Principios en la impartición de justicia

Como sabemos, el Procurador General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alberto Bazbaz Sacal, presentó las conclusiones del caso de la niña Paulette Gebara Farah, en el que señala que su muerte fue debida a un accidente, poco creíble.

Desde un principio divulgó a la opinión pública el estado en que se encontraba el tema, por lo que no puede sentirse linchado, dado a que afirmó a la opinión pública que había sido homicidio cuando resultó accidente. El peor de los errores de la PGJEM fue haber llevado sus hipótesis a los medios de comunicación.

La señora Lizette Farah fue indiciada y arraigada como probable responsable del homicidio de su hija: “Se trata de una investigación de homicidio y Lizette Farah es la única indiciada”, dijo el exprocurador Bazbaz.

A salir de su arraigo se dedicó a dar entrevistas de periódicos, radio y televisión, muy preocupada en estas últimas porque le hicieran ensayos previos “para salir bien”.

Hizo pública su vida privada: afirmó que un cuñado le ofreció 500 mil dólares y un boleto de avión a cambio de que dijera dónde había ocultado a la niña; señaló a su esposo como un “cabrón” por acusarla de matar a su hija y de introducir el cadáver en un bulto dentro de la casa, y que él ya no estaba contento con la relación marital que llevaban; no sin antes ver cómo en el sepelio y entierro estuvieron separadas ambas familias.

En el procedimiento, se difundió la conclusión de la prueba del polígrafo, en la que salieron reprobados tanto el papá como la mamá de Paulette. El exprocurador dijo que una comisión de científicos explicaría si un cuerpo de nueve días sin vida podía no expedir mal olor.

En la reconstrucción de hechos, nadie se percató de la presencia del cuerpo de la menor a la orilla de la cama: Insólito. Las trabajadoras domésticas de la casa Gebara Farah, dijeron que no había ningún cuerpo.

La conclusión del caso no aclara debidamente su muerte ni ventila el desarrollo del procedimiento jurídico. Al final de la jornada: su renuncia y que ésta no constituye el fin del asunto. Todavía no está resuelto. El nuevo procurador deberá tomar las riendas y conducirnos a la verdad.

No es el único caso. El entonces subprocurador especial del caso Colosio, Miguel Montes García, comenzó con la hipótesis de una “acción concertada” pero terminó disculpándose; en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, las declaraciones de Juan Sandoval -según la investigación de un periódico nacional-, culpa a una serie de personajes públicos y a organizaciones, como los masones, mormones, la Iglesia La Luz del Mundo, a los ninjas -aunque no lo crea-, y hasta la casa de Moneda (por circular un billete con la imagen de Plutarco Elías Calles, por ser anticlerical), según la fuente consultada.

En febrero de 2007 murió la indígena veracruzana Ernestina Ascensio Rosario, presuntamente violada y torturada por soldados y cuyo certificado de defunción, arrojó que un traumatismo craneoencefálico y una anemia aguda producto de una hemorragia (resultado a su vez de un ataque sexual), fueron las causas de su muerte, trayendo consigo una serie de variadas declaraciones: el presidente Calderón atribuyó su muerte a una "gastritis no atendida"; el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, dijo que "fue un crimen, no deceso natural" y el entonces ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, dijo que fue "anemia".

Así como estos casos, hay otros, como el de las explosiones de Guadalajara en 1992, los bebés fallecidos en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo en Sonora, entre otros.

No hay razón para que la PGJEM engañe a la opinión pública, aunque la carrera Bazbaz ha concluido y su nombre se relaciona con el descrédito.

Existe un principio de orden que señala que “De lo sublime a lo ridículo, sólo hay un paso”. En el caso Paulette, de la seriedad de las investigaciones por la naturaleza e impacto del caso, se convirtió en desconcierto, decepción y hasta broma de la ciudadanía hacia las autoridades de la PGJEM y la familia de Paulette.

El mensaje ciudadano

Hay elementos para suponer que la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, es una presión política al Estado mexicano, en virtud al peso político que representa el también llamado Jefe Diego, cuando al interior del gabinete presidencial hay dos Secretarios de Estado que pertenecen a su grupo: el Secretario de Gobernación y el Procurador General de la República, Fernando Gómez Mont y Arturo Chávez, respectivamente.

