Consecuencias políticas de las reformas

Luego de más de 70 horas de trabajo en el pleno, el Congreso aprobó la expedición de 9 leyes y la reforma en 12 más, para conformar la totalidad del trabajo de las leyes secundarias de la reforma energética.

Esta nueva legislación suprime el modelo promulgado en 1938 por el presidente Cárdenas, para dar paso a un nuevo esquema de participación estatal, en el que también se encuentra contemplada la colaboración de la iniciativa privada, en un esfuerzo por conservar los mejores ingresos para el país.

Uno de los debates más álgidos fue la elevación a deuda pública de los pasivos de Pemex y CFE, en el que tiempo atrás, Cuauhtémoc Cárdenas lo había propuesto con anterioridad, dejando a la izquierda sin argumentos más que debatir.

Ahora que ha pasado la más importante de estas reformas para la actual administración, los partidos se encuentran preparando estrategias en pos de las siguientes elecciones a celebrarse en 2015.

Uno de los institutos políticos que más vulnerabilidad política presenta, es el Partido de la Revolución Democrática, cuya dirigencia nacional se encuentra dirimiendo en una próxima elección interna, y de la cual, la llamadas tribus se encuentran cabildeando su futuro político.

Es vulnerable porque el nacimiento político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Andrés Manuel López Obrador, supone una considerable reducción de militantes en el partido del sol azteca, que migrarían al nuevo partido de López Obrador.

Este escenario supondría la posibilidad de que el PRD pierda algunos espacios políticos que desde 1997 viene gobernando, sobre todo en el Distrito Federal, en cuya coyuntura ganaría el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y por supuesto, Morena.

No obstante lo anterior, Morena y López Obrador no logran quitarse la etiqueta de rijosos, cuando se trae a la memoria el plantón que realizó como protesta, luego del proceso electoral en el 2006, en el que por unas décimas de punto porcentual, Felipe Calderón Hinojosa le ganó la Presidencia de la República, generando caos y la protesta de comerciantes y afectados.

Por otra parte, el inicio del tercer y último año legislativo de la LXII Legislatura del Congreso, abre un frente de crisis al interior del grupo parlamentario del PRD, toda vez que los diputados integrantes de las tribus se encuentran en disputa por el ejercicio de la Presidencia de la Mesa Directiva, y que en el mejor de los casos, la propuesta que salga de Nueva Izquierda es la que más le conviene al PRI y al gobierno del presidente Peña Nieto.

Este escenario confronta a los grupos perredistas, en una lucha por obtener la titularidad de la Mesa Directiva citada, pero que no contribuye a la armonía política en el contexto de la renovación de su dirigencia nacional.

En este escenario de disputa quien verdaderamente sale ganando, es el PRI al encontrar un PRD dividido en la capital del país, -hoy por hoy su principal bastión-, con el fantasma de la reducción de su militancia y con Rosario Robles Berlanga, secretaria de Estado en la administración del presidente Peña Nieto, repuesta de la forma en que el sol azteca se deshizo de ella y bajo las descalificaciones del padre político de Morena, quien probablemente se encuentre dispuesta políticamente a ayudar al PRI en desplazar al partido del cual ella fue su dirigente.

Las posibilidades de que el PRD acrecenté su capital político, se centran en Baja California Sur, Guerrero y Michoacán; los dos primeros, como bastiones perredistas y el último, por la crisis de seguridad y política del gobierno del exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, que alcanzó a su familia.

Una consecuencia política en la historia. Entre el 6 y el 9 de agosto de 1945, los Estados Unidos de Norteamérica bombardearon la ciudad de Hiroshima y Nagasaki en Japón, en el que según cálculos costó la vida de 140 mil y 80 mil personas, respectivamente, y como consecuencia Japón anunció su rendición incondicional frente a los Aliados, en los que México se encontraba adscrito.

El antecedente. La noche del 13 y 20 de mayo de 1942 eran hundidos los barcos "Potrero del Llano" y “Faja de Oro”, respectivamente. México pedía explicaciones oficiales a Italia y Japón, quienes no respondieron a la protesta, mientras la Cancillería alemana se rehusaba a recibirla.

La sesión del Congreso del jueves 28 de mayo de 1942, estaba por iniciar. El secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdéz, platicaba con algunos diputados en el recinto de la calle de Donceles. Todos sabían la gravedad de la naturaleza de la convocatoria.

"Me presento a cumplir, ante ustedes, el más grave de los deberes que incumben a un jefe de Estado: el de someter a la Representación Nacional la necesidad de acudir al último de los recursos de que dispone un pueblo libre para defender sus destinos”: Se trata del argumento del presidente Manuel Ávila Camacho solicitando al Congreso de la Unión, la declaración de guerra en contra de las potencias del Eje Berlín – Roma - Tokio.

Replantear estrategia de seguridad: Calderón

La semana pasada el presidente Felipe Calderón convocó a los Diálogos por la seguridad, en el que con la presencia de miembros de la sociedad civil, escuchó de viva voz los reclamos en temas de seguridad, con la participación de algunos integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional, sobre el rumbo que lleva el país para recuperar la seguridad perdida.

En las primeras intervenciones, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés, admitió que la guerra al narcotráfico lleva un saldo de 28,000 ejecutados, la mayoría de ellos presuntamente vinculados a cárteles de las drogas, cifra que contrasta con los 24,000 homicidios que dio el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, el 17 de junio pasado.

Precisó el CISEN por conducto de su director, que del número de ejecutados, más del 90% corresponde a personas vinculadas con el crimen organizado; el 6% son autoridades o miembros de las Fuerzas Armadas y sólo el 1% a víctimas inocentes, según aseguró, lo que significa 25,200 muertos en el primer caso, 16,800 en el segundo y 2,800 en el último, respectivamente.

El director del CISEN, afirmó que se han detenido casi 20,000 personas del cártel del Golfo-Zetas; 18,000 del Pacifico; 12,000 de Juárez, y 9,000 de los Beltrán Leyva; han sido decomisadas 84,000 armas que equivale a 8 veces lo que se le ha incautado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) así como 330 millones de dólares (mdd) y 441 millones de pesos (mdp).

Sin embargo, pareciera que a los investigadores, académicos y periodistas asistentes, la explicación del titular del CISEN fue insuficiente, en virtud de que en materia de información y transparencia, la batalla contra la delincuencia organizada ya se ha perdido.

Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, dijo que “No se puede medir la eficacia y la eficiencia. La información debe estar al alcance de todos sobre los delitos que ocurren, dónde y qué se está haciendo”. Raúl Benítez Manaut, señaló que  “El gobierno no ha sabido transmitir si va ganando o perdiendo la guerra. No ha sabido comunicar qué pasó en los operativos tras la muerte de los capos Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Coronel”, para finalizar que “No entiendo porqué el gobierno sí le da información a las agencias extranjeras”.

