La moral de la ciudadanía

Ha concluido la estancia en México de la ciudadana francesa Florence Cassez, producto de errores en el procedimiento judicial que la había llevado a purgar una sentencia de 60 años en cárceles de nuestro país.

El miércoles pasado tuvo lugar la sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que la ministra Olga Sánchez Cordero preparó el proyecto y lo puso a consideración del resto de ministros integrantes.

Lo extraño ocurrió, cuando la votación no favorecía el dictamen de la ministra, de repente modificó los resolutivos de su proyecto por el que había presentado el ministro Arturo Zaldivar en 2012, en virtud a que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena coincidía en que el montaje había sido el agravante que determinó la situación de Cassez.

Los que saben de derecho dicen que la duda para los abogados más técnicos estriba, en si la SCJN debía aceptar la solicitud de amparo de Cassez, postura que en su momento fijó el ministro en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia, señalando que el amparo promovido por la defensa de Cassez era improcedente y la SCJN debía desecharlo sin hacer pronunciamiento alguno, dado a que no tenía temas de interpretación directa de la Constitución o de la inconstitucionalidad de alguna ley.

Prosiguiendo y acerca del montaje, Televisa y TV Azteca dicen que fueron engañados por la falsa interpretación de la realidad que les hizo creer el exDirector de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna.

Las televisoras olvidan que el desconocimiento del derecho no les exime de su aplicación y deberían ser llamadas a cuentas, junto con García Luna así como al entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, en virtud a que  expusieron una falsa realidad a la opinión pública, -en el primero-, y permitiendo un juicio mediático, -en los exservidores públicos-, antes de conocer los resultados de la sentencia, hechos en los que seguramente también hay responsabilidad.

Acto seguido y como si se fueran a perder los boletos por llegar tarde al aeropuerto, la señora Cassez materialmente huyó del centro penitenciario en el que estaba recluida, para abordar el siguiente avión con destino a Paris, en donde fue recibida como heroína por sus autoridades en donde proclamó su inocencia, cosa que es falsa, ya que los ministros de la SCJN votaron por ratificar que el procedimiento con que se le juzgó a Cassez fue desaseado, no por ser inocente.

Todo lo anterior muestra la precaria situación de la procuración de justicia en México, al que se suma el lamentable y el desafortunado agravio histórico, del caso de la falta de pruebas en contra del General Tomás Ángeles Dauahare, nieto del Gral. revolucionario Felipe Ángeles, y otros cinco militares acusados durante el gobierno de Felipe Calderón por brindar protección al cártel de los Beltrán Leyva.

Otra prueba lo constituye el caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Madrigal, quien en el absurdo de la lógica, fue acusada de someter, desarmar y secuestrar a 5 agentes de la P.G.R. y sentenciada a 21 años de cárcel.

En otras palabras, la procuración de justicia se desvirtuó en el sexenio pasado, probablemente con el consentimiento de los medios de comunicación, para legitimar las acciones en contra de la inseguridad pública que no pudo contener.

Seguramente también la impartición de justicia podría encontrarse en crisis: en junio de 2010 se supo que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y el exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, se reunieron con ministros de la SCJN para persuadirlos de la presunta inocencia de Molinar en los hechos donde murieron 39 niño de la Guardería ABC de Hermosillo, quien bajo su cargo en el IMSS ganó el tristemente célebre primer lugar en el concurso de “El Trámite Más Inútil” en el gobierno federal, que convocó la exSecretaría de la Función Pública.

Como parte de el Estado mexicano, la ciudadanía se encuentra vulnerada, porque su moral se encuentra en bajos niveles, con un decremento en los niveles de confianza en sus autoridades.

El procedimiento

Cuando el 3 de agosto de 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la venta del Grupo Financiero Banamex a Citigroup, por un monto de 12,447 millones de dólares (mdd), esta operación quedó exenta de impuestos y bajo el siguiente procedimiento: primero, el 50% mediante el intercambio de acciones de Citigroup por las de Banamex, y segundo, el restante se liquidó en efectivo bajo tres modalidades a elección del tenedor de las acciones. 

Entre los activos vendidos, se encuentra la casa donde vivió Agustín de Iturbide, en el centro histórico de la ciudad de México: una barbaridad. Ahora, el Senado acordó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) contra el Ejecutivo Federal, por la participación económica del gobierno Norteamericano en Citigroup, ilegal en nuestro país. 

Mientras tanto, en la Cámara Baja se instalaba la Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Luis Videgaray, ex secretario de Finanzas del gobierno del Estado de México, quien advierte que es poco el tiempo que hay para elaborar el dictamen del presupuesto para el año 2010, y propone un procedimiento de trabajo: legalidad, apertura y orden. En el bosque de Chapultepec existe un personaje sin igual.

Se trata de un árbol ahuehuete, que dice la leyenda que fue plantado por Netzahualcóyotl en el año 1460, a petición de Moctezuma. Este árbol estuvo bajo el cuidado de sus guardianes, -indígenas, con la misión de conservar la sacralidad del lugar. Se dice que el árbol, -como máxima autoridad del bosque-, era una puerta dimensional, en donde los sacerdotes toltecas lograban transportarse a otros mundos: un lugar místico.

Cuando Moctezuma se enteró de la llegada de los españoles, se dirige al árbol, tratando de transportarse, -como los sacerdotes toltecas-: pide permiso al árbol, se lo niega y le dice que vaya a enfrentar su destino de emperador, sea cual fuere. A mediados del siglo XIX, este árbol fue bautizado por los cadetes del Colegio Militar como “El Sargento”.

Los niños héroes, encabezados por el teniente Juan de la Barrera y entusiasmados por los guardianes de “El Sargento”, -una pareja de cocineros del Colegio Militar-, se dirigen a pedirle permiso y solicitarle las claves para combatir al enemigo invasor de 1847 de Chapultepec. Los guardianes consideraban a los menores como aspirantes a guerreros sagrados, pero a Juan de la Barrera, quien encabezó el contingente, lo consideraban como el más espiritual. Habían adquirido un nivel de conciencia. 

Los menores frente al árbol, le argumentaron que esa guerra debía ser ejercida, no como una simple lucha militar, sino como una lucha sagrada, -como la que sostuvo Cuauhtémoc o Juana de Arco-, de la cual dependía el futuro de la patria. 

