Citas memorables de la historia de México

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martes, 27 de noviembre de 2012

Así entrega el país


En unos días más el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, le entregará el poder el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, mientras los mexicanos nos mantendremos al tanto de las nuevas políticas para llevar al país.

El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se caracterizó por algunos desencuentros de todo tipo; por ejemplo en el uso político que puede significar las funciones de las Procuraduría General de la República (PGR), cuando su titular, Marisela Morales Ibañez, llega en substitución de Arturo Chávez Chávez, desgastado por los escándalos de Wikileaks así como el “michoacanazo”, por el que la PGR encarceló a más de 25 servidores públicos, entre Presidentes Municipales y del Gobierno de Michoacán, en el que tuvieron que ser excarcelados por falta de elementos.

Otro uso que el PAN le dio a la procuración de justicia, fue en los absurdos jurídicos del Ministerio Público Federal, que arrojaron a la cárcel a una indígena otomí en Querétaro, quien según esa autoridad, la mujer fue capaz de luchar cuerpo a cuerpo con 6 agentes entrenados de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI’s) , quitarles sus armas de cargo, someterlos pese a la superioridad en número y fuerza masculina de sus oponentes y -ansina- hasta secuestrarlos.

Fue un sexenio en el que no lució la comunicación en materia política, ya que desde el inicio en diciembre de 2006, los mensajes que transmitía Los Pinos, se referían al desarrollo de una guerra.


Esta denominación bélica es en referencia a la estrategia en contra de la inseguridad, que lleva un record de 60 a 80 mil muertes, en el que propios y extraños le reclamaron al Presidente Calderón, el fracaso de su estrategia, sin que tuvieran eco sus palabras.

Una administración con desafortunadas declaraciones. Como la errada rueda de prensa que citó la Procuraduría General de la República (PGR), para explicar la muerte de los estudiantes Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, en medio de una balacera entre militares y narcos en el campus del Tec de Monterrey.

Un sexenio en el que la percepción ciudadana sobre el combate a la delincuencia organizada fue totalmente opuesta a la gubernamental, ya que  si se percibiera un gobierno vencedor en esta lucha, la ciudadanía se sentiría más segura y menos propensa a creer en rumores y versiones que desatan histeria colectiva, sin que la autoridad intervenga en una seria contraofensiva en redes sociales o mediática.

Dos periodos de gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, en el que los 50 grandes contribuyentes -de empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras-, paguen lo que verdaderamente generen de impuestos y no sólo los 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre el 2000 y el 2005, en promedio.

Y para lo anterior, se sostuvo el régimen de consolidación fiscal para las grandes empresas y que significa que a los grandes corporativos les es muy redituable comprar una empresa con pérdidas y mantenerla así, para demostrar a la SHCP sus mermas y deducirlas de sus utilidades.

Una administración gris, porque los fideicomisos del gobierno federal, se incrementaron de 1,387 en 2004 a 1,409 en 2005, y el monto de sus activos pasó de 675 mil millones de pesos a 742 mil millones de pesos en ese periodo.

Deja un Sistema de Administración Tributaria de la SHCP para que dé a conocer la lista de personas físicas y morales beneficiadas con la cancelación de sus deudas fiscales en 2007, cuyo monto asciende a 73,900 millones de pesos y de la cual, muy seguramente conocía el ahora Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y es posible que este sea el premio a la lealtad.

Deja un país con un número desconocido de subejercicio en el presupuesto y que en 2007 fue de 120 mil millones de pesos.

En síntesis, unas administraciones con cuentas poco agradables. Pero quien entregó excelentes cuentas fue el Padre Morelos.

Con una duración de casi 75 días, fue sitiado en 1812 Cuautla en Morelos, bajo el mando del realista Félix Calleja, lugar donde por primera vez se usó el toque del clarín para dar órdenes a la tropa realista, contra la posición de José María Morelos.

El Siervo de la Nación, encabezaba mil infantes y dos mil jinetes de las brigadas de Galeana; los hermanos Bravo con soldados nativos de Chilpancingo y Matamoros, con una temible fuerza de rancheros, arrieros y campesinos, armados de hondas, machete y lanza. Todo esto con 16 piezas de artillería, ganado y comida.

Entre sus subalternos, Morelos tenía la fama de irresponsable, quienes constantemente se preocupaban de que al Generalísimo no se le ocurriera alguna locura, -como la de no marchar en sus exploraciones personales más allá de un punto ubicado-, dado a los Bravo, Galeana y Matamoros.

A los dos meses de sitio, las fuerzas habían menguado en ambos bandos: en los insurgentes, para comer, un gato valía seis pesos, una iguana veinte; se comieron lagartijas y hervían cueros para hacer caldo, pero el ánimo no decaía en los insurgentes: los sitiados cantan “Por un cabo doy dos reales / por un sargento un doblón /  y por mi general Morelos / doy todo mi corazón”.

