Ayuda norteamericana

En días pasados, el presidente norteamericano, George W. Bush, anunció ante el Congreso de su país un paquete económico de primera instancia por 500 millones de dólares (mdd) como apoyo para el combate al narcotráfico en México, que se ha conocido como “iniciativa Mérida”, como producto de los acuerdos durante la última visita del presidente del vecino país del norte en enero pasado a la ciudad blanca.

El total de esta ayuda asciende a un monto total de 1,400 mdd, a distribuirse en los próximos tres años; su objetivo es para la adquisición de equipo y material militar, sin embargo, ambas Cámaras del Congreso de la Unión tienen sus dudas al respecto de la buena voluntad del gobierno del país vecino y, para despejarlas, han decidido citar a comparecer a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza Cantellano, para que explique en qué consiste y cuáles son los compromisos que adquirirá el Estado mexicano con este tipo de ayuda.

Los legisladores tienen como principal duda, que el gobierno norteamericano podría utilizar este tipo de acuerdos de cooperación, como chantaje para que introduzca agentes, equipo e incida en las políticas públicas mexicanas en materia de seguridad y, con esto, se viole la soberanía nacional.

No son recientes estas inquietudes. Durante la década de los noventas los agentes de los cuerpos de inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia (C.I.A) y de la Agencia Antinarcóticos Norteamericana (D.E.A.), principalmente, gozaban de libertad de tránsito y de acción en el territorio nacional, quienes establecieron la estación México en las oficinas de la Embajada Norteamericana en Paseo de la Reforma y, como antecedente, en la década de los sesenta se dirigió parte de la política de la guerra fría en contra de la ex U.R.S.S. y Cuba desde ese lugar.

Ahora bien, México ha enviado a Estados Unidos a 1,760 militares, entre miembros de la Armada, del Ejército y Fuerza Aérea, para capacitarse en distintas áreas del quehacer militar. México cuenta con casi 193,000 efectivos militares de los cuales, 144,000 pertenecen al ejército, 45,000 a la marina y casi 12,000 a la fuerza aérea, y que en su conjunto ejercen un presupuesto de 3,350 mdd. Hasta octubre del 2006, las fuerzas armadas tenían alrededor de 1,200 vehículos, entre tanques, tanquetas, hummer’s, y vehículos de reconocimiento adquiridos en Francia, Suiza Alemania, Bélgica y Rusia; 200 vehículos de artillería antiaérea adquirida en Yugoslavia, principalmente.

En términos de la armada, nuestro país tiene 2 destructores, 7 fragatas, 49 barcos patrullas, principalmente. La fuerza aérea tiene 10 aviones de combate F-5, 1 avión Hércules y 120 helicópteros, básicamente. Desde luego, hay más equipo y material.

Esta ayuda podría ser la tan esperada oportunidad del Pentágono para que México se incorpore al U.S. Northern Command (NORTHCOMM, en inglés) y que esta compuesto por las fuerzas armadas de nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, con el propósito de coordinar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, luego de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York y del mismo Departamento de Defensa en Washington, D.C. en septiembre de 2001, y a cuyo comando, las fuerzas armadas mexicanas se han negado a pertenecer. Hay trato institucional pero no hay política de coordinación entre el Pentágono y las fuerzas armadas mexicanas.

Más allá de buenas intenciones con el futuro del “Plan México” o “iniciativa Mérida” que está gestando el gobierno norteamericano, uno de los principales objetivos es la actualización del equipo y material para las fuerzas armadas, sin embargo, el objetivo a futuro debería ser que en México ambas Secretarías de Estado dedicadas a resguardar la soberanía nacional, una en tierra y aire y la otra en el mar, se fusionaran en una sola que, conjuntara los esfuerzos del sector militar, sin distingos de jerarquía entre una y otra, ya que por ahora, la que tiene preeminencia en presupuesto y en política al interior de la SEDENA es el ejército sobre la fuerza aérea, si bien es cierto que se requieren recursos urgentemente, la realidad es que la coordinación y el esfuerzo en conjunto puede redituar en mejores logros.