Se dice que el árbol, inicialmente, se negó a darles información, y los menores, al ver la resistencia del ahuehuete y en un acto de inocencia, lo amenazaron con fusilarlo y colocarle un anuncio: “este árbol es un traidor”. Conmovido con el noble y glorioso gesto de los menores, “El Sargento” les otorgó el procedimiento: las claves de la lucha ritual así como la letra de lo que posteriormente sería el himno del Colegio Militar. Los generales Nicolás Bravo y Mariano Monterde, el último director del Colegio Militar, se convencen de que Santa Anna no les enviará refuerzos. El 13 de septiembre, los 800 soldados y 40 cadetes que defendían el Castillo de Chapultepec, sucumben ante la fuerza de más de 10,000 soldados invasores. 

El primero en morir fue Juan de la Barrera en los límites del bosque; el segundo fue el cadete jalisciense Francisco Márquez cuando bajó del castillo a enfrentar a los invasores, cerca del “El Sargento” con la sorpresa de ver a un niño con uniforme haciéndoles alto, le disparan cayendo muerto, y en un acto de reconocimiento y respeto, los soldados norteamericanos guardan silencio, interrumpen sus cantos y rodean el cadáver. El resto se hallaban en el Castillo en espera del enemigo. 

La historia reconoce a Juan Escutia como el que se arrojó con la bandera antes de que el enemigo la tomara como trofeo de guerra, lo mismo hicieron Santiago Xicoténcatl y Margarito Zuazuo. 

Esta batalla se perdió por la complicidad de Antonio López de Santa Anna con el invasor: Suministraba, -de manera oculta-, provisiones de boca y de guerra, bloqueaba operaciones militares mexicanas y facilitaba las invasoras, entre otras. Hubo una rebelión de militares, que en guerrillas combatía al enemigo. 

No eran reconocidos: la primera vez que surgen los nombres de algunos de los cadetes es en el Parte de las operaciones ejecutadas por la 3ª. Brigada de infantería del Ejército Mexicano, en los días 12 y 13 de septiembre de 1847, que rindió Joaquín Rangel, destacando a los que murieron en la batalla. 

Hasta 1870, el primer libro de texto de historia que hace referencia pública a los alumnos del Colegio Militar, -limitándose a indicar que realizaron actos valerosos,- fue el Compendio de la historia de México de Manuel Payno. Este mismo año, el licenciado Ignacio Burgoa y el presidente Municipal de la ciudad de México, Antonio Sola, solicitaron al presidente Benito Juárez que declarara día de luto nacional el 13 de septiembre, y lo invitaron también a asistir al acto que prepararon para el 8 de septiembre de ese año. 

Desde la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada y durante la de Porfirio Díaz, enfrente de ‘‘El Sargento’’ retumbaban las salvas de fusiles que los cadetes debían disparar a un tiempo, causando gran emoción entre el público por su precisión. 

Un factor fundamental del proceso de reconocimiento, fue el decreto del 3 marzo de 1884, que establecía que en el Colegio Militar se pasara lista de presentes a los cadetes muertos en 1847, en que se debía responder con un convincente ‘‘!Murió por la patria!’’.

En el centenario de la batalla de Chapultepec de 1847, el Congreso de la Unión por conducto del presidente de la Cámara de Diputados y del Senado, Alejandro Gómez Maganda y Fidel Velázquez, respectivamente, develan en el muro de honor la leyenda "A los niños héroes de Chapultepec" en letras de oro. En 1950, la celebración de los hechos de 1847 tuvo también como telón de fondo la ‘‘buena vecindad’’.

El embajador estadounidense Walther Thurston, por encargo —según dijo— del pueblo norteamericano y del presidente Harry S. Truman, entregó 12 banderas que en 1847 fueron hechas trofeo de guerra y llevadas a Estados Unidos. La entrega simbólica fue hecha por cadetes de West Point a sus iguales del Heróico Colegio Militar.

La ley y la justicia

El grupo parlamentario del partido Acción Nacional (PAN) en la Comisión Permanente, responsabilizó al gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas (PRI), de la detención y proceso judicial que se le sigue, a Juan Blanco Zaldívar, candidato a diputado federal de aquel partido por el distrito 6 en esa Entidad. Además, el diputado Antonio Soto Sánchez (PRD), presentó un punto de acuerdo en el que exhorta a la Fiscalía de Delitos Electorales (FEPADE), a que resuelva con prontitud la denuncia 3423/2009 interpuesta en contra del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez y de Francisco Ramírez Acuña, candidato a diputado federal en el distrito 10 de Jalisco por el PAN. Ambas propuestas tuvieron como antecedente la disputa por los votos, en el marco del próximo proceso electoral en curso. Sobre el primer tema, los diputados César Duarte Jáquez (PRI) y Juan Guerra Ochoa (PRD), debatieron con las diputadas Adriana Dávila Fernández, Rocío Morgan Franco, así como el senador Ramón Galindo Noriega (PAN), todo bajo el argumento de la justica. Sobre el segundo tema, el diputado Antonio Soto, acusó al candidato Ramírez Acuña, presuntamente de disponer de la seguridad del Estado Mayor Presidencial, entre otros señalamientos.

Aún cuando la justicia es ciega, en ocasiones es absurda. Como el caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, acusada y procesada en Querétaro, de haber secuestrado a 6 agentes de la recién extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en marzo de 2006 y sentenciada en diciembre pasado a una pena de 21 años de cárcel.

De ser como lo presume el agente del Ministerio Público, -que consignó-, y el Juez, -que sentenció-, tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, deberían considerar ampliar el reclutamiento de su personal operativo.

En otras palabras: Si una mujer indígena sometió, desarmó, capturó, amarró y mantuvo en privación ilegal de la libertad a 6 agentes federales, armados y capacitados en técnicas policiales avanzadas, imagínese usted que con un batallón de unas 250 indígenas, -como Jacinta, por supuesto o la comandanta Ramona, indígena tzotzil chiapaneca del EZLN-, se acabarían los problemas de inseguridad en el país.

Así se interpreta el razonamiento de la averiguación previa, irracional, y mientras tanto, no hay justicia para Jacinta.

A principios del siglo XIX en la Nueva España, la Real Audiencia llevaba 200 años, en una causa civil, sobre la posesión del Popocatepetl y del Izztacihuatl. Increible.

En el debate citado, se invocaron principios de justicia y legalidad, cada quien para defender su causa.

Nadie argumentó el principio de que “A los amigos justicia y gracia y a los enemigos la ley a secas”, que se presume aportación intelectual de Benito Juárez, en el que académicos como Miguel Carbonell Sánchez y Carlos Elizondo Mayer Serra, afirman que es autoría de Porfirio Díaz Mori.

Ambos, Díaz y Juárez, fueron diputados; gobernaron su natal Oaxaca y además, su país. Ambos originarios de una Oaxaca del siglo XIX, entonces santuario indígena de México.

