La percepción del agravio

La clase política vende la idea a la ciudadanía que con el sistema anticorrupción aprobado por el Congreso, es la panacea para uno de los males de este país, que más agravios causa en el ciudadano.

Mientras que para la ciudadanía le agravia la pobreza, la corrupción, el desempleo, el fracaso educativo, la desigualdad, los fraudes, la impunidad, la delincuencia, la injusticia, la violencia, la partidocracia, las mentiras, los moches, el despilfarro y la opacidad, entre otros temas, a la clase política le agravia la critica política, el señalamiento, la transparencia y la denuncia pública.

Un estudio reciente hecho por el CIDE y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), denominado “México:Anatomía de la corrupción” incorpora una gráfica de la comparación de corrupción de gobernadores de México y Estados Unidos, de 2000 a 2013.

La gráfica indica que mientras en Estados Unidos en ese periodo hubo nueve gobernadores acusados, con los mismos casos investigados y con las mismas detenciones, en México hubo 41 gobernadores acusados, 16 de ellos investigados y sólo 4 detenidos, exponiendo lo deficiente del sistema anti impunidad mexicano.

Un solo ejemplo que quizás sea representativo del agravio ciudadano lo constituye, la injusta distribución de la riqueza, que podría generar o coincidir en factores de corrupción, por la vía del régimen de consolidación fiscal.

Dicho régimen se aplica para las grandes empresas y consiste en la deducción de perdidas contra ganancias acumuladas por impuestos, mediante la adquisición premeditada de una empresa con pérdidas y mantenerla de esa manera, para demostrar a la SHCP sus mermas y deducirlas de sus utilidades.

Otro ejemplo son las facilidades fiscales a grandes corporativos. Entre el 2000 y el 2005 los 50 grandes contribuyentes -de empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras-, pagaron sólo 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA), en promedio.

A esto súmele que Guadalajara podría ser la capital del lavado de dinero en el país, según el Departamento del Tesoro norteamericano. Lo sospechoso es que la desacreditada Fiscalía de Jalisco no actúe en consecuencia, ya que cabe la posibilidad que alguna empresa relacionada a algún político sea el beneficiario de las deducciones anteriores y se encuentre entre los 176 negocios sospechosos de éxito empresarial, y por tanto, “hueles a pura lana mojada”.

Esto funciona porque existe un sistema fiscal diseñado para omitir información y generar canonjías a discreción. La percepción de agravio tributaria también es palpable e incide en el ánimo de la ciudadanía.

Para el campo político, si no hay perdón para ciudadanos que pagan impuestos, tampoco lo debe haber para servidores públicos deshonestos, como cualquier exgobernador que haya abusado de sus funciones. Medidos con la misma vara, nomás.

Por eso el genio militar del padre José María Morelos abarcó todos los campos de la seguridad nacional y sin saberlo, creó los objetivos nacionales con la promulgación de los Sentimientos de la Nación, ganándose la admiración y respeto de todos.

Entre sus subalternos, Morelos tenía la fama de irresponsable, quienes constantemente se preocupaban de que al Generalísimo no se le ocurriera alguna locura, -como la de no marchar en sus exploraciones personales más allá de un punto ubicado-, dado a los Bravo, Galeana y Matamoros.

A los dos meses del sitio de Cuautla, las fuerzas habían menguado en ambos bandos y cuyo ejército insurgente estaba necesitado de obligar a los realistas a gastar parque, pedía voluntarios para que se acercaran a las trincheras enemigas y provocaran los disparos de los españoles.

Como en la guerra y en el amor, todo se vale, entre los voluntarios a tan peligrosa misión, estaba una mujer: María Reyes. Una insurgente que se acercaba a las filas de los gachupines, se levantaba las enaguas mostrándoles las nalgas a los realistas y provocando sus disparos.

Seguramente esta mujer salió ilesa, ya que con el tiempo, fue juzgada por la Inquisición y encarcelada durante cinco años por tan osados actos.

Jalisco en código rojo

El viernes 1 de mayo tuvo lugar más de 40 puntos de conflicto, entre vehículos siniestrados, comercios, gasolineras y sucursales bancarias incendiadas, producto de la reacción a la implementación del operativo Jalisco de las fuerzas federales, para presuntamente detener un capo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sur de Jalisco.

El CJNG sacó a relucir su capacidad de fuego al derribar el helicóptero del ejército mexicano, con un lanza cohetes. Pero además, vino a demostrar la capacidad de organización, de logística y de despliegue operativo del CJNG, al poner en crisis de seguridad 25 ciudades de Jalisco, su zona metropolitana en Guadalajara y algunas ciudades de Michoacán, Guanajuato y Colima.

En el campo político vino a evidenciar que el Primer Mandatario, Aristóteles Sandoval, conocía del operativo al exhortar a sus servidores públicos de primer nivel, a no abandonar la entidad desde un día antes. El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en Jalisco hicieron pronunciamientos el mismo viernes, para condenar los hechos o para apoyar al Ejecutivo del Estado. El PRI en Jalisco mantuvo un silencio, y por tanto, es posible que la clase política de su partido, así como sus candidatos, hayan dejado sólo políticamente al Primer Mandatario de Jalisco.

