Una de las crisis que ha detonado esta
administración federal, es su incapacidad para resolver temas de derechos
humanos y todo lo que tenga que ver con la protección de la persona humana.
El presidente Peña Nieto recibió una
administración con una débil política de derechos humanos que se enmarcó en la
denominada “guerra” contra la delincuencia. Crisis como el asesinato de los 72
migrantes de San Fernando, Tamaulipas; de los jóvenes de Villas Salvarcar en
Ciudad Juárez o de los estudiantes del Tec de Monterrey, sin olvidar el casino
royale en Monterrey que impactaron a la opinión pública, fueron cometidos
presuntamente por la delincuencia y detonó la crisis humanitaria.
Esta administración conoció los asuntos
de Tlatlaya y Ayotzinapa, cuyos caso han puesto al gobierno federal contra las
cuerdas en la opinión, al participar fuerzas de seguridad en su materialización
y que coloca a México en una difícil situación de derechos humanos, que ha sido
censurado por gobiernos extranjeros y organismos internacionales de derechos
humanos, en cuya defensa la Secretaría de Relaciones Exteriores ha podido hacer
poco.
Nuevamente un tema se presenta a la
opinión pública, como un ejemplo de la incapacidad de autoridades de los tres
niveles de gobierno, que fueron sometidos presuntamente por una agencia
internacional, cuando un equipo de varios policías federales, sustrajo de
manera ilegal a la menor Alondra Luna Núñez, de su salón de clases de la
secundaria en la que cursa su educación media, en Guanajuato capital, para llevarla
a Houston, en Texas y entregarla a su presunta madre, sin alguna orden y sin
practicarle a la menor pruebas de ADN para demostrar su verdadera filiación
consanguínea.
Los medios dieron cuenta que se trataba
de agentes de la Interpol, cuando en realidad eran policías federales, quienes entregaron
a Alondra en la frontera a policías de ese país, como si se tratara de la
extradición de un peligroso delincuente.
Sin duda alguna, a Alondra le violaron
sus derechos humanos. No se le permitió a sus padres ejercer la garantía de
audiencia, la sustrajeron por la fuerza y sin mostrar la orden de un juez.
Además fueron burladas y engañadas la
juez que ordenó su extradición sin demostrar la verdadera paternidad, la
policía federal al involucrarse de manera ilegal, así como la cancillería
mexicana y la Procuraduría General de la República, al presuntamente permitir
que la Interpol permitiera ejercer funciones en territorio nacional. Vino el
desmentido de Interpol que se deslindaba del operativo en Guanajuato.
Alondra regresó con sus padres en
Guanajuato, luego de practicarle exámenes de ADN en Texas, que comprobaron que
quien reclamaba la patria potestad y maternidad de Alondra, estaba equivocada.
No es sólo el “disculpe usted”, es el
cómo es posible que una presunta autoridad internacional como lo es, la policía
internacional o Interpol, pueda disponer de lo necesario, en bienes y recursos,
para tomar a cualquier mexicano y de manera ilegal llevarlo sin su
consentimiento y con la permisibilidad de las autoridades mexicanas para ser
sujeto a lo que sea. Afortunadamente estuvo documentado con un video de un
teléfono celular, que captó esas imágenes.
Esto viene a demostrar que todavía está
lejos la política de derechos humanos en México; que en la discrepancia que
hizo suya la cancillería mexicana con Juan Méndez, relator de Naciones Unidas
sobre tortura, tiene razón el enviado de la ONU y otros temas más.
No obstante lo anterior, aspiramos a ser
una sociedad de primer mundo, en donde todos los ciudadanos puedan acceder a estándares
políticos, económicos y sociales de vida de primer mundo, pero con unos
derechos humanos de tercer mundo. ¿Es posible convivir con esta paradoja?
