Los primeros

El Banco de México anunció que para el 21 de agosto próximo, entrarán en vigor las disposiciones por las que se eliminan 9 tipos de comisiones bancarias.

Entre los cambios, se haya que en cuentas de depósito a la vista, tales como de cheques y de nómina, no podrán cobrarse comisiones por manejo de cuenta y por no mantener un saldo mínimo; en ningún caso podrán cobrarse comisiones por cheques devueltos por cualquier causa.

Además, cuando el banco establezca como condición para otorgar un crédito, que el cliente abra una cuenta para realizar los pagos del crédito, no podrá cobrar comisiones en la mencionada cuenta por apertura, su manejo, ni por saldo mínimo; no podrán cobrarse comisiones por la cancelación de tarjetas de crédito ni de débito.

Por último, no podrán cobrarse comisiones por la cancelación de la domiciliación del pago de bienes y servicios; tratándose de órdenes de transferencia de fondos, las instituciones no podrán cobrar comisiones diferenciadas en función del monto de las transferencias que les soliciten sus clientes, así como tampoco se cobrarán comisiones por la cancelación del servicio de banca por internet.

Estas medidas no son suficientes para paliar la economía de los deudores de la banca, pero seguramente vienen a aminorar el descontento social por la voracidad de la banca mexicana, en una de las primeras modificaciones a la legislación bancaria.

Como primeros, fueron los nombres de Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, Morelos, Matamoros, los hermanos Bravo, Galeana, Jiménez, Mina, Moreno y Rosales, en aparecer con letras de oro por primera vez en el muro de honor del Congreso, aprobado en sesión del 19 de julio de 1823 y situado en el templo de San Pedro y San Pablo, en ese entonces.

El 15 de septiembre de ese año, se exhumabarían los restos de los caudillos de la Independencia para depositarlos en Catedral; pero con el ímpetu de la celebración, el pueblo, con 300 años de dominación en la mente, fue incitado a violar el sepulcro de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús.

El ideólogo del partido conservador y apoderado en México del Duque de Terranova y Monteleone, -descendiente y heredero de Cortés-, Lucas Alamán, mando retirar los restos del conquistador, Marqués del Valle de Oaxaca, Gobernador y Capitán General de la Nueva España, fallecido en 1547, y los colocó en un lugar seguro.

Quizá por eso no haya en todo el país, algún busto o monumento a conquistador español alguno.

Posteriormente, cuando el Congreso se trasladó a Palacio Nacional, el Poder Legislativo inscribió los nombres de Guerrero en 1841, López Rayón en 1842, Guadalupe Victoria en abril de 1843, Miguel Barragán en agosto de 1843 y Miguel Ramos Arizpe en 1847.

En octubre de 1847 el recinto se trasladó a Querétaro, con motivo de la guerra contra Estados Unidos. Antes, el nombre de Iturbide fue inscrito en 1835, pero en 1921, la Cámara de Diputados acordó eliminarlo de tan honrosa distinción, por considerarlo indigno en sus acciones y sin los merecimientos necesarios.

Una vez que el Congreso volvió a Palacio Nacional, uno de los últimos actos de la II Legislatura del Congreso, en mayo de 1863, fue reconocer a los defensores, civiles y militares, de la batalla de Puebla de 1862: La ciudad tomaría el nombre de Heroica Puebla de Zaragoza, pero alguna administración de corte conservador en ese municipio, cambiaría su denominación por el de Puebla de los Ángeles.

Pero desde el Congreso de 1821, todos los presidentes de la República y diputados juraron al cargo teniendo como testigo al Acta de la Independencia de México, firmada el 28 de septiembre de 1821 y de la cual, se elaboraron dos ejemplares: uno, para el gobierno y el otro, para el Congreso.

Antes de 1830, el Acta que custodiaba el gobierno fue vendida por un empleado desleal a un viajero curioso.

Alamán, en su carácter de ministro de Relaciones Exteriores de 1830 a 1832, y quien a sabiendas que la copia extraviada del Acta se encontraba en Francia, solicitó recobrarla aunque no lo pudo conseguir, no obstante que ofreció una suma considerable por su devolución.

Lucas Alamán, un criollo de nacimiento que conoció personalmente a Miguel Hidalgo, cuando éste y su madre eran protegidos del Padre de la Patria y quien literalmente los rescató en 1810, de la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, dice que el Cura de Dolores era, -contrario a las imágenes ahora conocidas-, cargado de espaldas, de color moreno, ojos verdes vivos y la cabeza algo caída sobre el pecho.

