Dos visiones de un mismo país

Para darle certeza a los cambios que el Ejecutivo Federal propuso en lo que va de su administración, debió comprometer a la clase política a sumar voluntades y aprobar lo relativo al tema anticorrupción, que se encontraba desde hace 2 años en Cámara de Diputados.

Esto pudo evitar que situaciones como los sucesos de los estudiantes de Ayotzinapa o más recientemente, el fraude a los ahorradores de Ficrea, se desbordara a causa de la corrupción en la clase política.

La culpa podría ser del PRD, partido que permitió postular como candidato a presidente municipal en Iguala, a José Luis Abarca, presuntamente sin conocer sus antecedentes de colución con la delincuencia.

En el caso del fraude a ahorradores gran parte de la culpa podría atribuirse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien omitió investigar los antecedentes de los dueños de dicho grupo y permitiendo que se realizara una transacción de 500 millones de pesos, -como si se tratara del cambio de las tortillas-, y sin que llamara la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Pero como contribuyente no sea que usted olvide, o no pueda, pagar sus impuestos en cantidad de algunos miles de pesos en algún mes del año, porque de inmediato su nombre es puesto en buró de crédito, el Servicio de Administración Tributaria le envía una docena de auditores para obtener de usted una confesión y compromiso de parte.

En el año que está por concluir han sido diversos los escándalos de corrupción, que impactan en el campo social, económico y de seguridad, con participación de la clase política.

Y cuando solo algunos son los verdaderos beneficiarios del poder político, ocupando posiciones en el gobierno, en la que son identificados plenamente como integrantes del jetset mexicano, otros están “jodidos, pero contentos”, en palabras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y quienes solo pueden aspirar a 2.85 pesos diarios como incremento al salario.

Para estos mirreyes o ladys que ocupan cargos públicos de responsabilidad, los problemas de política pública que conocen se circunscriben a los de su círculo de vida en Lomas o Tecamachalco en la ciudad de México; Cumbres o San Jerónimo en Monterrey, N.L. o Colinas de San Javier o Valle Real en Guadalajara, en las que desconocen que hay vida afuera de estas colonias, despreciando todo aquello que tenga que ver con lo social.

En este nicho podrían encontrarse directores de área, secretarios particulares, asesores o consultores, algunos de ellos pubertos maleducados, recién egresados de alguna facultad quienes a falta de talento político lo substituyen con dósis de desinterés, descortesía y hasta majadería, cuyo única preocupación es elegir el próximo destino en su viaje de placer, ya sea de playa o de ciudad. Algún país de Europa o Asia posiblemente será el mejor refugio para descansar de unas duras jornadas de trabajo, luego de la extenuante tarea de atender al público. No conocen límites y en el mejor de los casos, serán promovidos para alguna diputación federal plurinominal en las próximas elecciones del 2015, claro, porque no se les da convivir con la ciudadanía, motivo para devengar su salario.

Es probable que en servidores públicos como los señalados radique el retroceso o lento avance de algunas de las políticas públicas, como en seguridad pública, con la desesperación de sus creadores, quienes intentan a toda costa generar nuevas formas de interacción ciudadana, pero que en realidad, diversos factores como esta clase de servidores públicos son los que obstaculizan el avance del país.

Para estos servidores públicos lo peor es que la misma ignorancia de los reales y verdaderos problemas del país, son los que los superan en capacidad para solucionar estas dificultades. Creen que la protesta social se generó por una nimiedad, sin que su triste realidad les de el suficiente intelecto para comprender que en realidad los problemas de este país son estructurales, de fondo y comprometen a la economía, la seguridad o la política, teniendo como articulador a la corrupción y cuyas consecuencias son la impunidad.

La reforma anticorrupción debe ser un esfuerzo encabezado por ciudadanos o académicos sin vínculos políticos; no debe participar la clase política, con quien pudiera generarse compromisos para evadir su aplicación.

Por eso es que la deuda que el país tiene con el sistema anticorrupción es grande y “Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado [...]”: Benito Juárez, ideario político sobre la austeridad.

La reforma anticorrupción

Para darle certeza a los cambios que el Ejecutivo Federal propuso en lo que va de su administración, debió impulsar y comprometer a la clase política a sumar voluntades y aprobar lo relativo al tema anticorrupción, que se encontraba desde hace 2 años en Cámara de Diputados.

Esto pudo evitar que situaciones como los sucesos de los estudiantes de Ayotzinapa o más recientemente, el fraude a los ahorradores de Ficrea, se desbordara a causa de la corrupción en la clase política.

La culpa podría ser del PRD, partido que permitió postular como candidato a presidente municipal en Iguala, a José Luis Abarca, presuntamente sin conocer sus antecedentes de colución con la delincuencia.

En el caso del fraude a ahorradores gran parte de la culpa podría atribuirse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien omitió investigar los antecedentes de los dueños de dicho grupo y permitiendo que se realizara una transacción de 500 millones de pesos, -como si se tratara del cambio de las tortillas-, y sin que llamara la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Pero como contribuyente no sea que usted olvide, o no pueda, pagar sus impuestos en cantidad de algunos miles de pesos en algún mes del año, porque de inmediato su nombre es puesto en buró de crédito, el Servicio de Administración Tributaria le envía una docena de auditores para obtener de usted una confesión y compromiso de parte.

Varios han sido los escándalos de corrupción, que impactan en el campo social, económico y de seguridad, con participación de la clase política.

Pero los ciudadanos también estamos mal acostumbrados a ofrecer el soborno, antes de aceptar nuestra responsabilidad. Bajo el anterior argumento, es posible que el Presidente de la República tenga razón al afirmar que la corrupción es un problema cultural, que genera graves diferencias sociales y económicas que dan origen a la impunidad.

Límites políticos

La ambición de algunos integrantes de la clase política no tiene medida y no comprenden porqué el ciudadano está indignado y exige el establecimiento de un sistema anticorrupción.

