¿Quién da más?

Hace unas semanas, y en el marco de su liturgia dirigida a las internas del centro penitenciario de Santa Martha Acatitla del Distrito Federal, el arzobispo de México, Norberto Rivera Carrera, hizo un comentario desafortunado en relación con el ejercicio del periodismo en México, llamando a quienes de alguna u otra manera, tomamos la pluma y plasmamos nuestros pensamientos, con el adjetivo de prostitutas o prostitutos; cuando, a juicio del purpurado, de igual forma se acusa a los sacerdotes de algunas actividades ilícitas por lo que no se puede decir que todos son iguales.

A lo anterior, se sumó el Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, a los calificativos vertidos por el jerarca católico, en una franca muestra de intolerancia política y fanatismo religioso de quien se supone juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Empero, que fue desafortunado el comentario de Don Norberto Cardenal Rivera porque desvió el propósito eminentemente espiritual o teológico y abordó un terreno del cual, siente que la justicia le llegó en el mejor momento, cuando los Tribunales de Los Ángeles en California, no lo exoneraron, sino que se declararon incompetentes de conocer los delitos de pederastia, que presuntamente se le inmiscuyen a su Eminencia, por proteger al sacerdote Nicolás Aguilar Rivera denunciado por más de 70 personas por violación, en el ejercicio de su “bien intencionado” báculo pastoral.

En California se han pagado más de 500 millones de dólares en indemnizaciones por abuso sexual cometido por sacerdotes católicos. En noviembre pasado por ejemplo, los jesuitas pagaron cerca de 50 millones de dólares a un poco más de 100 esquimales como compensación por ese tipo de delito que perpetraron contra ellos, y que en México no encuentran eco las víctimas a su justo reclamo de justicia, aún cuando carecen de fuero eclesiástico, suprimido el 30 de noviembre de 1855.

La historia no es de unos meses a la fecha. En el Archivo General de la Nación se encuentran no pocos documentos que hablan del abuso en que los clérigos católicos, que con el consentimiento de la Corona Española, hicieron de las suyas luego de la conquista de México – Tenochtitlan. Una persona de nombre Miguel Hernández, de Huamuxtitlan en Guerrero, se dirigió en agosto de 1595, en formal queja al Rey de España, reproduciendo lo que el sacerdote ofreció a su esposa, como sigue: “…Hija mía, si acaso conmigo pecas, te daré dinero y tu camisa y tus faldas…”.

Ahora bien, luego de casi 250 años de abusos, el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México fue abolido por las Cortes liberales de España, en un decreto del 8 de junio de 1813, que además de suprimir la magistratura, prevenía que fuesen puestos en libertad los presos por opiniones políticas o religiosas, así como los bienes y rentas de éste quedaban incorporados al tesoro nacional, lo que significa que antes de que Benito Juárez nacionalizara los bienes eclesiásticos, la Corona Española había hecho lo propio.

Recientemente, cuando El Vaticano en un acto de buena voluntad, pidió perdón por los abusos y excesos de la inquisición en América Latina de los siglos XVI a XIX, la iglesia católica mexicana mantuvo silencio.

Luego de la insurrección de la independencia encabezada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, la inquisición mexicana mandó publicar el 13 de octubre de 1810 un edicto, bajo pena de excomunión, dirigido en contra de Hidalgo y demás insurgentes como José Luis Torres “El Amo”, defensor de la batalla del puente de Calderón en Guadalajara; al sacerdote de cuyo segundo apellido toma el nombre de Ahualulco en Jalisco, José Luis Mercado; Mariano de Abasolo e Ignacio Allende, entre otros; en los que se les acusa de sediciosos, cismáticos y herejes formales.

Ante estos oprobios de la inquisición mexicana, por Cédula Real núm. 153 del 12 de abril de 1815, el Ministerio de Gracia y Justicia prohíbe, que los sacerdotes en los púlpitos, pasen a referir noticias ajenas de la Cátedra del Espíritu Santo, con el objeto de formar opiniones y partidos, distintas de la palabra de Dios. Repito, distintas de la palabra de Dios. Insisto, distintas de la palabra de Dios.

No se omite en señalar la lucha cuando fueron promulgadas las Leyes de Reforma durante el mandato del expresidente Benito Juárez, al ser nacionalizados los bienes del clero y excomulgado también por la iglesia; las diversas expulsiones del país del arzobispo de Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez, ungido en la mitra cardenalicia el 9 de febrero de 1913, al promover la desobediencia civil y política; la madre Conchita quien ofreció a bendecir el arma con el que fue asesinado el expresidente Álvaro Obregón; el caso del líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel; las amenazas de excomunión a los Diputados locales en el D.F. que apruebaron el aborto reglamentado; entre otras más cosas por ahí archivadas que esperan su momento oportuno de divulgarse a la opinión pública.

Luego entonces, algunos de “los humildes pastores” del clero no necesitan de reformas constitucionales para hablar durante sus omilías de lo que quieran y cuando quieran. No de todos, como dijo don Norberto Cardenal Rivera, pero esos malvados, perversos, ruines, bajos, aprovechados, que viven alejados del modo de vida de Cristo, como los ejemplos que hay en la historia de nuestro país, necesitan prostituirse y vender “perdón divino en la vida terrenal” al mejor postor.

Hay dispense

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado “B” del artículo 123, todos de la Constitución General de la República, siendo turnado al Senado, pero después de los debates correspondientes, fue regresado a la Cámara Baja con algunas correcciones.

Se incrementa el arraigo a 40 días, pudiendo prorrogarse hasta por 80. En el caso de delincuencia organizada, el Ministerio Público podrá tener acceso a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral o cualquiera que se considere reservada.

Con intensos debates, se aprobó que la policía pueda ingresar, sin orden judicial, a un domicilio, siempre y cuando se tenga información de alguna amenaza a la vida o integridad de una persona en su interior; dando aviso inmediato del acontecimiento. Se reitera que las comunicaciones privadas son inviolables.

También establece que el Poder Judicial contará con jueces de control, que resolverán las medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que con carácter de urgente haya necesidad de resolver. Además, las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en persona alguna el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica.

Además, las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, “disciplinado” y “profesional”. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública y sujetarse a las siguientes bases: la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; el establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública; y, la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

La confiscación inmediata de bienes, procederá en los casos de delincuencia organizada, además de delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, siempre y cuando sean objeto o instrumento del delito; que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito; que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo, o bien, que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

En los artículos transitorios se establece que el sistema de reinserción a la sociedad entre en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria, sin exceder el plazo de 3 años a partir de su publicación, además, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro de seis meses contados a partir de la publicación, y las entidades federativas a más tardar en un año, entre otras disposiciones reformadas.

Tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, el común denominador fue que los Grupos Parlamentarios que impulsaron estas reformas lo fueron, el de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, principalmente, y con posiciones divididas se hallaban el de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista y Convergencia, representado en el Senado, además de Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata en Cámara de Diputados.

De estas reformas regresadas a la Cámara de Diputados, para el común denominador de los ciudadanos, preocupa el hecho de que la autoridad policial pueda acceder a cualquier domicilio, sin necesidad de que haya de por medio autorización de juez alguno, lo que significa, en todo caso, que el domicilio sí es violable, condicionado al criterio u opinión de un policía, que en múltiples ocasiones se ha demostrado el abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, se pretende que un simple “disculpe usted” sea suficiente para resarcirle los daños y perjuicios que sobre su persona y bienes recaiga, por tanto, ahora la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones recaerá en los titulares de seguridad pública de estados y municipios, para evitar actos bárbaros de los cuales, actualmente, contamos con bastantes ejemplos.

El nuevo COFIPE

En septiembre de 1977, el presidente José López Portillo presentó al Congreso, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue al parteaguas en la vida política del país: la reforma electoral, además de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Partidos Políticos y de Procesos Electorales, cuya principal aportación fue la de permitir el ingreso a la vida institucional de fuerzas políticas antes proscritas y propició su representación en los órganos legislativos, misma que en 1996 fue sustituida por el primer Código Federal Electoral y que en 1990 dio paso al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral (COFIPE).

En ese entonces, la diputación federal del Partido Acción Nacional, en voz del legislador Jorge Garavito Martínez, decia “…rechazamos el proyecto en lo general, porque no cambia el sistema, persiste el mismo sistema, la decisión de que el grupo que actualmente detenta el poder, no lo abandone. Por eso estamos en contra…” aunque con el tiempo, su partido ha salido beneficiado con innumerables diputaciones por el principio de representación proporcional hasta permitirle, como ahora, ser la primera fuerza en el Congreso, sin ser mayoría absoluta.

En días pasados, El Congreso aprobó la iniciativa, que abroga y expide el nuevo COFIPE, con modificaciones substanciales producto de la última elección federal del 2006. En los cambios de fondo al nuevo COFIPE, uno de los más relevante se refiere a la posibilidad de que, tratándose de coaliciones, los partidos que las integran puedan convenir la aportación de votos suficientes para que cada uno de ellos cumpla el requisito del 2% de la votación nacional emitida, siempre y cuando los partidos que resulten beneficiarios de tal medida hayan obtenido, por si mismos, al menos el 1%.

Se establece en el COFIPE, un nuevo capítulo en el que se contienen las obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia y acceso a la información, la forma en como los ciudadanos accederán a la información de los partidos y aquella que no será pública por ser confidencial o reservada, o bien porque atañe de manera directa a las decisiones de estrategia política o electoral que cada partido adopta.

En materia de la creación y registro legal de nuevos partidos se propone, por una parte, la adecuación obligada a las disposiciones constitucionales en lo que hace a la no intervención de organizaciones gremiales, o de otra naturaleza, ajenas al sistema de partidos; se propone que el registro de nuevos partidos se realice cada seis años en el año siguiente al de la elección presidencial y que el derecho constitucional de asociación política se reglamente en el COFIPE de una forma amplia, no restrictiva, como corresponde a un derecho fundamental.

El tiempo asignado a los partidos, tanto en precampaña como en campaña, será distribuido conforme a la norma constitucional: treinta por ciento en forma igualitaria y el resto de manera proporcional a los votos obtenidos en la elección federal para diputados inmediata anterior; en el caso de las entidades federativas, la distribución proporcional se realizará considerando los resultados de las última elección para diputados locales en la entidad de que se trate.

En el año de la elección correspondiente, del tiempo a que cada partido tiene derecho, convertido en número de mensajes, por lo menos un 30 por ciento deberá destinarse a alguna de las campañas –presidencial o legislativa- que coinciden en el año de la renovación general de los dos poderes federales de elección popular. Además, en ese mismo año, las campañas se ajustarán al plazo de 90 días, y en elecciones intermedias a 60 días.

Se amplía el derecho a la información sobre las preferencias electorales de los ciudadanos a través de encuestas, reduciendo el periodo de prohibición para la difusión de las mismas de los ocho días previos al de la jornada electoral, hoy vigente, a tres días previos, lo que es compatible con el periodo de silencio que ordena la ley; y se propone los recuentos totales de votos, en los casos que la ley determine, y se establece que sean realizados en los consejos distritales. Bajo esta nueva modalidad, el Tribunal Electoral solamente podría ordenar recuento de votos respecto de casillas que no hayan sido objeto de tal procedimiento, sin causa justificada, en la sesión de cómputo distrital, entre otras disposiciones.

Además de lo anterior, esta por vencer el plazo para nombrar Presidente y Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), para que en su aplicación, los funcionarios tengan materia de trabajo en las nuevas disposiciones electorales próximas a entrar en vigor.

Los héroes de la pelicula

Cuando usted quiera evadir la acción de la justicia, sólo bastan un par de botellas de cognac para que, en el caso de la justicia federal, el juzgador le conceda la razón por si el asunto es atraído por el Pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, usted pueda seguir gozando de impunidad en el país del nunca jamás.

Así fue el caso en el que durante la sesión del pleno de la SCJN de días pasados, sus Ministros concluyeron eliminar el tema de pederastia, la tortura psicológica, entre otras transgresiones de garantías individuales, a la que fue sometida Lydia Cacho durante su traslado desde Quintana Roo hasta Puebla, por lo que concluyeron que no hubo violaciones graves a los derechos de la periodista, minimizando sus quejas e inmaculando en un halo de virtud y moralidad al gober precioso de Puebla, Mario Marín; así como al empresario textil Kamel Naciff.

Este caso se suma a los absueltos por la misma SCJN, como el del expresidente Luis Echeverría, presunto responsable de los hechos de 1968 y 1971, por lo que muy probablemente este sea el mismo fin que resulte del caso por los presuntos delitos de violaciones a las garantías individuales en Oaxaca, producto de la crisis social vivida meses atrás en esa entidad federativa, así que el gobernador Ulises Ruíz debe dormir tranquilo.

Además del llamado gober precioso en Puebla, recordemos que Jalisco tiene su procurador precioso, Tomás Coronado, al ser señalado también, por presunta pederastia a cargo de un menor de edad y su familia, y con la autoridad que le confiere la ley, impunemente el servidor público jalisciense ha instruído a sus subordinados a que duerma el sueño de los justos, la denuncia que, como espada de Damocles, pesa sobre el fiscal de Jalisco; al amparo del gobernador Emilio González.

Volviendo al tema, la sociedad se siente agraviada y desprotegida, carente de justicia por lo sucedido con la periodista Lydia Cacho; y por tanto, la acción de la justicia ha sido proscrita a un filosofal discurso de improcedencia jurídica, bajo el argumento de las tesis e interpretaciones de nuestros bien remunerados ministros.