Además de las múltiples hipótesis de su extraña desaparición, su ausencia ha provocado una serie de reacciones en redes sociales, que van desde la descalificación política por haber dado su consentimiento, -para incinerar las boletas electorales de la elección presidencial de 1988 o para aprobar el FOBAPROA-, hasta el insulto o escarnio público por la presunción del enriquecimiento producto del tráfico de influencias, es lo que los usuarios expresan en los mensajes enviados.

Televisa a través de su noticiero nocturno, comunicó la decisión de esa casa informativa, de no volver a informar, hasta su desenlace; otros medios optaron darle seguimiento al tema y algunos otros junto con articulistas, decidieron increpar a la ciudadanía por su manera de pensar. 

Mientras todo esto sucedía, el presidente Felipe Calderón iniciaba su gira por España para recibir del gobierno ibérico, el estandarte con la imagen de la virgen de Guadalupe  que enarboló Miguel Hidalgo en 1810, tomado como trofeo de guerra por los realistas durante la Batalla de Puente de Calderón, muy cerca de Guadalajara; y en los Estados Unidos de Norteamérica, se reuniría con el presidente Barack Obama y comparecía en el Congreso en Washington, D.C. con la ovación de los demócratas y el silencio de los republicanos.

La noche del jueves circuló en internet una fotografía en la que se presume que corresponde a la imagen de Fernández de Cevallos en cautiverio, quien sostenía un papel con un recado que no alcanzó a distinguirse.

Pero más allá del insulto, la descalificación o mofa de los usuarios en redes sociales, se trata de un mensaje ciudadano. Una recomendación discreta. Una forma de expresión ciudadana al hartazgo por los abusos de algunos personajes de la clase política, no de Diego.

No se trata de juzgar su proceder en tal o cual asunto público. El objeto de esos mensajes es dar a conocer la resistencia o hartazgo ciudadano por los abusos y prácticas injustas en que incurren ciertas personalidades de la clase política mexicana.

Hubo un mensaje muy especial. El 16 de enero de 1917, el Secretario de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmermann, enviaba un telegrama a su embajador en México, Heinrich von Eckardt, con una propuesta para que el gobierno mexicano se incorporara a una alianza de guerra contra los Estados Unidos: “Tenemos la intención de comenzar la guerra submarina sin restricciones a partir del primero de febrero. ... Para el caso de que no sea posible lograrlo, ofrecemos a México una alianza sobre las siguientes bases: guerra conjunta, tratado de paz conjunto, generosa ayuda financiera y acuerdo por nuestra parte de que México podrá reconquistar los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona perdidos en el pasado. ... Sírvase usted comunicar lo anteriormente dicho al presidente (de México), en el más absoluto secreto, tan pronto como la declaración de guerra contra Estados Unidos sea algo seguro, y sugiérale que invite inmediatamente, por iniciativa propia, a Japón para unirse y que haga de intermediario entre nosotros y Japón”, conocido como telegrama Zimmerman.

Consciente de la gravedad del asunto, el presidente Venustiano Carranza comisionó a uno de sus generales para verificar la validez del mensaje y sus análisis arrojaron que el resultado de una ofensiva mexicana para recuperar sus antiguos territorios sería desastroso y traería graves consecuencias políticas y sociales, además de provocar una nueva guerra con los Estados Unidos, por tanto, Carranza declinó la oferta de Zimmermann el 14 de abril de ese mismo año.

Por tanto, el mensaje proviene de la sociedad agraviada por el desempleo, crisis económica, la inseguridad y el hartazgo por el abuso de sus gobernantes. Diego sólo es el medio, no el objetivo.

¿Qué mensaje se daría si el desaparecido fuera un exmandatario?

Impotencia ciudadana

En un acto presumiblemente autoritario, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se negó -por el momento- a proporcionar los datos de las empresas y personas beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales, bajo el argumento de que la Constitución y el Código Fiscal de la Federación protegen la reserva de sus datos personales.

