Un frente de crisis en la ciberdelincuencia

La elaboración de una iniciativa de Ley es un proceso que lleva una exhaustiva investigación, para conocer el estado real del asunto que desea reformarse.

Pero además, tratándose de materia penal, debe incorporarse nuevas hipótesis jurídicas para que el juzgador tenga elementos en los cuales, su juicio pueda basarse en una tipología que el legislador le señala, de otra forma, puede incurrirse en el principio de “donde el legislador no precisa, el juzgador no distingue”, y con ello podría desvirtuarse el espíritu de la norma.

No solo esto. Por la trascendencia de la norma valdría la pena convocar a estudiosos de diversas materias u organizaciones no gubernamentales, a efecto de escuchar su opinión, respecto de la iniciativa que pretende aprobarse, para que vaya lo más consensuada posible con ámbitos académicos o civiles.

Parece que tal fue el caso de la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos que fue presentada en sesión del 27 de octubre pasado por el senador Omar Fayad, y que hasta el momento se tiene registradas unas 25 mil firmas en el portal change.org a efecto de que sea retirada.

De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales considera que es delito usar la computadora y tirarla a la basura, utilizar códigos y hasta arrobar en la red social twitter a una persona o figura pública.

Por ejemplo, el artículo 17 de dicha iniciativa, señala que “A todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salario mínimo vigente”.

Este grupo afirma que el anterior artículo se incluiría actualizar el software, bajar un programa o aplicación, usar la computadora de cualquier forma –que es en esencia-, una alteración del funcionamiento de un sistema informático.

Otro artículo polémico se encuentra en el numeral 21 de la citada iniciativa, y que señala que “A quien, a través de medios informáticos, acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet, de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo vigente”.

El anterior artículo podría interpretarse como que quien arrobe en Twitter o se refiera en Facebook podría cometer el delito de “intimidación” e ir a la cárcel. Incluye la crítica a servidores públicos.

Desde luego, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y toda la furia de aficionados a redes sociales, se volcaron con el hashtag #LeyFayad para criticar, ridiculizar con memes y denostar un ejemplo de mala consulta a la ciudadanía.

El mismo Fayad salió a medios, para señalar que si es necesario, él mismo “corregiría, quemaría o quitaría” (sic), la iniciativa que fue señalada como de la autoría del PRI.

Luego entonces y ajeno a combatir lo que podría ser la ciberdelincuencia, se produjo un frente de crisis por un deficiente manejo en el lenguaje técnico, que podría arrojar como consecuencia, la pérdida de la candidatura a la gubernatura de Hidalgo para Fayad por su partido.