Una entidad blanca y española, notablemente culta gracias a la evangelización dominica, rodeada por un contrastante mosaico indígena, en el que cohabitan unas veinte lenguas diversas.

Orgullosos los oaxaqueños de su himno: “Dios nunca muere”. Orgullosos de su gastronomía y de su Guelaguetza. Díaz, hijo de un criollo español y de madre mixteca; Juárez, de una raza, -la zapoteca-, con temple suave, orgullosa, reconcentrada, fueron los políticos y comerciantes del mundo prehispánico, y cuyas culturas conviven entre la música de banda de metales y las danzas, aún vigente.

Académicamente, ambos fueron al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y se titularon como abogados.

Juárez optó por la carrera judicial y al ejercicio de su profesión, mientras que Díaz abrazó la carrera de las armas en el ejército y combatió en las guerras de reforma y segunda de intervención.

Pero coincidieron en política. Mientras Juárez consolidó la República, Díaz la impulsó económicamente. Juárez gobernó 11 años interrumpidos por 2 guerras, Díaz gobernó 30 años. El Benemérito además, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Ministro de Estado.

En relación a la legalidad, sinónimo del dicho de la justicia que se le adjudica, señaló a sus hijos que “…Nada con la fuerza: todo con el derecho y la razón: se conseguirá la práctica de este principio con solo respetar el derecho ajeno…”.

Con Juárez difícilmente hubo República, -entendida como separación de poderes-, dada la movilidad que tenía por el país.

Además, por la emergencia de las guerras, tampoco hubo Federación (autonomía, económica y política, de los estados frente al poder central), y las leyes reformistas no fueron anticlericales, tal y como lo confiesan sus promotores, sino una más, entre otras, de las medidas que se adoptaron para quitar al enemigo una de sus fuentes de financiamiento.

Se destaca el legalismo de Juárez, pero se dice que no siempre se apegó estrictamente a la ley, cuando esto no le favorecía políticamente.

En plena Guerra de Reforma, cuando en febrero de 1861 se convocó a elecciones de presidente de la República, las actas no llegaron a tiempo al Congreso, -que se erigió en Colegio Electoral-, por lo que se abstuvo de dar los resultados en la sesión del 23 de mayo de 1861.

De acuerdo con la Constitución de 1857, en virtud de que ninguno de los contendientes obtuvo el 50% más uno de los votos de los electores, el Congreso debía decidir sobre la elección de los candidatos, pero, dominado por los juaristas, el Congreso decidió otorgarle el triunfo a Juárez por 61 votos contra 55.

Se calcula que entonces el padrón electoral ascendía a 15,000 los electores, lo que implicaba que el ganador debió de haber obtenido más de 7,500 votos. Pero de 9,636 votos emitidos, Juárez solamente obtuvo 5,289, Lerdo 1,989 y González Ortega 1,846.

En 1867, luego del triunfo en la Segunda Intervención Francesa, el Congreso convoca a elecciones y al no resultar electo ninguno de los candidatos por la mayoría del 50% más uno de los electores, el Congreso elige a Juárez para un nuevo período.

Lo mismo ocurrió en el año de 1871, en que Juárez obtuvo 5,837 votos, Porfirio Díaz 3,555 y Lerdo 2,874, en que los juaristas colocaron a 105 diputados que le dieron el triunfo a Juárez, quién fue declarado el 12 de octubre Presidente legalmente electo.

Las caricaturas de la época lo dibujaban como hechicero, haciendo pócimas electorales. Un crítico suyo, -el general jalisciense Ireneo Paz, abuelo de Octavio Paz-, le dedicó las siguientes palabras: "...¿Por qué si acaso fuiste tan patriota, estás comprando votos de a peseta? ¿Para qué admites esa inmunda treta de dar dinero al que en tu nombre vota?...". 

Después, Porfirio Díaz se rebeló en contra las reelecciones de Juárez con el Plan de la Noria el 13 noviembre de 1871. Díaz ejerció una Presidencia con un poder de más controles que Juárez, al tener el dominio político del país a través de los grupos y reprimir cualquier manifestación ideológica.

Aún así, no se encuentra suficiente evidencia sobre la autoría intelectual del dicho en comento, concediéndole el beneficio de la duda, a quienes aseguran que es de Porfirio Díaz.

Lo primero

Tres temas abarcaron la atención en el Congreso en esta semana. El primero, la Cámara de Diputados conmemoró el CCIII aniversario del natalicio de Benito Pablo Juárez Garcia -el Benemérito de las Américas-, en la que diputados de todos los grupos parlamentarios, consideraron necesario rescatar su legado en torno a la separación Estado-Iglesia, la justicia social, el respeto a la diversidad ideológica y la tolerancia entre los pueblos, entre otros temas, a fin de revertir los problemas de inseguridad y pobreza que enfrenta la nación.

La proclama de Benemérito de las Américas, fue hecha por el Honorable Congreso de la República Dominicana, en sesión del 11 de mayo de 1867, por los méritos obtenidos al derrotar al ejercito francés y destruyendo para siempre la preponderancia de Europa sobre el continente Americano. 

Además, el Congreso mexicano declaró al presidente Juárez “Benemérito de la Patria” –en grado heroico-, en sesión del 18 de abril de 1873, y ordenó colocar su nombre en letras de oro en el muro de honor del Congreso, así como el apotegma “Entre los individuos como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. 

El siguiente tema -por su naturaleza polémica-, fue el referente a la Ley de Salarios Máximos, que como es de su conocimiento, pretende que ningún servidor público devengue cantidad superior por concepto de sueldo que la del presidente de la República. 

Para tal efecto, la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), se reunió y aprobó, que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tanto federales como estatales y del Distrito Federal, así como los organismos con autonomía reconocida en sus constituciones y estatuto de gobierno, respectivamente, deban incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos, entre otros. 

Por último, pero no menos importante, el Congreso celebró el LXXI aniversario de la expropiación petrolera de 1938, en la que los legisladores coincidieron en señalar, que representó un evento de reivindicación nacional, que le permitió al país tener el control directo de la riqueza petrolera para utilizarla en obra pública, transportes, salud y educación. 

Todos los temas anteriores son importantes -desde luego-, para mantener la lealtad al país, sus instituciones y sus hijos pródigos, de los cuales, hay bastantes ejemplos de lealtad. 

En 1819, el Virrey Juan Ruiz de Apodaca concede el indulto al insurgente Vicente Guerrero -a cambio de deponer las armas-, en un mensaje que fue transmitido a través de su padre. Guerrero, al escuchar las súplicas de su padre por abandonar la independencia, se dirigió a sus tropas, diciéndoles “…Soldados, este hombre que veis aquí es mi padre, quien trae hasta mi el mensaje de los españoles para ofrecerme el perdón. Yo siempre lo he respetado, pero… ¡¡¡La patria es primero!!!…”, dijo el primer Gran Maestro de la Logia York en México. 