El argumento que esgrime, es que, mientras se resuelve de fondo el amparo interpuesto contra la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que obliga a divulgarlos, no es posible otorgar esa información, calculada en más de 559,000 nombres de personas físicas y morales con la cancelación de créditos fiscales por un monto alrededor de 73,900 millones de pesos dejados de cobrar en el ejercicio 2007 y que equivale a dos veces el presupuesto del Poder Judicial de la Federación,  2 veces el de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, al presupuesto de SAGARPA, de SEDESOL, por citar algunos ejemplos.

Es inocente pensar que el SAT desea esperar hasta que se resuelva el fondo del amparo interpuesto, cuando ha señalado algunas de las razones para cancelar dichos créditos -como cartera irrecuperable-, en los casos de muerte del deudor o su desaparición, quiebra de la persona moral, entre otros semejantes.

A veces el ciudadano es impotente ante las decisiones del poder, como la denuncia que hizo el exgobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, ante la cancelación de su cuenta bancaria en Banamex en marzo pasado, sin más razón que la sospecha no documentada de realizar algún tipo de actividad irregular.

Siempre hubo personajes que en vez de mirar la impotencia que causaba las decisiones del poder, tomaron manos a la obra: Leona Vicario, -la primera mujer periodista de México-, quien con recursos propios, suministraba de provisiones de boca y guerra al ejército insurgente, trató de convencer a los mejores armeros vizcaínos de que se unieran a la guerra de independencia, distribuía la correspondencia rebelde, recibía en su casa a los jefes insurgentes, ayudaba a las familias de los apresados y fue miembro de la sociedad secreta de Los Guadalupes, protectora de los rebeldes.

Mariano Salazar, un arriero, delató a Leona Vicario ante la perversa Inquisición: El 13 de marzo de 1813 era interrogada por el sacerdote Matías Monte Agudo, quien dice de Leona Vicario, que “No tembló ni un ápice ante mi presencia ante mis amenazas de prisiones, castigos, de excomuniones... ¡Y me sostenía la mirada!”.

Fue rescatada de su cautiverio haciéndose pasar por una negra y entre su vestido escondió una pequeña imprenta, uniéndose al ejército de Morelos en compañía de su esposo, Andrés Quintana Roo, pero vivió entre penurias: su criada, María de Soto Mayor, señala que “Perseguía la niña Leona para limpiarle los mocos y lavarle la cara, a Juanito Nepomuceno, el hijo del señor Morelos”.

Cuando su principal medio de expresión era la escritura, se comunicaba mediante el periódico El Ilustrador Americano, tomando los nombres de sus personajes literarios favoritos para aplicarlos a los insurgentes.

Al término de la guerra, el Congreso en 1822, le restituyó parte de sus bienes consagrados a la lucha. A su muerte, el presidente Santa Anna formó una comisión para escuchar opiniones para declararla como “Dulcísima Madre de la Patria” y sepultarla con funerales de Estado.

En las comparecencias de la comisión, nunca antes se había visto llorar a un Benemérito de la Patria, pero su esposo, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Andrés Quintana Roo, demostró que los héroes también son humanos: “¡Le he dado todo a mi patria! ¡Todo! ¡La vida misma  le daría! ¡Pero no la de Leona!”.

En las deliberaciones de los vocales, uno de los escribanos de la comisión -el bachiller de apellido Lerdo de Tejada- interfirió en el regaño presidencial de Santa Anna a sus integrantes, para señalar que por su cuenta se había adelantado en la elaboración del dictamen.

Santa Anna felicitó al jóven bachiller Lerdo de Tejada y lo conminó a participar en política, pero él se negó y lo firmó por escrito. 30 años más tarde la vida le cambió al bachiller de nombre Sebastián, al ser Presidente de la República.

La estrategia de prensa de la actual administración

La percepción ciudadana sobre el combate a la delincuencia organizada es, totalmente opuesta a la gubernamental. Si se percibiera un gobierno vencedor en esta lucha, la ciudadanía se sentiría más segura y menos propensa a creer en rumores y versiones que desatan histeria colectiva, sin que la autoridad intervenga en una seria contraofensiva en redes sociales o mediática.