Por ejemplo, para algunos es normal que un contratista les obsequie una residencia a cambio de haberlo favorecido con contratos o prebendas y cuando la ciudadanía sólo puede hacerse de ella obteniendo el primer lugar del melate o del sorteo del Tec.

No comprenden que es mal visto que tomen dinero que no les coresponde; que abusen de su encargo para gestionar algún porcentaje de dinero; que obtengan el mejor negocio con el gobierno, violando leyes y reglamentos y que al término de su gestión de tres o seis años, tengan su vida y la de sus familias, -incluso hasta en varias generaciones-, resuelta y sin preocupaciones. O son muy sinverguenzas.

El problema surge cuando sus posesiones, pertenencias o forma de vida llegan a ser superiores al sueldo que devengan. Aquí es donde interviene la opinión pública al cuestionar la ostentosa, y a veces opulenta, forma de vivir y que no coincide con una percepción económica de un cargo de primer nivel en la administración pública o un puesto de elección popular.

Un ciudadano que en el mejor de los casos devenga poco más de una decena de miles de pesos, no puede aspirar al nivel de vida de los ingresos que obtiene algún integrante de la clase política que ostente un sueldo, como el señalado arriba.

La clase política debería impulsar el compromiso 85 y 86 del Pacto Por México, referente a la necesidad de crear un sistema nacional contra la corrupción y cuyo titular, académico o notable, no tenga vínculos con los sujetos de investigación, sean del poder político o económico.

Por eso, cuando simplemente cierran sesiones en sus respectivas Cámaras para disfrutar de algunos días de asueto en familia con motivo de las fiestas decembrinas, el mensaje que envían los responsables de aprobar medidas anticorrupción, es que “vamos a seguir robando, ¿y qué?”, cuando este es un clamor y demanda ciudadana.

Entre el honor y la verguenza

La propuesta anticorrupción que se esperaba que fuera aprobada en este periodo de sesiones del Congreso, parece que no será posible, luego de que diputados del PRI, PAN y PRD se acusaron mutuamente de no mostrar voluntad, en cuyo ejercicio lo calificaron de “farsa y simulación”.

Las medidas anticorrupción fueron una promesa de campaña, en la que pareciera que por las circunstancias producto de la crisis de los normalistas de Ayotzinapa, fueron retomadas en la Cámara baja, en donde se encontraba de tiempo atrás.

Uno de los puntos polémicos de la propuesta, es la creación de una Comisión Especial que se encargará de definir las politicas públicas para combatir la corrupción, pero que estaría encabezada por el Presidente de la República y los Gobernadores de los Estados, justo en el relanzamiento de la crisis de la Casa Blanca, cuando el periódico norteamericano Wall Street Journal señala que el Grupo Higa –el mismo consorcio empresarial que vendió a la esposa del presidente la Casa Blanca-nuevamente vendió una casa, pero ahora al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

No sólo lo anterior, sino que sería incorrecto que los sujetos de investigación sean quienes dirijan el organismo anticorrupción; en otras palabras, no puede ser posible que sean juez y parte.

Todos sabemos que es necesario implementar medidas de esta naturaleza, pero que según Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, “se convertiría solamente en un instrumento al servicio del Presidente”.

Esta Red por la Rendición de Cuentas, propone la creación de una Fiscalía Anticorrupción independiente, el establecimiento de un Tribunal de Cuentas, una reforma a la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación. Además, afirma que “la Fiscalía Anticorrupción es una respuesta aislada a un problema que tiene que ser visto en conjunto”.

Tiene razón Merino cuando la corrupción se gesta como consecuencia de alguna laguna o vacío jurídico, en cuya incertidumbre es posible que se genere un nicho de corrupción.

Este vacío jurídico puede originarse en alguno de los campos de poder: político, económico y social, principalmente. En el poder político, se da cuando es posible ofrecer en venta las candidaturas a puestos de elección popular, al interior de los partidos políticos.

En el campo económico es posible que se configure un acto de corrupción, cuando la autoridad posee información privilegiada que modifique el rumbo del precio de algún bien o servicio, y por cuya venta, pueda obtener algún beneficio económico.

En el campo social podemos encontrar un ejemplo de corrupción, en el cambio de estatus jurídico de una persona que se encuentre sujeta de proceso penal y que con una dádiva pueda obtener su libertad o sea preso, dependiendo el caso.

Es muy recurrente encontrar lamentables ejemplos, principalmente en la clase política del país, sin importar colores o signos políticos. Deudas públicas inconmensurables en las entidades federativas, como en Coahuila o en Jalisco; participaciones porcentuales en el Congreso a cambio de incorporar recursos económicos a obra pública en estados y municipios; compras a sobreprecio en la administración pública y más recientemente, narcopolítica.

A principios de esta administración nos encontramos con casos como el de la maestra Elba Esther Gordillo, quien gustaba ir de shopping a tiendas en la Gran Manzana, al exGobernador Andrés Granier de Tabasco y su desfalco al erario público de esa entidad, por citar a algunos, pero que siguen gozando de beneficios y comodidades, como si estuvieran en sus residencias.

Lo más grave de esto es que quienes delinquen saben que por un vacío o laguna jurídica, sus delitos son fácilmente desechados, y por tanto, prefieren mantener el vacío para seguir delinquiendo.

Este país no requiere de una clase política, que promete llevar a estatus de primer mundo, con acciones de tercer mundo. Ni tampoco del mediocre legislador que sólo ve en su cargo, la oportunidad -quizás única en su vida- de generar un patrimonio de manera fácil y a costa del erario público, o bien, de recuperar lo invertido en su campaña pasada.

Por tanto, este esfuerzo debería encabezarlo algún académico, sin vínculos políticos o partidistas y quizás uno que otro notable o intelectual, sin que tenga relación a algun poder mediático. Esta función sería sin vínculos con alguno de los poderes, quizás de manera autónoma, como los órganos constitucionales.

El Presidente Juarez así lo dijo: "Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala".