En 1841, el nombre de Vicente Guerrero es elevado a la dignidad de letras de oro en el muro de honor del Congreso, y con los años, en 1971, el 23 de septiembre el Congreso sesionó para que la máxima “La Patria es Primero” fuera colocada -como su autor- en letras de oro, pero la diputación federal del Partido Acción Nacional trató de chantajear la sesión, a cambio de que también fuera incluido el nombre de Agustín de Iturbide. 

“… Señor Presidente, señores diputados, señores invitados. […] ¡¡¡Cómo es posible que quieran ustedes señores de Acción Nacional negar ser los indignos herederos, digo indignos, porque no se atreven a defenderlos de frente, de todos los que han mancillado a México durante más de 150 años de vida independiente? … … ¿Quiénes históricamente fueron a traer a un Emperador extranjero? ¡¡¡Sus padres políticos!!!, …” dijo así el diputado Francisco Ortiz Mendoza del PPS, durante el debate en esa sesión de 1971, a quienes trataban de defender posturas indefendibles con los actos de Iturbide. 

Desde entonces, ese axioma goza de un lugar privilegiado en el salón de sesiones de las Cámaras del Congreso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en Palacio Nacional.

¿No le pierden?

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por el legislador Javier González Garza (PRD), hizo un llamado al Instituto Federal Electoral (IFE) para que sus Consejeros, reconsideren el incremento de sus percepciones -de 172 mil 379 a 330 mil pesos mensuales actualmente-, a su decisión de homologar sus salarios con los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y muestren solidaridad para con el pueblo de México.

El aumento representa poco más del 90% de su sueldo. Mientras tanto, senadores del PAN, del PRI y del PRD criticaron el aumento que acordaron los consejeros del IFE.

Además, urgieron a la Cámara de Diputados, a dictaminar la ley de salarios máximos, que se aprobó en el Senado desde el 13 de marzo de 2007, y que fue uno de los primeros compromisos del presidente Felipe Calderón, al asumir la Presidencia de la República, con el objeto de moderar el sueldo de los servidores públicos -de primer nivel-, empezando por el suyo. 

En respuesta a las críticas, el Consejero del IFE Arturo Sánchez, dijo no creer que sea una decisión inmoral, ya que se trata simple y sencillamente de una decisión conforme a la ley. 

Si bien es cierto que la Constitución señala que los Consejeros devenguen el mismo sueldo que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -como fue el argumento-, la propia Carta Magna no señala que hay que sumar sobresueldos, prestaciones, compensaciones y demás retribuciones, como se presume que era la intención. 

Al día siguiente y en conferencia de prensa, los Consejeros del IFE dieron marcha atrás a sus pretensiones, motivados por la presión de la opinión pública, que consideró inmoral e injusto dichas percepciones. 

En todo caso, dicho aumento es desproporcionado y no concuerda con la realidad económica del país. La indignación señalaba que las nuevas percepciones mensuales, representaban el patrimonio de muchas personas.

Otros argumentos señalaban que deberían haberse aumentado en la misma proporción que el salario mínimo o la inflación. Algunos decían que pocos verían en sus manos esa cantidad. Hubo quien lo consideró inmerecido, por su titubeo al sancionar a las televisoras mexicanas. 

En 1821 mediante el decreto número 12, expedido por la soberana junta provisional gubernativa del imperio mexicano, se le asignaba un sueldo de 120,000 pesos anuales a Agustín de Iturbide. 

Iturbide, ungido emperador del Imperio Mexicano por el obispo de Guadalajara, Juan Cruz Ruiz de Cabañas, escribiría en sus memorias, que “…El Congreso de México trató de erigir estatuas a los jefes de la insurrección […]. A estos mismos jefes había yo perseguido, y volvería a perseguir [...]...”.

El 19 de julio de 1823 se publicó el decreto por el que los actos de los insurgentes fueron reconocidos para la posteridad. 

Por sus abusos, el Congreso declaró la nulidad de la coronación de Iturbide, siendo destituido como monarca en sesión del Congreso del 19 de marzo de 1823 y enviado al exilio a Italia. También se decretó que cualquier persona que lo llamara “Su Alteza” sería tratado como traidor, además, todo lo que había sido denominado imperial, sería substituido por nacional, entre otras cosas. 

El 6 de abril de 1861 y dada la situación de guerra, el Congreso aprobó la reducción en el sueldo del presidente Benito Juárez, de 36,000 a 30,000 pesos anuales.

Porfirio Díaz a su renuncia, se le otorgó una pensión mensual, misma que de manera íntegra la donó a la entonces Escuela de Aspirantes del Colegio Militar. 

Sin duda alguna, hay necesidades económicas más apremiantes en este momento, que pagar sueldos estratosféricos.

Es verdad que se dio marcha atrás en la medida, que llegó a escandalizar la inteligencia de la ciudadanía.

No se critica el derecho a devengar un emolumento, pero “…Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala…". Lo dijo Benito Juárez.

El juramento

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se aprobó la proposición con punto de acuerdo, por la que se felicita al nuevo presidente norteamericano Barack Obama por su toma de protesta, en la que tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts, como Barack Obama, erraron en la fórmula para que prestara su juramento como 44º. presidente de esa nación y primero de raza de color.

El error fue subsanado a dos días, cuando de nueva cuenta y en una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente de la Corte tomó correctamente el juramento al presidente Obama, en quien el mundo tiene depositadas sus esperanzas para salir de la crisis económica, entre otros temas.

Quizás no haya tenido repercusiones ese hecho, dado que el presidente Obama fue electo por sus ciudadanos, quienes abarrotaron el National Mall en Washington, desde el Capitolio hasta el Monumento a Lincoln, mismo testigo del famoso discurso “I Have a Dream”, pronunciado por Martin Luther King, Jr. el 28 de agosto de 1963, considerado por muchos uno de los principales discursos de la historia del siglo XX.

En el México independiente, el 25 de septiembre de 1821 la Junta Soberana, a convocatoria de Agustín de Iturbide, se reunió para acordar el ejercicio de la representación nacional, hasta la reunión de las Córtes -ahora Congreso-, en la que se denominó soberana y con el tratamiento de majestad, y se designaron las primeras comisiones, quedando como Primera: de Relaciones interiores; Segunda: De exteriores; Tercera: de Justicia y lo Eclesiástico; Cuarta: de Hacienda; y Quinta: de Guerra.

