El siguiente informe del presidente

Por disposición constitucional, el primero de septiembre de cada año el presidente de la República debe acudir a la sesión apertura del primer periodo de sesiones en la que estará reunido el Congreso General para rendir el informe, primero en este caso de su administración; y conforme se acerque el día, más opiniones serán vertidas acerca de su presencia y de las insinuaciones por tratar de alterar el buen desarrollo de acto republicano de tal naturaleza.

Son muchas las voces que se han alzado pidiendo modificar el modelo en la presentación del informe, argumentando que esta rebasado por la actualidad política, aunque en este momento los coordinadores parlamentarios se encuentren acordando una salida negociada que permita al presidente de la República presentarse para informar a los ciudadanos de la situación en el país.

Insisto que si se trata de señalar que el tema es el agotamiento del formato presidencial, en que se coincide; existe una iniciativa presentada con anterioridad, con la que se pretende que el presidente de la República presente por escrito su informe,; sin embargo, esta propuesta se encuentra en comisiones para su estudio y dictamen, siendo motivo de una probable convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones para mediados de junio, pero, en la práctica hubiera resultado difícil porque además del proceso legislativo federal y por tratarse de una reforma constitucional, se necesita que la mayoría de los Congresos locales la aprueben y el tiempo se agota día a día.

Ahora bien, Felipe Calderón recibió una Presidencia de la República desgastada por la evidente participación de la figura de Los Pinos en la elección presidencial, que es el principal motivo político del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para cuestionarle, además de una serie de infortunios en que incurrió Vicente Fox, tanto al interior del país como en el extranjero, pero aún así, ha sido la segunda Presidencia que de manera consecutiva evita la inflación en el transcurso del término e inicio de un sexenio; el tema de la inseguridad pública vuelve a tomar, según los especialistas, niveles de hasta 4,000 muertos sólo en esta administración, además, de liberar de aranceles a la importación de maíz, trigo, entre otros.

Por otra parte y según la corriente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denominada “los chuchos” dirigida por el exsenador Jesús Ortega, ha reconocido que en su partido, existe una crisis interna que ha desgastado a ese instituto político ante la ciudadanía, producto de su malogrado proceso interno para renovar dirigencia de ese instituto político. Lo mismo ha dicho Alejandro Encinas, exjefe de Gobierno del DF y candidato a la presidencia de su partido.

El tema que pregona el PRD para impedir al presidente Felipe Calderón dar lectura a su mensaje a la nación, no lo es la legitimidad. El proceso electoral concluyó cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), le entregó la constancia de mayoría al hoy presidente Felipe Calderón.

El tema no es el carácter de “espurio”, “ilegítimo” o cualquier otro calificativo con el que el excandidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador se ha referido al Ejecutivo Federal en turno. Han transcurrido casi dos años de gobierno y ha sido reconocido como tal por la oposición.

El tema me parece, es que en alguna parte del PRD, sigue enquistándose una camarilla que lo hace rehén de intereses obscuros, perversos y nefastos, con la consigna de estar “a favor de nada y en contra de todo”, ese tema para emprender acciones para censurar el uso de la voz del presidente, amén de la toma de tribuna del Congreso por legisladores del Frente Amplio Progresista, y parecería que provienen de los creadores de la crisis en su partido a que Jesús Ortega y Alejandro Encinas en varias ocasiones se han referido, pero que pocos lo reconocen en público, por temor a ser calificados como traidores.

La reforma del Estado

Con un acto desairado mediáticamente hablando, por la toma de tribuna de los legisladores del Frente Amplio Progresista, concluyeron los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) del Congreso de la Unión, en el marco de la Ley para la Reforma del Estado.

Se trató de un esfuerzo por remediar, principalmente, los vicios y lagunas constitucionales y legales, producto del desprestigiado proceso electoral federal 2006, por todos conocidos.

Desde el 13 abril de 2007 y hasta el mismo día y mes de este año, trabajaron los subgrupos de trabajo temáticos en materia de Federalismo, Régimen de Estado y Gobierno, Reforma del Poder Judicial, Garantías Sociales y Democracia y Reforma Electoral.

La CENCA inició sus trabajos mediante la realización de foros de consulta pública, se recabaron las propuestas de los particulares, haciendo lo propio los partidos políticos. Posteriormente, con las propuestas recibidas y ordenadas por temas, la Subcomisión redactora sesionaba mediante los cinco subgrupos de trabajo, con la finalidad de analizar las propuestas recibidas para elaborar las reformas con el máximo consenso posible entre los legisladores de todos los grupos parlamentarios integrantes de los Subgrupos de trabajo.

Como consecuencia de lo anterior, se logró presentar como conclusión de los trabajos de la CENCA: 19 iniciativas, de las cuales, sólo 6 presentaron unanimidad y 13 alcanzaron el máximo consenso posible, proponiendo modificar, en total, 92 artículos de la Carta Magna.