Problemas de Estado y de gobierno

En un llamado a la unidad para lograr un México seguro y en paz, el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegoz, afirmó que los grandes retos como la inseguridad y el crimen organizado “son problemas de Estado y no de gobierno”.

En una definición clásica de Estado, incorpora un concepto político jurídico y que se encuentra integrada por población, territorio y gobierno; y por extensión, lo que quiso decir el General Cienfuegos es que todos somos, de alguna manera u otra, responsables del estado de inseguridad.

Por lo que se refiere a la aplicación del mando único, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) que agrupa a los ediles del Partido Acción Nacional está en contra de esta propuesta, ya que dicen que le restarían fuerza al municipio, es decir, se invadiría la esfera municipal en el marco del federalismo mexicano.

Argumentan que retirarle la fuerza pública al municipio, haría imposible la gobernabilidad. Los alcaldes panistas está a favor de fortalecer las policías locales.

Por su parte, la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), que agrupa a los municipios emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), obviamente se encuentra a favor de desaparecer las policías municipales y crear mandos únicos estatales.

Es un problema de Estado, cuando en su génesis y desarrollo participan las instituciones de los tres niveles de gobierno, en el ámbito territorial nacional cuyo impacto se manifiesta en el campo social.

Es problema de gobierno cuando hasta en las instituciones de seguridad y procuración de justicia del Poder Ejecutivo, llegan malos elementos que permiten y toleran el libre avance de la delincuencia.

No obstante lo anterior y en la lógica del mando único, el Presidente de la República tiene el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente, conforme a la letra de la Carta Magna, y por tanto se asume como el garante de la seguridad pública.

Más allá de las políticas

La crisis en Guerrero no termina y para apoyar el proceso de cicatrización económica y social en ese estado, el Gobierno Federal implementó una serie de políticas públicas, en apoyo a la reactivación de la economía.

Primero, envió a efectivos de la Policía Federal a fin de evitar que manifestantes bloqueen la autopista del sol. Luego, en una gira que había sido pospuesta, el Ejecutivo Federal inauguró el puente de Coyuca de Benítez e implementó acciones sociales y productivas, previstas en el Plan Guerrero, derivado de los hechos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Pero a pesar de implementar programas y reformar políticas existentes, parece que no se contiene el descontento que trajo consigo los hechos de los 43 estudiantes.

Por cierto que el presidente de la República en Guerrero, pidió a quienes nos sintamos agraviados que “Ya supérenlo”, seguramente para dar por terminada esa grave crisis.

Es una petición difícil de olvidar, cuando no satisfacen las explicaciones que se ofrecieron sobre la Casa Blanca y que obligadamente conduce al irregular proceso de licitación del Tren Rápido México Querétaro.

Es difícil olvidar que detrás de una desaparición forzosa, está la colusión de servidores públicos y el pacto de impunidad de los partidos políticos para protegerse y cubrirse entre unos y otros.

Causa prurito saber que se pide olvidar un hecho que enlutó a 43 familias y a un país, y en contraste, no haya sido debidamente superada la crisis por el hallazgo de 66 cuerpos en las inmediaciones de La Barca en Jalisco en noviembre de 2013 y cuando el Presidente de la República involucra a ese estado en su iniciativa para implementar el mando único. Tristemente se comprende que haya sido implementado en Guerrero, en Michoacán y en Tamaulipas, pero cuando se sabe que en Jalisco también se propone el mando único, sobre sale el señalamiento a Luis Carlos Nájera, Fiscal General de Jalisco, de quien dice que la PGR investiga a dicho servidor público por sus presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Lo anterior podría explicar el estado de inseguridad que se vive en Jalisco: de enero a octubre de este año Jalisco lleva más de 77 mil delitos contabilizados, en contraste, los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas no llevan ni la mitad de estos. De 2013 a 2014, en Jalisco los secuestros aumentaron 200%, sí doscientos por ciento, según la organización Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace. Nájera Gutiérrez es un mando que lleva 8 años en el cargo, con un desempeño que carece de doctrina de seguridad pública y cuyos subordinados son producto de la improvisación, lejos de la profesionalización y cuyo talón de aquiles ha representado los exámenes de control de confianza.

Contrasta además que en días pasados renuncia el titular de seguridad pública de la ciudad de México, por los excesos de la policía, mientras que en el gobierno de Jalisco, el Fiscal Nájera con señalamientos graves de relaciones con un cartel, no se le toca ni con el pétalo de una rosa, y por tanto, parece que tiene razón el Presidente de la República de incorporar a Jalisco en ese esquema, no así la permanencia del servidor jalisciense.

Más allá de las políticas públicas se encuentra el descontento ciudadano, tanto en Jalisco como en el resto del territorio nacional y persisten en el extranjero. Parece que no hay política pública que ayude a “superar” el estado de enojo y molestia en la ciudadanía.

Dicho estado ciudadano tiene origen en los abusos, excesos y corrupción de la clase política: los moches en los diputados, la casa blanca, la irregular licitación, la narcopolítica.

Súmele la incertidumbre producida por la inestabilidad del peso frente al dólar cuya paridad casi llega a los 15 pesos por dólar; agréguele los aumentos mensuales de la gasolina que genera que bienes, productos y servicios aumenten proporcionalmente, para concluir, la impunidad en que habita y conviven muchos integrantes de la clase política.

En seguridad nacional se encuentra vulnerado el campo social; la clase política es superada ante la falta de decisiones rápidas y contundentes, y esto, ha arrastrado al campo económico a un riesgoso futuro inmediato.

Mando único, de seguridad nacional

Como parte del decálogo de acciones en seguridad pública anunciado en días pasados por el Presidente de la República, se presentó en el Senado la iniciativa que reforma la Constitución, para establecer el mando único de las policías estatales en el país.

En su mensaje a la nación, el Presidente Peña Nieto dijo que en una primera etapa, se implementará en los estados de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, y como sorpresa, Jalisco, cuya implementación comenzó de manera formal desde marzo de este año.

