Miguel Hidalgo, cuando se sabe por investigaciones de historiadores, citas de particulares, documentos oficiales y su propia familia, señalan que Hidalgo tuvo 3 mujeres con las que procreó 5 hijos en total y cuenta aún con descendencia.

Por cuanto a su gran obra: ser el iniciador de la guerra de independencia, el movimiento tuvo un carácter de guerra santa: Lucas Alamán, en su historia de México escrita 40 años después, afirmaba que las tropas de Hidalgo, habían fijado en palos, carrizos y sus sombreros, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entre la tropa se oía: "el cura es un santo ... la Virgen le habla varias veces al día ...". Probablemente de aquí salga el refrán popular: "Te haces que la Virgen te habla ...".

El tema es, que por el contenido editorial en la respuesta a la pregunta expresa de la paternidad de Hidalgo, -tratando de desviar o de negar su paternidad-, cabe la presunción e inferencia, que el posicionamiento oficial de la administración del Expresidente Calderón, es que Miguel Hidalgo y Costilla, no tuvo hijos, aunque se demuestre lo contrario. 

Así, es que esta pluma escribe para reafirmarle sus conocimientos sobre la vida y sucesos de la historia de nuestro país, las traiciones y orgullos de sus héroes, las dichas y desilusiones del pueblo, luz y sombra de la República y de los Imperios, que le transmito a usted, como a mi pequeño hijo, para que conozca una aproximación a la verdad histórica, por más dolorosa que sea y sus personajes, -como Miguel Hidalgo-, y no sólo lo conozca porque tiene nombre de calle.

Libre por errores

Por errores procesales fue liberado Rafael Caro Quintero, quien llevaba 28 años preso en Puente Grande, Jal. luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito determinó sobreseer cuatro juicios, por cumplida una condena, así como una absolución por el delito de asociación delictuosa.

En términos jurídicos, el sobreseimiento significa el desistirse de la acción de la justicia sin resolver el caso de fondo, es decir, el llano carpetazo.

En un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal explicó las razones por las que se determinó desistir la acción de la justicia. En el caso del secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y del piloto Alfredo Zavala Avelar, el juez determinó que el juzgado federal que lo sentenció no tenía competencia en el caso, que se trataba de un delito del fuero común. En el resto de los procedimientos, el Consejo de la Judicatura Federal dice muy sutilmente que la PGR no integró adecuadamente las averiguaciones pevias, razón por la cual, dejó en libertad a Caro Quintero.

Lo anterior fue el principal motivo para que las relaciones entre México y Estados Unidos entraran en una periodo de crisis política, por el corrompimiento del sitema de seguridad mexicana.

Este momento político dio pie a la reestructuración de la seguridad nacional mexicana y al desmantelamiento de la temible Dirección Federal de Seguridad, para convertirse en el CISEN de ahora.

Si bien es cierto que el delito de privación de la vida es del fuero común, muy seguramente la presión política del momento obligó al gobierno de Miguel de la Madrid a que la PGR atrajera la investigación y la conformación de la averiguación previa.

Por su parte, la PGR emitió un comunicado en el que dice que el juez federal debió haber remitido el expediente al juez que estimara competente para que conociera del juicio, pues de la manera en que sucedió, produce la absolución sin juicio por un juez que el mismo Tribunal consideró incompetente.

Como haya sido, nuevamente falló el sistema de procuración y administración de justicia, como también falló al permitir la liberación del hermano incómodo del expresidente Carlos Salinas de Gortari y por supuesto, la devolución de sus bienes, producto de la corrrupción. Sólo falta que el Estado mexicano le pida perdón, faltaba más.

Pero por supuesto que no haya sido un preocupado padre de familia que al no encontrar trabajo necesario para llevar el sustento a su familia, haya optado por robar un litro de leche o un kilo de blanquillos para llevar a su hogar porque de inmediato le cae el largo brazo de la ley; ah! pero que tal que los senadores del PAN se autorecetaron 430 mil pesos de la nada y con el cinismo que ahora a algunos no quieren regresar el dinero y a quienes deberían fincárseles responsabilidades, no obstante su fuero constitucional.