Sin embargo, por la vía política falta que la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados dictamine la procedibilidad para juzgar políticamente al gober precioso y en unos meses verlo sentado en el banquillo de los acusados para que políticamente responda por sus presuntos actos de colución de funcionarios y demás delitos que resulten, entre ellos obstrucción de la justicia. Ojalá no quede impune como la solicitud de juicio político presentada en contra del Secretario de SAGARPA, Alberto Cárdenas Jiménez, por su presunta responsabilidad por la venta de menores de edad, durante su gestión como gobernador de Jalisco, petición que fue llevada al paredón legislativo en mayo de 2000.

A propósito del tema de la selección de Consejeros Generales para el Instituto Federal Electoral (IFE), en la que por cierto, compite Mauricio Merino, impulsado por el Partido Acción Nacional (PAN) e impugnado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al aprobar la sanción del escándalo del Pemexgate en contra de ese instituto político; Mireille Rocatti, ex titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quien es apuntalada por el Grupo Parlamentario del PRI; también se presentará como aspirante a una silla en el IFE, Genaro David Góngora Pimentel, Ministro de la SCJN, quien por cierto, el grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática puede impugnar, de manera institucional, al presentarse la sentencia en contra del gober precioso en el máximo tribunal del país. El tema del Ministro de la SCJN aspirante a Consejero es complejo, en virtud a que el Presidente de la República es quien debe autorizarle su ausencia como juzgador, y no sólo como un mero trámite administrativo en el Supremo Tribunal del país.

Más aún, como recientemente se esta aprobando las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), quizás sea el momento oportuno para que el Grupo Parlamentario del PRD en San Lázaro, pueda impulsar a alguna carta no sólo para Consejero, sino para la Presidencia del propio órgano electoral, aunque por el momento, nadie en ese bancada ha salido a realizar pronunciamiento alguno, pero, las condiciones y la mesa está puesta para que cualquiera de los 106 aspirantes puedan ser Consejeros, al tenor de interesantes negociaciones en la mesa de trabajo de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara Baja, para no dejar impune el tema de la pederastia y la violación a las garantías individuales, no sólo de la periodista, sino de cualquier ciudadano.

Rumbo al Bicentenario (2a. parte)

Con la renuncia del General Porfirio Díaz Mori al cargo de presidente de la República da por concluido, el 21 de mayo de 1911, la etapa de la historia de México conocida como “el Porfiriato”. Después de haber presentado su renuncia, el 26 de mayo sale del país el General Díaz Mori, junto con su esposa Carmen Romero Rubio, en el barco “Ipiranga” hacia Europa; falleciendo el 2 de julio de 1915 a la edad de 84 años en Francia. Sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse en París.

Posteriormente México vivió, durante varios años, terribles convulsiones políticas que pusieron en riesgo su futuro como República. Como ejemplo podemos decir que mientras en la Convención de Aguascalientes de 1914 se nombra como presidente provisional a Eulalio Gutiérrez, el General Venustiano Carranza lo desconoce; dicho acontecimiento genera que ese mismo año haya dos gobiernos: el carrancista y el convencionista. Un año antes, en 1913, Carranza había desconocido a Victoriano Huerta, quien llegó a la presidencia tras el asesinato de Francisco I. Madero.

Los sucesos políticos y sociales que dieron paso a la redacción, presentación, estudio, análisis, dictaminación, aprobación y promulgación del texto constitucional vigente fueron determinantes para que los 288 legisladores del Constituyente de 1917 pudieran reflejar en su articulado, el proyecto nacional que aún ahora tiene vigencia. El texto Constitucional vigente ha experimentado múltiples reformas para adaptarla a las necesidades especiales de los mexicanos en su devenir histórico, modificaciones producto de una sociedad dinámica y plural que, en la mayoría de los casos, se ha visto reflejada en nuestra Constitución.

La proclama de la “No Reelección” de Francisco I. Madero, producto de la revolución, fue materializada cuando el expresidente Abelardo L. Rodríguez promulgó, el 29 de abril de 1933, el decreto de reforma constitucional que evitaba la reelección inmediata en todos los cargos públicos de elección popular; proclama que aún tiene vigencia y arraigo en la cultura política de la población y clase política mexicana.

Posteriormente, tuvo verificativo el periodo conocido como el Maximato, que corrió de 1928 a 1934; llamado así al ejercicio presidencial de Plutarco Elías Calles, quien era conocido como el jefe máximo de la Revolución; Calles fungió como presidente en el periodo comprendido de 1924 a 1928; posteriormente le sucedieron tres presidentes que le fueron incondicionales: Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930; Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932; y, Abelardo L. Rodríguez, de 1932 a 1934, todos ellos subordinados en menor o mayor medida a los intereses y políticas del ex presidente Elías Calles, llegando la influencia a su fin, cuando Lázaro Cárdenas, luego de haber sido electo el primer presidente sexenal en 1934, lo expulsó del país en 1936.

Los artículos constitucionales que a la fecha no han tenido reformas son 35 y representan el 25% del cuerpo total de la Carta Magna, y que son el 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 23, 33, 38, 39, 40, 47, 50, 57, 62, 64, 68, 71, 75, 80, 81, 86, 87, 91, 118, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 129, 132 y 136; en contraste, los artículos constitucionales que más modificaciones han tenido son el artículo 73, que se refiere a las facultades del Congreso, con 53 reformas; y, el artículo 123, que legisla lo referente al trabajo y a la previsión social, con 22 modificaciones. Ambos representan únicamente el 1.4% del total de los 136 artículos que componen nuestra Constitución.

Por otra parte, el periodo presidencial en que más reformas se realizaron a la Carta Magna, fue el del expresidente Carlos Salinas de Gortari, con 61 reformas; y el periodo en que menos reformas se presentaron fue el del expresidente Lázaro Cárdenas, con sólo 14 reformas, en lo que paradójicamente, hay quienes convergen en la idea que estos dos periodos fueron los más prósperos del país.

Así que los investigadores tendrán suficiente información con los más de 110,000 volúmenes en la biblioteca del Congreso, sin contar una parte importante de material bibliográfico que se encuentra en proceso de catalogación y clasificación, con el propósito de aportar luz al conocimiento de estos dos célebres acontecimientos de nuestro país.