Por tanto, no existía en la República más copia que la que se encontraba en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.

Pero el 29 de marzo de 1909, un voraz incendio destruyó el edificio de la calle Donceles y Allende, consumiendo prácticamente la totalidad del recinto parlamentario y el archivo.

Entre las desgracias, se encontraba la incineración del Acta de Independencia citada.

Años después, llegó el Acta que había sido vendida un siglo pasado, a manos del anticuario español Gabriel Sánchez quien vendió el histórico documento a Joaquín García Icazbalceta, el más grande bibliotecario mexicano del siglo XIX, y por último, llegó a manos del señor Florencio Gavito, entonces autoridad en bibliografía mexicana, quien pidió a su esposa, doña Mercedes Jáuregui, que a su muerte le entregara el Acta recuperada al presidente Adolfo López Mateos, volviendo de nueva cuenta a la patria que la vio nacer: México.

Cuando el 23 de septiembre de 1971 sesionó el Congreso de manera solemne, para inscribir en letras de otro la máxima “La Patria es Primero” -como su autor, Vicente Guerrero-, la diputación federal del Partido Acción Nacional trató de chantajear la sesión, a cambio de que nuevamente fuera incluido el nombre de Agustín de Iturbide.

La petición fue hecha por el entonces diputado panista Bernardo Bátiz, quien recientemente fue procurador de justicia en la administración de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal.

“… Señor Presidente, señores diputados, señores invitados. […] ¡¡¡Cómo es posible que quieran ustedes señores de Acción Nacional negar ser los indignos herederos, digo indignos, porque no se atreven a defenderlos de frente, de todos los que han mancillado a México durante más de 150 años de vida independiente? … … ¿Quiénes históricamente fueron a traer a un Emperador extranjero? ¡¡¡Sus padres políticos!!!, … Pero no olviden que los mexicanos, en 1910, con la virgen de Guadalupe en el sombrero, fusilaban a los curas porque servían a la reacción, … Desde ahora empiecen a sufrir la amargura de que el pueblo de México declarará el año de 1972 “Año de Benito Juárez”, en contra de la voluntad de ustedes…”.

En esos términos se refería el diputado Francisco Ortiz Mendoza, del Partido Popular Socialista, (PPS), en el debate de esa fecha, a quienes trataban de defender posturas indefendibles con los actos de Iturbide, Maximiliano y otros.

La lucha

La estrategia aplicada por el expresidente del Partido Acción Nacional, (PAN), Germán Martínez Cázarez, resultó avasallada por el desencanto, -que de manera generalizada, volcó la ciudadanía a realizar un voto de castigo en contra de ese partido en las pasadas elecciones federales intermedias. 

Las Entidades de Nuevo León, Colima y Campeche fueron ratificadas para el Partido Revolucionario Institucional, (PRI), en contraste con Querétaro y San Luis Potosí que le fueron arrebatadas al PAN.

Ciudades como Guadalajara, Cuernavaca, Guanajuato, y el corredor azul en el Estado de México, compuesto por Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Toluca, cambiaron del PAN al PRI, inclusive; en la mayor derrota electoral padecida por el partido del presidente Calderón. 

La crisis generalizada en el PAN se circunscribe en la lucha de poderes reales al interior de ese partido.

Por una parte, la corriente tradicional encabezada por el presidente Felipe Calderón, y por la otra, la de la ultraderecha con el expresidente Vicente Fox, presuntamente al frente. 

Resulta curioso que hace alrededor de un año, el Tribunal del Vaticano, -la Rota Romana-, haya dictaminado al expresidente Fox, como incapaz para volver a contraer matrimonio, cuando hace unos días, la misma iglesia haya participado en el enlace matrimonial de Fox con Marta Sahagún en Guanajuato.

La verdadera lucha de intereses se haya, por parte de la ultraderecha, en elevar los dogmas de fe religiosas a rango de política pública, e incluso, constitucional.

Como ejemplos: poco más de 10 legislaturas locales han aprobado la penalización del aborto desde su concepción, -cualquiera que haya sido el método de concepción-, lo que significa que al ser aprobada en la legislatura número 16, tendrá que ser elevado a rango constitucional; además, la eliminación de la materia de historia en libros de texto, sin omitir la incorporación de la objeción de conciencia en materia de salud, para evitar la prestación de algún servicio médico argumentando motivos religiosos.