El juramento que tomaron los vocales que después serían los integrantes del primer Congreso -en el Imperio-, señalaba la siguiente fórmula: “…¿Juráis observar las garantías proclamadas en Iguala por el Exército del Imperio Mexicano con su primer Gefe: los Tratados celebrados en la villa de Córdova referentes al Plan del mismo Iguala, en que se hizo el pronunciamiento de la Independencia del Imperio, y desempeñar fielmente en servicio de la Nación vuestro encargo de vocal de la suprema Junta provisional Gubernativa, que se ha establecido en consecuencia de lo ordenado en los mismos Tratados?...”

Posteriormente, el 21 de julio de 1822, abría el cortejo que acompañó a Agustín I a la catedral de México a su coronación. Venían los ayudantes de ceremonia con las insignias de la familia real, una comisión de 24 diputados y los generales que portaban las insignias del emperador. Adentro de catedral hubo procesión bajo palio, y después de entregar su espada al presidente del Congreso, Iturbide ocupó el trono chico puesto cerca del coro, que incluyó la profesión de fe del monarca con la mano en los Evangelios, la colocación de las insignias en el altar, el canto del Veni Creator por parte del obispo de Guadalajara, Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, -el creador del proyecto de la Casa de la Misericordia, ahora Instituto Cultural Cabañas- quien lo ungió como Agustín I.

Durante la vigencia de la Constitución de 1824, la fórmula para jurar se hallaba en el artículo 101, siendo la siguiente: “…Yo … nombrado presidente (o vicepresidente) de los Estados Unidos mexicanos, juro por Dios y los santos Evangelios, que ejerceré fielmente el encargo que los mismos Estados Unidos me han confiado, y que guardaré y haré guardar exactamente la constitución y leyes generales de la federación. …”, quienes lo hacían ante el Congreso.

La Constitución de 1857 en su artículo 83, precisaba: “…Juro desempeñar leal y patrióticamente el encargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conforme á la Constitución, y mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. …”

El constituyente de 1917, le asignó el artículo 87, que se consigna: “… Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande. …” fórmula que aún sigue vigente.

Momentos solemnes de Estado, pero nuestra realidad nos indica que sigamos trabajando y adelante.

La Gaceta

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión abordó en su sesión del miércoles pasado, la situación política y económica que vive el país, en la que legisladores del PRD y del PRI refirieron que el reciente Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, firmado por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, es insuficiente para enfrentar la crisis.

En dicho acuerdo, el Ejecutivo Federal propuso congelar el precio de las gasolinas y reducir el precio del gas un 10 por ciento y de las tarifas eléctricas, ampliar la capacidad de retiro de ahorro en caso de despido, así como la cobertura del seguro social para desempleados.

Además, el gobierno federal otorgará 750 millones de pesos en apoyos directos a familias de escasos recursos para sustituir los aparatos electrónicos viejos por nuevos y se otorgarán 181 mil millones de pesos para el INFONAVIT.

La Gaceta Parlamentaria de la sesión de ese día, señalaba en el rubro de Agenda política, “comentarios sobre la situación Política Nacional” y que fueron vertidos por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (PRD) en la que afirmó que en dicho pacto no se observa el diseño de una política social clara que facilite el desarrollo regional y garantice la rectoría del Estado en el sector financiero.

Con 11 años en circulación, la Gaceta Parlamentaria es el órgano de difusión de las actividades del Congreso, creada en la LVII Legislatura a propuesta del entonces diputado Pablo Gómez Álvarez (PRD) en noviembre de 1997. Formalmente, desde 1875 se publica el Diario de Debates que viene a recopilar la vida legislativa en ambas Cámaras.

En el Primer Congreso Mexicano de 1822, se decretó un reglamento para la redacción del diario de las Sesiones del Congreso Constituyente de México, pero con motivo de la convulsionada vida política en el siglo XIX, su circulación no fue con la regularidad deseada, en cambio, los periódicos de la época, como El Monitor Republicano, El Correo del Comercio, El Siglo Diez y Nueve, El Tiempo, El Imparcial y El Universal, publicaban síntesis de las sesiones del Congreso.

En el Senado, sin existir algún órgano de difusión, sus sesiones eran extractadas en los periódicos El Sol, Águila Mexicana, El Fénix de la Libertad, El Diario del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Diario del Gobierno de la República Mexicana, El Siglo Diez y Nueve, El Universal, El Periódico Oficial del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos así como en El Archivo Mexicano. Además y como fuente de derecho de la época, se hayan las 16,890 regulaciones de la legislación mexicana ó colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República, a cargo de Manuel Dublán y José María Lozano.

Hoy por hoy, el principal compilador y promotor de lo que conocemos como crónica legislativa fue, Juan Antonio Mateos, quien vivió muy de cerca los principales procesos políticos y sociales de la época, cuando se unió a las fuerzas de Ignacio Comonfort en Puebla, y en la guerra de Reforma, estuvo bajo las órdenes de Ignacio Zaragoza.

Mateos fue diputado federal por un periodo de casi 30 años. En 1862 – 1863, en 1873 – 1876, en 1880 – 1881, en 1887 – 1896 y en 1899 – 1900. En 1869 fue nombrado por el Presidente Benito Juárez secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en 1887 -como diputado- Mateos fue el único en oponerse a la reelección presidencial de Porfirio Díaz, en medio de un Congreso complaciente.

Comenzó a publicar su trabajo en 1877 con la recopilación de las actas de los Congresos mexicanos desde 1822 hasta 1857 en su “Historia Parlamentaria de los Congresos Mexicanos de 1821 a 1857” de 25 tomos, en los que se refleja el doloroso tránsito de la nación mexicana hacia la democracia, varios debates constitucionales, elecciones, la secularización de la sociedad y el sufragio universal, entre otros temas.

En 1881 publicó El Correo de las Cámaras, que circuló sólo durante 24 ediciones y posteriormente fue director de la biblioteca del Congreso.

Un día de estos navegue por internet en la Gaceta Parlamentaria en http://gaceta.diputados.gob.mx/ o en http://www.senado.gob.mx/gaceta.php Estoy seguro que algo será de su interés.

Comenzó el proceso electoral 2009

En el mes de febrero del año que fenece, la Cámara de Diputados designó al presidente y consejeros del Instituto federal Electoral (IFE), en un proceso cuestionado.

Por lo que respecta al consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, cuenta con experiencia en el ámbito electoral al haber sido presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien por cierto fue quien le entregó la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador en el 2000.

En cuanto a Marco Antonio Baños Martínez, fue asesor de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) del Congreso de la Unión; y Benito Nacif Hernández, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de quien depende el proyecto intitulado “Monitor Legislativo”.