Es importante señalar que durante los trabajos de la CENCA se contrataron a especialistas como Diego Valadés, Porfirio Muñoz Ledo, María Amparo Casar, Jorge Alcocer, Rolando Cordera, José Antonio Crespo y Emilio Rabasa, entre otros.

El subgrupo de trabajo en Federalismo, dirigido por el senador Melquiades Morales Flores (PRI), propuso modificar la Constitución, para reconocer al municipio como orden de gobierno e integrarlo en la estructura del Estado federal, reconociendo su diversidad y permitiendo la asociación de municipios con fines comunes. Además, propuso el servicio de carrera municipal, la promoción del desarrollo municipal y hacer partícipes a los municipios en el proceso de reformas a las Constituciones locales; también permite que entre las Entidades federativas y sus municipios suscriban convenios internacionales y quitar la prohibición del asociacionismo intergubernamental, entre otras.

El subgrupo de trabajo de Régimen de Estado y Gobierno, dirigido por el diputado Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), presentó 2 propuestas: la primera tiene que ver con el fortalecimiento al Poder Legislativo Federal mediante la reforma a 12 artículos constitucionales; la creación del Consejo Económico y Social con 6 reformas constitucionales y 1 legal.

El diputado César Camacho Quiróz (PRI), quien dirigió el subgrupo de trabajo de la Reforma al Poder judicial presentó 5 propuestas: la primera, por unanimidad, propone reformar 3 artículos de la Ley de Amparo; la segunda, el Consejo de la Judicatura Federal; la tercera, garantía presupuestaría a los Poderes Judiciales Federales y Locales; la cuarta, facultad de iniciativa al Poder Judicial; y, por último, la eliminación de la facultad de investigación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El subgrupo de Garantías Sociales, coordinado por el diputado Ector Jaime Ramírez Barba (PAN), presentó 10 iniciativas. 2 en materia de educación y el resto, por máximo consenso, en diversos temas como derechos humanos, igualdad jurídica del hombre y la mujer, seguridad social, derecho a la información, derecho a la cultura, el juicio político al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros.

Del subgrupo de trabajo en Democracia y Sistema Electoral, coordinado por el diputado Diódoro Carrasco Altamirano (PAN), abonó a sus trabajos con la reforma constitucional en materia electoral, pero sigue pendiente en el Congreso de la Unión, la aprobación de las reformas a las leyes secundarias, por lo que se prevé que haya un periodo extraordinario de sesiones que inicie el próximo 16 de junio.

Sin embargo, el producto del trabajo de la CENCA está pasando desapercibido por la opinión pública y la publicada, dado que el interés por el tema ha sido rebasado por el contexto político nacional, por lo que aún contamos con una reforma del Estado políticamente y legislativamente inconclusa.

El formato del informe presidencial

En el fondo, las propuestas para cambiar el formato del informe presidencial debieron haberse hecho al amparo de los trabajos de la reforma del estado, por la naturaleza y significado de éste. Cabe aquí otro debate que hable acerca de si el informe lo hace como jefe de estado o como jefe de gobierno. Hay diferencias.

Lo digo por la iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional (PAN), para modificar las fechas, usos y costumbres del informe de gobierno al que el presidente de la República está obligado y en cuyo pasado sirvió para fortalecer la figura presidencial y al viejo régimen priísta, y que tiene el beneplácito de la mayoría de las fracciones partidistas ahí representadas.

En concreto, la propuesta consiste en que para cada primero de febrero, el Ejecutivo envíe al Congreso de la Unión el texto de su informe, para que cada primero de marzo, el presidente se haga presente en la sede del Congreso para contestar los cuestionamientos que los legisladores le formulen; es decir, un mes de diferencia entre la presentación, su análisis y cuestionamientos.

Recientemente se acaba de aprobar la propuesta para que el presidente de la República presente su informe por escrito, omitiendo su presencia a la sesión de Congreso General.

No omito en comentar que el tema sea de relevante importancia, como el de la reforma del estado, sin embargo, además de modificar el actual formato obsoleto, se pretende contar, en cada informe, con la voluntad política de los Partidos Políticos representados en el Congreso para no convertir tan solemne acto republicano en los eventos bochornosos de los que hemos sido testigos.

De prosperar la iniciativa en el Congreso, y luego en la mayoría de los Congresos locales para que en un tiempo no lejano se logre convertir en texto de la constitución.