En el campo económico se calcula que las pérdidas materiales, ascienden a unos 550 millones de pesos. Los soldados y elementos de seguridad que fallecieron, seguramente fueron recibidos en el glorioso santo sanctorum de la República por algún héroe de la independencia.

En el campo de seguridad evidenció que las fuerzas federales no le confían la seguridad a la Fiscalía General de Jalisco (FGE), en el que se presume que Nájera no comparte información de inteligencia.

El modelo de seguridad en Jalisco implementado por Luis Carlos Nájera, desde que fue Secretario de Seguridad Pública en Jalisco y que se basa en técnicas policiales, tácticas de seguridad, de inteligencia, doctrina de seguridad y operativos, ha sido superado y por tanto, él y sus mandos no tienen nada más que ofrecer a la ciudadanía de Jalisco.

Cuenta con mandos formados en la amistad o en la improvisación, enquistados  así como él desde hace 9 años, carece de doctrina de seguridad propia y casi la mitad de su estado de fuerza, calculado en unos 19 mil policías locales y municipales, reprobaron las pruebas de control y confianza, cuya producción de delitos de alto impacto, como los desaparecidos, coloca a Jalisco en el segundo lugar del país.

El CISEN recomendó remover a un mando de seguridad de la zona metropolitana de Guadalajara, recomendado por el Fiscal Nájera. Esto no es cosa menor. El propio Luis Carlos Nájera tiene señalamientos de proteger al CJNG, así como una recomendación en la Comisión de Derechos Humanos, por la muerte de un preso, principalmente.

Por lo anterior, todos los mandos de la FGE deben renunciar y el titular, además, debe someterse a investigación en el Ministerio Público Federal, y se deben nombrar nuevos mandos comprometidos con el estado de derecho.

Los campos señalados estaban seriamente vulnerados, razón por la cual, la Federación implementó el operativo Jalisco para contener el avance de la delincuencia.

En el control de daños en medios nacionales y en la rueda de prensa a la que convocó el titular de la Fiscalía, sólo se remitió a señalar las estadísticas de los daños, y careció de un ejercicio autocrítico a su desempeño o de propuesta para evitar nuevamente en lo futuro sucesos de este tipo.

Al decadente modelo de seguridad de Luis Carlos Nájera, titular de la FGE, se le agrega las deficiencias en el modelo de información del gobierno de Jalisco, y que en la anterior crisis cuando el CJNG dio muerte a 15 policías de la FGE, un mando intermedio fue quien salió a medios a informar lo que le correspondía al Primer Mandatario o al Fiscal Nájera.

Hay quien afirma que Jalisco podría ser el nuevo Michoacán. No se descarta.

Los soldados y elementos de seguridad que fallecieron, seguramente fueron recibidos en el glorioso santo sanctorum de la República, por la “Dulcísima Madre de la Patria”.

Nos referimos a Leona Vicario, -la primera mujer periodista de México-, quien con recursos propios, suministraba provisiones de boca y guerra al ejército insurgente, convencía a los mejores armeros vizcaínos que se unieran a la guerra de independencia, distribuía la correspondencia rebelde, recibía en su casa a los jefes insurgentes, ayudaba a las familias de los apresados y era miembro de la sociedad secreta de Los Guadalupes, protectora de los rebeldes.

Al ser descubierta e interrogada por el inquisidor Matías Monte Agudo, dice de Leona Vicario, que “No tembló ni un ápice ante mi presencia ante mis amenazas de prisiones, castigos, de excomuniones... ¡Y me sostenía la mirada!”.

Fue rescatada de su cautiverio y se unió al ejército de Morelos, en compañía de su esposo, Andrés Quintana Roo, pero vivió entre penurias: su criada, María de Soto Mayor, señala que “Perseguía la niña Leona para limpiarle los mocos y lavarle la cara, a Juanito Nepomuceno, el hijo del señor Morelos”.

A su muerte y en las comparecencias de la Comisión para declararla como “Dulcísima Madre de la Patria”, nunca antes se había visto llorar a un Benemérito de la Patria, pero su esposo, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demostró que los héroes también son humanos: “¡Le he dado todo a mi patria! ¡Todo! ¡La vida misma  le daría! ¡Pero no la de Leona!”.

En las deliberaciones de los vocales, uno de los escribanos de la comisión -el bachiller de apellido Lerdo de Tejada- fue felicitado por el presidente Santa Anna, quien lo invitó a participar en política, pero se negó y firmó su acuerdo por escrito.

30 años más tarde la vida le cambió a ese bachiller de nombre Sebastián, al ser Presidente de la República.

La tortura en México

Naciones Unidas publicó este lunes el informe sobre tortura, en el que arroja que “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad", así lo dijo Juan E. Méndez, relator especial de la organización.