Como dato a tomar en cuenta son los lugares que ocuparon en la lista de calificaciones, hallándose entre el 21º. y el 35º. lugar, por lo que quizás no hayan sido los mejor calificados académicamente, pero hoy vemos que sí fueron notables políticamente, para quienes aprobaron el dictamen de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja que los acreditaba como los nuevos consejeros.

En el camino quedaron figuras relevantes como el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Genaro David Góngora Pimentel; la ex fiscal de delitos electorales, María de los Ángeles Fromow Rangel; el comunicador de W Radio Ezra Shabot Askernazi; y el jurista Raúl Carrancá y Rivas, quien por cierto afirmó que impugnaría el proceso; entre otros aspirantes.

Desde luego que hay quienes dicen que ganó el PRD y el PRI en la designación de consejeros; otros que el PAN y el PRI; pero por el momento, las combinaciones de colores son irrelevantes para el proceso electoral que comenzó en noviembre pasado y culminará con la jornada electoral de julio del año próximo.

Punto y aparte, pero las designaciones cambian el rumbo de un país. Como la que tuvo lugar sobre la persona de Francisco Javier de Venegas, Virrey de la Nueva España quien tomó posesión del cargo, justo un par de días antes de que Miguel Hidalgo se levantara en armas en la madrugada del 16 de septiembre de 1810.

Venegas era el nuevo y elevado funcionario de la orden de Calatrava y teniente general de los ejércitos españoles, quien de inmediato fue conocido en la Nueva España por su vestimenta militar sencilla, en comparación de los lujosos trajes que vestían sus antecesores, de quien el pueblo se burlaba colocando pasquines en las puertas del ahora Palacio Nacional: “Tu cara no es de excelencia / Ni tu traje de Virey / Dios ponga tiento en tus manos / No destruyas nuestra ley”. a lo que el Virrey Venegas mandó colocar su respuesta: “Mi cara no es excelencia / Ni mi traje de Virey / Pero represento al Rey / Y obtengo su real potencia / Esta sencilla advertencia / Os hago por lo que importe / La Ley ha de ser mi norte / Que dirija mis acciones / ¡Cuidado con las traiciones / Que se han hecho en esta corte!”.

Comenzaba la llamada -revolución- de independencia con Hidalgo, Allende, Aldama y otros insurgentes al frente, en las que las diferencias raciales fueron parte del alzamiento armando. Mientras los criollos -con desprecio- se referían a los españoles con el término gachupines, estos lanzaban las siguientes consignas en panfletos colocados en varias esquinas de la ciudad de México: “En la lengua portuguesa, / al ojo le llaman cri, / y aquel que pronuncia así / aquesta lengua profesa. / En la nación holandesa / ollo le llaman al C... / y así con gran disimulo / junto el cri con el ollo / lo mismo es decir criollo / que decir ojo de c... ”.

Desde luego, los criollos les respondían de la siguiente manera: “Gachu en arábigo hablar / es en castellano mula: / Pin la Guinea Articula / y en su lengua dice dar. / De donde vengo a sacar / que este nombre gachupín / es un muladar sin fin, / donde el criollo siendo c... / bien puede sin disimulo / ca... en cosa tan ruin”.

Nuestra picardía. Única en el mundo.

Se gastan pesos en frivolidades y centavos en lo importante

Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la partida presupuestal para pagar las pensiones presidenciales durante el 2008, ascendió a más de 2 mil millones de pesos; dicha partida contempla, además de la pensión mensual vitalicia por 164 mil pesos para cada uno de los cinco Expresidentes de la República, los gastos de operación de infraestructura y vehículos, así como los sueldos del personal que se encuentre a su servicio.

Por otra parte, cada uno de los Ministros retirados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) disfruta de una pensión anual vitalicia de 2 millones de pesos; además de chofer, asistente, aguinaldo de 40 días, seguro de gastos médicos mayores y hasta los viáticos para restaurantes, según lo reveló el periódico “El Universal”, en un ejercicio de transparencia.

Otro antecedente sobre el pago de pensiones, se haya en 1953, cuando el 3 de noviembre, el Congreso de la Unión aprobó el pago de una pensión de 15 pesos diarios, a Agripina Hidalgo, por el sólo hecho de ser descendiente de Miguel Hidalgo y Costilla, quien llevaba 142 años de haber sido fusilado.

El 9 de enero de 1934 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto del presidente Abelardo L. Rodríguez, por el que quedan extinguidas las pensiones que disfrutaban, con cargo al erario público, los sucesores en décimo cuarta generación y la familia española de los condes de Miravalle; ambas familias descendientes del Emperador Moctezuma II; cuya erogación fue implementada desde tiempos de la colonia española y respetada en 1821, cuando el recién independizado y naciente Estado mexicano asumió el compromiso de mantener las “pensiones de Moctezuma”.

Por cierto, la familia de los condes de Miravalle, por conducto de Doña María de las Mercedes Enríquez de la Luna del Mazo Condesa de Miravalle, radicada en Granada, España, insiste para que el gobierno mexicano les vuelva a pasar las pensiones que hasta hace más de setenta años les otorgaba y que les fueron cortadas. Desde 1991 y tras los varios escritos dirigidos a la Embajada Mexicana en Madrid, que han quedado sin respuesta, la familia encargó a Alejandro González Acosta, quien es historiador de la UNAM, para que investigue el tema y estudie la posibilidad de recurrir ante los tribunales para reivindicar sus derechos sobre determinadas propiedades.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era muy común encontrar solicitudes de particulares dirigidas al Congreso de la Unión, en las que pedían una pensión económica por servicios prestados a la República, a través de sus cuerpos de ejército, ya sea durante la guerra de Reforma, ya sea durante la guerra de Intervención.

A su muerte, Benito Juárez fue galardonado con el título de benemérito de la patria en grado heroico, en sesión del Congreso del 18 de abril de 1873. En esa misma sesión, se aprobó el pago de una pensión de 3,000 pesos anuales, a cada una de las hijas de Juárez –Doña Soledad, Doña Josefa y Doña Jesús- así como al menor Benito Juárez Maza, mientras concluyera su carrera o cumpliera 25 años de edad. Mismo derecho se otorgó a cualquiera de los siete hijos legítimos de Juárez que llegare a la pobreza.

El 27 de agosto de 1861 murió en su tierra natal, San Juan de los Lagos, Jalisco, doña Rita Pérez de Moreno, rechazando una pensión que le ofreció el gobierno federal y quien ofrendó a su esposo, el insurgente Pedro Moreno y a sus tres hijos, a la causa de la independencia.