Rumbo al Bicentenario (1ra. parte)

Formalmente se encuentran instaladas y funcionando las comisiones del Ejecutivo Federal, del Senado de la República y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para la organización de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana; las que, dentro de sus múltiples objetivos, tienen contemplado realizar la publicación de obras literarias de trascendente valor histórico que evoquen el esfuerzo de todos aquellos mexicanos, hombres y mujeres, ilustres o no, por formar nuestra nación y que, por su significado, aportaron luz al desarrollo de la vida política, económica y social de México; etapas como el triunvirato, el primer y segundo imperio, la reforma, el porfiriato, el maximato y el desarrollo estabilizador, entre otros. Se guarda la oportunidad de mostrar al público documentos como los edictos, comunicados, órdenes y demás, emitidos por Hernán Cortés, Marqués de la Nueva España; Nuño Beltrán de Guzmán, Marqués de la Nueva Galicia y rival de Cortés; escritos acerca de la muerte de Pedro de Alvarado, llamado por los indios Tonatiuh (el sol), lugarteniente de Cortés y quien fallece por las lesiones recibidas al caerle un caballo encima durante la batalla en Nochistlán en Zacatecas, al conquistar la Nueva Galicia, hoy Guadalajara; todos documentos que obran en poder del Archivo General de la Nación. Anécdotas interesantes como la conquista, en Michoacán, de los tarascos (hábiles artesanos en orfebrería), en quienes los españoles encontraron un obstáculo difícil de vencer al verse frente a sendos mosquetones en manos de los tarascos, quienes lograron reproducirlos para su defensa y ataque. La sublevación por la independencia en 1810, encabezada por el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, a quien la historia en el mundo lo debe reconocer como el primer abolidor de la esclavitud y para cuya memoria se encuentra una placa alusiva a su logro en los costados de la puerta principal de Palacio de Gobierno en Guadalajara, ya que 50 años antes que Abraham Lincoln aboliera la esclavitud en los Estados Unidos, Hidalgo y Costilla lo hizo en México. Los actos en Dolores y Guanajuato, en Guanajuato; los de Morelia (antes Valladolid) en Michoacán; los del Cerro de las Cruces y Aculco, en el Estado de México; Guadalajara y Puente de Calderón, en Jalisco; y en el resto de el país que, siguiendo los pasos de Hidalgo en su persecución deben ser recordados. La instalación del Primer Congreso Constitucional, en enero de 1825; la supresión del Senado en 1845, debido a las diferencias entre centralistas y federalistas; la supresión del Senado y de la Cámara de Diputados por Victoriano Huerta, con la irrupción de militares en el recinto legislativo y la detención de 84 de los 110 diputados; y el cese de actividades de la Cámara de Diputados en 1863, a causa de la diferencia entre liberales y conservadores. La consolidación de la independencia en 1821, con su antecedente en el Congreso de Anahuac en 1813 instalado a convocatoria de José María Morelos y Pavón, donde presentó el Acta de Independencia y los Sentimientos de la Nación. En 1853 el expresidente Antonio López de Santa Anna convoca a un concurso para la creación del Himno Nacional Mexicano, resultando ganadores Jaime Nunó, con la música; y Francisco González Bocanegra, con la letra; y cuya primera estrofa se trata de la exclamación con la que los aztecas comienzan a repeler la agresión de los conquistadores en el sitio de Tenochtitlan. El emperador Fernando Maximiliano de Habsburgo, fusilado el 19 de junio 1867 a quien a pregunta expresa de uno de sus cercanos colaboradores de cómo ir vestido a su fusilamiento, éste le contestó: “No lo sé. Nunca he sido fusilado anteriormente”, y de cuya emperatriz, Carlota, se dice que es la autora y promotora, entre muchas otras cosas, de la Ley de Jornaleros de la época. El triunfo de Benito Juárez encabezando a los liberales en la Guerra de los Tres Años, llamada también Guerra de Reforma, en 1861. Luego de las hostilidades y una vez de regreso a la paz pública, el pueblo es convocado a elecciones de presidente de la República, y al no llegar a tiempo las actas al Congreso, erigido en Colegio Electoral, los diputados, anticonstitucionalmente, decidieron otorgarle el triunfo a Juárez por 61 votos contra 55. En 1871, una vez más Juárez gana las elecciones presidenciales y se resalta la anécdota discreta del general de Irineo Paz, crítico de Benito Juárez y abuelo de Octavio Paz, en la que dedicaba sus coplas al benemérito, como sigue: ‘¿Por qué si acaso fuiste tan patriota, estás comprando votos de a peseta? ¿Para qué admites esa inmunda treta de dar dinero al que en tu nombre vota?

De los Consejeros del IFE

El pasado 7 de noviembre, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de los diputados Carlos Chaurand Arzate y Dora Alicia Martínez Valero, pertenecientes a los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, respectivamente, por la que se modifica el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar a la Junta de Coordinación Política la Cámara baja a que establezca el procedimiento y la convocatoria para el nombramiento del presidente y dos consejeros del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

No tendría nada de relevante dicho acontecimiento, pero al ser presentada la iniciativa se aprobó la dispensa de todo trámite y fue aprobada en la misma sesión por 283 votos en pro, por lo que pasó al Senado para su análisis, discusión, dictamen y, en su caso, aprobación, esto es lo que genera suspicacias; pero al ser recibida en la colegisladora se le dio el trámite normal al ser turnada a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y a la de Estudios Legislativos, Primera; es decir, no tuvo el mismo entusiasmo para ser aprobada como en la Cámara de orígen, aunque no dormirá el sueño de los justos por la naturaleza de la propuesta, su envío a Comisiones manda una que otra señal y parece que los senadores discrepan del espíritu de armonía con la Constitución que debe prevalecer en toda reforma.

Ahora, la premura en la aprobación de la iniciativa arriba citada, se hizo para no esperar a que se presentara otra distinta que reforme el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), por lo que la Cámara baja cuenta con varios escenarios; uno de ellos implica someter a la consideración del pleno de los diputados la convocatoria y los requisitos para ser consejero electoral, sin necesidad de esperar a que se apruebe en Cámara de Senadores la minuta enviada.

Como acotación, el Senado aprobó con 70 votos a favor, en sesión del martes pasado, la minuta que contiene dicha iniciativa, pero la aprobó con cambios que modifican substancialmente el texto aprobado por los diputados; los cambios contemplan, entre otros, facultar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a que, por única ocasión, presente a su pleno el procedimiento y la convocatoria respectiva, no como atribución permanente e indefinida como se quiso aprobar. Aún así, una vez aprobada en el Senado fue devuelta a Cámara de orígen para su análisis.

En otras palabras, la responsabilidad recaería no en los coordinadores parlamentarios de la Cámara baja, como se establece en la modificación controvertida por los senadores, sino por el pleno de la Cámara de diputados, dado que la elección de los consejeros electorales es facultad exclusiva de los diputados y, por tanto, no habría que esperar al Senado; lo cual, si bien es cierto tiene sus justificaciones jurídicas, asentaría un mal precedente ahora que se presume la cooperación entre poderes.