En su intervención, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, afirmó que la propuesta del Ejecutivo Federal es que los obispos hagan la chamba, la hagan de ministerio público, de jueces, de detectives y de policías, quien además criticó que la estrategia del Poder Ejecutivo haya sido el ataque frontal, de carácter bélico donde el principal actor es el Ejército, el cual está preparado para matar y no para investigar.

El presidente Felipe Calderón, por su parte, aceptó replantear la estrategia y pidió que todos los actores políticos se involucren en ella, en un intento por contener los daños de la también llamada, guerra contra el narcotráfico, denominación de esta administración, además, aceptó que es necesario debatir el tema de la legalización de la mariguana, que ha generado toda clase de reacciones.

Así suceden las guerras. La noche del 13 y 20 de mayo de 1942 eran hundidos los barcos "Potrero del Llano" y “Faja de Oro”, respectivamente. México pedía explicaciones oficiales a Italia y Japón, quienes no respondieron a la protesta, mientras la Cancillería alemana se rehusaba a recibirla.

La sesión del Congreso del jueves 28 de mayo de 1942, estaba por iniciar. El secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdéz, platicaba con algunos diputados en el recinto de la calle de Donceles. Todos sabían la gravedad de la naturaleza de la convocatoria.

"Me presento a cumplir, ante ustedes, el más grave de los deberes que incumben a un jefe de Estado: el de someter a la Representación Nacional la necesidad de acudir al último de los recursos de que dispone un pueblo libre para defender sus destinos”: el presidente Manuel Ávila Camacho solicitando la declaración de guerra en contra de las potencias del Eje Berlín – Roma - Tokio.

Trasladan restos de héroes entre incógnitas

Con el propósito de evaluar el estado de conservación ósea, los restos de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, José María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros, Mariano Jiménez, Francisco Xavier Mina, Vicente Guerrero, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, fueron trasladados de la columna del Ángel de la Independencia, al castillo de Chapultepec.

Señalan que les serán realizados estudios de antropología forense para determinar sexo, talla y número de personas a las que pertenecen los huesos, así como las causas de la muerte; mientras que también se afirma que les serán practicados estudios de ácido desoxirribonucleico (ADN), para conocer su verdadera identidad.

La medida originó críticas de políticos e intelectuales: La historiadora María del Carmen Vázquez señaló que hay pruebas que permiten dudar de la autenticidad de esas osamentas. Beatriz Paredes, presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que "Hay que escuchar a los expertos, pero me parece que hay otra serie de prioridades",  concluyendo que hay asuntos más urgentes que resolver; en tanto, el diputado perredista Jesús Zambrano llamó al Gobierno federal a explicar el motivo del traslado.

El Congreso en 1823 decretó la honra de las cenizas de los héroes, algunos cuya pena fue la muerte -con fusilamiento por la espalda-, como traidores al Rey y con la mutilación de su cabeza para ser exhibida en jaulas de hierro en alguna plaza principal. 

Se instruyó a los Ayuntamiento del país, a buscar y trasladar los restos mortuorios. El Ayuntamiento de México señaló que los cuerpos de la mayoría de los fusilados, habían ido a parar a fosas comunes. Fue difícil encontrarlos y el Cabildo no estuvo dispuesto a inventar unos huesos.

Los restos de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron trasladados de Chihuahua. Sus cráneos, exhumados de la iglesia de San Sebastián en Guanajuato, donde fueron sepultados, luego de ser expuestos en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas por 10 años para el escarnio público. 

En su traslado por el país, indios y criollos salían a la calle a mirar el cortejo que trasladaba los restos de sus héroes. Algunos rezaban, otros cantaban, unos más bailaban.

El 17 de septiembre de 1823, los cronistas de la época señalan que nunca antes se había celebrado un funeral tan magnífico y solemne en la ciudad de México, siendo depositados en Catedral.

En 1921, Álvaro Obregón, con todo y banda presidencial, entró a Catedral a un homenaje en el Centenario de la Consumación de la Independencia. Cuatro años después, -en 1925-, se tomó la determinación de trasladar los restos a un templo laico: la Columna de la Independencia.

Obregón encabezó el cortejo fúnebre en compañía de su gabinete. En el momento solemne de retirar los restos, estaban algunas reliquias vivientes, además de algunos parientes de los insurgentes, a quienes nadie les cuestionó su calidad de descendientes. Así, unos presuntos nietos de Guadalupe Victoria se apersonaron para sacar, ellos mismos, a su abuelo, y un sobrino de Mariano Matamoros llegó a hacer su parte con su ilustre pariente, además, el pueblo.

Pero el domingo pasado, la ceremonia fue de discursos oficiales. Ninguna autoridad acompañó en su trayecto los restos óseos, -ni siquiera el presidente del Congreso, -Francisco Ramírez Acuña- cuando históricamente hasta 1925 los presidentes del Congreso custodiaban la llave que conservaban los restos, y le correspondía, -por tratarse de un acto de Estado-, quizás junto al Presidente de la República y familiares de los héroes, todavía existentes, aunque la Comisión Nacional del Bicentenario no reconozca la descendencia de Miguel Hidalgo.

Seguramente Juan Camilo Mouriño, finado secretario de Gobernación y descendiente de españoles, merecía dignos funerales de Estado, -incluso mejores-, que quienes nos dieron patria y libertad. 

Y como en 1823 y 1925, fiel como siempre estuvo la ciudadanía. El pueblo, que volcó muestras de cariño y afecto a sus héroes, acompañándolos por todo el trayecto, arrojando claveles, aclamando vítores y rodeando los vehículos Hummer del ejército que los llevaba , y sin duda, no necesitó de autoridad alguna para honrarlos.

Ojalá el Gobierno Federal no se haya equivocado en exhumarlos, de otra manera, quedará en ridículo.

El mensaje ciudadano

Hay elementos para suponer que la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, es una presión política al Estado mexicano, en virtud al peso político que representa el también llamado Jefe Diego, cuando al interior del gabinete presidencial hay dos Secretarios de Estado que pertenecen a su grupo: el Secretario de Gobernación y el Procurador General de la República, Fernando Gómez Mont y Arturo Chávez, respectivamente.

Además de las múltiples hipótesis de su extraña desaparición, su ausencia ha provocado una serie de reacciones en redes sociales, que van desde la descalificación política por haber dado su consentimiento, -para incinerar las boletas electorales de la elección presidencial de 1988 o para aprobar el FOBAPROA-, hasta el insulto o escarnio público por la presunción del enriquecimiento producto del tráfico de influencias, es lo que los usuarios expresan en los mensajes enviados.

Televisa a través de su noticiero nocturno, comunicó la decisión de esa casa informativa, de no volver a informar, hasta su desenlace; otros medios optaron darle seguimiento al tema y algunos otros junto con articulistas, decidieron increpar a la ciudadanía por su manera de pensar. 

Mientras todo esto sucedía, el presidente Felipe Calderón iniciaba su gira por España para recibir del gobierno ibérico, el estandarte con la imagen de la virgen de Guadalupe  que enarboló Miguel Hidalgo en 1810, tomado como trofeo de guerra por los realistas durante la Batalla de Puente de Calderón, muy cerca de Guadalajara; y en los Estados Unidos de Norteamérica, se reuniría con el presidente Barack Obama y comparecía en el Congreso en Washington, D.C. con la ovación de los demócratas y el silencio de los republicanos.

