El Banco de México anunció que para el 21 de agosto próximo, entrarán en vigor las disposiciones por las que se eliminan 9 tipos de comisiones bancarias.
Entre los cambios, se haya que en cuentas de depósito a la vista, tales como de cheques y de nómina, no podrán cobrarse comisiones por manejo de cuenta y por no mantener un saldo mínimo; en ningún caso podrán cobrarse comisiones por cheques devueltos por cualquier causa.
Además, cuando el banco establezca como condición para otorgar un crédito, que el cliente abra una cuenta para realizar los pagos del crédito, no podrá cobrar comisiones en la mencionada cuenta por apertura, su manejo, ni por saldo mínimo; no podrán cobrarse comisiones por la cancelación de tarjetas de crédito ni de débito.
Por último, no podrán cobrarse comisiones por la cancelación de la domiciliación del pago de bienes y servicios; tratándose de órdenes de transferencia de fondos, las instituciones no podrán cobrar comisiones diferenciadas en función del monto de las transferencias que les soliciten sus clientes, así como tampoco se cobrarán comisiones por la cancelación del servicio de banca por internet.
Estas medidas no son suficientes para paliar la economía de los deudores de la banca, pero seguramente vienen a aminorar el descontento social por la voracidad de la banca mexicana, en una de las primeras modificaciones a la legislación bancaria.
Como primeros, fueron los nombres de Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, Morelos, Matamoros, los hermanos Bravo, Galeana, Jiménez, Mina, Moreno y Rosales, en aparecer con letras de oro por primera vez en el muro de honor del Congreso, aprobado en sesión del 19 de julio de 1823 y situado en el templo de San Pedro y San Pablo, en ese entonces.
El 15 de septiembre de ese año, se exhumabarían los restos de los caudillos de la Independencia para depositarlos en Catedral; pero con el ímpetu de la celebración, el pueblo, con 300 años de dominación en la mente, fue incitado a violar el sepulcro de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús.
El ideólogo del partido conservador y apoderado en México del Duque de Terranova y Monteleone, -descendiente y heredero de Cortés-, Lucas Alamán, mando retirar los restos del conquistador, Marqués del Valle de Oaxaca, Gobernador y Capitán General de la Nueva España, fallecido en 1547, y los colocó en un lugar seguro.
Quizá por eso no haya en todo el país, algún busto o monumento a conquistador español alguno.
Posteriormente, cuando el Congreso se trasladó a Palacio Nacional, el Poder Legislativo inscribió los nombres de Guerrero en 1841, López Rayón en 1842, Guadalupe Victoria en abril de 1843, Miguel Barragán en agosto de 1843 y Miguel Ramos Arizpe en 1847.
En octubre de 1847 el recinto se trasladó a Querétaro, con motivo de la guerra contra Estados Unidos. Antes, el nombre de Iturbide fue inscrito en 1835, pero en 1921, la Cámara de Diputados acordó eliminarlo de tan honrosa distinción, por considerarlo indigno en sus acciones y sin los merecimientos necesarios.
Una vez que el Congreso volvió a Palacio Nacional, uno de los últimos actos de la II Legislatura del Congreso, en mayo de 1863, fue reconocer a los defensores, civiles y militares, de la batalla de Puebla de 1862: La ciudad tomaría el nombre de Heroica Puebla de Zaragoza, pero alguna administración de corte conservador en ese municipio, cambiaría su denominación por el de Puebla de los Ángeles.
Pero desde el Congreso de 1821, todos los presidentes de la República y diputados juraron al cargo teniendo como testigo al Acta de la Independencia de México, firmada el 28 de septiembre de 1821 y de la cual, se elaboraron dos ejemplares: uno, para el gobierno y el otro, para el Congreso.
Antes de 1830, el Acta que custodiaba el gobierno fue vendida por un empleado desleal a un viajero curioso.
Alamán, en su carácter de ministro de Relaciones Exteriores de 1830 a 1832, y quien a sabiendas que la copia extraviada del Acta se encontraba en Francia, solicitó recobrarla aunque no lo pudo conseguir, no obstante que ofreció una suma considerable por su devolución.
Lucas Alamán, un criollo de nacimiento que conoció personalmente a Miguel Hidalgo, cuando éste y su madre eran protegidos del Padre de la Patria y quien literalmente los rescató en 1810, de la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, dice que el Cura de Dolores era, -contrario a las imágenes ahora conocidas-, cargado de espaldas, de color moreno, ojos verdes vivos y la cabeza algo caída sobre el pecho.
