La Secretaría de
Comunicaciones y Transportes(SCT) afirmó en un comunicado las razones por las
cuales el Ejecutivo Federal decidió dejar sin efecto, el fallo de licitación
para la construcción del Tren de Alta Velocidad México – Querétaro.
Dice que en razón
de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública, el Ejecutivo
Federal instruyó a la SCT a reponer el procedimiento por cual se había asignado
su construcción a un consorcio de empresas chinas así como a las empresas
mexicanas de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas; de Juan
Armando Hinojosa, empresario favorecido en el estado de México, y Olegario
Vázquez Raña.
Esta decisión
podría tener como consecuencia que proyectos como el nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México o la construcción de la Línea 3 del Tren
Ligero de Guadalajara, sean observados por la opinión pública, bajo la sospecha
que de un momento a otro, la SCT reciba la instrucción para reponer el
procedimiento de licitación.
Es posible que en
esta súbita decisión haya imperado la sensibilidad para comprender que
despertaba sospechas y suspicacias, toda vez que los mejores contratos pudieran
ser para los amigos o beneficiados del poder político, lo que afirma una vez
más, que el sistema económico no está diseñado para beneficiar a la ciudadanía,
sino a unos cuantos.
Cuando la
sensibilidad es una propensión natural del hombre a dejarse llevar de los
afectos, este momento no es el más idóneo para que el presidente de la
República realice un viaje de estado a Asia. No lo es, cuando hace apenas unos
días la ciudadanía dio una muestra de poder de convocatoria, cuando los padres
de los jóvenes desaparecidos en Iguala marcharon junto con miles y miles de
personas indignadas por estos hechos.
Este no sería el
momento más oportuno para viajar, porque sería visto como una muestra de
frivolidad y sólo para estrenar en su primer vuelo intercontinental al avión
presidencial, en el que muy probablemente tenga todas las comodidades de la
vida moderna y cuyos pasajeros pueden disfrutar de viandas internacionales y
bebidas generosas, lejos muy lejos, de la frágil realidad mexicana.
La función de
gobierno requiere de tolerancia y paciencia, no sólo de buena voluntad para
gozar de las mieles del poder y parece que al procurador Murillo Karam y sus
colaboradores la paciencia se le termina, cuando le pide a los padres de los
normalistas que “está cansado de tantos regaños”.
Esta misma
sensibilidad gubernamental es muy posible la que está realizando el cálculo
político, para dosificar la información, y extender la crisis política, en vez
de concluir con la presentación de los jóvenes. Es esta crisis la que vino a presumir
la colusión de servidores públicos y cuyo modus operandi es señalado como
desaparición forzada, penado por las leyes internacionales.
La sensibilidad
es la que pudo haber señalado a Rogelio Ortega Martínez, como gobernador
interino en substitución de Ángel Aguirre Rivero, pero esa sensibilidad no
valoró que el también académico tiene nexos, ideológicos principalmente, con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y cuya simpatía es
probable que no sea del agrado de los grupos subversivos de Guerrero, en el que
la inteligencia mexicana no pueda advertir una crisis.
Esta sensibilidad
es la que debería imperar para buscar a personajes de la clase política con
sospecha de actividades irregulares y pedirles que se separen del cargo, como
los señalamientos de que fue sujeta la senadora Iris Vianey Mendoza,
perteneciente al Partido de la Revolución Democrática por cierto, quien fue
señalada por José Luis Mireles de pertenecer a los Caballeros Templarios.
Proclamar que acudirá y pedir licencia a su cargo por un mes para presuntamente
someterse a la Procuraduría General de la República (PGR) y ser investigada, no
le servirá de nada, cuando su intención es obtener una carta de buena conducta
política para pasar desapercibida. Ostentar un cargo de elección con fuero
constitucional no es garantía de honorabilidad.
La conferencia de
prensa que ha dado el procurador Murillo Karam presenta las sospechas de la
opinión pública: Desde el primer día los muchachos fueron muertos, sus cuerpos
incinerados y en un lugar y arrojados en otro. Parece que las explicaciones del
procurador no satisfacen el clamor de justicia.
Más allá de todos
estos hechos, se encuentra la pobreza en las políticas públicas para combatir
la impunidad y la corrupción, como elementos principales de los hechos de
Iguala y cuya clase política encuentra el momento idóneo para seguir
delinquiendo, con la seguridad y garantía de no ser llevado a la justicia.
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