Como los mensajes en redes sociales que alentaban a la sociedad de Cuernavaca en Morelos, para no salir de sus casas, bajo el pretexto que se daría un enfrentamiento entre bandas de delincuentes, el pasado 17 y 18 de abril. Lo anterior, un claro ejemplo del mal uso de las redes sociales, frente al exitoso caso de Aurelie Valtat, -editora de la página web de Eurocontrol-, como una de las principales fuentes de información para pilotos, pasajeros y periodistas, durante la crisis ocasionada por la emisión de cenizas de un volcán en Islandia, que paralizó por una semana los vuelos aéreos en Europa, en esas fechas.

Otro ejemplo lo constituyó el fallido intento del procurador de justicia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), general José Luis Chávez García, para persuadir a la opinión pública, que las lesiones que provocaron la muerte a los menores Martin y Bryan Almanza Salazar, fueron producto de las granadas lanzadas por sicarios, y no por elementos del ejército, aunque de inmediato, la madre de los pequeños acusó con un ¡miente!, a las declaraciones de procurador militar.

Además, la errada rueda de prensa que citó la Procuraduría General de la República (PGR), para explicar la muerte de los estudiantes Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, en medio de una balacera entre militares y narcos en el campus del Tec de Monterrey.

Con una duración de casi 75 días, fue sitiado en 1812 Cuautla en Morelos, bajo el mando del realista Félix Calleja, lugar donde por primera vez se usó el toque del clarín para dar órdenes a la tropa realista, contra la posición de José María Morelos.

El Siervo de la Nación, encabezaba mil infantes y dos mil jinetes de las brigadas de Galeana; los hermanos Bravo con soldados nativos de Chilpancingo y Matamoros, con una temible fuerza de rancheros, arrieros y campesinos, armados de hondas, machete y lanza. Todo esto con 16 piezas de artillería, ganado y comida.

Entre sus subalternos, Morelos tenía la fama de irresponsable, quienes constantemente se preocupaban de que al Generalísimo no se le ocurriera alguna locura, -como la de no marchar en sus exploraciones personales más allá de un punto ubicado-, dado a los Bravo, Galeana y Matamoros.

A los dos meses de sitio, las fuerzas habían menguado en ambos bandos: en los insurgentes, para comer, un gato valía seis pesos, una iguana veinte; se comieron lagartijas y hervían cueros para hacer caldo, pero el ánimo no decaía en los insurgentes: los sitiados cantan “Por un cabo doy dos reales / por un sargento un doblón /  y por mi general Morelos / doy todo mi corazón”.

Una tropa de realistas estuvo a punto de tomar la ciudad, pero un niño de 12 años, llamado Narciso Mendoza -el niño artillero- hizo estallar un cañón, con el que los realistas huyeron. 

Además de Narciso Mendoza, Juan Galeana llevaba un pequeño cañón llamado “El Niño”,  que había sido adquirido a unos náufragos y era usado para lanzar salvas en las fiestas religiosas de Técpan, llamado así, por su tronar, como el rugido de un niño.

Estuvo de moda hacer “santiaguitos”, que consistía en acercarse a las filas enemigas, enlazar a un soldado realista y arrastrarlo con caballo hasta las trincheras insurgentes.

Para lograr esto, Morelos, cuyo ejército insurgente estaba necesitado de obligar a los realistas a gastar parque, pedía voluntarios para que se acercaran a las trincheras enemigas y provocaran los disparos de los españoles.

Como en la guerra y en el amor, todo se vale, entre los voluntarios a tan peligrosa misión, estaba una mujer: María Reyes. Una insurgente que se acercaba a las filas de los gachupines, se levantaba las enaguas mostrándoles las nalgas a los realistas y provocando sus disparos.

Seguramente esta mujer salió ilesa, ya que con el tiempo, fue juzgada por la Inquisición y encarcelada durante cinco años por tan osados actos.

Tras la batalla, Morelos acudió a cada una de las casas atacadas, a dar dinero y víveres a los afectados.