Resaltó que la finalidad de dicho procedimiento es castigar o extraer confesiones o información, con evidencia de la participación activa de fuerzas policiales y ministeriales, en cuyas prácticas prevalece la indiferencia o complicidad de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

No sólo eso, sino que el informe de Naciones Unidas viene a corroborar el Informe la Oficina en Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA, por su siglas en inglés), quien afirma que durante más de dos décadas, sucesivos gobiernos mexicanos han tomado medidas para crear fuerzas policiales más profesionales, modernas y mejor equipadas. Aunque estas reformas han incluido algunos elementos positivos, no han logrado establecer sólidos controles internos y externos sobre las acciones policiales, lo que permite que continúe un patrón generalizado de abuso y corrupción.

Ante los señalamientos de Naciones Unidas, el gobierno mexicano por conducto de Jorge Lomónaco Tonda, representante permanente de México ante Organismos Internacionales con sede en Suiza, dijo en sesión del Consejo de Derechos Humanos, que nuestro país reconoce una serie de retos por atender en la materia, pero no comparte “una aseveración como la que propone el relator” de Naciones Unidas.

En el triste y deplorable papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha sostenido un papel de audacia y valentía política ante las aseveraciones que sobre nuestro país hizo el expresidente de Uruguay, José Mujica así como el Papa Francisco, para reclamar con toda energía y la debida representación lo dicho por esos actores políticos; mientras tanto, cuando en los Estados Unidos han asesinado a tres mexicanos, la misma cancillería ha  procedido con simples notas diplomáticas que sólo demuestran la pobreza y mediocridad de la política de relaciones exteriores.

No obstante lo anterior, lo cierto es que hay miles y miles de muertos contabilizados de los cuales, es probable que la autoridad haya participado con un número indeterminado, difícil de cuantificar y cuya cifra es la que no puede ocultar la cancillería.

Por eso es que ahora que el relator de Naciones Unidas asocia la indiferencia o complicidad de autoridades, como algunos jueces, es que se levanta la voz ciudadana para reclamarle al Senado, que no se ratifique a Eduardo Medina Mora en el cargo de Ministro de la Corte a propuesta del Presidente de la República, porque sus actos como servidor público, lejos de engrandecer las instituciones de procuración de justicia e inteligencia del estado mexicano, vino a desvirtuar el espíritu de dichas funciones.

No fueron suficientes las más de 50 mil voces que reclamaban a los senadores del PRI y PAN no ratificar a Medina Mora. Esto los coloca en una vulnerabilidad para las críticas y señalamientos, sobre todo porque el Senado manda el mensaje a la opinión pública, de insensibilidad e indiferencia a las demandas ciudadanas, en un momento en el que se acercan las elecciones y la ciudadanía podría invocar este enojo para votar en contra de sus partidos, a menos que la verdadera razón para haber votado a favor lo sea que les haya dolido los 100 pesos que anunciaron como descuento de su dieta y demás prestaciones, como una medida de austeridad.

Pero no sólo la tortura es física. Los ciudadanos padecemos también la tortura política, cuando algunos regidores, presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, federales o senadores, no son sensibles a las demandas o peticiones ciudadanas y violentan la voluntad popular.

Padecemos la tortura política, cuando en el desempeño de sus funciones sobreponen intereses de grupo a intereses ciudadanos, o bien, cuando sin empacho o pudor alguno, toman el dinero que no les corresponde, ignorando olímpicamente a propios y extraños, como si se tratara de su patrimonio y pasando a la historia como un servidor público del montón, sin criterio propio y esperanzado a que su jefe político o su partido les arrojen unas migajas políticas para su triste y miserable subsistencia política.

Una tortura histórica. La perversidad, crueldad y ruindad de la Santa Inquisición mexicana, a los que algunos en estos tiempos les encantarían revivir tan dignos status, como Manuel Abad y Queipo, quien decretó la degradación eclesiástica de Miguel Hidalgo y José María Morelos, en el que “te arrancamos la potestad de sacrificar, consagrar y bendecir, que recibiste con la unción de las manos y los dedos”, mientras eran raspadas su manos y yemas de los dedos, daban inicio al ritual de degradación eclesiástica, para posteriormente, y “como hijo ingrato, y borramos de tu cabeza la corona, signo real del sacerdocio, a causa de la maldad de tu conducta”, al tiempo que le raspaban la cabeza para borrar simbólicamente la unción obispal para ordenar. Poco antes vino la terrible excomunión.

Futuros cambios en la CNDH

Como usted sabe en próximas fechas se renovará la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que actualmente recae en el doctor Raúl Plascencia Villanueva.

Esta administración ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos, quienes han visto un desempeño poco relevante para el tamaño de la responsabilidad. Por ejemplo, el ombudsman nacional fue señalado por su tardía respuesta en el enfrentamiento entre pobladores de Chalchihuapan y la policía en Puebla que arrojó como resultado la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, como consecuencia de las lesiones producidas por una bala de goma en el marco de la aplicación de la Ley Bala en ese estado y generando una crisis mediática y política para el Primer Mandatario Poblano.