La verdadera reforma que el gobierno del presidente Peña Nieto debería implementar, sería en el tema de la justicia. No es posible que por errores de procedimiento haya sido dejada en libertad Florence Cassez y Raúl Salinas de Gortari, errores que lo que demuestran es un uso cómplice de la justicia, aprovechándose de las fallas procesales que pudieran haber sido cometidas de manera premeditada y sin responsabilidad de servidor público alguno.

Un personaje histórico que no se liberó del juicio de la historia, fue Agustín de Iturbide cuyo su ascenso al imperio de México fue en circunstancias poco claras. En octubre de 1810 Miguel Hidalgo invita a Agustín de Iturbide a unirse a la causa insurgente, quien la declina y durante los once años de la guerra de independencia, decide combatir en contra de aquellos quienes soñaron con la independencia.

Se sabe que su trato como combatiente y autoridad fue cruel y en exceso, razón por la cual, se le negó el ascenso a general.

Cuando Iturbide se entrevista con Vicente Guerrero en febrero de 1821, para sellar la alianza política y militar con el abrazo de Acatempan, unos meses antes Iturbide seguía persiguiendo y matando insurgentes.

Para el 18 de mayo de 1821, el sargento Pío Marcha y la tropa del regimiento de Celaya que comandada Iturbide, azuzaban a la plebe: “¡viva Agustín de Iturbide, emperador de México!”. Dos días después, Iturbide “accedió” a los deseos de la turba en el alboroto callejero y su “nombramiento” fue ratificado por el Congreso y coronado como Agustín I de México por el obispo de Guadalajara, Juan Cruz Ruiz de Cabañas.

Un testigo presencial dice que el presidente del Congreso se dirigió a Iturbide, con “sujétese bien la corona, no se le vaya a caer”.

En sus memorias, Iturbide escribiría sin empacho alguno, que "[...] El Congreso de México trató de erigir estatuas a los jefes de la insurrección... . A estos mismos jefes había yo perseguido, y volvería a perseguir [...]“, en referencia a los insurgentes Hidalgo, Morelos y demás.

Somos espiados

El diario brasileño O Globo denunció que Venezuela, Argentina, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Chile, Perú y El Salvador, pero con especial énfasis en Brasil, México y Colombia, son países sujetos de espionaje de Estados Unidos, denunciada por el ex analista de la CIA Edward Snowden.

El rotativo carioca asegura que uno de los aspectos del espionaje es que Estados Unidos no se interesaba sólo en asuntos militares, sino también en secretos comerciales. Afirma que Venezuela era espiada por su petróleo, Colombia para dare seguimiento a las atividades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y México, por el sector energético y el narcotráfico.

No es de extrañarse dado a que una de las funciones de las misiones diplomáticas de cualquier país en el exterior, es recabar información y en el caso norteamericano no es la excepción. Lo hace por conducto de los ultimos pisos del edificio de Paseo de la Reforma, contiguo a su embajada en la ciudad de México.

Ahora, encargarse sólamente de los temas de energía y narcotráfico es muy poco. En realidad deben de enterarse de mucho más cosas, como por ejemplo lo divulgado por los cables en el escándalo de Wikileaks, que involucraba la vida y obra de personajes de la vida política de México, a fin de tener elementos de chantaje para obtener apoyos.

El espionaje es usado como parte de la obtención de información para la generación de inteligencia y ésta como herramienta de la seguridad nacional, como elemento del poder.

Por su parte y con el objeto de mantener una organización, el poder tiene una clasificación en campos: político, económico y social. En otras palabras, todos los temas de la cosa pública se encuentran incorporados a estos campos que pueden a su vez subdividirse para su mejor comprensión y análisis.

Más que indignarse por haber desubierto que somos espiados, lo mejor sería que el sistema de seguridad mexicano no permitiera la intromisión en esos temas, como lo hizo la administración del expresidente Calderón, al tolerar la presencia de agencias norteamericanas de inteligencia, en su desesperación por el fracaso de su guerra contra el narcotráfico.