La noche del jueves circuló en internet una fotografía en la que se presume que corresponde a la imagen de Fernández de Cevallos en cautiverio, quien sostenía un papel con un recado que no alcanzó a distinguirse.

Pero más allá del insulto, la descalificación o mofa de los usuarios en redes sociales, se trata de un mensaje ciudadano. Una recomendación discreta. Una forma de expresión ciudadana al hartazgo por los abusos de algunos personajes de la clase política, no de Diego.

No se trata de juzgar su proceder en tal o cual asunto público. El objeto de esos mensajes es dar a conocer la resistencia o hartazgo ciudadano por los abusos y prácticas injustas en que incurren ciertas personalidades de la clase política mexicana.

Hubo un mensaje muy especial. El 16 de enero de 1917, el Secretario de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmermann, enviaba un telegrama a su embajador en México, Heinrich von Eckardt, con una propuesta para que el gobierno mexicano se incorporara a una alianza de guerra contra los Estados Unidos: “Tenemos la intención de comenzar la guerra submarina sin restricciones a partir del primero de febrero. ... Para el caso de que no sea posible lograrlo, ofrecemos a México una alianza sobre las siguientes bases: guerra conjunta, tratado de paz conjunto, generosa ayuda financiera y acuerdo por nuestra parte de que México podrá reconquistar los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona perdidos en el pasado. ... Sírvase usted comunicar lo anteriormente dicho al presidente (de México), en el más absoluto secreto, tan pronto como la declaración de guerra contra Estados Unidos sea algo seguro, y sugiérale que invite inmediatamente, por iniciativa propia, a Japón para unirse y que haga de intermediario entre nosotros y Japón”, conocido como telegrama Zimmerman.

Consciente de la gravedad del asunto, el presidente Venustiano Carranza comisionó a uno de sus generales para verificar la validez del mensaje y sus análisis arrojaron que el resultado de una ofensiva mexicana para recuperar sus antiguos territorios sería desastroso y traería graves consecuencias políticas y sociales, además de provocar una nueva guerra con los Estados Unidos, por tanto, Carranza declinó la oferta de Zimmermann el 14 de abril de ese mismo año.

Por tanto, el mensaje proviene de la sociedad agraviada por el desempleo, crisis económica, la inseguridad y el hartazgo por el abuso de sus gobernantes. Diego sólo es el medio, no el objetivo.

¿Qué mensaje se daría si el desaparecido fuera un exmandatario?

Los primeros

El Banco de México anunció que para el 21 de agosto próximo, entrarán en vigor las disposiciones por las que se eliminan 9 tipos de comisiones bancarias.

Entre los cambios, se haya que en cuentas de depósito a la vista, tales como de cheques y de nómina, no podrán cobrarse comisiones por manejo de cuenta y por no mantener un saldo mínimo; en ningún caso podrán cobrarse comisiones por cheques devueltos por cualquier causa.

Además, cuando el banco establezca como condición para otorgar un crédito, que el cliente abra una cuenta para realizar los pagos del crédito, no podrá cobrar comisiones en la mencionada cuenta por apertura, su manejo, ni por saldo mínimo; no podrán cobrarse comisiones por la cancelación de tarjetas de crédito ni de débito.

Por último, no podrán cobrarse comisiones por la cancelación de la domiciliación del pago de bienes y servicios; tratándose de órdenes de transferencia de fondos, las instituciones no podrán cobrar comisiones diferenciadas en función del monto de las transferencias que les soliciten sus clientes, así como tampoco se cobrarán comisiones por la cancelación del servicio de banca por internet.

Estas medidas no son suficientes para paliar la economía de los deudores de la banca, pero seguramente vienen a aminorar el descontento social por la voracidad de la banca mexicana, en una de las primeras modificaciones a la legislación bancaria.

Como primeros, fueron los nombres de Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, Morelos, Matamoros, los hermanos Bravo, Galeana, Jiménez, Mina, Moreno y Rosales, en aparecer con letras de oro por primera vez en el muro de honor del Congreso, aprobado en sesión del 19 de julio de 1823 y situado en el templo de San Pedro y San Pablo, en ese entonces.

El 15 de septiembre de ese año, se exhumabarían los restos de los caudillos de la Independencia para depositarlos en Catedral; pero con el ímpetu de la celebración, el pueblo, con 300 años de dominación en la mente, fue incitado a violar el sepulcro de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús.

El ideólogo del partido conservador y apoderado en México del Duque de Terranova y Monteleone, -descendiente y heredero de Cortés-, Lucas Alamán, mando retirar los restos del conquistador, Marqués del Valle de Oaxaca, Gobernador y Capitán General de la Nueva España, fallecido en 1547, y los colocó en un lugar seguro.

Quizá por eso no haya en todo el país, algún busto o monumento a conquistador español alguno.

Posteriormente, cuando el Congreso se trasladó a Palacio Nacional, el Poder Legislativo inscribió los nombres de Guerrero en 1841, López Rayón en 1842, Guadalupe Victoria en abril de 1843, Miguel Barragán en agosto de 1843 y Miguel Ramos Arizpe en 1847.

En octubre de 1847 el recinto se trasladó a Querétaro, con motivo de la guerra contra Estados Unidos. Antes, el nombre de Iturbide fue inscrito en 1835, pero en 1921, la Cámara de Diputados acordó eliminarlo de tan honrosa distinción, por considerarlo indigno en sus acciones y sin los merecimientos necesarios.

Una vez que el Congreso volvió a Palacio Nacional, uno de los últimos actos de la II Legislatura del Congreso, en mayo de 1863, fue reconocer a los defensores, civiles y militares, de la batalla de Puebla de 1862: La ciudad tomaría el nombre de Heroica Puebla de Zaragoza, pero alguna administración de corte conservador en ese municipio, cambiaría su denominación por el de Puebla de los Ángeles.

Pero desde el Congreso de 1821, todos los presidentes de la República y diputados juraron al cargo teniendo como testigo al Acta de la Independencia de México, firmada el 28 de septiembre de 1821 y de la cual, se elaboraron dos ejemplares: uno, para el gobierno y el otro, para el Congreso.

Antes de 1830, el Acta que custodiaba el gobierno fue vendida por un empleado desleal a un viajero curioso.

Alamán, en su carácter de ministro de Relaciones Exteriores de 1830 a 1832, y quien a sabiendas que la copia extraviada del Acta se encontraba en Francia, solicitó recobrarla aunque no lo pudo conseguir, no obstante que ofreció una suma considerable por su devolución.

Lucas Alamán, un criollo de nacimiento que conoció personalmente a Miguel Hidalgo, cuando éste y su madre eran protegidos del Padre de la Patria y quien literalmente los rescató en 1810, de la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, dice que el Cura de Dolores era, -contrario a las imágenes ahora conocidas-, cargado de espaldas, de color moreno, ojos verdes vivos y la cabeza algo caída sobre el pecho.