No estamos hablando del siglo XIX. Me refiero a maniobras de no más de 10 años de insistencia, en un intento por imponer los temas de una agenda religiosa como modelo social. Todas estrategias silentes pero de un gran impacto. 

Con ese mismo impacto, el presidente Benito Juárez promulgo las leyes de Reforma, incorporadas al texto de la Constitución de 1857: La Ley Juárez, por la que los tribunales eclesiásticos y militares se debían concretar a intervenir en los asuntos de sus competencias y no en los civiles; la Ley Lerdo obligaba a las corporaciones civiles a vender las casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes los arrendaban; la Ley Iglesias que prohibió el cobro de derechos parroquiales, conocidos como diezmo; la Ley de la nacionalización de los bienes del clero, complementaria de la Ley Lerdo; la Ley del matrimonio civil, para establecer que el matrimonio religioso no tiene validez oficial y establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado; la Ley del registro civil, en la que se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado; la Ley de libertad de Cultos, que permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que desee; y la Ley de exclaustración de monjas y frailes, en la que se prohibió la existencia de claustros o conventos, y se decretó la salida de las religiosas y religiosos que ahí vivían. 

“…[…] La nación se encuentra hoy en un momento solemne, porque del resultado de la encarnizada lucha, que los partidarios del oscurantismo y de los abusos han provocado esta vez contra los más claros principios de la libertad y del progreso social, depende todo su porvenir. En momento tan supremo, el gobierno tiene el sagrado deber de dirigirse a la nación y hacer escuchar en la voz de sus más caros derechos e intereses, no sólo porque así se uniformará más y más la opinión pública en el sentido conveniente, sino porque así también apreciarán mejor los pueblos la causa de los grandes sacrificios que están haciendo al combatir con sus opresores, y porque así, en fin, se logrará que en todas las naciones civilizadas del mundo se vea claramente cuál es el verdadero objeto de esta lucha que tan hondamente conmueve a la república. […]” justificaba el presidente Juárez a la nación mexicana al ser promulgadas. 

Esta serie de leyes fueron, la verdadera acta de nacimiento del Estado mexicano, que en este año cumplen 150 años, por cierto, en riesgo por esa estrategia silenciosa y mezquina. 

Despreciadas por algunos y sus intereses; pero no por los hombres libres o aquellos quienes vieron en el progreso la base de esta nación. 

Traigo a la memoria histórica las palabras del presidente Juárez en 1860, rodeado del General González Ortega, Santos Degollado, Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada. Vistiendo de negro y habiendo bajado de su carruaje; su fiel Camilo al lado y arropado por el pueblo que se congregaba a recibirlo, luego del triunfo de la guerra de reforma, entre liberales y conservadores, dijo en Palacio Nacional: "…¡¡¡Mexicanos!!! Antes éramos independientes, pero no libres. A partir de hoy seremos también libres. Hoy podemos considerar que ha sido fundada la nación mexicana. Hoy empezará el proceso de fundación de una nueva patria. Hoy comenzaremos el proceso de transición de una sociedad feudal y teocrática a una sociedad moderna, contemporánea, la única con la que podemos satisfacer las necesidades del país”…”.

Costó trabajo

Como sabe, este domingo recurriremos a las urnas, -en elecciones intermedias federales, para renovar la totalidad de curules de la Cámara de Diputados; así también, en algunas entidades federativas se elegirá Gobernador, Diputados Locales y Munícipes, y que se circunscribe en un ejercicio democrático y plural. 

Por primera vez, se puso en práctica las reformas electorales aprobadas en el 2008, luego del proceso electoral presidencial 2006, y que merecerán una nueva revisión. 

Durante los primeros años de la lucha insurgente, el 13 de septiembre de 1813 en Chilpancingo se convocó al Primer Congreso, en el que se leyeron los “Sentimientos de la Nación” de José María Morelos y Pavón, y además, se planteó la importantísima elección del generalísimo de las fuerzas insurgentes.

Los candidatos eran los capitanes Ignacio López Rayón, José María Liceaga y José María Morelos, quien en un acto de modestia renunció al nombramiento y, a cambio, pidió que se le nombrara el “Siervo de la Nación”. 

