La Cámara Baja aprobó la Ley General de
Transparencia que obliga a hacer pública toda información producida por quien
ejerza recursos públicos.
Bajo esta nueva disposición, los
senadores, diputados federales y locales estarán obligados a informar las
remuneraciones completas que reciben, sus dietas, bonos, ingresos,
compensaciones, prestaciones, gratificaciones, primas y comisiones, excepto las
subvenciones para los grupos parlamentarios, como los apoyos por Ricardo
Monreal por aprobar la reforma energética.
De estas subvenciones es también de donde
han salido recursos destinados a las campañas políticas.
Además, obliga a transparentar a cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los
municipios.
Partidos políticos, sindicatos y
cualquier organismo que reciba recursos públicos deberá transparentar cómo los
utilizan y no se podrá reservar información sobre violaciones graves a derechos
humanos, creándose el Sistema Nacional de Transparencia.
Esto podría significar que Elba Esther
Gordillo seguirá en la cárcel y que algunos dirigentes del PVEM deberían estar
en la mira por violar sistemáticamente la Ley electoral para beneficiar a ese
partido, sin que la autoridad electoral le diga algo.
Per como siempre y en la ignorancia, se
clasifica como reservada la información cuya divulgación represente un riesgo
en materia de seguridad nacional o a las políticas monetarias y financieras del
país. El legislador no precisó qué se debe de entender cuando se clasifica la
información como de seguridad nacional, y por tanto, se abusa del concepto
generalizando la información.
Esta Ley se complementa con el Sistema
Nacional Anticorrupción que se encuentra en el Senado para aprobarse en esta
semana, pero carece de algunos temas que parecen torales.
Por ejemplo, omite la regulación sobre el
conflicto de intereses, cuyo tema ha sido ampliamente explotado en los temas de
la Casa Blanca, la Casa de Malinalco, por citar algunos.
No se ha eliminado el uso de dinero en
efectivo para las campañas políticas, ni el fuero para servidores públicos que
cometan este delito. Tampoco se incorpora la SHCP al mecanismo anticorrupción,
ni obliga a los candidatos o servidores públicos a presentar declaraciones
patrimoniales, de impuestos y de intereses.
Es un buen avance en mecanismos de
anticorrupción y transparencia, pero parece que fue voluntad del legislador,
seguir conservando algunas áreas obscuras. No es necesario extenderse para
comprender que en aquellas áreas ignoradas, es donde pudieran haber encontrado
nuevos nichos y áreas de oportunidad para generar corrupción.
Trascendió que la aprobación del tema de
transparencia no fue del agrado de gobernadores y que hicieron todo lo posible
para evitar ser inspeccionados.
No es ningún favor, ni graciosa
concesión, mucho menos un acto de caballerosidad de la clase política. Se trata
de un acto para moralizar a la ciudadanía, agraviada por las corruptelas y
cinismo de quienes dicen defender la Ley.
Los bienes inmuebles del exgobernador de
Oaxaca, José Murat; la casa blanca, los viajes de las hijas del presidente del
PAN, Gustavo Madero; los moches; la línea 12 del metro; sobre compras en
ayuntamientos, IMSS, ISSSTE; corrupción en CFE, Pemex y vaya usted a saber qué
dependencia federal, estatal o municipal no se salva de esto.
No sólo esto. Mientras no se reforme el
sistema de justicia para adecuar los tipos penales a las nuevas disposiciones
en transparencia y anticorrupción, seguirá existiendo impunidad, la palabra
favorita de muchos integrantes de la clase política y sus candidatos, en el que
nuestro país ocupa el vergonzoso segundo lugar en el Índice Global de Impunidad
(IGI) 2015.
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