Por tanto, no existía en la República más copia que la que se encontraba en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.

Pero el 29 de marzo de 1909, un voraz incendio destruyó el edificio de la calle Donceles y Allende, consumiendo prácticamente la totalidad del recinto parlamentario y el archivo.

Entre las desgracias, se encontraba la incineración del Acta de Independencia citada.

Años después, llegó el Acta que había sido vendida un siglo pasado, a manos del anticuario español Gabriel Sánchez quien vendió el histórico documento a Joaquín García Icazbalceta, el más grande bibliotecario mexicano del siglo XIX, y por último, llegó a manos del señor Florencio Gavito, entonces autoridad en bibliografía mexicana, quien pidió a su esposa, doña Mercedes Jáuregui, que a su muerte le entregara el Acta recuperada al presidente Adolfo López Mateos, volviendo de nueva cuenta a la patria que la vio nacer: México.

Cuando el 23 de septiembre de 1971 sesionó el Congreso de manera solemne, para inscribir en letras de otro la máxima “La Patria es Primero” -como su autor, Vicente Guerrero-, la diputación federal del Partido Acción Nacional trató de chantajear la sesión, a cambio de que nuevamente fuera incluido el nombre de Agustín de Iturbide.

La petición fue hecha por el entonces diputado panista Bernardo Bátiz, quien recientemente fue procurador de justicia en la administración de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal.

“… Señor Presidente, señores diputados, señores invitados. […] ¡¡¡Cómo es posible que quieran ustedes señores de Acción Nacional negar ser los indignos herederos, digo indignos, porque no se atreven a defenderlos de frente, de todos los que han mancillado a México durante más de 150 años de vida independiente? … … ¿Quiénes históricamente fueron a traer a un Emperador extranjero? ¡¡¡Sus padres políticos!!!, … Pero no olviden que los mexicanos, en 1910, con la virgen de Guadalupe en el sombrero, fusilaban a los curas porque servían a la reacción, … Desde ahora empiecen a sufrir la amargura de que el pueblo de México declarará el año de 1972 “Año de Benito Juárez”, en contra de la voluntad de ustedes…”.

En esos términos se refería el diputado Francisco Ortiz Mendoza, del Partido Popular Socialista, (PPS), en el debate de esa fecha, a quienes trataban de defender posturas indefendibles con los actos de Iturbide, Maximiliano y otros.

La campaña invisible

La revisión de la Cuenta Pública 2007 presentada por el Auditor Superior de la Federación, (ASF), Arturo González de Aragón, arrojó subejercicios (presupuesto sin gastar) en ese ejercicio fiscal, por 120 mil millones de pesos, (mdp), y que fueron transferidos a fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, con el objeto de ejercerlos con discrecionalidad.

A propósito de lo anterior y con el objeto de que expliquen las razones sobre el uso de recursos públicos, -producto del subejercicio-, a favor de diferentes candidatos a puestos de elección popular del partido Acción Nacional, (PAN), principalmente, fue aprobado en la sesión de la Comisión Permanente, un dictamen para citar a comparecer al secretario de Desarrollo Social, (SEDESOL), al Director del Programa Oportunidades y al Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, (FEPADE).

Además se presentó una proposición que solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, (SSP), Genaro García Luna, para que explique las razones por las que se dejaron de ejercer casi 2,900 de millones de pesos, equivalentes al 43% del presupuesto del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) en el ejercicio fiscal del 2007, arriba citado.

En estos momentos de tiempos electorales, esos 120 mil mdp, servirían para cubrir las deficiencias en seguridad pública, que reclama la campaña proselitista del PAN, y que como parte de sus estrategias, realiza ante su inminente derrota en las elecciones intermedias y en una desesperación por obtener el sufragio.

La primera estrategia se basa en manchar la imagen del contrincante, mediante el esparcimiento de rumores. La segunda, procura impedir el voto a favor del adversario, más que a ganar adeptos por las propuestas propias, -es decir-, bajo el principio de que “si el voto no me favorece, hay que anularlo”.

Se presume que estas tácticas, de propaganda negra y campañas negativas, que a punto estuvieron de llevarnos a la confrontación después de las elecciones del 2006, son de la autoría del estratega panista Antonio Solá Reche, el publicista de la extrema derecha española, de quien se dice que obtuvo la ciudadanía mexicana con fecha 5 de diciembre de 2006, es decir, a unos días de haber tomado posesión la administración de Felipe Calderón, en un proceso muy parecido al caso Zhenli Ye Gon.

Lo anterior se ajusta a las cuestionables campañas ciudadanas "Vota en Blanco", que se presume es promovida por Luis Alberto Bolaños Vera, director de internet de la Presidencia de la República en el sexenio del expresidente Fox, así como por el movimiento "Tache a Todos", impulsado por Gabriel Hinojosa Rivero, primo hermano del presidente Felipe Calderón, principalmente, con el inocente argumento de que “todos los partidos y candidatos son lo mismo” o bien, "no hay a quién irle".

Con estas acciones que promueven la discordia, el Ejecutivo Federal se quedará sin interlocutor válido después del proceso electoral, para los acuerdos en el Congreso.

Dicen los estudiosos de la derecha en México, que existen 3 clases de esta ideología: La derecha católica conservadora, interesada en la preservación de ciertos valores morales de la tradición católica, que suelen ser reivindicados por los partidos demócrata-cristianos; La derecha liberal, defensora del liberalismo económico y generalmente opuesta a la acción del Estado como regulador de la actividad de los particulares; Y por último, la ultraderecha, término peyorativo usado por militantes de izquierda para describir grupos que sostienen versiones extremas de los dos anteriores puntos y frecuentemente acusada de influir en los gobiernos panistas actuales en términos similares a las teorías de conspiración. 

La participación de la derecha en México fue relevante desde antes de la independencia, en que intervino apoyando económicamente y militarmente a la Corona Española contra los esfuerzos insurgentes de Hidalgo, Morelos y Guerrero, pero en la medida que la propia España sufrió cambios democráticos, como la Constitución de Cádiz y los sectores de la derecha mexicana apoyaron la realización de la independencia para crear una monarquía a través de Agustín de Iturbide.

Posteriormente lograron colocarse e influir en los gobiernos de Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, periodos non gratos de la vida de México.

En estricto sentido histórico, la evolución de la derecha desde la Colonia hasta nuestros días, no es comprensible sin la participación política de la Iglesia.

Así como su poder económico y político formó ejércitos para defender en el siglo XIX su causa política basada en la religión, causaron la guerra de Reforma y de la Segunda Intervención Francesa.

En el siglo XX con su poder, se reveló ante la autoridad civil legítimamente constituida y declarando las hostilidades con el enfrentamiento entre las tropas religiosas y las del gobierno federal, entre 1926 y 1929, en la guerra cristera.