Morelos, cuyo ejército insurgente estaba necesitado de obligar a los realistas a gastar parque, pedía voluntarios para que se acercaran a las trincheras enemigas y provocaran los disparos de los españoles.

Como en la guerra y en el amor, todo se vale, entre los voluntarios a tan peligrosa misión, estaba una mujer: María Reyes. Una insurgente que se acercaba a las filas de los gachupines, se levantaba las enaguas mostrándoles las nalgas a los realistas y provocando sus disparos.

Seguramente esta mujer salió ilesa, ya que con el tiempo, fue juzgada por la Inquisición y encarcelada durante cinco años por tan osados actos.

Tras la batalla, Morelos acudió a cada una de las casas atacadas, a dar dinero y víveres a los afectados.

lunes, 19 de noviembre de 2012

Piden perdonar deudas


En una proposición con punto de acuerdo, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron solicitud para condonar las deudas de las Entidades Federativas y los Municipios, que se sobreendeudaron.

Al cierre del segundo trimestre del 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta una deuda pública de los 32 Entidades y el Distrito Federal, por un monto de 404,409'500 mil pesos.

Los Estados más endeudados son el Distrito Federal con casi 55 mil millones de pesos (mdp), Nuevo León con 40 mil mdp, Estado de México con 38,300 mdp, Coahuila con 36,500 mdp, Veracruz con casi 32,000 mdp y Jalisco con 26,704 mdp. Con excepción del D.F. gobeernado por el PRD y Jalisco por el PAN, el resto de estos Estados son gobernados por el PRI.

En contraste, las Entidades Federativas menos endeudadas son Tlaxcala con 62.5 mdp, Campeche con 1,030 mdp, Baca California Sur con 1,677 mdp, Querétaro con 1,883 mdp, Colima con 2,185 mdp y Tabasco con 2,340 mdp pero que proximamente el gobernador Adnrés Granier extraña y sospechosamente adquirirá una deuda por 4,000 mdp a menos de 1 mes de concluir su mandato.

Pero por otra parte, el cuerpo de la proposición aunque solicita la creación de un Fondo Contingente destinado a solventar la crisis financiera de los estados y municipios y que se destine mayores recursos a los diversos Fondos  de Aportaciones Federales para los gobiernos estatales y municipales, no solicita que se ejerzan las acciones legales necesarias y suficientes, para deslindar las probables responsabilidades por el mal uso de los recursos públicos.

Los proponentes dicen que "Hay que decirlo con todas sus letras, parte de las quiebras y  endeudamientos son resultado de  las malas administraciones, el mal uso de los recursos y  la corrupción [...]", pero olvidaron pedir a la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías forenses y el deslinde de responsabilidades a que haya lugar.

Esta omisión sólo puede explicarse para que quienes hayan desempeñado una función de gobierno y que ahora pudieran encontrarse bajo el manto protector que presenta algún cargo de elección popular que ofrezca fuero constitucional, deseen evitar que sus administraciones sean sujetas de investigación y les sean perdonadas algunas probables responsabilidades.

Este es un buen inicio para la Comisión Nacional Anticorrupción, cuya iniciativa acaba de ser presentada en el Senado y que seguramente dará inicio el próximo 1o. de septiembre, que arrancaría con investigar las administraciones salientes de Estados y Municipios, mandando con esto, una buena señal a la opinión pública de que verdaderamente se desea extinguir con el flagelo de la corrupción.

Imagine usted sentar en el banquillo de los acusados a exmandatarios de la Entidad Federativa de su preferencia, para que verdaderamente respondan por presuntas arbitrariedades en perjuicio de la función pública, de gobierno, de la administración e impartición de justicia, de la seguridad pública o de la buena administración de los recursos públicos que le fueron encomendados.

Ojalá sea lo que la ciudadanía espera de su próximo gobierno. Pero siempre ha habido peticiones de esta naturaleza. Vea usted. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era muy común encontrar solicitudes de particulares dirigidas al Congreso de la Unión, en las que pedían una pensión económica por servicios prestados a la República, a través de sus cuerpos de ejército, ya sea durante la guerra de Reforma, ya sea durante la guerra de Intervención.

A su muerte, Benito Juárez fue galardonado con el título de benemérito de la patria en grado heroico, en sesión del Congreso del 18 de abril de 1873. En esa misma sesión, se aprobó el pago de una pensión de 3,000 pesos anuales, a cada una de las hijas de Juárez –Doña Soledad, Doña Josefa y Doña Jesús- así como al menor Benito Juárez Maza, mientras concluyera su carrera o cumpliera 25 años de edad. Mismo derecho se otorgó a cualquiera de los siete hijos legítimos de Juárez que llegare a la pobreza.