Además, otro escenario de salida lo es, un anteproyecto de modificación al artículo 35-bis de la ley Orgánica del Congreso, por el que el Pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de su Junta de Coordinación Política, emita la convocatoria para que la sociedad proponga candidatos a los cargos de consejero Presidente y consejeros electorales del Consejo General del IFE; en la que deberá señalarse el plazo para la presentación de propuestas; los requisitos que, conforme a la Ley de la materia, deberán satisfacer los propuestos y los que deberán cumplir los proponentes, eligiendo primero, a quien deba ocupar el cargo de consejero Presidente y luego elegir a los consejeros electorales, en cuyas votaciones será necesario, al menos, de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión para ser aprobada.

El anterior se supone es el plan alterno de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja; en el que, además de Luis Carlos Ugalde, se presume la salida de las Consejeras Alejandra Latapí y María Teresa de Jesús González Luna Corvera.

De manera informativa, el martes pasado, Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma electoral aprobada, por lo cual, la Cámara de Diputados dispone de 30 días para realizar todo el ejercicio de nombrar Consejeros Electorales, así como los Congresos Locales, disponen de un término de 12 meses para adecuar el marco jurídico local.

Cabe recordar que el texto constitucional, en materia electoral, surge de a partir de la primera reforma, en diciembre de 1977, de los cinco cambios que hasta ahora ha sido sujeto el artículo 41 de la carta magna, por lo que, no obstante la reforma electoral recién decretada por el Ejecutivo, la facultad para designar a los Consejeros electorales del IFE, sigue siendo de la Cámara de Diputados.

Todo lo que empieza tiene su fin. Con la conclusión del periodo de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente, se termina un ciclo más en la vida institucional del IFE, comenzado de manera ciudadanizada en 1996 por José Woldenberg hasta su término en 2003, y antes bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación. Ojalá sea para fortalecer la institución y la democracia en el país.

Siguen las reformas

En el marco de los trabajos para la reforma del Estado, se han recibido 1,157 ponencias y generado 5,656 propuestas en concreto. Para el rubro de Garantías Sociales se presentaron 294 ponencias, para Democracia y Sistema Electoral 290, para la reforma del Poder Judicial 249, para Régimen de Estado y Gobierno 184 y para Federalismo 140 ponencias, por lo que actualmente se encuentran laborando los grupos de trabajo de la Subcomisión Redactora en la búsqueda de puntos de coincidencia para la redacción de las iniciativas que serán presentadas.

En otros tiempos, este proceso hubiera resultado de difícil progreso, por no decir que imposible, en virtud de la tajante división ideológica existente como, por ejemplo, en la manifestada en la guerra de reforma finalizada en 1860 bajo el mandato del presidente Benito Juárez quien convoca a elecciones para diputados y presidente de la República, en un intento por regresar a la normalidad de la vida republicana y a 3 años de vigencia de la Constitución de 1857.

En ese entonces, Juárez estaba al tanto de los avances del General González Ortega, jefe indiscutible del Ejército Liberal, al que acompañaban el general Ignacio Zaragoza y Leandro Valle, entre otros, quienes avanzaron contra la Ciudad de México para tomarla y dar por concluida la guerra de reforma, siendo enfrentados por Miguel Miramón cuando las tropas se encontraban en Querétaro, confrontándose el 21 de diciembre en las inmediaciones del pueblo de Calpulalpan. Tras dos horas de combate, los soldados conservadores se pasaron al enemigo gritando vivas a González Ortega, en tanto Miramón, junto con su Estado Mayor, derrotados emprendían la huída.

El general González Ortega dispuso que Benito Juárez fuera avisado hasta Veracruz del éxito de la contienda para que pudiera dirigirse a la Ciudad de México, a Palacio Nacional, cuando él lo dispusiera. A la llegada del mensajero al puerto de Veracruz, el presidente Juárez se encontraba en el Teatro Principal, donde recibió la noticia. La función se interrumpió, y Benito Juárez con entusiasmo dijo "Antes éramos independientes, pero no libres. A partir de hoy seremos también libres. Hoy podemos considerar que ha sido fundada la nación mexicana. Hoy empezará el proceso de fundación de una nueva patria. Hoy comenzaremos el proceso de transición de una sociedad feudal y teocrática a una sociedad moderna, contemporánea, la única con la que podemos satisfacer las necesidades del país” y prosiguió "Lo mejor de México está por venir. Hemos conquistado la gloria para todos y cada uno de nosotros. ¡Viva México!", gritó el presidente Benito Juárez. El público, puesto de pie, escuchó el anuncio de que la guerra había terminado después de tres años, y jubiloso, aplaudió.

Por su parte, el general González Ortega llegó a la Ciudad de México y, al frente de 20 mil hombres, se dirigió a la Plaza de la Constitución; cabalgando por sus calles, vio en un balcón del Hotel Iturbide al general Santos Degollado, conocido como "el héroe de las derrotas", a quien en gran parte se debió el éxito de la causa liberal. González Ortega detuvo el desfile y exigió la presencia del general guanajuatense Degollado a su lado, y ambos compartieron los honores del triunfo. Más adelante, por invitación de González Ortega, bajaron de su balcón para incorporarse al contingente Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada. Fue un momento inolvidable para la historia del país.

El presidente Benito Juárez llegó a la ciudad en un carruaje descubierto que aún se conserva en el Castillo de Chapultepec. Vestía de negro como era su costumbre. La gente se agolpaba para homenajearlo. Los "¡Viva Juárez!", "¡Viva la Constitución!" se escuchaban a su paso hasta que llegó a Palacio Nacional, desde donde dirigió un mensaje a la ciudadanía: "¡Mexicanos! Inmensos sacrificios han significado la libertad de la nación. Sed tan grandes en la paz como lo fuisteis en la guerra y que llevasteis a un término tan feliz y la República se salvará. Que se consolide, pasada la lucha, esa unión admirable con que los estados hicieron propicia la victoria. Que sea más profundo que nunca el respeto a la legalidad y a la Reforma, tan heroicamente defendida, y la obediencia a los poderes generales, que son la garantía de la Federación y de la nacionalidad mexicana”.

Prosiguió diciendo "Si ofrecéis el ejemplo de un pueblo libre que sabe darse y cumplir sus propias leyes; si cooperáis con nuestra firme voluntad al buen éxito de las medidas emanadas de una administración que ha sostenido con lealtad vuestra causa en tiempos azarosos, las enormes dificultades de la gobernación, aumentadas por la guerra, serán vencidas irremediablemente."

Así llegó a su fin la Guerra de Reforma. El costo pagado por los mexicanos había sido inmenso, pero valió la pena, porque si bien es cierto que México había logrado su independencia desde 1821, a finales de 1860 había conquistado su libertad. Esperemos que en la reforma del Estado que se está elaborando en el Congreso, se mantenga vigente y se enaltezca el espíritu de Don Benito Pablo Juárez García. Por México.

