Comenzó el proceso electoral 2009

En el mes de febrero del año que fenece, la Cámara de Diputados designó al presidente y consejeros del Instituto federal Electoral (IFE), en un proceso cuestionado.

Por lo que respecta al consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, cuenta con experiencia en el ámbito electoral al haber sido presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien por cierto fue quien le entregó la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador en el 2000.

En cuanto a Marco Antonio Baños Martínez, fue asesor de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) del Congreso de la Unión; y Benito Nacif Hernández, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de quien depende el proyecto intitulado “Monitor Legislativo”.

Como dato a tomar en cuenta son los lugares que ocuparon en la lista de calificaciones, hallándose entre el 21º. y el 35º. lugar, por lo que quizás no hayan sido los mejor calificados académicamente, pero hoy vemos que sí fueron notables políticamente, para quienes aprobaron el dictamen de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja que los acreditaba como los nuevos consejeros.

En el camino quedaron figuras relevantes como el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Genaro David Góngora Pimentel; la ex fiscal de delitos electorales, María de los Ángeles Fromow Rangel; el comunicador de W Radio Ezra Shabot Askernazi; y el jurista Raúl Carrancá y Rivas, quien por cierto afirmó que impugnaría el proceso; entre otros aspirantes.

Desde luego que hay quienes dicen que ganó el PRD y el PRI en la designación de consejeros; otros que el PAN y el PRI; pero por el momento, las combinaciones de colores son irrelevantes para el proceso electoral que comenzó en noviembre pasado y culminará con la jornada electoral de julio del año próximo.

Punto y aparte, pero las designaciones cambian el rumbo de un país. Como la que tuvo lugar sobre la persona de Francisco Javier de Venegas, Virrey de la Nueva España quien tomó posesión del cargo, justo un par de días antes de que Miguel Hidalgo se levantara en armas en la madrugada del 16 de septiembre de 1810.

Venegas era el nuevo y elevado funcionario de la orden de Calatrava y teniente general de los ejércitos españoles, quien de inmediato fue conocido en la Nueva España por su vestimenta militar sencilla, en comparación de los lujosos trajes que vestían sus antecesores, de quien el pueblo se burlaba colocando pasquines en las puertas del ahora Palacio Nacional: “Tu cara no es de excelencia / Ni tu traje de Virey / Dios ponga tiento en tus manos / No destruyas nuestra ley”. a lo que el Virrey Venegas mandó colocar su respuesta: “Mi cara no es excelencia / Ni mi traje de Virey / Pero represento al Rey / Y obtengo su real potencia / Esta sencilla advertencia / Os hago por lo que importe / La Ley ha de ser mi norte / Que dirija mis acciones / ¡Cuidado con las traiciones / Que se han hecho en esta corte!”.

Comenzaba la llamada -revolución- de independencia con Hidalgo, Allende, Aldama y otros insurgentes al frente, en las que las diferencias raciales fueron parte del alzamiento armando. Mientras los criollos -con desprecio- se referían a los españoles con el término gachupines, estos lanzaban las siguientes consignas en panfletos colocados en varias esquinas de la ciudad de México: “En la lengua portuguesa, / al ojo le llaman cri, / y aquel que pronuncia así / aquesta lengua profesa. / En la nación holandesa / ollo le llaman al C... / y así con gran disimulo / junto el cri con el ollo / lo mismo es decir criollo / que decir ojo de c... ”.

Desde luego, los criollos les respondían de la siguiente manera: “Gachu en arábigo hablar / es en castellano mula: / Pin la Guinea Articula / y en su lengua dice dar. / De donde vengo a sacar / que este nombre gachupín / es un muladar sin fin, / donde el criollo siendo c... / bien puede sin disimulo / ca... en cosa tan ruin”.

Nuestra picardía. Única en el mundo.