La vida de ciudadanos normales no es espiada. Lo que verdaderamente les interesa es encontrar información que sea valiosa para la generación de inteligencia que pueda adelantarse a los hechos y esta se encuentra en los tomadores de decisiones, sus oficinas y hasta en su vida privada.

Así por ejemplo, Wikileaks reveló el presunto alcoholismo del expresidente Calderón; del regreso del PRI a Los Pinos; de la ineficacia de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, de las diferencias entre Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, entre otros temas sensibles para el país.

Lo que hizo Edward Snowden y antes el sargento Bradley Manning al proporcionar información reveladora sobre las prácticas políticas y de inteligencia de su país a Julian Assange y Wikileaks, es considerado delito grave en su país, pero no deja de sorprender la capacidad norteamericana para obtener información de todo tipo.

Ejemplos hay de injerencia en la independencia de México, como la de un centenar de negros, quienes en plenos combates de la independencia en el sur del país, -en Guerrero, cierto día de 1811 o 1812 las tropas realistas del Brigadier Isidoro Garrote se encontraron con Hermenegildo Galeana, quien regularmente era escoltado por esta centena de negros de la costa chica, ahora de ese Estado, quienes se estaban bañando desnudos en el río, y por precaución, habían enterrado sus machetes en las partes bajas de la corriente para una rápida acción.

Incómoda y desconcertante situación seguramente que vivieron las tropas realistas de Don Isidoro Garrote, al ver al grupo de negros de Galeana tomar machete en mano, quienes avanzaron desnudos sobre los realistas con semejante armamento a la vista, -el machete por supuesto-, quienes pasmados fueron perseguidos por los negros durante tres leguas más. Esta anécdota ha perdurado con el tiempo y es conocida en Guerrero.

Y en este sentido parece que la inmoralidad fue práctica ante la desesperación: En el sitio de Cuautla de 1812 el ejército insurgente de Morelos, quien estaba necesitado de obligar a los realistas a gastar parque, pedía voluntarios para que se acercaran a las trincheras enemigas y provocaran los disparos de los españoles.

Entre los voluntarios a tan peligrosa misión, estaba una mujer: María Reyes. Una voluntaria insurgente que se acercaba a las filas de los gachupines, se levantaba las enaguas mostrándoles las nalgas a los realistas y provocando sus disparos.

Seguramente esta mujer salió ilesa, ya que con el tiempo, fue juzgada por la Inquisición y encarcelada durante cinco años por tan osados e irreverentes actos.

Círculos y dinero público

Luego de la cobertura mediática producto de la visita del presidente de China, Xi Jinping, en el que pareciera que se colocaron muchas expectativas en el futuro económico mexicano producto del relanzamiento de la relación con China, comienza a sobresalir lo oculto para los que forman el llamado “círculo rojo”, o sea, aquel que genera opinión pública desde medios de comunicación, la academia o cualquier otra audiencia pensante.

Se trata de la escandalosa cifra de 376, 382 millones de pesos (mdp) dada a conocer como deuda de los estados de la República y sus municipios, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en días pasados.

De manera premeditada y aprovechando la información generada por el distinguido visitante, la CNBV informó lo anterior, a sabiendas que su nota sería sobrepuesta por los comunicados de prensa oficiales, con el objeto de diluir la información y minimizar el impacto que generaría entre los lectores del “círculo verde”, es decir, los destinatarios de la información que reciben y consumen dichas opiniones e interpretaciones, o sea, el receptor final de la información.

Es posible que la cifra señalada corresponda, a la deuda contraída con la banca privada; en tanto, que la cifra que maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al 31 de marzo, corresponde a la minucia de 436,242’300 mil pesos.

En otras palabras, es posible que la cifra que maneja la SHCP corresponda a la suma de la deuda pública y privada, en los Estados y Municipios del país, con una diferencia de 59,860 mdp.

Las entidades federativas gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), más endeudadas son, Nuevo León, México y Veracruz, con 47,863.5 mdp, 40,119.6 mpd y 39,809.6 mdp, respectivamente. Las que menos deuda han contraído del mismo partido, son Tlaxcala, Campeche y Querétaro, con 37.9 mdp, 1,056.9 mdp y 1,777 mdp respectivamente.