Creó grupos como el Partido Católico Nacional, los Tecos en la Universidad Autónoma de Guadalajara, las Damas Católicas, Acción Católica Mexicana, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, Falanges Tradicionalistas Mexicanas, entre otros.

Durante el siglo XX, la derecha acaudillada por la iglesia impulsó acciones políticas. Crearon la Unión Nacional Sinarquista en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, activa y vigente en ésta última: el gobierno del Estado de Guanajuato promovió el sinarquismo, “como un ejemplo a seguir”, además de la deliberada intención del ahora gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, de omitir de los libros de historia, -siendo presidente Municipal de Guadalajara-, el paso del presidente Benito Juárez por Guadalajara, entre otros sucesos.

Después nace el PAN en 1939 por la necesidad de que la derecha mexicana cuente con una organización política que le ayude a conquistar el poder y como respuesta al gobierno socialista de Lázaro Cárdenas.

Entre la década de 1940 y 1950, surge el Partido Demócrata Mexicano y nacen las organizaciones empresariales como CANACINTRA, CONCAMIN, CONCANACO y la COPARMEX, con las que algunos de sus miembros se les relaciona con organizaciones político-religiosas, tales como los Caballeros de Colón, el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, tristemente célebre por el escándalo de su creador Marcial Maciel.

El periodista Álvaro Delgado, afirma en su libro "El Yunque: La ultraderecha en el poder", que esta organización es una sociedad secreta mexicana de carácter regional pero con impacto nacional, y cuyo supuesto propósito, es defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás, así sea mediante la violencia, para instaurar el reino de Dios en la tierra, mediante el sometimiento del Gobierno mexicano a los mandatos de la Iglesia católica, por conducto de la infiltración de todos sus miembros en las más altas esferas del poder político.

De ser cierto, es fanatismo. La canonización por conducto del papa Juan Pablo II, de una serie de mártires mexicanos durante la guerra cristera, ha renovado también el fervor de Grupos Ultraderechistas en México.

De ahí se entiende la conducta del Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, (PAN), de otorgar un donativo, socialmente rechazado, para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos en Guadalajara.

Todo lo anterior no lo afirma esta pluma, lo dice la historia y sus hechos. 

No es malo tener una simpatía política, cualquiera que sea, ni declararla como tal, siempre y cuando, aquel que se jacte de ser defensor de algún partido político, conozca, asuma y defienda con orgullo, la responsabilidad de los antecedentes históricos de su ideología en cualquier debate.

No le dé el gusto a nadie de jugar con su voto y con esto, decidir su futuro.

No importa por quién, pero vaya a votar el 5 de julio. “…Podré no estar de acuerdo contigo, pero daría la vida por defender tu derecho a decirlo…”: Voltaire.

Pendientes presidenciales

El próximo 1 de febrero, el Congreso de la Unión -con ambas Cámaras- abre el segundo periodo ordinario de sesiones del último año de la LX Legislatura, en el que varias iniciativas enviadas por el Presidente Felipe Calderón esperan en comisiones a ser dictaminadas. 

La iniciativa del Ejecutivo más antigua -la ley antitabaco- se presentó en diciembre del 2006, la cual propone que los fumadores paguen una aportación al sistema de seguridad social, de 15 centavos, para atender las enfermedades que causa el consumo de dicho producto. Además, se encuentran las seis reformas a leyes reglamentarias en materia de seguridad, como la Ley de Extinción de Dominio, que no ha alcanzado consensos.

Se haya también, una iniciativa que reforma la Constitución, para ajustar los sueldos de la Administración Pública Federal, con el objeto de que ningún servidor público pueda recibir percepciones superiores a las de su inmediato superior jerárquico, en el que legisladores de los tres principales partidos mantienen diferencias.

Otra discusión que tampoco ha sido abordada en el Congreso, es la que se refiere a una reforma al artículo 73 constitucional, para que las Entidades Federativas puedan imponer contribuciones locales a la venta final de gasolina y diesel, así como al consumo final de tabacos labrados y cervezas que se consuman dentro de su territorio, con el fin de lograr un mínimo de homologación tributaria.

Como es sabido, el domingo 5 de julio de este año, se desarrollarán elecciones federales intermedias, para renovar la totalidad de las 500 curules de la Cámara de Diputados, para dar paso, como cada 3 años -desde 1857-, a la diputación federal que constituirá la LXI Legislatura del Congreso.

Durante los primeros 35 años de la vida del México independiente, entre 1821 y 1856, el Poder Legislativo mexicano se ha depositado en una Junta Provisional Gubernativa, una Junta Nacional Instituyente, una Junta de Representantes o Consejo de los Departamentos, una Junta de Notables o Junta Nacional Legislativa, un Consejo de Representantes, dos Congresos Constituyentes, seis Congresos Constitucionales, tres Congresos Constitucionales Centralistas, un Primer Congreso Constitucional, tres Congresos Extraordinarios, así como tres Congresos (a secas), con una duración entre uno y dos años, y motivado por la visión de 44 presidentes y un emperador, con opiniones de corte centralistas y federalistas, sobre el país que México debería ser.

Como consecuencia de la estabilidad constitucional, dada por la promulgación de la Constitución de 1857, los Congresos se sujetaron a un orden numeral continuo, y se estableció los dos periodos de sesiones, no obstante de las reformas a la Carta Magna de 1874 y 1917.

La I Legislatura abrió sus sesiones el 7 de septiembre de 1857, pero funcionó por poco tiempo, pues el 20 de diciembre, debido al pronunciamiento del Plan de Tacubaya por Ignacio Comonfort, fue clausurado y se aprehendió a su presidente, Isidoro Olvera, dando inicio a la guerra de Reforma.

Por única ocasión, esta Primera Legislatura tuvo una duración de cuatro años, -en lugar de dos-, aunque su trabajo no fue constante por la guerra. 

Durante el periodo de la segunda intervención francesa -entre 1862 y 1867-, es decir, de la II a la IV Legislatura, el Congreso en muchas ocasiones no sesionaba por falta de quorum, y sus proclamas fueron sustituidas por la legislación imperial de Maximilano de Habsburgo, quien expidió el primer Código Civil del país, además de aportar a la cultura política mexicana la colocación de la imagen del mandatario en las oficinas públicas.

Posteriormente, la VIII Legislatura -de 1875 a 1878- fue la primera bicamaral, en la que por primera vez, el Senado atrajo la atención pública.

De la IX a la XXIV Legislatura, -entre 1878 a 1910-, el país vivió bajo la pax porfiriana, previo a la revolución y a los trabajos del Congreso Constituyente de 1916, que promulgo la Carta Magna de 1917.

Fue hasta la XXXVI Legislatura, -de 1934 a 1937-, en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas del Río, que los periodos legislativos comenzaron a durar 3 años, como hasta ahora.

No importan la duración de las legislaturas. Lo que interesa es el producto de los consensos, más en momentos como los que pasamos ahora, de inseguridad y crisis económica.