Mientras tanto, la iniciativa propuesta por el PAN se haya en Comisiones, así que el presidente Calderón debe cuidar mucho la forma y el fondo de lo que presente en su informe; en otras palabras, ni verdades a medias ni mentiras piadosas, porque de otra manera corre el riesgo de que sus momentos en tribuna se conviertan en amargos tragos, al no poder defender lo indefendible o sostener una manipulación de la información, lo que provocaría la molestia y enojo de los legisladores que no contarían con la presencia del ejecutivo Federal.

Como tenemos a un presidente débil políticamente, México y sus ciudadanos esperamos informes serios y responsables, con apertura al diálogo y a la sensatez, con respeto y firmeza, tanto del ejecutivo como del legislativo.

No queremos ver a un presidente llorando porque defenderá al peso como un perro; ni tampoco un presidente que no escuche ni vea a la oposición; mucho menos un presidente que se dirija a la asamblea del Constituyente Permanente con términos o conductas políticamente desafortunados.

No deseamos ver legisladores interpelando al Ejecutivo por el simple hecho de estar a favor de nada y en contra de todo.

He visto el desarrollo de las comparecencias de funcionarios públicos o ciudadanos en otros congresos, como el de los Estados Unidos de Norteamérica, en el que el compareciente se encuentra bajo el total y absoluto escrutinio de los legisladores, sean republicanos o demócratas; comparecencias que verdaderamente aportan a su democracia porque se hace a manera de diálogo interpersonal respondiendo directamente las inquietudes de los legisladores, contrario a la práctica parlamentaria mexicana que por ley se encuentra prohibida.

Además de lo anterior, el formato propuesto puede sentar precedente para las comparecencias de los secretarios de estado, sus funcionarios y el resto de los directores de organismos públicos ante Comisiones del Congreso y que actualmente operan bajo los mismos términos que los del presidente, excepto el del protocolo. Quedando pendiente que se regule la posibilidad de que el Congreso pueda citar a comparecer a particulares como en otros Congresos del mundo.

Lo esencial no es la forma de presentarlo, sino su contenido y el propio desarrollo del debate, lo que esta en juego; ya que así se podrá contribuir a fortalecer la democracia mexicana.

Balance de trabajos

En casi 60 sesiones ordinarias y más de 180 horas de trabajo, el Congreso de la Unión aprobó diversas reformas de ley o decreto y conoció múltiples iniciativas, y diversas proposiciones con punto de acuerdo, que se turnaron a comisiones para su análisis y dictamen.

En Cámara baja, durante el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LX Legislatura, se validó la designación del Consejero Presidente, dos Consejeros Electorales y del Contralor General del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Entre las reformas de Ley o decreto que se aprobaron en este periodo legislativo, se encuentra la relativa al artículo 69 de la Constitución Política para que el Presidente de la República presente un informe por escrito, sin requerir de su asistencia a la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión.

De igual forma, la Cámara de Diputados reformó el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que la Asamblea Legislativa del D.F. se integre por 40 diputados electos, según el principio de votación de mayoría relativa y 26 de representación proporcional y de acuerdo a su votación.

En materia de justicia penal el Congreso avaló la iniciativa por la que se reforman y adicionan a diversas disposiciones de la Constitución, a fin de implantar un sistema garantista, en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado; y se reformó el Código Penal Federal, para eliminar el adulterio como conducta delictiva.

En este periodo, del 1 de septiembre al 30 de abril, se expidió la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.

También se aprobó el dictamen a las objeciones del Ejecutivo Federal al proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para establecer la venta de libros a un precio único en todo el país.

Por otra parte, mediante reformas a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se simplificaron los requisitos de acreditación de ex braceros en el Padrón de la Secretaría de Gobernación.

En Salud se modificó la Ley General, a fin de garantizar el derecho de los enfermos terminales a recibir atención integral del dolor y los cuidados paliativos que requieran.

En tanto, las modificaciones al artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública contemplan la coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para la seguridad pública en las escuelas, instituciones educativas y su entorno.

Con el propósito de modernizar, fortalecer y promover a las Uniones de Crédito como organizaciones empresariales y coadyuvar con la generación de empleos formales, se expidió la Ley de Uniones de Crédito y se adicionó y reformó la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Asimismo se validaron dos dictámenes de las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Equidad y Género para garantizar que las mujeres puedan alcanzar todos los grados militares en los distintos niveles de mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

En Diputados, se aprobaron 47 proposiciones de la Junta de Coordinación Política, de las que destaca la relativa a la creación de la Comisión de Investigación para Conocer la Legalidad de los Contratos de PEMEX-Refinación de 1997 a la fecha, así como la prolongación de la Comisión Especial que investiga el patrimonio del expresidente Vicente Fox.

En el Senado, se aprobó el formato y contenido de los foros de debate sobre la reforma energética, con las tribunas del Congreso tomadas por legisladores del Frente Amplio Progresista; y finalmente se autorizó al Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional en diversas ocasiones, y asistir a compromisos internacionales.