El mensaje que mandó el Presidente puede traducirse de varias formas. Aquí le presentamos algunas de ellas: No puede estar bien Jalisco, con mandos formados en la improvisación y carentes de formación policial, como el director del 066, con formación profesional de ingeniero agrónomo, un exDirector de la Policía Rural con experiencia operativa, pero en un cargo que requiere de capacidad probada en táctica o estrategia y cuyos sistemas son desaprovechados para obtener información que genere inteligencia para combatir la inseguridad.

Le damos la razón al Primer Mandatario, cuando de un estado de fuerza de unos 19,500 hombres que en promedio hay en Jalisco, reprueban poco más de 3,500 los exámenes de confianza, incluido el exDirector de la Policía de Zapopan, en el que el CISEN recomendó que no se se le ratificara en el cargo por los resultados arrojados en la prueba del polígrafo; amén de una grave recomendación en materia de derechos humanos.

No es posible que los mandos de la Fiscalía de Jalisco, -incluído su titular-,  permanezcan en sus posiciones, cuando no han mostrado capacidad y proficiencia suficiente para generar y emitir doctrina de seguridad pública para Jalisco, y por esa falta de capacidad tengan que recurrir a la SSP del DF pidiendo que les compartan los Protocolos de Seguridad en espectáculos públicos deportivos y por segunda ocasión el Estadio Jalisco haya sido objeto de violencia por falta de dichos criterios.

Por último y cuando el poder político tiene un plazo en su ejercicio, de tres o seis años según el caso, no compartimos la idea que el ejercicio del mando en seguridad pública sea transexenal, -como el caso del titular de la Fiscalía que lleva en el cargo 8 años contínuos-, en cuya permanencia es posible que se generen nichos de corrupción o complicidad. ¿Estarían dispuestos los mandos de la Fiscalía de Jalisco a que el CISEN o inteligencia del ejército divulguen señalamientos que les han hecho?.

El Ejecutivo propone cambios

El Presidente de la República se dirigió el jueves pasado en un mensaje a la nación, para proponer una serie de medidas que contengan la inseguridad en el país, en el que anunció nuevas iniciativas de leyes, la readecuación de algunas otras y la generación políticas públicas, que vienen a incorporarse en el campo de seguridad, económico y social y cuyo anuncio generó grandes expectativas.

En el campo de la seguridad sobre sale por ejemplo, la creación de Policías Estatales Únicas que vendrán a substituir a las más de 1,800 policías municipales en la que se dará prioridad a Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco, cuando en esta última entidad haya sido escogida porque la seguridad a cargo del Fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez, es porque su desempeño en el servicio público de seguridad pública no ha sido el indicado y en la que el Gobernador Aristóteles Sandoval debiera valorar seriamente la permanencia de ese servidor público en el cargo.

Además presentará una iniciativa de Ley contra la infiltración del crimen organizado en  las autoridades municipales, una iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito; sin embargo, la delincuencia se inserta también en la política y sus individuos, sin que sea tocada.

Se argumenta también la debilidad institucional para suprimir las policías municipales y sólo dejar a las policías estatales. La clase política ha contribuido a las causas de debilidad institucional y no se nota que haya castigo, empero.

En el campo social la propuesta presidencial establece acciones en derechos humanos, para facultar al Congreso a legislar en materia de desaparición de personas y tortura, se estabecerían algunos protocolos de atención así como un Fondo de ayuda y el Registro Nacional de Víctimas, entre otros.

Para el campo político se propone incorporar el fortalecimiento en la transparencia, rendición de cuentas y participacion ciudadana, en los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios para el sector público.

Hay otras propuestas, pero parece que son medidas coyunturales para problemas estructurales, que fueron gestándose por años y años de impunidad y corrupción.

Es coyuntural, cuando en su orígen se invocan los sucesos que generaron la crisis de Ayotzinapa y no se reconoce como problema estructural a la corrupción y la impunidad que se pretende erradicar, si es que el objetivo es aspirar a un país de primer mundo cuando se invocan procesos y medidas de esos países.

Parece que la solución radica sólo en el robustecimiento de las medidas policiales, pero sin que los mandos o la clase política tenga responsabilidad alguna.

Por ejemplo, se desconoce si en el Sistema Nacional Anticorrupción en el que presumiblemente creaba la Comisión Nacional Anticorrupción, se sigue permitiendo que de manera impune algunos diputados sigan gozando del beneficio de los moches, o bien, se siga permitiendo que sin reglas de operación asignen recursos a fondos públicos, lo cual genera un nicho de corrupción.

Se desconoce si dentro de la propuesta presidencial hay algún mecanismo para combatir la impunidad política en el sistema de justicia, cuando algunos integrantes de la clase política buscan a las Procuradurías del país para solicitar alguna carta de buena conducta, de lo contrario, debe incorporarse alguna figura análoga que lo combata.

Además, sería muy pertinente fusionar la figura de la Auditoría Superior de la Federación al Sistema Nacional Anticorrupción al que se refiere el Presidente de la República, o bien, a la Comisión Nacional Anticorrupción –como órgano constitucional autónomo- para que todo aquel que apruebe o ejerza recursos públicos puedan imputársele responsabilidad por la asignación y ejercicio de recursos presupestales a Fondos Públicos que hayan sido corrompidos.

No fueron suficientes las medidas anticorrupción en las licitaciones y adquisiciones anunciadas, para erradicar la percepción social de impunidad y corrupción que produce el escándalo de la Casa Blanca, y además, en el mensaje que dio el Primer Mandatario, no se hizo alusión a la corruptibilidad e impunidad de la clase politica en los partidos políticos. Amén de la narcopolítica y de la narcoautoridad, de la que puede hablarnos personajes como José Luis Abarca, Julio Godoy o Mario Villanueva, en un mensaje además, que careció de autocrítica.