El 27 de agosto de 1861 murió en su tierra natal, San Juan de los Lagos, Jalisco, doña Rita Pérez de Moreno, rechazando una pensión que le ofreció el gobierno federal y quien ofrendó a su esposo, el insurgente Pedro Moreno y a sus tres hijos, a la causa de la independencia.

Por otra parte, en reconocimiento a su labor, en favor de la causa de la independencia y como restitución de parte de sus bienes incautados por el gobierno virreinal, que ascendían a cincuenta mil pesos de la época, el Congreso de 1822 decidió que la primera mujer reportera del país, Leona Vicario, recibiera las propiedades de la calle de Santo Domingo esquina con Cocheras, hoy República de Brasil esquina con República de Colombia, así como las propiedades de los números 9 y 10 de esta última calle, en la ciudad de México.

Por sobre todas las cosas, existe un principio del ejercicio de la función pública que afirma, que “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala": Benito Juárez.

martes, 13 de noviembre de 2012

Los cambios que vienen

Ha trascendido que uno de los primeros cambios que pretende el presidente electo, Enrique Peña Nieto, es en el área de la seguridad.

Entre estos se encuentra la supresión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que se transformaría en una Subsecretaría del Interior, a cargo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y que mantendría funciones que tiene la SSP y crearía las de la Gendarmería Nacional. En el ánimo de la eficiencia administrativa, es probable que estas funciones puedan ser absorvidas por la Policía Federal, o bien, que ésta cambie de denominación a la Gendarmería señalada.

Por otra parte, de seguir la tendencia presupuestal esta nueva Subsecretaría, sería la que más presupuesto ejercería, ya que en este año la todavía SSP se encuentra ejerciendo poco más de 40 mil millones de pesos (mdp), en contraste con los 19 mil mdp que ejerce actualmente la Armada que ha demostrado el doble de efectividad.

Prosiguiendo con los cambios, la Secretaría de la Función Pública (SFP) cambia de denominación, para ser nombrada como Comisión Nacional Anticorrupción.

Como innovación administrativa se crearía una Agencia de Seguridad, que coordinaría a los cuerpos policiales federales, aunque por la naturaleza de estas funciones, esta tarea podría realizarla la Subsecretaría del Interior, arriba citada.

Los anteriores son actos que pretenden disminuir el estado de inseguridad en que vive el país, como un esfuerzo por contener el avance de la violencia, que según el Secretario de Defensa Norteamericano, León Panetta, afirmó en marzo pasado, que las víctimas por la malograda guerra contra la inseguridad –o narcotráfico- en este sexenio, ascienden a la suma de 150 mil muertos, es decir, que a unos meses de que el gobierno del Presidente Calderón contabilizara 50 mil víctimas mortales. Seguramente la experiencia del señor Panetta al frente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), es la que lo hace afirmar dicha cifra.

Se sabe también que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se fortalecería para dotarle de atribuciones en zonas rurales y urbanas. En este sentido cabe el comentario si sería necesario atribuirle a la cabeza del sector agrario, el reparto de la tierra en zonas urbanas, en un ejercicio en el que parecería contrario al espíritu de la misma denominación de la Secretaría.

Políticamente este escenario estaba previsto en septiembre de 2011, cuando el periódico The Economist, predijo que el Partido Acción Nacional descendería al tercer lugar, escenario que se amplió a Jalisco, con lo que casi es exterminado el corredor azul del  centro del país.

Pero este breve parte de guerra no es sólo en el tema político o de seguridad. En el plano ideológico hay saldos pendientes o agravios: En lo que pareciera una venganza ejecutada por el brazo político de la iglesia, algunas de las administraciones emanadas del PAN les ha retirado el nombre de Benito Juárez a 417 calles, plazas y municipios del país, siendo sustituidos por nombres como San Miguel Arcángel, Juan Pablo II, y claro, algunos de los mártires cuyo santuario en Jalisco mereció un donativo de 30 mdp. del Gobierno de Jalisco, sin dejar de seguir aportando.

Cuando en 1925 Obregón encabezó el cortejo fúnebre que trasladó los restos de los héroes de la independencia que se encontraban en Catedral, fue acompañado por algunos descendientes de los insurgentes, a quienes nadie les cuestionó su calidad de pariente. Así, unos presuntos nietos de Guadalupe Victoria se apersonaron para sacar, ellos mismos, a su abuelo, y un sobrino de Mariano Matamoros llegó a hacer su parte con su ilustre pariente, además, el pueblo.

En este sexenio cuando fallece Juan Camilo Mouriño, siendo secretario de Gobernación y descendiente de españoles, su muerte mereció unos dignos funerales de Estado, -incluso mejores-, que quienes nos dieron patria y libertad. Mismo trato recibió Francisco Blake Mora finado en 2011.