Las entidades federativas más endeudadas por el PAN, son Jalisco, Puebla y Guanajuato, con 24,569.8 mdp, 9,035.9 mdp y 7,862.8 mdp, respectivamente.

Por el PRD, las entidades más endeuadas son el DF, Chiapas y Michoacán, con 58,304.0 mdp, 16,431.0 mdp y 16,033.9, respectivamente.

Ahora bien, mucha de las deudas en las Entidades Federativas, ha sido producto de la irresponsabilidad de sus gobernantes, como el caso de Jalisco, y sus espléndidas ayudas económicas a la iglesia católica, vía la macrolimosna, y posteriormente, por conducto de partidas presupuestales federales bajo el rubro de cultura por el cual, el exmandatario Emilio González Márquez desvió recursos públicos para la rehabilitación de templos e iglesias, cuya intención seguramente solo tiene por objeto reabrir viejas heridas ideológicas sin razón.

Otra perla se encuentra en la comprobación de los recursos para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, en el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha demostrado compras a sobreprecio y obra pública de nueva construcción, de mala calidad, entre otras perlas del exgobernador jalisciense.

Los señalamientos al exgobernador de Chiapas y sus excesos en contraer deuda pública para su lucimiento personal. Curiosamente, el caso de Tabasco tiene una deuda pública, según la SHCP, de 4,788 mdp y que contrasta con los 17,000 mdp que señala la nueva administración perredista, acusando al exgobernador priísta Andrés Granier.

Para no variar y no hacer turbulencias políticas, en la misma visita oriental, PEMEX presentó su deuda pública que ascendió a 729,219.9 mdp. así que si sumamos dicha cantidad y la deuda de estados y municipios de 436,242.3 mdp, nos da como resultado la cantidad de 1,165’462,200 mdp, es decir, poco menos de la mitad del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, que tiene asignado 3,956’361,600 mdp. Las dos anteriores cifras son expresadas en billones de pesos y bien podría representar a la suma de las fortunas de algunas decenas de célebres personajes de la clase política.

Pero en la historia y en contraste, no se necesito de tanto dinero para demostrar voluntad. En el sitio de Cuautla, el ejército insurgente de Morelos quien estaba necesitado de obligar a los realistas a gastar parque, pedía voluntarios para que se acercaran a las trincheras enemigas y provocaran los disparos de los españoles.

Entre los voluntarios a tan peligrosa misión, estaba una mujer: María Reyes. Una insurgente que se acercaba a las filas de los gachupines, se levantaba las enaguas mostrándoles las nalgas a los realistas para hacerlos disparar y perder parque.

Seguramente esta mujer salió ilesa, ya que con el tiempo, fue juzgada por la Inquisición y encarcelada durante cinco años por tan osados actos.

Así entrega el país

En unos días más el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, le entregará el poder el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, mientras los mexicanos nos mantendremos al tanto de las nuevas políticas para llevar al país.

El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se caracterizó por algunos desencuentros de todo tipo; por ejemplo en el uso político que puede significar las funciones de las Procuraduría General de la República (PGR), cuando su titular, Marisela Morales Ibañez, llega en substitución de Arturo Chávez Chávez, desgastado por los escándalos de Wikileaks así como el “michoacanazo”, por el que la PGR encarceló a más de 25 servidores públicos, entre Presidentes Municipales y del Gobierno de Michoacán, en el que tuvieron que ser excarcelados por falta de elementos.

Otro uso que el PAN le dio a la procuración de justicia, fue en los absurdos jurídicos del Ministerio Público Federal, que arrojaron a la cárcel a una indígena otomí en Querétaro, quien según esa autoridad, la mujer fue capaz de luchar cuerpo a cuerpo con 6 agentes entrenados de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI’s) , quitarles sus armas de cargo, someterlos pese a la superioridad en número y fuerza masculina de sus oponentes y -ansina- hasta secuestrarlos.

Fue un sexenio en el que no lució la comunicación en materia política, ya que desde el inicio en diciembre de 2006, los mensajes que transmitía Los Pinos, se referían al desarrollo de una guerra.