Estas fueron algunas de las estrategias de Morelos.

Ley antiinmigrante, ¿justa o injusta?

En un acto xenofóbico y como una presunta medida para combatir la inseguridad y el narcotráfico, la gobernadora del estado norteamericano de Arizona, Jan Brewer, promulgó la Ley SB1070 que convierte en criminales a inmigrantes indocumentados.

Todos los ámbitos nacionales, algunos internacionales y sus autoridades como el presidente Barack Obama, han mostrado preocupación por esta legislación, en la que otorga a los policías locales, facultades para arrestar personas, si se tiene la mínima sospecha, ya sea por el color de la piel o apariencia, de que se trata de indocumentados.

En un sistema que se precia de tener una de las democracias más modernas del mundo, -como la norteamericana-, seguramente para la gobernadora Brewer, pareciera justa su legislación, aunque por el contenido y alcance, Arizona no ha superado el tema del racismo, paradójicamente en una país fundado por inmigrantes.

Pero, como en “casa del jabonero, el que no cae resbala”,  recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), enmendó la plana y otorgó el beneficio de la libertad a las indígenas otomíes Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, quienes purgaban una injusta condena de 21 años de cárcel, por el delito de secuestro en contra de 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), exactamente el mismo caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, liberada en septiembre pasado.

Según las averiguaciones del Ministerio Público Federal, arrojaron que las indígenas otomíes fueron capaces de luchar cuerpo a cuerpo con agentes entrenados, quitarles sus armas de cargo, someterlos pese a la superioridad en número y fuerza masculina de sus oponentes y hasta secuestrarlos, lo que presupone que tenían una casa de seguridad para retener a sus cautivos.

La historia no se equivoca. Tanto la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), no han volteado al pasado para comprender el porqué el ejército de Oriente ganó la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862; la respuesta: por la participación de una fuerza de indígenas zacapoaxtlas, en la que el general republicano Miguel Negrete se dirigió a los 1,500 indios de la sierra norte de Puebla, diciéndoles: “Muchachos, nos vamos a batir con los que se dicen los primeros soldados del mundo, pero ustedes deben de demostrar que nosotros somos los primeros por el derecho que tenemos de nuestro suelo”, por lo que han vivido en el error en sus estrategias en el combate al crimen organizado y no han sabido valorar el reclutamiento de indígenas en su personal operativo.

Imagínese usted, que con un batallón de unas 250 indígenas, -como Jacinta, Teresa o Alberta, por supuesto-, se acabarían los problemas de inseguridad en el país, y con eso, le demostraríamos a la gobernadora Brewer que los indígenas son hasta mejores que sus policías.

Los indios son fieles a su país: Además del ejemplo de la batalla de Puebla y para lograr la revolución de Ayutla iniciada en 1854, el hijo del futuro presidente Juan Álvarez, de nombre Diego, reclutaba indios para formar tropas en Texca, -hoy Acapulco en Guerrero-.

Cierta ocasión, un indio zapoteca pidió su alta para combatir a Santa Anna: Benito Juárez. Al llegar al puesto de reclutamiento y preguntársele su nombre, se limitó a decir “Sabiendo que aquí se pelea por la libertad, he venido a ver en qué puedo ser útil”. A Juárez se le dotó de un calzón de manta y un cotón, un cobertor de cama y un par de botas.

En el campamento de rebeldes de Ayutla desconocían que Juárez, -para entonces-, era abogado y había sido diputado, juez y gobernador de Oaxaca.

Cierto día, llegó una correspondencia al campamento, dirigida al licenciado Benito Juárez. Diego Álvarez, al darse cuenta del personaje que se encontraba entre sus filas, le pidió disculpas por haberlo tratado con indiferencia, diciéndole “Usted es uno de los políticos más brillantes y le hemos dado vestimenta de indio”, Juárez, -con sentido del humor-, le respondió: “será que lo parezco, ¿o no?”, y en un acto de humildad prosiguió: “a la Patria lo mismo se le sirve de gobernador que de estafeta”. Diego Álvarez lo nombró su secretario.