Consumatum Est

El 15 de diciembre concluyó formalmente el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, que desde luego comprende a ambas Cámaras. Cámara de Diputados sesionó en 33 ocasiones, en las que se presentaron 345 iniciativas para reformar diversos ordenamientos; además, se aprobaron más de 80 dictámenes relativos a iniciativas o minutas, otro tanto igual de dictámenes con puntos de acuerdo, entre otros. Por lo que toca al Senado, se aprobaron 64 decretos, 17 de ellos remitidos al Ejecutivo Federal para su publicación; 38 enviados a la Cámara de Diputados para su revisión, ratificó 12 instrumentos internacionales, así como 22 nombramientos a diversos cargos de responsabilidad. Cabe destacar el grado de consenso que se alcanzó en las votaciones, pues numerosos de ellos se aprobaron por votación unánime o prácticamente unánime y una cantidad mucho inferior se aprobó por votación más o menos dividida. Resalta del trabajo del Congreso, la aprobación de la reforma energética, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la reforma que otorga al Congreso la facultad de expedir una ley general en materia de secuestro, así como las reformas constitucionales por las que se establece la pregunta parlamentaria y se omite la presencia del presidente de la República cada 1 de septiembre pero sigue informando por escrito al Congreso. Se trata de reformas que eran indispensables, en unos casos, y en otros de forma, pero que de los que se esperan transformaciones de fondo en procedimientos, sobre todo en seguridad y justicia -ampliamente demandado- así como en energía. Las discusiones al seno de las comisiones dictaminadoras, fueron muy similares a las del Constituyente de 1917, instalado en Querétaro el 21 de noviembre de 1916 con 140 de los 240 presuntos diputados. Una de las tendencias ideológicas para reformar la Carta Magna consistía en que, la Constitución de 1857 no había llegado a ser efectiva, mientras que la otra tendencia demandaba la modificación de los preceptos que observaba como obstáculos para el país. Para formar el Congreso Constituyente, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, el Gral. Venustiano Carranza, procedió de similar forma que el presidente Benito Juárez en 1857, es decir, sumó una gran cantidad de facultades, en virtud de las gravísimas circunstancias que vivió el país y se abanderó en la defensa de la Constitución de 1857. Una vez instalado en el Teatro Iturbide -de Querétaro-, al frente de la Mesa Directiva se hallaba el jalisciense Luis Manuel Rojas, quien dio a conocer a la Asamblea Constituyente, el proyecto de decreto dirigido por Venustiano Carranza, el 1 de diciembre de 1916, y que de inmediato se formaron comisiones para su análisis, discusión y dictaminación. En el Constituyente de 1917 había 62 abogados, 16 médicos, 16 ingenieros, 18 profesores, 14 periodistas, 7 contadores públicos, 2 farmacéuticos, 4 mineros, 3 ferrocarrileros, 5 líderes obreros, 1 actor, 22 militares, 19 agricultores y otros 31 ciudadanos entre artesanos, comerciantes y empleados en general, entre otros. Las discusiones en comisiones se encontraron con la polarización de opiniones de los diputados, definidos como “liberales carrancistas” y jacobinos obregonistas” así como de un grupo independiente de ellos. Entre los artículos más debatidos, estuvieron los relativos a las cuestiones religiosas. Para los diputados constitucionalistas, la influencia negativa de la Iglesia se había hecho patente en el apoyo que ésta diera al jalisciense Victoriano Huerta. En lo laboral, los diputados Héctor Victoria, Froylán Manjarrez, Alejandro Cravioto, Rafael de los Ríos y Francisco J. Múgica integraron la Comisión que dictaminó lo referente al trabajo. Se dictaminó el establecimiento de la jornada de 8 horas, el descanso semanal y la prohibición del trabajo industrial para mujeres y niños. A moción de Múgica, se aprobó que los trabajadores participaran de las utilidades de las empresas y la obligación de dotar de vivienda. El agrarista Andrés Molina Enríquez, sin ser diputado, fue quien redactó el artículo 27 constitucional, referente a la cuestión agraria. Y ahora, sigue tocando a los legisladores continuar con más cambios para el país, como la moderación en el cobro de comisiones bancarias, entre otros temas.

Habemus presupuesto

“… Aprobado en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. …” fueron las palabras del diputado César Duarte, presidente de la Cámara de Diputados, al aprobar -por 436 votos- el presupuesto para el 2009 de la federación.

Las dependencias con mayores incrementos reales en sus asignaciones respecto al presupuesto aprobado en 2008 son, la Secretaría de Seguridad Pública con 69.2 por ciento; la Procuraduría General de la República con 29.2 por ciento; la Secretaría de Desarrollo Social, con 25.9 por ciento; y Gobernación, 25.1 por ciento.

Para deuda pública se asignaron 214,040 millones pesos, en tanto que para participaciones a Entidades Federativas y Municipios, se destinaron 430,182 millones de pesos; para Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores serán 5,000 millones, mientras que para erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca se avalaron recursos por 30,992 millones de pesos.

La discusión en el Pleno del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dio inicio el martes, y sus negociaciones duraron poco más de 24 horas, siendo aprobado cerca de las 4:00 horas del miércoles, entre acusaciones partidarias mutuas.

Sin duda alguna, una de las discusiones más álgidas que ha vivido el Congreso de la Unión, lo fue las sesiones del 15, 18, 19, 22 y 23 de agosto de 1988, así como la del 9 de septiembre de ese mismo año, en que la LIV Legislatura de la Cámara de Diputados deliberaba a manera de Colegio Electoral, sobre la elección presidencial realizada en julio de ese año.

Entre los diputados se hallaban, Leonel Godoy Rangel, José Murat, Pablo Gómez Álvarez, Ricardo Monreal Ávila, Carlos Castillo Peraza, Rogelio Montemayor Seguy, Jesús Ortega Martínez, Vicente Fox Quezada -célebre por ponerse orejas de burro con las boletas electorales-, Carlos Navarrete Ruíz, así como los jaliscienses José Luis Lamadrid Sauza, Abel Vicencio Tovar, Gerardo Ávalos Lemus y Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Por el ambiente que prevalecía en las galerías, Ricardo Monreal pidió que en el curso del análisis y debate sobre la calificación de la elección presidencial, las galerías permanecieran cerradas. No fue aceptado.

Los grupos parlamentarios, excepto el del Revolucionario Institucional, impugnaban que para la elaboración del dictamen en comisiones, no fueron tomados en cuenta en su elaboración, y por tanto, señalaban que en el seno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Manuel Bartlett Díaz, se había elaborado dicho documento. La oposición reclamaba la apertura de más de 25,000 casillas. Tampoco fue aceptado.

En la bóveda de seguridad ubicada de los sótanos del Palacio Legislativo de San Lázaro, se hallaban las boletas de la elección presidencial, resguardadas por efectivos del ejército mexicano. Vicente Fox recuerda que varios diputados bajaron para obtener algunas cajas con boletas, pero los soldados les cortaron cartucho para impedírselo.