Por tanto, no existía en la República más copia que la que se encontraba en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
Pero el 29 de marzo de 1909, un voraz incendio destruyó el edificio de la calle Donceles y Allende, consumiendo prácticamente la totalidad del recinto parlamentario y el archivo.
Entre las desgracias, se encontraba la incineración del Acta de Independencia citada.
Años después, llegó el Acta que había sido vendida un siglo pasado, a manos del anticuario español Gabriel Sánchez quien vendió el histórico documento a Joaquín García Icazbalceta, el más grande bibliotecario mexicano del siglo XIX, y por último, llegó a manos del señor Florencio Gavito, entonces autoridad en bibliografía mexicana, quien pidió a su esposa, doña Mercedes Jáuregui, que a su muerte le entregara el Acta recuperada al presidente Adolfo López Mateos, volviendo de nueva cuenta a la patria que la vio nacer: México.
Cuando el 23 de septiembre de 1971 sesionó el Congreso de manera solemne, para inscribir en letras de otro la máxima “La Patria es Primero” -como su autor, Vicente Guerrero-, la diputación federal del Partido Acción Nacional trató de chantajear la sesión, a cambio de que nuevamente fuera incluido el nombre de Agustín de Iturbide.
La petición fue hecha por el entonces diputado panista Bernardo Bátiz, quien recientemente fue procurador de justicia en la administración de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal.
“… Señor Presidente, señores diputados, señores invitados. […] ¡¡¡Cómo es posible que quieran ustedes señores de Acción Nacional negar ser los indignos herederos, digo indignos, porque no se atreven a defenderlos de frente, de todos los que han mancillado a México durante más de 150 años de vida independiente? … … ¿Quiénes históricamente fueron a traer a un Emperador extranjero? ¡¡¡Sus padres políticos!!!, … Pero no olviden que los mexicanos, en 1910, con la virgen de Guadalupe en el sombrero, fusilaban a los curas porque servían a la reacción, … Desde ahora empiecen a sufrir la amargura de que el pueblo de México declarará el año de 1972 “Año de Benito Juárez”, en contra de la voluntad de ustedes…”.
En esos términos se refería el diputado Francisco Ortiz Mendoza, del Partido Popular Socialista, (PPS), en el debate de esa fecha, a quienes trataban de defender posturas indefendibles con los actos de Iturbide, Maximiliano y otros.
Entre los cambios, se haya que en cuentas de depósito a la vista, tales como de cheques y de nómina, no podrán cobrarse comisiones por manejo de cuenta y por no mantener un saldo mínimo; en ningún caso podrán cobrarse comisiones por cheques devueltos por cualquier causa.
Además, cuando el banco establezca como condición para otorgar un crédito, que el cliente abra una cuenta para realizar los pagos del crédito, no podrá cobrar comisiones en la mencionada cuenta por apertura, su manejo, ni por saldo mínimo; no podrán cobrarse comisiones por la cancelación de tarjetas de crédito ni de débito.
Por último, no podrán cobrarse comisiones por la cancelación de la domiciliación del pago de bienes y servicios; tratándose de órdenes de transferencia de fondos, las instituciones no podrán cobrar comisiones diferenciadas en función del monto de las transferencias que les soliciten sus clientes, así como tampoco se cobrarán comisiones por la cancelación del servicio de banca por internet.
Estas medidas no son suficientes para paliar la economía de los deudores de la banca, pero seguramente vienen a aminorar el descontento social por la voracidad de la banca mexicana, en una de las primeras modificaciones a la legislación bancaria.
Como primeros, fueron los nombres de Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, Morelos, Matamoros, los hermanos Bravo, Galeana, Jiménez, Mina, Moreno y Rosales, en aparecer con letras de oro por primera vez en el muro de honor del Congreso, aprobado en sesión del 19 de julio de 1823 y situado en el templo de San Pedro y San Pablo, en ese entonces.
El 15 de septiembre de ese año, se exhumabarían los restos de los caudillos de la Independencia para depositarlos en Catedral; pero con el ímpetu de la celebración, el pueblo, con 300 años de dominación en la mente, fue incitado a violar el sepulcro de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús.
El ideólogo del partido conservador y apoderado en México del Duque de Terranova y Monteleone, -descendiente y heredero de Cortés-, Lucas Alamán, mando retirar los restos del conquistador, Marqués del Valle de Oaxaca, Gobernador y Capitán General de la Nueva España, fallecido en 1547, y los colocó en un lugar seguro.
Quizá por eso no haya en todo el país, algún busto o monumento a conquistador español alguno.