Por otra parte, en reconocimiento a su labor, en favor de la causa de la independencia y como restitución de parte de sus bienes incautados por el gobierno virreinal, que ascendían a cincuenta mil pesos de la época, el Congreso de 1822 decidió que la primera mujer reportera del país, Leona Vicario, recibiera las propiedades de la calle de Santo Domingo esquina con Cocheras, hoy República de Brasil esquina con República de Colombia, así como las propiedades de los números 9 y 10 de esta última calle, en la ciudad de México.

Sin duda alguna, hay necesidades económicas más apremiantes en este momento, que pagar pensiones costosas para el Estado mexicano. No se critica el derecho a recibirlas, sino el monto de lo devengado. En México, se necesita más presupuesto para el campo, para incentivar el trabajo; para mejorar la seguridad pública, ya que estamos llegando a los limites de la violencia que tiene cualquier sociedad.

Concluyen los foros... sin periodo extraordinario

Han llegado a su fin los foros de la reforma energética iniciados el 13 de mayo pasado, en los cuales, se presentaron diversos puntos de vista, ya que participaron más de 170 ponentes, entre juristas, historiadores, escritores, economistas, funcionarios públicos, empresarios, diplomáticos, líderes sindicales, ingenieros y un ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, dieron cuenta de su opinión los gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera; de Morelos, Marco Antonio Adame; de Michoacán, Leonel Godoy; de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y de Tamaulipas, Eugenio Hernández, además del jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

Por otra parte, el Premio Nobel de química, Mario Molina; los presidentes nacionales del PRI, Beatriz Paredes Rangel, y del PAN, Germán Martínez Cázares, así como el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, los secretarios de Hacienda, Agustín Carstens, de Energía, Georgina Kessel, así como el titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Jesús Reyes Heroles.

El tema principal: la mal llamada propuesta de reforma energética, presentada por el Ejecutivo Federal, lo correcto sería llamarla la reforma de PEMEX, ya que sólo contempla la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la que crea la Comisión del Petróleo; la que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como la que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, mismas que se hayan en Comisiones del Senado en espera de ser dictaminadas, sin embargo, la realidad es que si bien es importante la reforma petrolera, dejan de lado temas sustantivos para el futuro como lo relativo a la energía eléctrica, nuclear o eólica, por citar algunas.

El debate de los foros temáticos recién concluidos, no tuvo el efecto mediático que se esperaba; los temas más socorridos son respecto del futuro de PEMEX por falta de liquidez para desarrollar nuevos proyectos, sobre todo en aguas profundas del Golfo de México, que garanticen el abasto del energético para el futuro y, por supuesto, la presunta privatización de algunas áreas de la paraestatal.

Aunado a los foros, tuvimos el infatigable discurso oficial de la reforma de PEMEX, que hoy por hoy, su actual régimen fiscal contribuye con varios pesos de cada decena al presupuesto federal, pero que no contrasta con el cuerno de la fortuna, la abundancia, el dispendio y en algunos casos hasta derroche, con el que directivos y funcionarios de la paraestatal se despachan en sueldos, prestaciones, haberes y compensaciones, cuando a este ritmo, no hay dinero que alcance.

En este mismo sentido, la representación sindical, con su oficio y tacto político, ha sabido someter a la directiva y al consejo de administración de la empresa para mejorar las condiciones de los trabajadores del gremio del crudo. Vaya, no se critica la mejora salarial, sino en algunos casos lo desmesurado de sus peticiones y lo intocable del contrato colectivo de trabajo; que no está de más señalar que el régimen laboral no fue motivo de discusión en los foros, aún cuando la dirigencia de su sindicato es integrante del Consejo Directivo de la paraestatal.

Sin duda alguna, un elemento de negociación para el éxito de la realización de estos foros de debate lo fue, Santiago Creel Miranda, excoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara Alta, destituido los primeros días de junio por el presidente de su partido, Germán Martínez Cazares, en uso de las facultades que le atribuyen sus estatutos, pero en una forma lamentable políticamente hablando, siendo substituido por el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, de quien se cree fue el principal cabildero y operador de la reforma fiscal aprobada a finales del año pasado, cuando en realidad, el mérito es de José Antonio Meade Kuribreña, en ese entonces, Coordinador de Asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens.

Una vez terminados los foros de debate, ahora la pelota se encuentra en la Comisión de Energía, presidida por el senador Francisco Labastida Ochoa, quien se encargará de conducir los acuerdos necesarios para la elaboración del dictamen para ser elevado a la consideración del pleno del Senado.

No hay visos de que se convoque a un nuevo periodo extraordinario de sesiones, como ocurrió en junio pasado, en virtud de que no existen condiciones políticas para su convocatoria: el reciente escándalo del presunto espionaje del CISEN al senador Manlio Fabio Beltrones; la consulta ciudadana del Partido de la Revolución Democrática que tendrá verificativo el próximo domingo 27 en el Distrito Federal; la iniciativa en materia energética del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, y quizás, la suya propia de los legisladores perredistas, por ahora, no lo hacen posible.

La reforma del Estado

Con un acto desairado mediáticamente hablando, por la toma de tribuna de los legisladores del Frente Amplio Progresista, concluyeron los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) del Congreso de la Unión, en el marco de la Ley para la Reforma del Estado.

Se trató de un esfuerzo por remediar, principalmente, los vicios y lagunas constitucionales y legales, producto del desprestigiado proceso electoral federal 2006, por todos conocidos.

Desde el 13 abril de 2007 y hasta el mismo día y mes de este año, trabajaron los subgrupos de trabajo temáticos en materia de Federalismo, Régimen de Estado y Gobierno, Reforma del Poder Judicial, Garantías Sociales y Democracia y Reforma Electoral.

La CENCA inició sus trabajos mediante la realización de foros de consulta pública, se recabaron las propuestas de los particulares, haciendo lo propio los partidos políticos. Posteriormente, con las propuestas recibidas y ordenadas por temas, la Subcomisión redactora sesionaba mediante los cinco subgrupos de trabajo, con la finalidad de analizar las propuestas recibidas para elaborar las reformas con el máximo consenso posible entre los legisladores de todos los grupos parlamentarios integrantes de los Subgrupos de trabajo.

Como consecuencia de lo anterior, se logró presentar como conclusión de los trabajos de la CENCA: 19 iniciativas, de las cuales, sólo 6 presentaron unanimidad y 13 alcanzaron el máximo consenso posible, proponiendo modificar, en total, 92 artículos de la Carta Magna.