Ayuda norteamericana

En días pasados, el presidente norteamericano, George W. Bush, anunció ante el Congreso de su país un paquete económico de primera instancia por 500 millones de dólares (mdd) como apoyo para el combate al narcotráfico en México, que se ha conocido como “iniciativa Mérida”, como producto de los acuerdos durante la última visita del presidente del vecino país del norte en enero pasado a la ciudad blanca.

El total de esta ayuda asciende a un monto total de 1,400 mdd, a distribuirse en los próximos tres años; su objetivo es para la adquisición de equipo y material militar, sin embargo, ambas Cámaras del Congreso de la Unión tienen sus dudas al respecto de la buena voluntad del gobierno del país vecino y, para despejarlas, han decidido citar a comparecer a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza Cantellano, para que explique en qué consiste y cuáles son los compromisos que adquirirá el Estado mexicano con este tipo de ayuda.

Los legisladores tienen como principal duda, que el gobierno norteamericano podría utilizar este tipo de acuerdos de cooperación, como chantaje para que introduzca agentes, equipo e incida en las políticas públicas mexicanas en materia de seguridad y, con esto, se viole la soberanía nacional.

No son recientes estas inquietudes. Durante la década de los noventas los agentes de los cuerpos de inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia (C.I.A) y de la Agencia Antinarcóticos Norteamericana (D.E.A.), principalmente, gozaban de libertad de tránsito y de acción en el territorio nacional, quienes establecieron la estación México en las oficinas de la Embajada Norteamericana en Paseo de la Reforma y, como antecedente, en la década de los sesenta se dirigió parte de la política de la guerra fría en contra de la ex U.R.S.S. y Cuba desde ese lugar.

Ahora bien, México ha enviado a Estados Unidos a 1,760 militares, entre miembros de la Armada, del Ejército y Fuerza Aérea, para capacitarse en distintas áreas del quehacer militar. México cuenta con casi 193,000 efectivos militares de los cuales, 144,000 pertenecen al ejército, 45,000 a la marina y casi 12,000 a la fuerza aérea, y que en su conjunto ejercen un presupuesto de 3,350 mdd. Hasta octubre del 2006, las fuerzas armadas tenían alrededor de 1,200 vehículos, entre tanques, tanquetas, hummer’s, y vehículos de reconocimiento adquiridos en Francia, Suiza Alemania, Bélgica y Rusia; 200 vehículos de artillería antiaérea adquirida en Yugoslavia, principalmente.

En términos de la armada, nuestro país tiene 2 destructores, 7 fragatas, 49 barcos patrullas, principalmente. La fuerza aérea tiene 10 aviones de combate F-5, 1 avión Hércules y 120 helicópteros, básicamente. Desde luego, hay más equipo y material.

Esta ayuda podría ser la tan esperada oportunidad del Pentágono para que México se incorpore al U.S. Northern Command (NORTHCOMM, en inglés) y que esta compuesto por las fuerzas armadas de nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, con el propósito de coordinar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, luego de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York y del mismo Departamento de Defensa en Washington, D.C. en septiembre de 2001, y a cuyo comando, las fuerzas armadas mexicanas se han negado a pertenecer. Hay trato institucional pero no hay política de coordinación entre el Pentágono y las fuerzas armadas mexicanas.

Más allá de buenas intenciones con el futuro del “Plan México” o “iniciativa Mérida” que está gestando el gobierno norteamericano, uno de los principales objetivos es la actualización del equipo y material para las fuerzas armadas, sin embargo, el objetivo a futuro debería ser que en México ambas Secretarías de Estado dedicadas a resguardar la soberanía nacional, una en tierra y aire y la otra en el mar, se fusionaran en una sola que, conjuntara los esfuerzos del sector militar, sin distingos de jerarquía entre una y otra, ya que por ahora, la que tiene preeminencia en presupuesto y en política al interior de la SEDENA es el ejército sobre la fuerza aérea, si bien es cierto que se requieren recursos urgentemente, la realidad es que la coordinación y el esfuerzo en conjunto puede redituar en mejores logros.

La recaudación

Desde el 8 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados se encuentra discutiendo, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, lo relativo al paquete económico del gobierno federal, el cual está dividido en 3 partes y que son los Criterios Generales de Política Económica, la primera son los ingresos públicos consistentes en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y la segunda la Ley Federal de Derechos (LFD), y por último, el Presupuesto de Egresos de la Federación, todos del ejercicio fiscal para el 2008.

Por principio de cuentas y en sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Baja, que se prolongó hasta altas horas de la noche del pasado lunes, se aprobaron los ingresos de la federación por un monto de 2 billones 569 mil 450.2 millones de pesos. El Ejecutivo Federal prevé un incremento de los ingresos totales del Sector Público de 3.3 por ciento real con respecto al aprobado en 2007. Sin embargo se observa una disminución de los ingresos petroleros de 0.7 por ciento, en términos reales, con respecto a lo aprobado para 2007, lo anterior debido a la metodología utilizada para el cálculo del costo financiero neto de PEMEX. Para el 2008, los diputados aprobaron el precio del barril de crudo en 49 dólares. Asimismo, los Ingresos Petroleros son, en términos reales, 5.6 por ciento superiores a lo aprobado en 2007.

Además, conforme a los movimientos al precio del barril de petróleo y modificaciones en la recaudación de impuestos, arrojarían recursos adicionales por 38,384.4 miles de millones de pesos (mmdp.), de los cuales 17,844.6 mmdp. son de ingresos petroleros, cinco mil millones de pesos que se dejarán de aportar al Fondo de Estabilización Petrolera y el resto son de ingresos tributarios adicionales. Por la Reforma Fiscal se obtendrán recursos adicionales por 119 mmdp., lo que hace un total de 157 mmdp.

Se estima que la economía mexicana crecerá durante 2007 a una tasa anual de 3.0 por ciento. Para 2008 se prevé un crecimiento a una tasa anual de 3.5 por ciento, en términos reales. Esta cifra está en línea con las expectativas de crecimiento elaboradas por el sector privado. De esta manera, sin considerar la aprobación de la Reforma Hacendaria en sus términos actuales, la estimación de los ingresos presupuestarios ascenderían a 2,392.9 mmdp. en 2008, cifra superior en 76.2 mmdp. al monto previsto en la LIF 2007.

Es importante señalar que los recursos que se incorporan al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y a la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación no son derivados de la Reforma a la Hacienda Pública que presentó el Poder Ejecutivo Federal el pasado 20 de junio. Sin embargo, en la exposición de motivos tanto la LIF como del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) se pueden apreciar escenarios económicos con y sin Reforma Hacendaria.

En cuanto al Gasto Público para 2008, se contemplan 2,392.9 mmdp. más 24 mmdp. de diferimiento de pagos, resulta un total de 2,416.9 mmdp.; destacando incrementos de gasto para los rubros de Desarrollo Social, Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología,PEMEX, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.