Consumatum Est

El 15 de diciembre concluyó formalmente el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, que desde luego comprende a ambas Cámaras. Cámara de Diputados sesionó en 33 ocasiones, en las que se presentaron 345 iniciativas para reformar diversos ordenamientos; además, se aprobaron más de 80 dictámenes relativos a iniciativas o minutas, otro tanto igual de dictámenes con puntos de acuerdo, entre otros. Por lo que toca al Senado, se aprobaron 64 decretos, 17 de ellos remitidos al Ejecutivo Federal para su publicación; 38 enviados a la Cámara de Diputados para su revisión, ratificó 12 instrumentos internacionales, así como 22 nombramientos a diversos cargos de responsabilidad. Cabe destacar el grado de consenso que se alcanzó en las votaciones, pues numerosos de ellos se aprobaron por votación unánime o prácticamente unánime y una cantidad mucho inferior se aprobó por votación más o menos dividida. Resalta del trabajo del Congreso, la aprobación de la reforma energética, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la reforma que otorga al Congreso la facultad de expedir una ley general en materia de secuestro, así como las reformas constitucionales por las que se establece la pregunta parlamentaria y se omite la presencia del presidente de la República cada 1 de septiembre pero sigue informando por escrito al Congreso. Se trata de reformas que eran indispensables, en unos casos, y en otros de forma, pero que de los que se esperan transformaciones de fondo en procedimientos, sobre todo en seguridad y justicia -ampliamente demandado- así como en energía. Las discusiones al seno de las comisiones dictaminadoras, fueron muy similares a las del Constituyente de 1917, instalado en Querétaro el 21 de noviembre de 1916 con 140 de los 240 presuntos diputados. Una de las tendencias ideológicas para reformar la Carta Magna consistía en que, la Constitución de 1857 no había llegado a ser efectiva, mientras que la otra tendencia demandaba la modificación de los preceptos que observaba como obstáculos para el país. Para formar el Congreso Constituyente, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, el Gral. Venustiano Carranza, procedió de similar forma que el presidente Benito Juárez en 1857, es decir, sumó una gran cantidad de facultades, en virtud de las gravísimas circunstancias que vivió el país y se abanderó en la defensa de la Constitución de 1857. Una vez instalado en el Teatro Iturbide -de Querétaro-, al frente de la Mesa Directiva se hallaba el jalisciense Luis Manuel Rojas, quien dio a conocer a la Asamblea Constituyente, el proyecto de decreto dirigido por Venustiano Carranza, el 1 de diciembre de 1916, y que de inmediato se formaron comisiones para su análisis, discusión y dictaminación. En el Constituyente de 1917 había 62 abogados, 16 médicos, 16 ingenieros, 18 profesores, 14 periodistas, 7 contadores públicos, 2 farmacéuticos, 4 mineros, 3 ferrocarrileros, 5 líderes obreros, 1 actor, 22 militares, 19 agricultores y otros 31 ciudadanos entre artesanos, comerciantes y empleados en general, entre otros. Las discusiones en comisiones se encontraron con la polarización de opiniones de los diputados, definidos como “liberales carrancistas” y jacobinos obregonistas” así como de un grupo independiente de ellos. Entre los artículos más debatidos, estuvieron los relativos a las cuestiones religiosas. Para los diputados constitucionalistas, la influencia negativa de la Iglesia se había hecho patente en el apoyo que ésta diera al jalisciense Victoriano Huerta. En lo laboral, los diputados Héctor Victoria, Froylán Manjarrez, Alejandro Cravioto, Rafael de los Ríos y Francisco J. Múgica integraron la Comisión que dictaminó lo referente al trabajo. Se dictaminó el establecimiento de la jornada de 8 horas, el descanso semanal y la prohibición del trabajo industrial para mujeres y niños. A moción de Múgica, se aprobó que los trabajadores participaran de las utilidades de las empresas y la obligación de dotar de vivienda. El agrarista Andrés Molina Enríquez, sin ser diputado, fue quien redactó el artículo 27 constitucional, referente a la cuestión agraria. Y ahora, sigue tocando a los legisladores continuar con más cambios para el país, como la moderación en el cobro de comisiones bancarias, entre otros temas.

100 días 100

Sin resultados tangibles, hace varios días se reunió el Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, en donde se dieron a conocer los primeros resultados, firmados el 21 de agosto pasado, -del Acuerdo por la Legalidad, la Justica y la Seguridad - y que se sustentan en cifras que no coinciden con la realidad cotidiana de los mexicanos. Se informó que cada dos días se capturó una banda dedicada al secuestro, que se evaluó a 50 mil policías, que se puso en marcha la operación limpieza, entre otros datos. Mientras tanto, el Congreso analiza las propuestas del Ejecutivo con la que se crearían el registro de telefonía celular, la ley antisecuestros y la miscelánea penal reglamentaria de la reforma judicial, pero se acordó su dictaminación en comisiones en días siguientes y su aprobación para mejor momento, que no será en el periodo de sesiones que concluye el 15 de diciembre próximo. Muchos no esperábamos que en 100 días se resolviera el problema de la inseguridad, como sucedió, en los que pareciera que sólo con golpes mediáticos se tranquilizará a la ciudadanía, en los que por cierto nadie renunció, como lo pidió Alejandro Martí, padre del menor Alejandro, secuestrado y asesinado. Además, se suma la propuesta del Gobernador Coahuila, Humberto Moreira, para reimplantar la pena de muerte en nuestro país, que ha levantado polémica, principalmente en la ideología de derecha mexicana, y que aún no se recibe iniciativa alguna sobre el tema. Recordemos que por causas políticas es que Miguel Hidalgo y Costilla, fue entregado al gobierno español para ser fusilado el 30 de julio de 1811, sin ninguna de las prerrogativas y beneficios en que antes se amparaba cualquier reo. “…Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, en dondequiera que esté, en la casa o en el campo, en el camino o en las veredas, en los bosques o en el agua, y aún en la iglesia. Que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber; en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado; estando acostado o andando, mingiendo o cantando, y en toda sangría. Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes; en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos…”, sentenciaba el inclemente decreto de la Inquisición. En vista de tanto bandolerismo y frecuentes asaltos, el gobernador de Jalisco Joaquín Angulo, expidió en 1848, la llamada Ley Tigre, que condenaba a muerte a ladrones y asesinos. Todavía más: ordenó que los cadáveres de los ejecutados, según esa ley, fueran expuestos al público con este letrero: "Así castiga la ley al ladrón y al asesino". Fue hasta la Constitución de 1857 que en su artículo 23, se sentenciaba a pena de muerte, al traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la ley, excluyendo de la pena capital a los delitos políticos. Quizás la más conocida de las ejecuciones en México, haya sido la de Maximiliano de Habsburgo, cuando a su fusilamiento, Juárez publicó un edicto que decía “…El archiduque Fernando Maximiliano José de Austria, fue hecho justo por las armas el 19 de junio de 1867…” y en el contexto del triunfo de las armas mexicanas, el Presidente Juárez pronunció el 15 de julio de 1867, un manifiesto de 2 cuartillas, que en su parte medular señalaba: “…Que el pueblo y gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz…”. El último de los fusilados fue León Toral –asesino material del presidente Álvaro Obregón- muerto el 9 de febrero de 1929 en Lecumberri. Que se analice el tema y que hable la sociedad, principalmente los agraviados.