La recaudación

Desde el 8 de septiembre pasado, la Cámara de Diputados se encuentra discutiendo, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, lo relativo al paquete económico del gobierno federal, el cual está dividido en 3 partes y que son los Criterios Generales de Política Económica, la primera son los ingresos públicos consistentes en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y la segunda la Ley Federal de Derechos (LFD), y por último, el Presupuesto de Egresos de la Federación, todos del ejercicio fiscal para el 2008.

Por principio de cuentas y en sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Baja, que se prolongó hasta altas horas de la noche del pasado lunes, se aprobaron los ingresos de la federación por un monto de 2 billones 569 mil 450.2 millones de pesos. El Ejecutivo Federal prevé un incremento de los ingresos totales del Sector Público de 3.3 por ciento real con respecto al aprobado en 2007. Sin embargo se observa una disminución de los ingresos petroleros de 0.7 por ciento, en términos reales, con respecto a lo aprobado para 2007, lo anterior debido a la metodología utilizada para el cálculo del costo financiero neto de PEMEX. Para el 2008, los diputados aprobaron el precio del barril de crudo en 49 dólares. Asimismo, los Ingresos Petroleros son, en términos reales, 5.6 por ciento superiores a lo aprobado en 2007.

Además, conforme a los movimientos al precio del barril de petróleo y modificaciones en la recaudación de impuestos, arrojarían recursos adicionales por 38,384.4 miles de millones de pesos (mmdp.), de los cuales 17,844.6 mmdp. son de ingresos petroleros, cinco mil millones de pesos que se dejarán de aportar al Fondo de Estabilización Petrolera y el resto son de ingresos tributarios adicionales. Por la Reforma Fiscal se obtendrán recursos adicionales por 119 mmdp., lo que hace un total de 157 mmdp.

Se estima que la economía mexicana crecerá durante 2007 a una tasa anual de 3.0 por ciento. Para 2008 se prevé un crecimiento a una tasa anual de 3.5 por ciento, en términos reales. Esta cifra está en línea con las expectativas de crecimiento elaboradas por el sector privado. De esta manera, sin considerar la aprobación de la Reforma Hacendaria en sus términos actuales, la estimación de los ingresos presupuestarios ascenderían a 2,392.9 mmdp. en 2008, cifra superior en 76.2 mmdp. al monto previsto en la LIF 2007.

Es importante señalar que los recursos que se incorporan al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y a la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación no son derivados de la Reforma a la Hacienda Pública que presentó el Poder Ejecutivo Federal el pasado 20 de junio. Sin embargo, en la exposición de motivos tanto la LIF como del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) se pueden apreciar escenarios económicos con y sin Reforma Hacendaria.

En cuanto al Gasto Público para 2008, se contemplan 2,392.9 mmdp. más 24 mmdp. de diferimiento de pagos, resulta un total de 2,416.9 mmdp.; destacando incrementos de gasto para los rubros de Desarrollo Social, Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología,PEMEX, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.

En orden decreciente, las Secretarías de Estado más favorecidas son Educación Pública con 151,790.4 millones de pesos (mdp.); SAGARPA con 48,779 mdp.; Salud con 41,547.7 mdp.; SCT con 41,075 mdp., entre otros; por otra parte, las menos favorecidas son Función Pública con 1,600 mdp.; Trabajo y Previsión Social con 3,347.1 mdp. y Reforma Agraria con 4,341.9 mdp.

En su momento será discutido lo relativo al Presupuesto de Egresos, mientras tanto en los pasillos de San Lázaro se encuentran cabildeando Secretarios de Estado, Gobernadores, Titulares de Finanzas de los Gobiernos locales, rectores de Universidades Públicas, y todo aquel titular de área sujeto de presupuesto público. Hasta ahora, las negociaciones entre los grupos parlamentarios han sido desarrolladas en un ambiente de tolerancia y respeto, con sus diferencias naturales pero no irreconciliables, producto del cobro de facturas por la aprobación de la Reforma Electoral.

Por lo que respecta al paquete económico, los Diputados federales tienen como fecha fatal el 15 de noviembre próximo. En el caso de la LIF se turna a la Cámara Alta para su estudio, análisis y dictamen y, en el caso del Presupuesto de Egresos, una vez aprobado, se turna directamente al Ejecutivo Federal. Veremos el resultado final en nuestros bolsillos el próximo año.