Algunas propuestas parece que fueron tomadas de la pasada administración, como por ejemplo el control de la seguridad en los municipios y la creación de policías estatales, en cuyo ejercicio pareciera una falta de creatividad o frivolidad, en quien asesora al presidente de la República.

En síntesis, era necesaria una medida de golpe al rumbo de la seguridad, pero mientras tanto, parece que la impunidad y corrupción aún no esta considerado con seriedad.

Ingobernabilidad o desestabilización

Si nos atenemos al concepto amplio de gobernabilidad que propone Antonio Camou en los cuadernos de divulgación democrática del Instituto Federal Electoral (IFE), se trata de “un estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental”, y por tanto, en este momento las primeras superaron a lo segundo.

Pero si lo comparamos con el concepto de desestabilización que aporta Rodrigo Borja en su enciclopedia de la política, se trata de la “acción de debilitar las instituciones políticas de un Estado y de erosionar la autoridad de sus gobernantes, de modo que el sistema en su conjunto pierda seguridad y firmeza”, cosa que sucedió como consecuencia de la misma crisis política, social y de seguridad que generó los sucesos de Ayotzinapa.

Lo más seguro es que el común denominador entre ingobernabilidad o desestabilización es que en ambos, algunos ingredientes para su producción lo constituyen, la corrupción y la impunidad.

El plan de legalidad que anunciará en unas horas el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no puede tener como objetivo generar nuevas leyes, porque el derecho positivo mexicano tiene más de 290 disposiciones en todas las materias.

Como tampoco la intención es la de crear nuevas instituciones, porque la grave crisis que vislumbró los hechos de Guerrero no es de estructura burocrática, mucho menos una coyuntura temporal. No puede hablarse que modificará procesos operativos, cuando su seguridad en Los Pinos fue vulnerada, al permitir el ingreso a miembros del EPR y del ERPI entre los padres de los normalistas que se reunieron con el presidente, sin haber realizado el mapa de actores al que está obligado.

El problema es estructural en el que se trata de impunidad y corrupción enquistada en las prácticas de todos los partidos políticos. La venta de candidaturas, los negocios al amparo del poder, los moches, los narcolegisladores y narcoautoridades, las licitaciones y los sobornos, entre muchos ejemplos en todo el país y cuyas actividades devinieron en esta crisis política, social y de seguridad en el país.

Otro momento de grave crisis en el país: En sesión del 15 de diciembre de 1861, Vicente Rivapalacio, presidente del II Congreso, se dirige al Presidente Juárez, a quien la asamblea le otorga facultades extraordinarias para hacer frente a la intervención francesa, “La historia enseña que todas las naciones, para llegar a la reforma y a la verdadera civilización, han tenido que pasar por pruebas terribles y por dolorosos sacrificios, y muchas veces los pueblos más poderosos debieron tocar el borde del abismo y, sin embargo, pudieron salvarse por la fe y la unión entre sus hijos”.

Parecía que todo marchaba bien

Desde diciembre de 2012 el gobierno federal prometía impulsar una serie de políticas públicas por la vía del Pacto por México, que imponían los temas de la agenda nacional. Así vinieron las reformas laboral, educativa, hacendaria y fiscal, política y finalmente, la energética, que prometían tiempos de bonanza económica.

Estos temas vinieron a aminorar y cambiar un poco la percepción sobre el estado de inseguridad que se vivía en el país.

Por primera vez en mucho tiempo, el presidente de la República pudo sentarse en la misma mesa, con los presidentes de las principales fuerzas políticas del país, incluyendo el de su partido, mandando un mensaje de armonía política, no así el de la armonía y paz social.

No todo estaba bien, porque mientras las reformas que el Congreso le había aprobado al presidente y transitaban la vía de la acción, la presión social producto de la impunidad y la corrupción crecían y superaban las expectativas generadas por el proyecto de nación que implementaban las reformas del presidente Peña Nieto.

El proyecto de nación vino a demeritarse, por las crisis que fue enfrentando el gobierno federal que comenzaron con la matanza de Tlatlaya, siguieron con las protestas de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, continuaron con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, prosiguen con la abrupta suspensión de la licitación del Tren Rápido México Querétaro, y por ahora, se detiene en el conflicto de intereses cuando uno de los contratistas ganadores de la licitación señalada vende la casa blanca a la esposa del presidente, en 7 millones de dólares.

En otros países por escándalos de menor calado que este, es motivo suficiente para que el Primer Mandatario haya renunciado a su encargo. Mientras tanto en el Congreso, algunos legisladores defienden el conflicto de intereses visto por todo mundo, seguramente a cambio del siguiente cargo de elección.

Nuevamente una marcha hace presente el descontento social producido por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, al que se agrega el factor violencia generado por los anarquistas. Hay quien dice que estos grupos son dirigidos por la oposición, mientras que otros consideran que quienes los movilizan son grupos económicos cuyos intereses han sido afectados por la reformas emprendidas por el presidente Peña Nieto. Lo cierto es que estos grupos de violencia se han presentado desde la administración  federal pasada echando por tierra que aparecieron por presiones económicas.

Los anarquistas no son grupos desestabilizadores, toda vez que su objeto es generar violencia en contra de las instituciones en actos públicos; mientras que el desestabilizador genera además, actos tendientes al debilitamiento de la estructura económica.

Por una parte, la marcha capitalizó el descontento social que ha producido los sucesos de Tlatlaya, IPN, Ayotzinapa, la Casa Blanca, entre otros. Por otra parte, los anarquistas que buscan el momento adecuado para provocar a la autoridad e iniciar la violencia. No más.

Lo lamentable de todo esto es que parece que no existe la intención de capitalizar la luz que arroja los conocimientos generados por las instituciones de educación superior, públicas y privadas, los organismos de la sociedad civil, o instituciones de gobierno, para convertirla en inteligencia de la cual se obtengan políticas públicas. Pareciera que se desperdicia el talento que produce investigación económica, política o social, para mejorar las condiciones de vida.