Posteriormente, cuando el Congreso se trasladó a Palacio Nacional, el Poder Legislativo inscribió los nombres de Guerrero en 1841, López Rayón en 1842, Guadalupe Victoria en abril de 1843, Miguel Barragán en agosto de 1843 y Miguel Ramos Arizpe en 1847.
En octubre de 1847 el recinto se trasladó a Querétaro, con motivo de la guerra contra Estados Unidos. Antes, el nombre de Iturbide fue inscrito en 1835, pero en 1921, la Cámara de Diputados acordó eliminarlo de tan honrosa distinción, por considerarlo indigno en sus acciones y sin los merecimientos necesarios.
Una vez que el Congreso volvió a Palacio Nacional, uno de los últimos actos de la II Legislatura del Congreso, en mayo de 1863, fue reconocer a los defensores, civiles y militares, de la batalla de Puebla de 1862: La ciudad tomaría el nombre de Heroica Puebla de Zaragoza, pero alguna administración de corte conservador en ese municipio, cambiaría su denominación por el de Puebla de los Ángeles.
Pero desde el Congreso de 1821, todos los presidentes de la República y diputados juraron al cargo teniendo como testigo al Acta de la Independencia de México, firmada el 28 de septiembre de 1821 y de la cual, se elaboraron dos ejemplares: uno, para el gobierno y el otro, para el Congreso.
Antes de 1830, el Acta que custodiaba el gobierno fue vendida por un empleado desleal a un viajero curioso.
Alamán, en su carácter de ministro de Relaciones Exteriores de 1830 a 1832, y quien a sabiendas que la copia extraviada del Acta se encontraba en Francia, solicitó recobrarla aunque no lo pudo conseguir, no obstante que ofreció una suma considerable por su devolución.
Lucas Alamán, un criollo de nacimiento que conoció personalmente a Miguel Hidalgo, cuando éste y su madre eran protegidos del Padre de la Patria y quien literalmente los rescató en 1810, de la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, dice que el Cura de Dolores era, -contrario a las imágenes ahora conocidas-, cargado de espaldas, de color moreno, ojos verdes vivos y la cabeza algo caída sobre el pecho.
Por tanto, no existía en la República más copia que la que se encontraba en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
Pero el 29 de marzo de 1909, un voraz incendio destruyó el edificio de la calle Donceles y Allende, consumiendo prácticamente la totalidad del recinto parlamentario y el archivo.
Entre las desgracias, se encontraba la incineración del Acta de Independencia citada.
Años después, llegó el Acta que había sido vendida un siglo pasado, a manos del anticuario español Gabriel Sánchez quien vendió el histórico documento a Joaquín García Icazbalceta, el más grande bibliotecario mexicano del siglo XIX, y por último, llegó a manos del señor Florencio Gavito, entonces autoridad en bibliografía mexicana, quien pidió a su esposa, doña Mercedes Jáuregui, que a su muerte le entregara el Acta recuperada al presidente Adolfo López Mateos, volviendo de nueva cuenta a la patria que la vio nacer: México.
Cuando el 23 de septiembre de 1971 sesionó el Congreso de manera solemne, para inscribir en letras de otro la máxima “La Patria es Primero” -como su autor, Vicente Guerrero-, la diputación federal del Partido Acción Nacional trató de chantajear la sesión, a cambio de que nuevamente fuera incluido el nombre de Agustín de Iturbide.
La petición fue hecha por el entonces diputado panista Bernardo Bátiz, quien recientemente fue procurador de justicia en la administración de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal.
“… Señor Presidente, señores diputados, señores invitados. […] ¡¡¡Cómo es posible que quieran ustedes señores de Acción Nacional negar ser los indignos herederos, digo indignos, porque no se atreven a defenderlos de frente, de todos los que han mancillado a México durante más de 150 años de vida independiente? … … ¿Quiénes históricamente fueron a traer a un Emperador extranjero? ¡¡¡Sus padres políticos!!!, … Pero no olviden que los mexicanos, en 1910, con la virgen de Guadalupe en el sombrero, fusilaban a los curas porque servían a la reacción, … Desde ahora empiecen a sufrir la amargura de que el pueblo de México declarará el año de 1972 “Año de Benito Juárez”, en contra de la voluntad de ustedes…”.
En esos términos se refería el diputado Francisco Ortiz Mendoza, del Partido Popular Socialista, (PPS), en el debate de esa fecha, a quienes trataban de defender posturas indefendibles con los actos de Iturbide, Maximiliano y otros.
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