Las otras reformas

En días pasados el Colegio de Abogados Católicos de México (CACM) presentó en su página web, la iniciativa que reforma la fracción primera del artículo 3º, el 24, así como el inciso e) del artículo130, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya ultima reforma data de 1992 como antecedente de la reanudación de relaciones diplomáticas con El Vaticano, única reforma posterior a la redacción original del Constituyente de 1917; la propuesta del CACM, tiene como propósito que los ministros de culto, principalmente los de la iglesia católica, puedan tratar temas políticos desde el púlpito, que sean votados a cargos de elección popular, que se imparta educación religiosa en las escuelas públicas y, que las iglesias católicas puedan poseer y operar medios de comunicación, sin omitir que como trasfondo, puedan recibir recursos públicos para sus actividades proselitistas.

En estricto sentido de técnica parlamentaria, ésta iniciativa sería desechada dado que el espíritu de la redacción vigente contiene, en esencia, lo propuesto por los abogados católicos; sin embargo, se trata de una iniciativa eminentemente política con el objetivo de restituir el poder político al poder eclesiástico y que fue perdido una vez la consumación de la independencia de México en 1821, al promulgar el presidente Don Benito Juárez, las Leyes de Reforma, por las que se instauró la separación Estado Iglesia, lo que terminó con más de 300 años de gobiernos y cabildos eclesiásticos.

A inicios de la década de los veintes, en el siglo pasado, la iglesia católica trató de reconquistar el poder, dando inicio al movimiento cristero en el país, asentando sus reales en los estados de Jalisco y Guanajuato, principalmente, y que culminó con la persecución religiosa, la ruptura de relaciones diplomáticas con la Santa Sede y las diversas expulsiones del país, como la del arzobispo de Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez, ungido en la mitra cardenalicia el 9 de febrero de 1913, mientras Francisco I. Madero cabalgaba rumbo a Palacio Nacional escoltado por cadetes del Heroico Colegio Militar, pasaje de la historia conocido como la marcha de la lealtad.

Después de su expulsión, dicho purpurado dirigió un extenso comunicado al Papa Pío XI en el que se oponía a cualquier pacto con el gobierno mexicano, en tanto éste no accediera a la revocación de las leyes de reforma, manifestándose a favor de continuar la lucha armada hasta erradicar al gobierno laico.

Luego, recordemos a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, cuya razón de ser, no era sino la de ensalzar y dirigir el esfuerzo de todos los creyentes mexicanos para procurar la derogación definitiva de los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 constitucionales; organización de donde surgió la madre Conchita, quien fue acusada como autora intelectual del asesinato del presidente Álvaro Obregón en julio de 1928, y purgó su pena en las Islas Marías.

Por su parte, los gobiernos de los presidentes emanados de las filas castrenses persiguieron a los cristeros por todo el país, sin embargo, durante el mandado del general Porfirio Díaz Mori, esto cambió; hubo una política de respeto hacia la relación con la iglesia católica mexicana, lo que vino a apaciguar los ánimos exaltados de la grey católica, luego de la promulgación de las leyes de reforma a mediados del siglo XIX.

El tema no es hacer una reforma para atender la inquietud y aspiración de una élite religiosa, acostumbrada a recibir todas las canonjías y atenciones del gobierno en turno o bien, de su feligresía fundamentalista; el verdadero tema es no olvidar la historia de nuestro país, más aún, aquellos episodios tan terribles donde se perdieron innumerables vidas por alcanzar un legítimo anhelo de libertad ante el sometimiento de aquellos que ahora pretenden retomar esa posición; la separación iglesia estado ha sido uno de los máximos logros alcanzados por el pueblo mexicano, y por ningún motivo debemos perderlo.

En un ejercicio de buena voluntad y por principio de cuentas, la iglesia católica debería promover el retiro de la excomunión a Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez y el resto de liberales mexicanos, entre ellos masones, como una manifestación de respeto al Estado mexicano, a propósito de la proximidad del bicentenario de su independencia.