Esto podría explicar que en los índices de medición de la pobreza que genera el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se encuentre que las políticas públicas que impulsa el gobierno federal y sus secretarías de Estado, sólo pretendan objetivos de pobre calidad al otorgar niveles de satisfacción de tercer mundo y no se aspire al bienestar de los países de primer mundo.

Además, la investigación en economía arroja que el sistema económico mexicano no está diseñado para elevar las condiciones de vida de la ciudadanía, sino para mantener una base de contribuyentes en quienes se apoye el sistema fiscal y hacendario mexicano.

Por otra parte, no se capitaliza la investigación en ciencias sociales o en política, porque esto destrozaría los cotos de poder, los cacicazgos, prevendas, narcopolíticos, venta de candidaturas, moches y toda clase de figuras de impunidad y corrupción que prevalece en los partidos políticos, reconocidos en ellos mismo, cuando en el Congreso violan su pacto de impunidad y se lanzan acusaciones por el tema de la Casa Blanca y de la relación de José Luis Abarca con AMLO.

No se capitaliza la investigación jurídica, que arroje el mejoramiento de las condiciones de procuración e impartición de justicia, y que el sistema inquisitorio absurdo permita que figuras como Florence Cassez, Rafael Caro Quintero o Raúl Salinas de Gortari obtengan su libertad y que personajes como las indígenas Jacinta y Teresa Madrigal o el maestro tzotzil Alberto Patishtan o los indígenas recientemente liberados en Chiapas por confundirlos como probables responsables de la matanza de Acteal, hayan permanecido injustamente en prisión, mientras que para el 2015 los Ministros de la SCJN aumentarán sus sueldos, con una sociedad lastimada por la ausencia de justicia.

Así que si el gobierno federal verdaderamente desea recomponer el orden de las cosas, pues de seguro conoce el camino a seguir.

El Estado y la ley no se llevan

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto regresó de su viaje por China y Australia, dio una conferencia de prensa en la que afirmó que el uso de la fuerza es el último recurso que utilizará el Estado mexicano para contener los actos vandálicos y la violencia, que se ha registrado en Guerrero, Michoacán y la ciudad de México principalmente, como protesta por la desaparición de los 43 jovenes estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

Esta protesta parece que no es organizada por los probables deudos o sus seguidores, sino por anarquistas para obtener la provocación necesaria de los órganos del Estado mexicano y generar condiciones de represión, como uso de la fuerza, suspensión de garantías individuales, entre otros.  Lo extraño es que las oficinas de los partidos que han sido vandalizadas, son los del PRI, PAN y PRD, excepto Morena, PT, y Convergencia; además han causado destrozos a las puertas de Palacio Nacional, a una unidad del metrobús y a Ciudad Universitaria de la UNAM.

Es muy probable que la intención del presidente de la República sea aplicar la ley, para llevar el orden a todo el país y que los culpables de actos vandálicos respondan por sus actos ante la justicia.

Pero mientras exista diferencias de fondo principalmente que causan alguna disfuncionalidad en los órganos o funciones que componen el Estado mexicano y su relación con los gobernados, dificilmente el espíritu de lo dicho por el presidente, pueda llevarse a cabo.

Diferencias diametrales en lo político, social y económico, es lo que tienen a este país en esta de sus peores crisis de los últimos años.

Es político, cuando la corrupción y la impunidad supera a los controles de confianza a los que deberían estar sujetos los candidatos de los partidos políticos.

Es económico, cuando corrompe estructuras y pone en riesgo la estabilidad económica, desde la de la comunidad hasta la del país.

Es social, cuando la corrupción e impunidad permea como una forma de vida, permitiendo que se sobrepongan a valores y condiciones de la sociedad.

Sensibilidad gubernamental

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes(SCT) afirmó en un comunicado las razones por las cuales el Ejecutivo Federal decidió dejar sin efecto, el fallo de licitación para la construcción del Tren de Alta Velocidad México – Querétaro.

Dice que en razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública, el Ejecutivo Federal instruyó a la SCT a reponer el procedimiento por cual se había asignado su construcción a un consorcio de empresas chinas así como a las empresas mexicanas de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas; de Juan Armando Hinojosa, empresario favorecido en el estado de México, y Olegario Vázquez Raña.

Esta decisión podría tener como consecuencia que proyectos como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, sean observados por la opinión pública, bajo la sospecha que de un momento a otro, la SCT reciba la instrucción para reponer el procedimiento de licitación.

Es posible que en esta súbita decisión haya imperado la sensibilidad para comprender que despertaba sospechas y suspicacias, toda vez que los mejores contratos pudieran ser para los amigos o beneficiados del poder político, lo que afirma una vez más, que el sistema económico no está diseñado para beneficiar a la ciudadanía, sino a unos cuantos.

Cuando la sensibilidad es una propensión natural del hombre a dejarse llevar de los afectos, este momento no es el más idóneo para que el presidente de la República realice un viaje de estado a Asia. No lo es, cuando hace apenas unos días la ciudadanía dio una muestra de poder de convocatoria, cuando los padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala marcharon junto con miles y miles de personas indignadas por estos hechos.

Este no sería el momento más oportuno para viajar, porque sería visto como una muestra de frivolidad y sólo para estrenar en su primer vuelo intercontinental al avión presidencial, en el que muy probablemente tenga todas las comodidades de la vida moderna y cuyos pasajeros pueden disfrutar de viandas internacionales y bebidas generosas, lejos muy lejos, de la frágil realidad mexicana.

La función de gobierno requiere de tolerancia y paciencia, no sólo de buena voluntad para gozar de las mieles del poder y parece que al procurador Murillo Karam y sus colaboradores la paciencia se le termina, cuando le pide a los padres de los normalistas que “está cansado de tantos regaños”.