Es importante señalar que durante los trabajos de la CENCA se contrataron a especialistas como Diego Valadés, Porfirio Muñoz Ledo, María Amparo Casar, Jorge Alcocer, Rolando Cordera, José Antonio Crespo y Emilio Rabasa, entre otros.

El subgrupo de trabajo en Federalismo, dirigido por el senador Melquiades Morales Flores (PRI), propuso modificar la Constitución, para reconocer al municipio como orden de gobierno e integrarlo en la estructura del Estado federal, reconociendo su diversidad y permitiendo la asociación de municipios con fines comunes. Además, propuso el servicio de carrera municipal, la promoción del desarrollo municipal y hacer partícipes a los municipios en el proceso de reformas a las Constituciones locales; también permite que entre las Entidades federativas y sus municipios suscriban convenios internacionales y quitar la prohibición del asociacionismo intergubernamental, entre otras.

El subgrupo de trabajo de Régimen de Estado y Gobierno, dirigido por el diputado Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), presentó 2 propuestas: la primera tiene que ver con el fortalecimiento al Poder Legislativo Federal mediante la reforma a 12 artículos constitucionales; la creación del Consejo Económico y Social con 6 reformas constitucionales y 1 legal.

El diputado César Camacho Quiróz (PRI), quien dirigió el subgrupo de trabajo de la Reforma al Poder judicial presentó 5 propuestas: la primera, por unanimidad, propone reformar 3 artículos de la Ley de Amparo; la segunda, el Consejo de la Judicatura Federal; la tercera, garantía presupuestaría a los Poderes Judiciales Federales y Locales; la cuarta, facultad de iniciativa al Poder Judicial; y, por último, la eliminación de la facultad de investigación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El subgrupo de Garantías Sociales, coordinado por el diputado Ector Jaime Ramírez Barba (PAN), presentó 10 iniciativas. 2 en materia de educación y el resto, por máximo consenso, en diversos temas como derechos humanos, igualdad jurídica del hombre y la mujer, seguridad social, derecho a la información, derecho a la cultura, el juicio político al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros.

Del subgrupo de trabajo en Democracia y Sistema Electoral, coordinado por el diputado Diódoro Carrasco Altamirano (PAN), abonó a sus trabajos con la reforma constitucional en materia electoral, pero sigue pendiente en el Congreso de la Unión, la aprobación de las reformas a las leyes secundarias, por lo que se prevé que haya un periodo extraordinario de sesiones que inicie el próximo 16 de junio.

Sin embargo, el producto del trabajo de la CENCA está pasando desapercibido por la opinión pública y la publicada, dado que el interés por el tema ha sido rebasado por el contexto político nacional, por lo que aún contamos con una reforma del Estado políticamente y legislativamente inconclusa.

La otra Constitución

Cuando la terminología jurídica y técnica hace notar una diferencia que se suscita a la hora de legislar, entre abrogar y derogar, ésta última es, la revocación o substitución, de alguno de los preceptos de ley, mientras que; la abrogación implica la anulación de la eficacia jurídica de un mandato legal en su conjunto, pudiendo ser reemplazada por otra; como la Constitución o alguna ley que de ella emane.

Sin embargo, y luego de 91 años de vigencia del texto constitucional de 1917, el debate se abre sobre la abrogación de la Constitución de 1857, que fue substituida por la de 1917, y que en ninguno de sus diecinueve artículos transitorios, el constituyente introdujo su abrogación.

El asunto se encuentra en la Mesa Directiva del Senado de la República, para que haga la solicitud formal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el objeto de que se pronuncie sobre si la Constitución vigente es la de 5 de febrero de 1857, o si se considera como formalmente vigente un nuevo texto constitucional creado por el Congreso Constituyente de 1917.

Además de lo anterior y según se desprende de la proposición del senador José Luis Lobato Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia; en el caso de que la resolución de la SCJN fuere en el sentido de que es vigente la Constitución de 1857 con sus reformas de 1917, se le corra traslado al Poder Ejecutivo Federal, a los Poderes Ejecutivos de los Estados y a las Rectorías de todas las Universidades del país, a fin de que se modifiquen los libros de texto y los programas de estudio en todos los niveles educativos a la luz de la interpretación procedente, lo que haría propicio que tanto las actuales como las nuevas generaciones de mexicanos, tuvieran un conocimiento preciso de nuestra historia y, consecuentemente, de la historia legislativa de nuestro país; según su resolutivo.

El espíritu de la propuesta del legislador se circunscribe exclusivamente a modificar los libros de texto y los programas de estudio de todos los niveles educativos, sin embargo, el alcance es más grave de lo que parece: incluye desde formas de vida, pensamientos políticos, formas y regímenes de gobierno, hasta el sistema parlamentario.

Normalmente, para reformar una ley, se deben de seguir los mismos procedimientos para su creación, conforme el inciso f) del artículo 72 constitucional, lo que significa entonces que en los artículos transitorios de la Constitución, debió haberse previsto la disposición del texto abrogado, o sea, el de la Carta Magna de 1857.

Además de lo anterior y para que una reforma sea introducida al texto constitucional, debe ser aprobado, por cuando menos, la mayoría de las legislaturas de los Estados, según el numeral 135 y 127 de las constituciones de 1917 y 1857, respectivamente.

Ahora bien, en términos académicos se abren los siguientes cuestionamientos: ¿será necesario que una asamblea constituyente abrogue una disposición de corte constitucional o con la pura decisión mayoritaria, luego de una lucha violenta, de promulgar una nueva es más que suficiente? Luego entonces, ¿Es necesario seguir el texto del inciso f) del artículo 72 constitucional para promulgar una nueva Constitución? ¿Puede aplicarse la costumbre dado a que la Constitución de 1857 no abroga la Constitución de 1824? ¿Qué sucederá entonces con las iniciativas producto de la Reforma del Estado en proceso?, entre otros.

Se trata de 151 años de vida; 4 guerras internas, la de intervención francesa, la de reforma, la revolución y la cristera; la participación en una guerra mundial; 42 presidentes de la República; 60 legislaturas del Congreso; una evolución poblacional de 5 millones a más de 100 millones de habitantes; 6 generaciones de familias; en síntesis: una evolución social, científica y tecnológica agigantada; y por tanto, si la SCJN así lo determina, será nulo de pleno derecho todos los actos jurídicos de los gobiernos emanados.

Quizás no volveremos a tener como Vicepresidente de la República al presidente de la SCJN, ni tampoco se encuentre disuelto el Senado o haya disputas ideológicas entre el partido liberal y conservador, como en 1824 o 1857, pero son esa clase de cuestionamientos traducidos en actos los que enaltecen el quehacer diario del país. Lo hacemos todos desde 1857 y antes quienes nos precedieron en este país.