Hay otros temas en la palestra de derechos humanos que parece que han sido incómodos para la CNDH. Organizaciones defensoras de derechos humanos le señalan que no ha emitido recomendaciones sobre el trato en las estaciones migratorias, sobre la trata de migrantes, la libertad de expresión, y han sido tibios, e incluso se dice que nulos o mediocres, los pronunciamientos acerca de la desaparición forzada de personas.

El ombudsman nacional recientemente se reunió en privado con los legisladores, a pesar de las reiteradas convocatorias que se le han hecho desde la Cámara de Diputados, lo que le ha generado un frente de crisis político con legisladores de oposición.

El tema de derechos humanos se inscribe en la agenda de seguridad nacional, cuando estos son considerados como objetivos nacionales del Estado mexicano al aspirar a la plenitud de ellos por la ciudadanía y transeúntes por el territorio nacional.

No parece haber en el ánimo de los legisladores el reconocimiento suficiente al trabajo de la actual administración del jurista Plascencia Villanueva, que sume sus voluntades para ser ratificado en el cargo.

Se dice además, que la CNDH a su cargo ha generado frente de crisis con las autoridades de la UNAM y de la SCJN, que podrían suponerse en todo caso ha sido por el ejercicio de sus atribuciones, aunque en realidad, parece que ha dejado de lado temas de Estado y se ha concentrado en temas domésticos.

Han salido a relucir algunos nombres que podrían aspirar a la titularidad de la CNDH. Se ha mencionado que hay interés en impulsar un par de cuadros que provienen de la SCJN y de la UNAM, respectivamente.

Pero hay una propuesta que es muy posible que tenga el perfil idóneo para ocupar el puesto y que recae en la persona de Mauricio Farah Gebara.

Es abogado, ha colaborado en el IFAI, fue quinto visitador por la CNDH y sus cartas credenciales académicas lo colocan en temas de migración, asunto que la administración de la Casa Blanca ha impulsado en una política pública de contención en la frontera sur mexicana, en vez de generar y fomentar con los gobiernos expulsores de migrantes, políticas de desarrollo integral que inhiban la migración mediante esquemas de impulso económico que desborden en la población.

El siguiente ombudsman nacional tiene el reto de impulsar con el Ejecutivo Federal y sus dependencias, esquemas de colaboración y conjunta participación para proteger la personalidad humana, en el marco del derecho positivo mexicano y de los tratados de los cuales nuestro país es parte, como la visión de Estado que tienen los derechos humanos en la constitución.

Los objetivos nacionales con carácter coyuntural, son aquellos que se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo, y su carácter de coyuntural se encuentra íntimamente ligada, a la visión de gobierno del titular del Poder Ejecutivo en turno, facultado para elaborar dicho plan, en el que involucra la participación de las Secretarías de Estado bajo su responsabilidad.

Si en la estructura de la seguridad nacional mexicana la ajustáramos a tiempos pasados, encontraríamos luego entonces, que una de las primeras acciones para generar objetivos nacionales en materia de uno de los temas de derechos humanos, la encontraríamos en la abolición de la esclavitud del padre Hidalgo, proclamada en diciembre de 1810 en Guadalajara y plasmada en 1813 en los Sentimientos de la Nación de Morelos, al señalar  “Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud […]”.

Proponen aumentar sueldo

En una maniobra próxima al inicio del proceso electoral federal, los partidos políticos han propuesto el tema del aumento al salario mínimo.

Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del D.F., propuso elevar el salario mínimo y aumentarlo 20 pesos a partir del próximo año, hasta que en diez años alcance 171 pesos; en contraste, el Partido Acción Nacional busca realizar una consulta con miras a aumentar en un 25% el salario mínimo a partir de 2015.

El argumento de Mancera es que de 1976 a la fecha, el salario mínimo se ha reducido en 71% a nivel nacional, aunque es posible que podría ser en varias centenas porcentuales, derivado de los distintos aumentos a la gasolina y que produce en espiral, un aumento en los precios de todos los bienes y servicios, incluidos los de la canasta básica, colegiatura, renta de una vivienda y manutención de los integrantes de una familia; a esto, bien podría aumentarse las distintas crisis económicas en dicho periodo, por ejemplo de 1976, 1982, 1988, 1994, 2000 y 2007, por citar algunas, que contribuyen a la merma del ingreso de un trabajador, por lo que el cálculo del equipo del Jefe de Gobierno, es conservador y se queda corto, muy corto.

Por su parte, el criterio del equipo de Gustavo Madero está siendo colocado en una consulta, basada en el análisis de que la inflación en México en 2013 cerró en 3.97%, en línea con el aumento al salario del año pasado de 3.9%, entre otros factores. Nada nuevo bajo el sol.