El diputado Gildardo Gómez Verónica señalaba “…Anoche (septiembre 8 de 1988) ocurrieron cosas extraordinariamente interesantes para el futuro de México. ¡Pero no me refiero al parto de la fraudocracia y al haber parido un hijo adulterino!. ¡me refiero, compañeros, a que anoche nació la democracia en la conciencia de los mexicanos!, porque por primera vez un pueblo puesto de rodillas tuvo conciencia generalizada, incluyendo a los compañeros del partido oficial de que hay un hasta ayer y un momento de aquí al futuro, ha nacido la democracia en México […] …”

Por último, entre gritos ensordecedores, abucheos y un largo debate de 65 oradores, la madrugada del 10 de septiembre de 1988 el diputado jalisciense Ismael Orozco Loreto -como secretario de la Mesa Directiva-, y rodeado de la diputación priísta declaró “…Es Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para el período que comprende del 1o. de diciembre de 1988 al día 30 de noviembre de 1994, el ciudadano Carlos Salinas de Gortari […] …”.

Y como en ese entonces, ahora los diputados del partido de la revolución democrática (PRD), acusaban a los diputados priístas y panistas de haber concertado el presupuesto 2009.

De libros a libros

Hace unas semanas un libro comenzó a provocar polémica. Se trata del libro de texto gratuito de historia y geografía de Guanajuato, que la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuye. La controversia surge a raíz de la colocación de una imagen estilizada de la virgen de Guadalupe, en líneas negras y fondo rojo, utilizando el color de la bandera de la Unión Nacional Sinarquista así como de una referencia a ésta y a los cristeros, en una franca violación al artículo 3º. Constitucional.

Por una parte, la Arquidiócesis de León, a través de su vocero, Raúl Villegas, comentó que es lamentable caricaturizar la imagen que para muchos mexicanos es sagrada, e insistió en que tiene curiosidad en saber por qué la hicieron caricatura y no usaron la imagen original, y por la otra parte, según el libro aludido, "se debe aprender mucho" del sinarquismo, y que es una fuerza política abiertamente antilaica, partidaria de la presencia eclesiástica en el gobierno, de la educación religiosa en las escuelas y contraria a los principios que la corriente liberal mexicana ha elevado a texto Constitucional y que representa una de las corrientes ideológicas del partido acción nacional (PAN). No todos los militantes del PAN son así.

A la abierta tolerancia señalada con anterioridad por la SEP, la dependencia federal se pronunció en contra, incluso amenazó, a los maestros que promovieran el libro de texto elaborado para las secundarias y bachilleratos en el Distrito Federal, titulado: "Tu futuro en libertad", editado por el Gobierno de la ciudad de México, en el que aborda temas como enfoque de género, laicicidad, derechos humanos, salud reproductiva y prevención sexual sobre VIH/SIDA.

A lo anterior, se suma la proposición con punto de acuerdo presentado por el senador priísta Francisco Arroyo Vieyra, quien solicitó a la SEP el procedimiento de autorización del libro polémico, así como evitar el manejo de ilustraciones y textos de carácter religioso, entre otros, y quien ha sido objeto de censura por un grupúsculo de fanáticos religiosos.

El caso de la corriente ideológica citada, fue abordaba por el jalisciense Efraín González Morfín, durante los trabajos de la XVIII Convención Nacional de su partido en mayo de 1965, quien tenía claro erradicar la participación de cualquier doctrina religiosa en asuntos de política, así como aislar a los sinarquistas de su partido, sin embargo, y con el paso de los años, persiste esta corriente perniciosa que trata de enquistarse en el poder.

Recordemos a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, antecedente del sinarquismo, cuya razón de ser, no era sino la de ensalzar y dirigir el esfuerzo de todos los creyentes mexicanos para procurar la derogación definitiva de los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 constitucionales; organización de donde surgió Concepción Acevedo de la Llata -la madre Conchita-, quien fue la autora intelectual del asesinato del presidente Álvaro Obregón en julio de 1928, al ofrecer la pistola en sus manos para ser bendita por un sacerdote al término de su homilía, acto que fue interpretado por León Toral como un anuncio de la divinidad al tiranicidio que iba a cometer. Fanatismo puro. La madre Conchita purgó su condena en las Islas Marías, lugar en donde contrajo nupcias con Carlos Castro Balda, mientras que León Toral –asesino material-, fue fusilado el 9 de febrero de 1929 en Lecumberri.

“… Señor Presidente, señores diputados, señores invitados. ¡¡¡Se ha encendido al rojo vivo otra vez, el debate histórico del desarrollo de México!!!, …¡¡¡Cómo es posible que quieran ustedes señores de Acción Nacional negar ser los indignos herederos, digo indignos, porque no se atreven a defenderlos de frente, de todos los que han mancillado a México durante más de 150 años de vida independiente? … ¿Qué acaso la patria se empieza a construir hoy?,… ¿Quiénes históricamente fueron a traer a un Emperador extranjero? ¡¡¡Sus padres políticos!!!, … Pero no olviden que los mexicanos, en 1910, con la virgen de Guadalupe en el sombrero, fusilaban a los curas porque servían a la reacción, … Desde ahora empiecen a sufrir la amargura de que el pueblo de México declarará el año de 1972 “Año de Benito Juárez”, en contra de la voluntad de ustedes…” decía el diputado Francisco Ortiz Mendoza en 1971, a quienes trataban de defender posturas indefendibles con los actos de Iturbide, Maximiliano y otros.

La historia de un país la escribe el pueblo, quien se ha comunicado de boca en boca y por generaciones, el conocimiento popular de los hechos y personajes históricos de nuestro país. La SEP no tiene derecho en crear una interpretación histórica errónea o una postura ideológica determinada a los educandos, a menos que quienes lo autorizaron o lo promuevan en Guanajuato o en cualquier parte del país, les de vergüenza defender a sus padres políticos.

Se gastan pesos en frivolidades y centavos en lo importante

Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la partida presupuestal para pagar las pensiones presidenciales durante el 2008, ascendió a más de 2 mil millones de pesos; dicha partida contempla, además de la pensión mensual vitalicia por 164 mil pesos para cada uno de los cinco Expresidentes de la República, los gastos de operación de infraestructura y vehículos, así como los sueldos del personal que se encuentre a su servicio.

Por otra parte, cada uno de los Ministros retirados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) disfruta de una pensión anual vitalicia de 2 millones de pesos; además de chofer, asistente, aguinaldo de 40 días, seguro de gastos médicos mayores y hasta los viáticos para restaurantes, según lo reveló el periódico “El Universal”, en un ejercicio de transparencia.

Otro antecedente sobre el pago de pensiones, se haya en 1953, cuando el 3 de noviembre, el Congreso de la Unión aprobó el pago de una pensión de 15 pesos diarios, a Agripina Hidalgo, por el sólo hecho de ser descendiente de Miguel Hidalgo y Costilla, quien llevaba 142 años de haber sido fusilado.