Esta misma sensibilidad gubernamental es muy posible la que está realizando el cálculo político, para dosificar la información, y extender la crisis política, en vez de concluir con la presentación de los jóvenes. Es esta crisis la que vino a presumir la colusión de servidores públicos y cuyo modus operandi es señalado como desaparición forzada, penado por las leyes internacionales.

La sensibilidad es la que pudo haber señalado a Rogelio Ortega Martínez, como gobernador interino en substitución de Ángel Aguirre Rivero, pero esa sensibilidad no valoró que el también académico tiene nexos, ideológicos principalmente, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y cuya simpatía es probable que no sea del agrado de los grupos subversivos de Guerrero, en el que la inteligencia mexicana no pueda advertir una crisis.

Esta sensibilidad es la que debería imperar para buscar a personajes de la clase política con sospecha de actividades irregulares y pedirles que se separen del cargo, como los señalamientos de que fue sujeta la senadora Iris Vianey Mendoza, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática por cierto, quien fue señalada por José Luis Mireles de pertenecer a los Caballeros Templarios. Proclamar que acudirá y pedir licencia a su cargo por un mes para presuntamente someterse a la Procuraduría General de la República (PGR) y ser investigada, no le servirá de nada, cuando su intención es obtener una carta de buena conducta política para pasar desapercibida. Ostentar un cargo de elección con fuero constitucional no es garantía de honorabilidad.

La conferencia de prensa que ha dado el procurador Murillo Karam presenta las sospechas de la opinión pública: Desde el primer día los muchachos fueron muertos, sus cuerpos incinerados y en un lugar y arrojados en otro. Parece que las explicaciones del procurador no satisfacen el clamor de justicia.

Más allá de todos estos hechos, se encuentra la pobreza en las políticas públicas para combatir la impunidad y la corrupción, como elementos principales de los hechos de Iguala y cuya clase política encuentra el momento idóneo para seguir delinquiendo, con la seguridad y garantía de no ser llevado a la justicia.

Consecuencias de la crisis de Guerrero

La crisis que arrojó la muerte de 6 jóvenes y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural normal de Ayotzinapa en Guerrero, trae consigo consecuencias de corto y largo alcance e impacto.

En el campo político, mostró la corrupción y la colusión de servidores públicos locales y municipales, así como en el partido político y su dirigencia, que postuló al presidente municipal de Iguala en Guerrero, José Luis Abarca y quien contaba presuntamente con la participación de su esposa.

Los servidores públicos en quienes se presumen una militancia, o por lo menos simpatía con el partido gobernante en la entidad, debieron haber conocido de las ilegales actividades en que figuraba Abarca y su esposa, por tanto, los hace corresponsables.

Además, es muy posible que la colusión de servidores públicos haya hecho posible que la autoridad conferida a ellos, violara el bien jurídico tutelado del derecho a la seguridad, a la vida, a la integridad, a sus derechos humanos, entre algunos más.

Pone en tela de juicio las relaciones de poder político, al interior y entre los partidos políticos, con fines de protección e impunidad.

Justo ahora que se encuentra el tema la elección del nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es el momento idóneo para reflexionar sobre el pobre, tibio y decadente papel que ha tenido la administración de Raúl Plascencia al frente de la oficina del ombudsman nacional.

Dentro de todo el análisis que realicen los especialistas de la materia, es prudente incorporar la valoración que pueda tener su desempeño, como un elemento a considerar en su probable corresponsabilidad en el estado de indefensión en materia de derechos humanos en que se encuentra la ciudadanía.

El desempeño en casos como los migrantes, el menor fallecido por la aplicación de la Ley Bala en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla; los civiles muertos por elementos del ejército en Tlatlaya, Estado de México y los muertos y desaparecidos de Ayotzinapa, han colocado a México en el banquillo de los acusados a nivel internacional, cuyo órgano autónomo mexicano de protección de derechos humanos, ha sido inútil y rebasado por los temas.

La crisis no concluyó con la licencia de Ángel Aguirre y el nombramiento de Rogelio Ortega Martínez, como gobernador interino, ya que éste último está denunciado en la Procuraduría General de la República (PGR), como enlace de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en México, cuya organización realia secuestros de larga duración a personajes de la vida política de Colombia, como Ingrid Betancourt, quien duró secuestrada 6 largos años, y cuyo modus operandi es el que probablemente pueda tener retenido a los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. No sólo esto, sino que la llegada de Ortega Martínez al poder pueda generar un frente de crisis, primeramente ideológico, con otras organizaciones subversivas con asiento en Guerrero, que más adelante escale al terreno de violencia.

En el campo social, la ciudadanía muy seguramente conoció por vox populi la podredumbre en la que se revolcaba su clase política. Es muy probable que por miedo no denunciara ante la autoridad local o federal, pero se comprueba que poco o nada podría haber servido una denuncia ciudadana anónima, cuando era de su conocimiento y aun así, se permitió seguir en el cargo.

La crisis genera protestas que son capitalizadas por grupos anarquistas, quienes encuentran en la impunidad, el motivo para cometer actos vandálicos y destrozos.

En el campo de la seguridad, los sistemas de inteligencia de los cuerpos de seguridad local y federal debieron conocer en tiempo y forma, las actividades en las que participaban las autoridades de Iguala en complicidad con la delincuencia, mostrando con esto, un desinterés en la actividad de inteligencia y hasta una desarticulación en las corporaciones, y cuyo trabajo informativo, en poco o nada previno hechos de esta naturaleza.

Para subsanar esta deficiencia y buscar el paradero de los estudiantes desaparecidos, hay toda una división de unos diez mil hombres que buscan por cielo y tierra a los jóvenes.

Pudiera ser que dentro de esta transformación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), haya decidido de inmediato tomar manos a la obra y recomendar al Gobierno de Jalisco la remoción del director de seguridad pública del municipio de Zapopan, Hernán Guízar Maldonado, cuando este personaje nunca debió ser nombrado como tal, ya que de ser reportero de la fuente fue habilitado e investido con mando policial por el Fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, sin que Guizar tuviera conocimiento en técnicas y tácticas policiales y en quien recayó una recomendación en la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco dirigida a su exjefe Nájera Gutiérrez, por la muerte de un detenido. Cabría la duda si la remoción es porque el CISEN descubriría la comisión de algún delito, del fuero común o federal.