El salario en México está condicionado a los análisis que realicen los sectores empresariales y obreros, representados en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y que les permite concluir cuánto dinero necesita un trabajador para “vivir dignamente” en función del costo de vida, la inflación producto del aumento de los precios. El salario deberá satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador, su educación y sus placeres honestos y los de su familia, considerándolo como jefe de familia. 

En la incongruencia de las cosas, hace algunos años se vio a líderes sindicales, como el corrupto de Víctor Flores Morales, dirigente de los trabajadores ferrocarrileros, asistir a negociar 1 o 2 pesos de aumento al salario mínimo, descendiendo de un automóvil Alfa Romeo con un costo de 500 mil pesos, vistiendo un traje Ermenegildo Zegna de 100 mil pesos y un reloj Tag suizo de 125 mil pesos; y más recientemente se ha sabido de las corruptelas del sempiterno líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, cuyo gremio tiene una deuda calculada en unos 1,400 millones de dólares en Texas, en la que esperamos que dicha deuda no sea incorporada a los pasivos laborales rescatados por los diputados federales durante la aprobación del paquete de leyes secundarias de la reforma energética.

El salario mínimo general para 2014 es de 67.29 pesos diarios, lo que representa 2,018.70 pesos mensuales, cifra que contrasta con la línea de bienestar medida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y que a junio de 2014, dice que con 1,225.16 pesos mensuales por persona en zona urbana y 853.60 en zona rural es que una persona satisface sus necesidades. Que se lo digan a Romero Deschamps y amigos que lo acompañan.

Por lo anterior, si usted vive en alguna zona urbana y devenga el salario mínimo, le sobran 793.54 pesos mensuales para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Cualquier cifra inferior a las descritas en el párrafo anterior corresponden a la pobreza.

No todo debe aumentar en el salario mínimo. Como usted sabe el salario mínimo es factor de cobro en más de 600 trámites en el país, que tienen que ver con multas, infracciones y tasaciones federales, estatales y municipales, en el que si verdaderamente se desea beneficiar al trabajador, debe de retirarse el factor del salario mínimo a la hipoteca que realiza el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores sobre la vivienda que adquiera el trabajador, o bien, a las aportaciones que realiza el trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social de otra forma, pagaría el aumento que se otorgue.

No sólo eso, sino que debe moderarse la voracidad de la costosa y a veces inútil, burocracia dorada mexicana, que con sueldos de primer mundo no coinciden los resultados del producto de su trabajo, con lo ridículo que parece un salario mínimo, en un país cuyo costo de vida no representa los miserables 2,018.70 pesos del salario mínimo general al mes.

Pero para verdaderamente aumentar el sueldo se necesita de valor para poner en su lugar a los grupos de interés que resultarán afectados por estas medidas y no sólo como interés electorero.

Pero en la historia y en contraste, no se necesito de tanto dinero para demostrar voluntad. En el sitio de Cuautla, desarrollado entre el 19 de febrero y el 2 de mayo de 1812, en la población de Cuautla, hoy Estado de Morelos, el ejército insurgente de Morelos se encontraba necesitado de obligar a los realistas a gastar municiones, pedía voluntarios para que se acercaran a las trincheras enemigas para que provocaran los disparos de los realistas españoles.

Entre los voluntarios a tan peligrosa misión, estaba una mujer: María Reyes. Se trataba de una insurgente que se acercaba a las filas de los gachupines, se levantaba las enaguas mostrándoles las nalgas a los realistas para hacerlos disparar y que perdieran parque.

Seguramente esta mujer salió ilesa, ya que con el tiempo, fue juzgada por la Inquisición y encarcelada durante cinco años por tan osados pero valientes actos.

Arraigan al secretario de gobierno de Michoacán

El secretario general de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna, fue detenido y arraigado por su presunta colaboración con el grupo delictivo de los Caballeros Templarios y contradiciendo al gobernador de esa entidad, Fausto Vallejo Figueroa, quien afirmaba meter las manos al fuego por él.

El también exgobernador Reyna no alcanzó a utilizar el aparato de procuración de justicia, como ha sucedido con personajes públicos en otras ocasiones, en el que ante cualquier señalamiento de conductas irregulares, buscan, piden y exigen que el ministerio público los investigue y ante medios los declare pulcros y sin mácula alguna. Este es el malentendido uso de las procuradurías de justicia, que son instituciones para perseguir delitos y no para extender certificados de buena conducta política.

En su momento otros políticos que se encontraron bajo el escrutinio público, buscaron en algún momento el auxilio del ministerio público y al no obtenerlo, salen a medios para pregonar que hay un nefasto interés, sesgo partidista, perverso trasfondo o tinte político, que desea desestabilizarlos. Una declaración a medios no substituye la actuación ministerial de la procuración de justicia.