En orden decreciente, las Secretarías de Estado más favorecidas son Educación Pública con 151,790.4 millones de pesos (mdp.); SAGARPA con 48,779 mdp.; Salud con 41,547.7 mdp.; SCT con 41,075 mdp., entre otros; por otra parte, las menos favorecidas son Función Pública con 1,600 mdp.; Trabajo y Previsión Social con 3,347.1 mdp. y Reforma Agraria con 4,341.9 mdp.

En su momento será discutido lo relativo al Presupuesto de Egresos, mientras tanto en los pasillos de San Lázaro se encuentran cabildeando Secretarios de Estado, Gobernadores, Titulares de Finanzas de los Gobiernos locales, rectores de Universidades Públicas, y todo aquel titular de área sujeto de presupuesto público. Hasta ahora, las negociaciones entre los grupos parlamentarios han sido desarrolladas en un ambiente de tolerancia y respeto, con sus diferencias naturales pero no irreconciliables, producto del cobro de facturas por la aprobación de la Reforma Electoral.

Por lo que respecta al paquete económico, los Diputados federales tienen como fecha fatal el 15 de noviembre próximo. En el caso de la LIF se turna a la Cámara Alta para su estudio, análisis y dictamen y, en el caso del Presupuesto de Egresos, una vez aprobado, se turna directamente al Ejecutivo Federal. Veremos el resultado final en nuestros bolsillos el próximo año.

Las otras reformas

En días pasados el Colegio de Abogados Católicos de México (CACM) presentó en su página web, la iniciativa que reforma la fracción primera del artículo 3º, el 24, así como el inciso e) del artículo130, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya ultima reforma data de 1992 como antecedente de la reanudación de relaciones diplomáticas con El Vaticano, única reforma posterior a la redacción original del Constituyente de 1917; la propuesta del CACM, tiene como propósito que los ministros de culto, principalmente los de la iglesia católica, puedan tratar temas políticos desde el púlpito, que sean votados a cargos de elección popular, que se imparta educación religiosa en las escuelas públicas y, que las iglesias católicas puedan poseer y operar medios de comunicación, sin omitir que como trasfondo, puedan recibir recursos públicos para sus actividades proselitistas.

En estricto sentido de técnica parlamentaria, ésta iniciativa sería desechada dado que el espíritu de la redacción vigente contiene, en esencia, lo propuesto por los abogados católicos; sin embargo, se trata de una iniciativa eminentemente política con el objetivo de restituir el poder político al poder eclesiástico y que fue perdido una vez la consumación de la independencia de México en 1821, al promulgar el presidente Don Benito Juárez, las Leyes de Reforma, por las que se instauró la separación Estado Iglesia, lo que terminó con más de 300 años de gobiernos y cabildos eclesiásticos.

A inicios de la década de los veintes, en el siglo pasado, la iglesia católica trató de reconquistar el poder, dando inicio al movimiento cristero en el país, asentando sus reales en los estados de Jalisco y Guanajuato, principalmente, y que culminó con la persecución religiosa, la ruptura de relaciones diplomáticas con la Santa Sede y las diversas expulsiones del país, como la del arzobispo de Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez, ungido en la mitra cardenalicia el 9 de febrero de 1913, mientras Francisco I. Madero cabalgaba rumbo a Palacio Nacional escoltado por cadetes del Heroico Colegio Militar, pasaje de la historia conocido como la marcha de la lealtad.

Después de su expulsión, dicho purpurado dirigió un extenso comunicado al Papa Pío XI en el que se oponía a cualquier pacto con el gobierno mexicano, en tanto éste no accediera a la revocación de las leyes de reforma, manifestándose a favor de continuar la lucha armada hasta erradicar al gobierno laico.

Luego, recordemos a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, cuya razón de ser, no era sino la de ensalzar y dirigir el esfuerzo de todos los creyentes mexicanos para procurar la derogación definitiva de los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 constitucionales; organización de donde surgió la madre Conchita, quien fue acusada como autora intelectual del asesinato del presidente Álvaro Obregón en julio de 1928, y purgó su pena en las Islas Marías.

Por su parte, los gobiernos de los presidentes emanados de las filas castrenses persiguieron a los cristeros por todo el país, sin embargo, durante el mandado del general Porfirio Díaz Mori, esto cambió; hubo una política de respeto hacia la relación con la iglesia católica mexicana, lo que vino a apaciguar los ánimos exaltados de la grey católica, luego de la promulgación de las leyes de reforma a mediados del siglo XIX.

El tema no es hacer una reforma para atender la inquietud y aspiración de una élite religiosa, acostumbrada a recibir todas las canonjías y atenciones del gobierno en turno o bien, de su feligresía fundamentalista; el verdadero tema es no olvidar la historia de nuestro país, más aún, aquellos episodios tan terribles donde se perdieron innumerables vidas por alcanzar un legítimo anhelo de libertad ante el sometimiento de aquellos que ahora pretenden retomar esa posición; la separación iglesia estado ha sido uno de los máximos logros alcanzados por el pueblo mexicano, y por ningún motivo debemos perderlo.

En un ejercicio de buena voluntad y por principio de cuentas, la iglesia católica debería promover el retiro de la excomunión a Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez y el resto de liberales mexicanos, entre ellos masones, como una manifestación de respeto al Estado mexicano, a propósito de la proximidad del bicentenario de su independencia.

Slim vs. Gil

En comisiones de la Cámara de Diputados se encuentra para su análisis y dictamen, la iniciativa que reforma la Ley de Inversión Extranjera; la cual prevé modificar el límite de participación de capital extranjero en las telecomunicaciones, hasta en un 49%; además pretende abrir todas las redes públicas y el espectro radioeléctrico en general; iniciativa que, indirectamente, impactará a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que actualmente se encuentra sujeta de intensos cabildeos con legisladores, por parte de diversas empresas del ramo, particularmente Telmex y Telefónica Movistar; lo que se disputa es el nada despreciable negocio de veinte mil millones de dólares al año.

Según se desprende de su exposición de motivos, la iniciativa en cuestión pretende establecer condiciones adecuadas para la promoción de la inversión en el sector de la telefonía fija y de servicios relacionados, con la intención de beneficiar a los usuarios mediante el incremento de la competitividad en la prestación de los mismos, así como permitir nuevas inversiones y crear un ambiente de verdadera competencia en la red fija de telefonía, logrando así incrementar los accesos a esta clase de servicios para un amplio sector de la población que se ubica en zonas marginadas.