Esta denominación bélica es en referencia a la estrategia en contra de la inseguridad, que lleva un record de 60 a 80 mil muertes, en el que propios y extraños le reclamaron al Presidente Calderón, el fracaso de su estrategia, sin que tuvieran eco sus palabras.

Una administración con desafortunadas declaraciones. Como la errada rueda de prensa que citó la Procuraduría General de la República (PGR), para explicar la muerte de los estudiantes Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, en medio de una balacera entre militares y narcos en el campus del Tec de Monterrey.

Un sexenio en el que la percepción ciudadana sobre el combate a la delincuencia organizada fue totalmente opuesta a la gubernamental, ya que  si se percibiera un gobierno vencedor en esta lucha, la ciudadanía se sentiría más segura y menos propensa a creer en rumores y versiones que desatan histeria colectiva, sin que la autoridad intervenga en una seria contraofensiva en redes sociales o mediática.

Dos periodos de gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, en el que los 50 grandes contribuyentes -de empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras-, paguen lo que verdaderamente generen de impuestos y no sólo los 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre el 2000 y el 2005, en promedio.

Y para lo anterior, se sostuvo el régimen de consolidación fiscal para las grandes empresas y que significa que a los grandes corporativos les es muy redituable comprar una empresa con pérdidas y mantenerla así, para demostrar a la SHCP sus mermas y deducirlas de sus utilidades.

Una administración gris, porque los fideicomisos del gobierno federal, se incrementaron de 1,387 en 2004 a 1,409 en 2005, y el monto de sus activos pasó de 675 mil millones de pesos a 742 mil millones de pesos en ese periodo.

Deja un Sistema de Administración Tributaria de la SHCP para que dé a conocer la lista de personas físicas y morales beneficiadas con la cancelación de sus deudas fiscales en 2007, cuyo monto asciende a 73,900 millones de pesos y de la cual, muy seguramente conocía el ahora Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y es posible que este sea el premio a la lealtad.

Deja un país con un número desconocido de subejercicio en el presupuesto y que en 2007 fue de 120 mil millones de pesos.

En síntesis, unas administraciones con cuentas poco agradables. Pero quien entregó excelentes cuentas fue el Padre Morelos.

Con una duración de casi 75 días, fue sitiado en 1812 Cuautla en Morelos, bajo el mando del realista Félix Calleja, lugar donde por primera vez se usó el toque del clarín para dar órdenes a la tropa realista, contra la posición de José María Morelos.

El Siervo de la Nación, encabezaba mil infantes y dos mil jinetes de las brigadas de Galeana; los hermanos Bravo con soldados nativos de Chilpancingo y Matamoros, con una temible fuerza de rancheros, arrieros y campesinos, armados de hondas, machete y lanza. Todo esto con 16 piezas de artillería, ganado y comida.

Entre sus subalternos, Morelos tenía la fama de irresponsable, quienes constantemente se preocupaban de que al Generalísimo no se le ocurriera alguna locura, -como la de no marchar en sus exploraciones personales más allá de un punto ubicado-, dado a los Bravo, Galeana y Matamoros.

A los dos meses de sitio, las fuerzas habían menguado en ambos bandos: en los insurgentes, para comer, un gato valía seis pesos, una iguana veinte; se comieron lagartijas y hervían cueros para hacer caldo, pero el ánimo no decaía en los insurgentes: los sitiados cantan “Por un cabo doy dos reales / por un sargento un doblón /  y por mi general Morelos / doy todo mi corazón”.

Morelos, cuyo ejército insurgente estaba necesitado de obligar a los realistas a gastar parque, pedía voluntarios para que se acercaran a las trincheras enemigas y provocaran los disparos de los españoles.

Como en la guerra y en el amor, todo se vale, entre los voluntarios a tan peligrosa misión, estaba una mujer: María Reyes. Una insurgente que se acercaba a las filas de los gachupines, se levantaba las enaguas mostrándoles las nalgas a los realistas y provocando sus disparos.

Seguramente esta mujer salió ilesa, ya que con el tiempo, fue juzgada por la Inquisición y encarcelada durante cinco años por tan osados actos.

Tras la batalla, Morelos acudió a cada una de las casas atacadas, a dar dinero y víveres a los afectados.