Esta es una conducta dada en algunos integrantes de la clase política, en la que en una extraña relación, desean obtener en la publicidad de sus actos, la fama y el reconocimiento público en pos del avance en sus carreras políticas, pero que al menor intento de ser evidenciados en algún acto de corrupción o ilegalidad, buscan pasar inadvertidos, en el anonimato y pretendiendo que nadie los critique de sus conductas.

En este supuesto se encuentren las senadoras michoacanas Iris Vianey Mendoza (PRD) y María Luisa Calderón Hinojosa (PAN), así como el exgobernador de esta entidad, Leonel Godoy Rangel, con graves señalamientos por sospecha de tener vínculos con la delincuencia.

La perredista acusada por el líder de las autodefensas en ese estado, José Manuel Mireles Valverde de colaborar con los Templarios; la panista señalada por Servando Gómez “La Tuta”; y el exgobernador Godoy bajo sospecha, entre otras cosas, de proteger a su hermano, el exdiputado Julio César Godoy Toscano quien recibe el apoyo de “La Tuta” para ganar la elección así como otras reveladoras declaraciones.

Arraigar al exsecretario de gobierno de Michoacán sin tomar en cuenta los serios dichos que involucran a las legisladoras y antes al exgobernador, -como una línea de investigación y proceder en consecuencia-, es hacer que la PGR sea utilizada para acreditar la buena conducta política de todos ellos, en el que desean pasar desapercibidos para la opinión pública y la justicia, abusando del fuero y la pertenencia a la clase política, buscando el apoyo de su partido para estar en condiciones de negociar la impunidad como moneda de curso legal, a cambio de la votación de su grupo parlamentario en el Congreso o condicionar el apoyo político al gobierno en turno. Esto se llama chantaje político.

Cuando un delincuente señala a un político o funcionario de alto nivel, las autoridades federales lo investigan a discreción y sin dar parte a la opinión pública para evitar someterlo a un juicio mediático; en contraste y en un acto poco usual de la PGR, a Reyna se le detuvo y se le arraigó por 40 días, en el que su detención debe arrojar luz que aporte los detalles de la protección institucional a Los Caballeros Templarios, venga de donde venga. Este mismo proceder debe implementarse con quienes protegen a los demás cárteles, sean de cualquier signo o procedencia política. Aquí sería interesante que la PGR diera a conocer, a cuáles integrantes de la clase política ha señalado Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, por protegerlo durante 13 años que estuvo prófugo de la justicia.

En ejercicio del derecho a la sospecha y con el objeto de despejar todas las dudas, sin que sean certificados en conducta, sería interesante conocer los informes de inteligencia del ejército y la armada, sobre los señalamientos de que se les imputa para estar en condiciones de deslindar responsabilidades. La autoridad tiene la palabra.

Ante las arbitrariedades y abusos de los indígenas en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, a finales de septiembre de 1810, Ignacio Allende le reclamaba al padre Hidalgo el proceder de los indios, cuya respuesta fue “¿Qué quiere que haga? ¡Se están vengando de 300 años de injusticia!...”.

Divulgan nombres de deudores....a medias...

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó hace unos días la lista de contribuyentes incumplidos, por supuestos jurídicos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y que tengan créditos fiscales firmes, créditos fiscales que no han pagado o no han sido garantizados, que no sea posible localizarlos en su domicilio fiscal, que tengan sentencia condenatoria por haber cometido un delito fiscal y que se les haya cancelado o condonado algún adeudo fiscal, a partir del 1 de enero de 2014.

En el rubro de crédios fiscales firmes y créditos fiscales que no han pagado o no han sido garantizados, encontramos ayuntamientos, obispos, figuras del espectáculo, políticos y periodistas, principalmente.

Pero en el rubro de créditos fiscales que se les haya cancelado o condonado, el SAT obra de manera tendenciosa, ya que no involucra a ninguna de las más de 150 empresas emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, como por ejemplo, Grupo Televisa quien en abril del 2013 fue sujeto de una condonación de 3,334 millones de pesos (mdp). Es muy probable que además de la condonación fiscal, Grupo Televisa sea sujeto de otros beneficios condonatorios, como en el servicio de energía eléctrica, -su principal insumo-, o quizás en impuestos estatales o municipales.

Esto es una asimetría fiscal, toda vez que usted o yo, como personas físicas, no nos escapamos de pagar impuestos, sobre todo ahora que hay nuevas reglas en este tema.

En el volúmen de la discusión, el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR asegura que los créditos cancelados ascienden a 322,000 mdp y poco más de 400,00 mdp en créditos condonados, con casos en el que un sólo deudor tiene créditos fiscales por 28,000 mdp; por otra parte, entre 200 personas, físicas y morales, deben al fisco el equivalente al gasto en salud. Claro está que no hay impuesto que alcance a cubrir las necesidades de los gastos del gobierno y así no es posible y la SHCP debe asumir con responsabilidad este tema y una falta de eficiencia de su parte.