Slim vs. Gil

En comisiones de la Cámara de Diputados se encuentra para su análisis y dictamen, la iniciativa que reforma la Ley de Inversión Extranjera; la cual prevé modificar el límite de participación de capital extranjero en las telecomunicaciones, hasta en un 49%; además pretende abrir todas las redes públicas y el espectro radioeléctrico en general; iniciativa que, indirectamente, impactará a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que actualmente se encuentra sujeta de intensos cabildeos con legisladores, por parte de diversas empresas del ramo, particularmente Telmex y Telefónica Movistar; lo que se disputa es el nada despreciable negocio de veinte mil millones de dólares al año.

Según se desprende de su exposición de motivos, la iniciativa en cuestión pretende establecer condiciones adecuadas para la promoción de la inversión en el sector de la telefonía fija y de servicios relacionados, con la intención de beneficiar a los usuarios mediante el incremento de la competitividad en la prestación de los mismos, así como permitir nuevas inversiones y crear un ambiente de verdadera competencia en la red fija de telefonía, logrando así incrementar los accesos a esta clase de servicios para un amplio sector de la población que se ubica en zonas marginadas.

Al frente de la española Movistar, se encuentra el otrora secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio foxista, Francisco Gil Díaz, quien además de despachar las haciendas públicas, desde Patios Marianos de Palacio Nacional, actuaba como vicepresidente de México, hombre fuerte del gabinete del expresidente, quien doblegó por igual a sus compañeros secretarios de Estado, que a diputados federales, senadores o gobernadores, y quien por el ejercicio de su cargo conoce todas las entrañas del manejo financiero y fiscal; es decir, donde ganan y donde pierden, qué les duele y qué les beneficia, qué les afecta y qué les impacta, cómo ganar y deducir en impuestos; y que ahora, luego del escándalo en enero pasado por su nombramiento como consejero del banco HSBC, tuvo que separarse de ese puesto y, ahora, al frente en México de esta compañía telefónica trasnacional.

Esta empresa española enfrenta acusaciones de dominación en el mercado ibérico, a grado tal que la Comisión Europea de Competencia le aplicó una multa por 151 millones 875 mil euros en julio pasado, según se desprende un estudio realizado por la Coordinación de Asesores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara Baja.

Por otra parte, Carlos Slim Helú, recientemente nombrado el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes; entre sus posesiones, por citar algunas, es dueño de Grupo Carso con las holdings Teléfonos de México, América Móvil, Nacobre, Frisco, Sears, Condumex, Hoteles Calinda, Cigatam, Sanborn’s, entre otras, que generan más de 220 mil empleos en el país; quien dentro del ramo de las telecomunicaciones en México es el predominante, que no el único, que es diferente.

En concreto, la redacción original de la iniciativa comentada, preveía la apertura del 100% a capital extranjero, bajo el supuesto de que "siempre y cuando, a juicio de la comisión (Federal de Competencia, COFECO), prevalezcan en el país de origen de la inversión extranjera condiciones similares de apertura para la inversión nacional de telecomunicaciones". Esto significa que los españoles tendrían que garantizar las mismas condiciones para los operadores mexicanos, pero al operar en condiciones de dominación, según la Comisión Europea de Competencia, la telefónica española estaría engañando a la autoridad mexicana, COFECO, al dirigir una empresa en forma ilegal, presuntamente violando las leyes de Inversión Extranjera y Federal y la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Luego entonces, de ahí que la redacción arriba citada haya sido retirada del texto del dictamen, toda vez que la batalla que emprende la COFECO, presumiblemente mal influenciada por los españoles, por conducto del exsecretario Francisco Gil, con los legisladores federales mexicanos y bajo el argumento de el monopolio que tiene Teléfonos de México en contra de los usuarios de telefonía fija. De igual manera, TELMEX ha tratado de cabildear entre legisladores federales para evitar sea aprobada.

Nadie esta a favor de los monopolios, cualquiera que este sea, sin embargo nuestros legisladores deberían defender el interés nacional, para que el rubro de telecomunicaciones no termine como el de los bancos, es decir, están en México pero, no son de mexicanos.