Al frente de la española Movistar, se encuentra el otrora secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio foxista, Francisco Gil Díaz, quien además de despachar las haciendas públicas, desde Patios Marianos de Palacio Nacional, actuaba como vicepresidente de México, hombre fuerte del gabinete del expresidente, quien doblegó por igual a sus compañeros secretarios de Estado, que a diputados federales, senadores o gobernadores, y quien por el ejercicio de su cargo conoce todas las entrañas del manejo financiero y fiscal; es decir, donde ganan y donde pierden, qué les duele y qué les beneficia, qué les afecta y qué les impacta, cómo ganar y deducir en impuestos; y que ahora, luego del escándalo en enero pasado por su nombramiento como consejero del banco HSBC, tuvo que separarse de ese puesto y, ahora, al frente en México de esta compañía telefónica trasnacional.

Esta empresa española enfrenta acusaciones de dominación en el mercado ibérico, a grado tal que la Comisión Europea de Competencia le aplicó una multa por 151 millones 875 mil euros en julio pasado, según se desprende un estudio realizado por la Coordinación de Asesores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara Baja.

Por otra parte, Carlos Slim Helú, recientemente nombrado el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes; entre sus posesiones, por citar algunas, es dueño de Grupo Carso con las holdings Teléfonos de México, América Móvil, Nacobre, Frisco, Sears, Condumex, Hoteles Calinda, Cigatam, Sanborn’s, entre otras, que generan más de 220 mil empleos en el país; quien dentro del ramo de las telecomunicaciones en México es el predominante, que no el único, que es diferente.

En concreto, la redacción original de la iniciativa comentada, preveía la apertura del 100% a capital extranjero, bajo el supuesto de que "siempre y cuando, a juicio de la comisión (Federal de Competencia, COFECO), prevalezcan en el país de origen de la inversión extranjera condiciones similares de apertura para la inversión nacional de telecomunicaciones". Esto significa que los españoles tendrían que garantizar las mismas condiciones para los operadores mexicanos, pero al operar en condiciones de dominación, según la Comisión Europea de Competencia, la telefónica española estaría engañando a la autoridad mexicana, COFECO, al dirigir una empresa en forma ilegal, presuntamente violando las leyes de Inversión Extranjera y Federal y la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Luego entonces, de ahí que la redacción arriba citada haya sido retirada del texto del dictamen, toda vez que la batalla que emprende la COFECO, presumiblemente mal influenciada por los españoles, por conducto del exsecretario Francisco Gil, con los legisladores federales mexicanos y bajo el argumento de el monopolio que tiene Teléfonos de México en contra de los usuarios de telefonía fija. De igual manera, TELMEX ha tratado de cabildear entre legisladores federales para evitar sea aprobada.

Nadie esta a favor de los monopolios, cualquiera que este sea, sin embargo nuestros legisladores deberían defender el interés nacional, para que el rubro de telecomunicaciones no termine como el de los bancos, es decir, están en México pero, no son de mexicanos.

Del cinismo y unas cuantas cosas más

Coinciden las crónicas hechas al Rey de España Carlos V, donde el capitán general de la invencible armada española Hernán Cortés y su lugarteniente Bernal Díaz del Castillo, relatan a su llegada en 1519 la majestuosidad, grandeza, organización, gloria y esplendor de la gran ciudad de México Tenochtitlan, incluso, en tamaño más grande que Constantinopla y hasta dos veces la ciudad de Salamanca en España, así como la forma de vida que llevaba el emperador Motecuhzoma, igual o mejor que la realeza europea de la época y como una muestra del poderío del imperio mexicano.

Cuentan que el emperador tenía casas de aposentos y de placer, así como palacios en los que coleccionaba toda clase de armas, plantas de ornato y animales de todo tipo, algunos desconocidos para los españoles, para los cuales sus sirvientes se dedicaban a criarlos en cautiverio para el beneplácito del huey tlatoani, hijo del finado emperador Axayácatl.

A diario era complacido en su alimentación con 30 platillos diferentes que disfrutaba en compañía de alrededor de 1,000 invitados de la nobleza mexicana y sacerdotes del Templo Mayor, hechos a base de frutas, verduras, especies y animales de tierra, aire y agua, traídos en carreras de relevos por sus sirvientes desde las regiones más alejadas del imperio, para que su señoría degustara lo que quisiera, desde luego con su jarro de bebida de cacao, ahora chocolate, y mientras se recreaba con los bailes y cantares de los danzantes y gozando de las travesuras y juegos de los perrillos, llamados así por los españoles a lo que hoy conocemos como el perro chihuahueño, que deambulaban libremente por los pasillos de los palacios del monarca, como mascotas de la realeza.

Los relatos señalan que Motecuhzoma era limpio en su aseo, a diario vestía 4 atuendos diferentes con las más finas ropas tejidas por los mejores artesanos textileros del imperio y que eran ataviados con selectos ornamentos de oro, plata y piedras preciosas labrados por los mejores maestros orfebres del señorío azteca; a su paso se tocaba un caracol marino y junto con el grave percutir del huéhuetl, sus súbditos se congregaban para rendirle toda clase de reverencias y caravanas propias de su señoría, y en cuya cabeza remataban las más de 400 plumas verdes de quetzal que portaba en el famoso penacho y que ahora se conserva en el Museo de Etnología de Viena en Austria, como antecedente de la banda presidencial, símbolo del Jefe del Estado Mexicano.

Esta forma de vida en Motecuhzoma antiguamente se justificaba por ser descendiente de linaje real pero una vez dada la conquista y al paso de los siglos y de la evolución de la política, se convirtió en un canon o beneficio para quienes han ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, en su carácter de jefe de Estado, y ejercido por sexenios pero con sus limitaciones y que, al término de su encargo, plácidamente transitan al autoexilio en la vida privada o académica, como el expresidente Vicente Fox, quien debe añorar su paso por Los Pinos, pero ahora, su vida y la de su cónyuge Marta Sahagún parecieran la misma o incluso mejor, según las fotos y declaraciones en la revista de sociales “Quién”, en donde presumen a la ciudadanía el rancho “La Estancia” y el “Centro Fox” en San Francisco del Rincón en Guanajuato, cuyo valor, de 12 millones de dólares, seguramente excede del monto devengado en su periodo como presidente y que no contrasta en sus declaraciones patrimoniales, pero ahora en calidad de común plebeyo, y cuya emperatriz instiga a aquellos quienes osen dirigirse a su excelencia para que sigan llamándole “Presidente”.

Le agregaremos a la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga los negocios poco claros con asuntos públicos de los hijos de la señora Sahagún, la recién propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para crear una nueva Comisión legislativa que investigue el insultante ostento y derroche, como de monarquía absolutista, que mostraron dichas fotografías y sus actitudes soberbias, además de la presunción de haber sustraído ilegalmente archivos públicos de la Presidencia de la República para el “Centro Fox”, a parte de las recientes acusaciones de mendiguez de su exoperador financiero, Lino Korrodi.