Las otras reformas

En días pasados el Colegio de Abogados Católicos de México (CACM) presentó en su página web, la iniciativa que reforma la fracción primera del artículo 3º, el 24, así como el inciso e) del artículo130, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya ultima reforma data de 1992 como antecedente de la reanudación de relaciones diplomáticas con El Vaticano, única reforma posterior a la redacción original del Constituyente de 1917; la propuesta del CACM, tiene como propósito que los ministros de culto, principalmente los de la iglesia católica, puedan tratar temas políticos desde el púlpito, que sean votados a cargos de elección popular, que se imparta educación religiosa en las escuelas públicas y, que las iglesias católicas puedan poseer y operar medios de comunicación, sin omitir que como trasfondo, puedan recibir recursos públicos para sus actividades proselitistas.

En estricto sentido de técnica parlamentaria, ésta iniciativa sería desechada dado que el espíritu de la redacción vigente contiene, en esencia, lo propuesto por los abogados católicos; sin embargo, se trata de una iniciativa eminentemente política con el objetivo de restituir el poder político al poder eclesiástico y que fue perdido una vez la consumación de la independencia de México en 1821, al promulgar el presidente Don Benito Juárez, las Leyes de Reforma, por las que se instauró la separación Estado Iglesia, lo que terminó con más de 300 años de gobiernos y cabildos eclesiásticos.

A inicios de la década de los veintes, en el siglo pasado, la iglesia católica trató de reconquistar el poder, dando inicio al movimiento cristero en el país, asentando sus reales en los estados de Jalisco y Guanajuato, principalmente, y que culminó con la persecución religiosa, la ruptura de relaciones diplomáticas con la Santa Sede y las diversas expulsiones del país, como la del arzobispo de Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez, ungido en la mitra cardenalicia el 9 de febrero de 1913, mientras Francisco I. Madero cabalgaba rumbo a Palacio Nacional escoltado por cadetes del Heroico Colegio Militar, pasaje de la historia conocido como la marcha de la lealtad.

Después de su expulsión, dicho purpurado dirigió un extenso comunicado al Papa Pío XI en el que se oponía a cualquier pacto con el gobierno mexicano, en tanto éste no accediera a la revocación de las leyes de reforma, manifestándose a favor de continuar la lucha armada hasta erradicar al gobierno laico.

Luego, recordemos a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, cuya razón de ser, no era sino la de ensalzar y dirigir el esfuerzo de todos los creyentes mexicanos para procurar la derogación definitiva de los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 constitucionales; organización de donde surgió la madre Conchita, quien fue acusada como autora intelectual del asesinato del presidente Álvaro Obregón en julio de 1928, y purgó su pena en las Islas Marías.

Por su parte, los gobiernos de los presidentes emanados de las filas castrenses persiguieron a los cristeros por todo el país, sin embargo, durante el mandado del general Porfirio Díaz Mori, esto cambió; hubo una política de respeto hacia la relación con la iglesia católica mexicana, lo que vino a apaciguar los ánimos exaltados de la grey católica, luego de la promulgación de las leyes de reforma a mediados del siglo XIX.

El tema no es hacer una reforma para atender la inquietud y aspiración de una élite religiosa, acostumbrada a recibir todas las canonjías y atenciones del gobierno en turno o bien, de su feligresía fundamentalista; el verdadero tema es no olvidar la historia de nuestro país, más aún, aquellos episodios tan terribles donde se perdieron innumerables vidas por alcanzar un legítimo anhelo de libertad ante el sometimiento de aquellos que ahora pretenden retomar esa posición; la separación iglesia estado ha sido uno de los máximos logros alcanzados por el pueblo mexicano, y por ningún motivo debemos perderlo.

En un ejercicio de buena voluntad y por principio de cuentas, la iglesia católica debería promover el retiro de la excomunión a Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez y el resto de liberales mexicanos, entre ellos masones, como una manifestación de respeto al Estado mexicano, a propósito de la proximidad del bicentenario de su independencia.