El 9 de enero de 1934 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto del presidente Abelardo L. Rodríguez, por el que quedan extinguidas las pensiones que disfrutaban, con cargo al erario público, los sucesores en décimo cuarta generación y la familia española de los condes de Miravalle; ambas familias descendientes del Emperador Moctezuma II; cuya erogación fue implementada desde tiempos de la colonia española y respetada en 1821, cuando el recién independizado y naciente Estado mexicano asumió el compromiso de mantener las “pensiones de Moctezuma”.

Por cierto, la familia de los condes de Miravalle, por conducto de Doña María de las Mercedes Enríquez de la Luna del Mazo Condesa de Miravalle, radicada en Granada, España, insiste para que el gobierno mexicano les vuelva a pasar las pensiones que hasta hace más de setenta años les otorgaba y que les fueron cortadas. Desde 1991 y tras los varios escritos dirigidos a la Embajada Mexicana en Madrid, que han quedado sin respuesta, la familia encargó a Alejandro González Acosta, quien es historiador de la UNAM, para que investigue el tema y estudie la posibilidad de recurrir ante los tribunales para reivindicar sus derechos sobre determinadas propiedades.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era muy común encontrar solicitudes de particulares dirigidas al Congreso de la Unión, en las que pedían una pensión económica por servicios prestados a la República, a través de sus cuerpos de ejército, ya sea durante la guerra de Reforma, ya sea durante la guerra de Intervención.

A su muerte, Benito Juárez fue galardonado con el título de benemérito de la patria en grado heroico, en sesión del Congreso del 18 de abril de 1873. En esa misma sesión, se aprobó el pago de una pensión de 3,000 pesos anuales, a cada una de las hijas de Juárez –Doña Soledad, Doña Josefa y Doña Jesús- así como al menor Benito Juárez Maza, mientras concluyera su carrera o cumpliera 25 años de edad. Mismo derecho se otorgó a cualquiera de los siete hijos legítimos de Juárez que llegare a la pobreza.

El 27 de agosto de 1861 murió en su tierra natal, San Juan de los Lagos, Jalisco, doña Rita Pérez de Moreno, rechazando una pensión que le ofreció el gobierno federal y quien ofrendó a su esposo, el insurgente Pedro Moreno y a sus tres hijos, a la causa de la independencia.

Por otra parte, en reconocimiento a su labor, en favor de la causa de la independencia y como restitución de parte de sus bienes incautados por el gobierno virreinal, que ascendían a cincuenta mil pesos de la época, el Congreso de 1822 decidió que la primera mujer reportera del país, Leona Vicario, recibiera las propiedades de la calle de Santo Domingo esquina con Cocheras, hoy República de Brasil esquina con República de Colombia, así como las propiedades de los números 9 y 10 de esta última calle, en la ciudad de México.

Sin duda alguna, hay necesidades económicas más apremiantes en este momento, que pagar pensiones costosas para el Estado mexicano. No se critica el derecho a recibirlas, sino el monto de lo devengado. En México, se necesita más presupuesto para el campo, para incentivar el trabajo; para mejorar la seguridad pública, ya que estamos llegando a los limites de la violencia que tiene cualquier sociedad.

La otra Constitución

Cuando la terminología jurídica y técnica hace notar una diferencia que se suscita a la hora de legislar, entre abrogar y derogar, ésta última es, la revocación o substitución, de alguno de los preceptos de ley, mientras que; la abrogación implica la anulación de la eficacia jurídica de un mandato legal en su conjunto, pudiendo ser reemplazada por otra; como la Constitución o alguna ley que de ella emane.

Sin embargo, y luego de 91 años de vigencia del texto constitucional de 1917, el debate se abre sobre la abrogación de la Constitución de 1857, que fue substituida por la de 1917, y que en ninguno de sus diecinueve artículos transitorios, el constituyente introdujo su abrogación.

El asunto se encuentra en la Mesa Directiva del Senado de la República, para que haga la solicitud formal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el objeto de que se pronuncie sobre si la Constitución vigente es la de 5 de febrero de 1857, o si se considera como formalmente vigente un nuevo texto constitucional creado por el Congreso Constituyente de 1917.

Además de lo anterior y según se desprende de la proposición del senador José Luis Lobato Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia; en el caso de que la resolución de la SCJN fuere en el sentido de que es vigente la Constitución de 1857 con sus reformas de 1917, se le corra traslado al Poder Ejecutivo Federal, a los Poderes Ejecutivos de los Estados y a las Rectorías de todas las Universidades del país, a fin de que se modifiquen los libros de texto y los programas de estudio en todos los niveles educativos a la luz de la interpretación procedente, lo que haría propicio que tanto las actuales como las nuevas generaciones de mexicanos, tuvieran un conocimiento preciso de nuestra historia y, consecuentemente, de la historia legislativa de nuestro país; según su resolutivo.

El espíritu de la propuesta del legislador se circunscribe exclusivamente a modificar los libros de texto y los programas de estudio de todos los niveles educativos, sin embargo, el alcance es más grave de lo que parece: incluye desde formas de vida, pensamientos políticos, formas y regímenes de gobierno, hasta el sistema parlamentario.

Normalmente, para reformar una ley, se deben de seguir los mismos procedimientos para su creación, conforme el inciso f) del artículo 72 constitucional, lo que significa entonces que en los artículos transitorios de la Constitución, debió haberse previsto la disposición del texto abrogado, o sea, el de la Carta Magna de 1857.

Además de lo anterior y para que una reforma sea introducida al texto constitucional, debe ser aprobado, por cuando menos, la mayoría de las legislaturas de los Estados, según el numeral 135 y 127 de las constituciones de 1917 y 1857, respectivamente.

Ahora bien, en términos académicos se abren los siguientes cuestionamientos: ¿será necesario que una asamblea constituyente abrogue una disposición de corte constitucional o con la pura decisión mayoritaria, luego de una lucha violenta, de promulgar una nueva es más que suficiente? Luego entonces, ¿Es necesario seguir el texto del inciso f) del artículo 72 constitucional para promulgar una nueva Constitución? ¿Puede aplicarse la costumbre dado a que la Constitución de 1857 no abroga la Constitución de 1824? ¿Qué sucederá entonces con las iniciativas producto de la Reforma del Estado en proceso?, entre otros.

Se trata de 151 años de vida; 4 guerras internas, la de intervención francesa, la de reforma, la revolución y la cristera; la participación en una guerra mundial; 42 presidentes de la República; 60 legislaturas del Congreso; una evolución poblacional de 5 millones a más de 100 millones de habitantes; 6 generaciones de familias; en síntesis: una evolución social, científica y tecnológica agigantada; y por tanto, si la SCJN así lo determina, será nulo de pleno derecho todos los actos jurídicos de los gobiernos emanados.

Quizás no volveremos a tener como Vicepresidente de la República al presidente de la SCJN, ni tampoco se encuentre disuelto el Senado o haya disputas ideológicas entre el partido liberal y conservador, como en 1824 o 1857, pero son esa clase de cuestionamientos traducidos en actos los que enaltecen el quehacer diario del país. Lo hacemos todos desde 1857 y antes quienes nos precedieron en este país.