En el 2009 cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el informe “Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano, Oportunidades de Mejora, 2009”, arrojaba por ejemplo, que en el 2006, 50 grandes contribuyentes, -entre empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras-, pagaron 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre el 2000 y el 2005, en promedio, entre otras barbaridades.

Estas barbaridades coinciden con la falta de transparencia en créditos cancelados y condonados que ha realizado el SAT a personas morales, como Grupo Televisa y otros que el SAT no ha informado, quienes abusan de su capacidad de litigio para obligar al SAT a condonarles impuestos ya que sólo da a conocer los nombres de personas físicas no siempre con la misma capacidad de defensa jurídica que las personas morales.

En el Congreso de Chilpancingo, el 14 de septiembre de 1813, el secretario de dicho Congreso, Juan Nepomuceno Rossains, le daba lectura a los Sentimientos de la Nación, que en su punto 22, señala “Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian, y se señale a cada individuo un cinco por ciento de semillas y demás efectos u otra carga igual, ligera, que no oprima tanto, como la Alcabala, el Estanco, el Tributo y otros; pues con esta ligera contribución, y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados”, como el primer impuesto cancelado en México.

Política difícil

Dice el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que se recuperaron territorios controlados por los cárteles, lo cierto es que cárteles o no, Michoacán seguramente vive su peor momento al permanecer en la incertidumbre, producto de la presencia de grupos del crimen organizado que fueron denunciados con anterioridad por Obispos de Michoacán, así como por uno de los lideres de un grupo de autodefensas, José Manuel Míreles, de este Estado.

La gravedad del tema es que gobiernos emanados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han demostrado su incapacidad para gobernar en esa Entidad Federativa, en una crisis que además de la seguridad, se extiende a lo político.

Así, sobre el tema político es que aparece Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), afirmando que su partido, el blanquiazul, está emulando al PRI en la práctica de la corrupción. Esta declaración no favorece los dichos reparadores del titular de la PGR, en un intento por demostrar que la dependencia que dirige, actúa en el marco de una estrategia por rescatar Michoacán de la delincuencia organizada y de prácticas insensibles de gobierno, como patrocinar una fiesta en el Palacio de Bellas Artes con el cantante Juan Gabriel, dado por el gobernador en funciones y ahora Secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, así como por el gobernador Javier Duarte de Chihuahua.

Como se dijo arriba, la gravedad de las condiciones de seguridad de Michoacán fue denunciado con anticipación, pero oh! maldita verdad, que te empeñas en salir a flote para evidenciar a la clase política.

Es muy posible que el problema de seguridad mexicano se encuentre de manera deprimente, no sólo en Michoacán, sino en todo el país, así lo indica la sola presencia del centro de espionaje de Estados Unidos, que se encuentra en la Av. Paseo de la Reforma en la ciudad de México, en el que laboran tres elementos del Comando Norte, uno de la Agencia Geoespacial, otro de la Agencia de Inteligencia de la Defensa y otro más de la NSA, según un documento desclasificado del Pentágono de nombre “Noforn”.

Esta situación del espionaje ha sido un tema recurrente y desafortunado para el gobierno del presidente Peña Nieto y que ha provocado reacciones diversas; desde quien señala que se debe pedir explicaciones firmes, hasta invocar el tema del nacionalismo para impedir que sigan ejerciendo espionaje en territorio nacional.

Hoy por hoy, lo cierto es que con permiso o sin permiso del Gobierno Federal, no abonó en el tema de la seguridad el haber autorizado la permanencia de una oficina que aglutine la inteligencia norteamericana, al servicio de la seguridad mexicana. La situación no ha mejorado, así lo percibe la población.

Una relación política difícil se dio cuando la administración del expresidente Felipe Calderón, retiró la materia de historia en los libros de texto de secundaria.

Es inconcebible que se haya retirado la paternidad de Miguel Hidalgo, cuando se sabe por investigaciones de historiadores, citas de particulares, documentos oficiales y su propia familia, señalan que Hidalgo tuvo 3 mujeres con las que procreó 5 hijos en total y cuenta aún con descendencia.

Por cuanto a su gran obra: ser el iniciador de la guerra de independencia, el movimiento tuvo un carácter de guerra santa: Lucas Alamán, en su historia de México escrita 40 años después, afirmaba que las tropas de Hidalgo, habían fijado en palos, carrizos y sus sombreros, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entre la tropa se oía: "el cura es un santo ... la Virgen le habla varias veces al día ...". Probablemente de aquí salga el refrán popular: "Te haces que la Virgen te habla ...".

El tema es, que por el contenido editorial en la respuesta a la pregunta expresa de la paternidad de Hidalgo, -tratando de desviar o de negar su paternidad-, cabe la presunción e inferencia, que el posicionamiento oficial de la administración del Expresidente Calderón, es que Miguel Hidalgo y Costilla, no tuvo hijos, aunque se demuestre lo contrario. 