Las consecuencias

En la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa, hay quien afirma que Ayotzinapa es el siguiente caso de graves violaciones, después de los acontecimientos de Tlatelolco en 1968.

Por la naturaleza de las causas, podría decirse que los sucesos de 1968 es un tema superado, en virtud a que la gran mayoría de las causas políticas, económicas y sociales que generaron las protestas y los acontecimientos del 2 de octubre de ese año, han sido superadas con las distintas reformas a la Constitución, en esas materias, así mismo con la promulgación de nuevas leyes, que vienen a complementar la gama de derechos individuales o colectivos en el país, más no así, el tema de la responsabilidad política y penal por las muertes, que no ha sido superado.

Por su parte, parece que Ayotzinapa es la culminación en la violación a los derechos humanos, producto del estado de inseguridad que vivimos desde el inicio de la mal llamada guerra, que fue iniciada en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo.

Esta sensación de injusticia, de inseguridad, de temor, de miedo o de ausencia de autoridad, podría encontrar su origen en la falta de voluntad del gobierno como entidad, de solucionar problemas que se han vuelto comunes en nuestras vidas, como por ejemplo, hablar de los niveles de violencia que antes no tocábamos y que de alguna u otra manera, han alcanzado a nuestro primer círculo de relaciones.

Los temas de nuestra seguridad nacional han involucrado el secuestro, la impunidad, la injustica, por citar algunos, que por eso naciones de primer mundo extienden alertas a sus ciudadanos que visitan nuestro país, en el que su seguridad nacional se circunscribe al robo de unas bicicletas y a un asesinato en un robo en todo el país.

Por es es muy grave acostumbrarnos a vivir con esta violencia y más, que el objetivo de la violencia esté dirigido al nicho de población estudiantil del campo social, cuyos estudiantes de Guerrero o Ricardo Esparza Villegas de la UdG, han sido lamentablemente víctimas.

El recuento de los daños

Si bien es cierto que la licencia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aminora por el momento la presión política de la ciudadanía por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa, la crisis no termina ahí.

No puede decirse que se trata de un tema concluido o con avances significativos, cuando no han aparecido los jóvenes en cuya ausencia hay graves y delicados asuntos por resolver que evidenciaron la crisis por la que atraviesan los derechos humanos en México. Hay quien afirma que Ayotzinapa es el siguiente caso de graves violaciones, después de los acontecimientos de Tlatelolco en 1968.

Por la naturaleza de las causas, podría decirse que los sucesos de 1968 es un tema superado, en virtud a que la gran mayoría de las causas políticas, económicas y sociales que generaron las protestas y los acontecimientos del 2 de octubre de ese año, han sido superadas con las distintas reformas a la Constitución, en esas materias, así mismo con la promulgación de nuevas leyes, que vienen a complementar la gama de derechos individuales o colectivos en el país, más no así, el tema de la responsabilidad política y penal por las muertes, que no ha sido superado.

Por su parte, parece que Ayotzinapa es la culminación en la violación a los derechos humanos, producto del estado de inseguridad que vivimos desde el inicio de la mal llamada guerra, que fue iniciada en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo.

Casos como el asesinato de jóvenes en Villas de Salvárcar en Cd. Juárez, Chih., los 72 migrantes muertos en San Fernando, Tamps., los 52 fallecidos en el Casino Royal de Monterrey, N.L., y en el periodo intermedio del expresidente Calderón y los hechos de 1968, algunos más como los 17 campesinos de Aguas Blancas, los muertos de Acteal y el halconazo de 1971, son ejemplos de la impunidad que alimenta el descontento social en cuyo tejido subyace el origen de movimientos subversivos.

El agravio revive cada 10 de junio, cada 2 de octubre y cada vez que llegue a conmemorarse algún triste acontecimiento al cual, el sistema político mexicano le apueste al olvido, en lugar de hacer justicia.

Esta sensación de injusticia, de inseguridad, de temor, de miedo o de ausencia de autoridad, podría encontrar su origen en alguno de los factores de medición de la pobreza del CONEVAL, pudiendo ser causado por alguna mala decisión de política pública.

Por ejemplo en materia económica, de las decisiones de política pública que sean tomadas, depende la generación de condiciones que propicien el ingreso corriente per cápita, como factor para conocer si su línea de bienestar económico es lo suficiente como para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, educación, salud y bienestar.

De estas mismas políticas públicas pero en educación, depende que sus hijos acudan a un centro escolar público para recibir educación, pero no sólo en cantidad, sino en calidad y sin que esta sea orientada a someter a la persona y mantenerla en un estado de ignorancia, sino por el contrario, ésta debe procurar en todo momento enaltecer los valores, cívicos nacionales, y sin que la autoridad educativa le delegue la responsabilidad de educar a las televisoras nacionales y sus decadentes valores transmitidos en programas, como los de Laura Bozzo o Rocío Sánchez Azuara.

Estas son sólo unas cuantas menciones por las cuales, han llevado al estado de inconformidad social, en cuyo ejemplo contrasta con la lejana aspiración de vida de primer mundo, al que desea llevarnos las reformas estructurales aprobadas por el Congreso.

A este recuento de daños se suma la petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que mediante una resolución expresa la preocupación del organismo por la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa.

Además, esta misma semana el Parlamento Europeo se posicionó mediante una resolución del pleno en Estrasburgo en Francia, en la que hace referencia a la desaparición forzada de los estudiantes.

Empero, la licencia de Aguirre Rivero no es garantía de aparición de los normalistas guerrerenses, pero de alguna manera despresuriza la tensión política en el país con el grupo social de los estudiantes, últimamente vulnerado en Jalisco, Puebla o Veracruz.