Así, es que esta pluma escribe para reafirmarle sus conocimientos sobre la vida y sucesos de la historia de nuestro país, las traiciones y orgullos de sus héroes, las dichas y desilusiones del pueblo, luz y sombra de la República y de los Imperios, que le transmito a usted, como a mi pequeño hijo, para que conozca una aproximación a la verdad histórica, por más dolorosa que sea y sus personajes, -como Miguel Hidalgo-, y no sólo lo conozca porque tiene nombre de calle.

Libre por errores

Por errores procesales fue liberado Rafael Caro Quintero, quien llevaba 28 años preso en Puente Grande, Jal. luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito determinó sobreseer cuatro juicios, por cumplida una condena, así como una absolución por el delito de asociación delictuosa.

En términos jurídicos, el sobreseimiento significa el desistirse de la acción de la justicia sin resolver el caso de fondo, es decir, el llano carpetazo.

En un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal explicó las razones por las que se determinó desistir la acción de la justicia. En el caso del secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y del piloto Alfredo Zavala Avelar, el juez determinó que el juzgado federal que lo sentenció no tenía competencia en el caso, que se trataba de un delito del fuero común. En el resto de los procedimientos, el Consejo de la Judicatura Federal dice muy sutilmente que la PGR no integró adecuadamente las averiguaciones pevias, razón por la cual, dejó en libertad a Caro Quintero.

Lo anterior fue el principal motivo para que las relaciones entre México y Estados Unidos entraran en una periodo de crisis política, por el corrompimiento del sitema de seguridad mexicana.

Este momento político dio pie a la reestructuración de la seguridad nacional mexicana y al desmantelamiento de la temible Dirección Federal de Seguridad, para convertirse en el CISEN de ahora.

Si bien es cierto que el delito de privación de la vida es del fuero común, muy seguramente la presión política del momento obligó al gobierno de Miguel de la Madrid a que la PGR atrajera la investigación y la conformación de la averiguación previa.

Por su parte, la PGR emitió un comunicado en el que dice que el juez federal debió haber remitido el expediente al juez que estimara competente para que conociera del juicio, pues de la manera en que sucedió, produce la absolución sin juicio por un juez que el mismo Tribunal consideró incompetente.

Como haya sido, nuevamente falló el sistema de procuración y administración de justicia, como también falló al permitir la liberación del hermano incómodo del expresidente Carlos Salinas de Gortari y por supuesto, la devolución de sus bienes, producto de la corrrupción. Sólo falta que el Estado mexicano le pida perdón, faltaba más.

Pero por supuesto que no haya sido un preocupado padre de familia que al no encontrar trabajo necesario para llevar el sustento a su familia, haya optado por robar un litro de leche o un kilo de blanquillos para llevar a su hogar porque de inmediato le cae el largo brazo de la ley; ah! pero que tal que los senadores del PAN se autorecetaron 430 mil pesos de la nada y con el cinismo que ahora a algunos no quieren regresar el dinero y a quienes deberían fincárseles responsabilidades, no obstante su fuero constitucional.

La verdadera reforma que el gobierno del presidente Peña Nieto debería implementar, sería en el tema de la justicia. No es posible que por errores de procedimiento haya sido dejada en libertad Florence Cassez y Raúl Salinas de Gortari, errores que lo que demuestran es un uso cómplice de la justicia, aprovechándose de las fallas procesales que pudieran haber sido cometidas de manera premeditada y sin responsabilidad de servidor público alguno.

Un personaje histórico que no se liberó del juicio de la historia, fue Agustín de Iturbide cuyo su ascenso al imperio de México fue en circunstancias poco claras. En octubre de 1810 Miguel Hidalgo invita a Agustín de Iturbide a unirse a la causa insurgente, quien la declina y durante los once años de la guerra de independencia, decide combatir en contra de aquellos quienes soñaron con la independencia.

Se sabe que su trato como combatiente y autoridad fue cruel y en exceso, razón por la cual, se le negó el ascenso a general.

Cuando Iturbide se entrevista con Vicente Guerrero en febrero de 1821, para sellar la alianza política y militar con el abrazo de Acatempan, unos meses antes Iturbide seguía persiguiendo y matando insurgentes.

Para el 18 de mayo de 1821, el sargento Pío Marcha y la tropa del regimiento de Celaya que comandada Iturbide, azuzaban a la plebe: “¡viva Agustín de Iturbide, emperador de México!”. Dos días después, Iturbide “accedió” a los deseos de la turba en el alboroto callejero y su “nombramiento” fue ratificado por el Congreso y coronado como Agustín I de México por el obispo de Guadalajara, Juan Cruz Ruiz de Cabañas.

Un testigo presencial dice que el presidente del Congreso se dirigió a Iturbide, con “sujétese bien la corona, no se le vaya a caer”.

En sus memorias, Iturbide escribiría sin empacho alguno, que "[...] El Congreso de México trató de erigir estatuas a los jefes de la insurrección... . A estos mismos jefes había yo perseguido, y volvería a perseguir [...]“, en referencia a los insurgentes Hidalgo, Morelos y demás.