En este Congreso fueron electos Ignacio López Rayón por la provincia de Nueva Galicia, Sixto Verduzco por la de Michoacán, José María Liceaga por Guanajuato, José María Murguía por Oaxaca, Carlos María de Bustamante por la provincia de México, José María Cos por Veracruz, Andrés Quintana Roo por Puebla, José Manuel Herrera por Técpan y el teniente general Manuel Muñiz, no con calidad parlamentaria sino como invitado especial del generalísimo, para discurrir el ataque a Valladolid. De este Congreso nace la Constitución de Apatzingan y desde luego fue un Congreso no reconocido por el Virreinato. 

Una vez consumada la independencia en 1821, el Poder Legislativo fue predominante durante la primera etapa del México independiente durante el siglo XIX.

En este siglo, se gestó como una reacción a las invasiones de diversos países y a las rebeliones internas. El presidencialismo fue totalmente consolidado en el siglo XX a través de la Constitución de 1917. 

En 1821, la elaboración de la instrucción electoral fue objeto de largas discusiones, por un lado la Junta Soberana se inclinó por tomar como base la población, y de otro, Iturbide insistía en tomar la representación corporativa y el número de partidos en cada provincia.

Finalmente prevaleció la idea Iturbidista. Esta decisión tendría sus efectos meses más tarde. Igual que la experiencia gaditana, las provincias se quejarían y demandarían una verdadera representatividad.

Finalmente se eligieron 167 diputados, 150 propietarios y 17 suplentes. El apoyo de los grupos provinciales al Plan de Iguala se vio reflejado en estas elecciones.

De acuerdo al total de diputados, 80 de ellos pertenecían al clero, al ejército, a funcionarios del estado y algunos letrados. Estos también eran vecinos de las capitales provinciales. Un segundo elemento a señalar es la presencia de 55 diputados bajo el requisito de vecinos o “particulares”, señalados en las actas. Un grupo menor, 13 diputados eran propietarios de los territorios del norte. Solamente dos comerciantes, cinco propietarios de talleres artesanales, dos dueños de minas y dos nobles. 

El 1 de abril de 1824 inician las discusiones del proyecto de la primera Constitución Política de México, por las que el Congreso estableció la independencia del poder judicial respecto al ejecutivo y legislativo, intolerancia religiosa y fueros para el clero y la milicia. Ramos Arizpe era el líder del grupo liberal frente al cual los conservadores, en minoría, poco pudieron hacer para combatir el principio federativo rechazado muchas veces tan solo por el nombre, pues siendo nuevo para muchos, no tenían idea sobre este sistema de gobierno del cual, no trataban los libros políticos franceses ni españoles que circulaban en esa época en México; luego entonces, la nación adoptará el sistema republicano, representativo, popular y federal. 

En el desorden institucional por instaurar el federalismo o el centralismo, como forma de gobierno, para ser diputado se requería haber pagado una contribución directa en la clase de propietarios, comerciantes e industriales, y por tanto la distribución de diputados se ostentaba entre las clases dominantes. Además, quienes no pertenecían a ellas no podían votar ni ser votados. 

Según el decreto para las elecciones del 19 de junio de 1843, además de realizar elecciones para diputados, las asambleas departamentales eran quienes elegían al presidente de la República. 

Después, el 5 de febrero de 1857, el recinto del Congreso en Palacio Nacional lucía abarrotado de curiosos, cuando en un momento de emoción profunda, el presidente del Congreso Constituyente, Valentín Gómez Farías, anciano enfermo de casi 76 años, “patriarca de la libertad de México, prestando el apoyo moral de su nombre y de su gloria al nuevo código político”, se levanta de su escaño y ayudado por varios diputados llega al centro del salón.

Se arrodilla delante del evangelio y jura la nueva Carta Magna. Después, todos, de pie y con el brazo extendido, responden a la pregunta de si juran reconocer, guardar y hacer guardar la Constitución, con un enérgico y uniforme: ¡Sí, juramos!.

Las Leyes de Reforma se habían incorporado al texto constitucional. A partir del siguiente Congreso, -conocio como Primera Legislatura-, todos los diputados en vez de juramentar sobre la biblia, -como era la costumbre-, por primera vez protestaron el cargo sobre las Leyes de Reforma y se omitió la asistencia de los diputados a catedral al Te Deum. Además, comenzó la práctica de nombrar comisiones de visita a los Ministerios o Secretarías del Ejecutivo, entre otras prácticas. 

En la Constitución de 1857 se proclaman derechos de primera generación y algunos de segunda, en los que se imprime la pertenencia ciudadana y política de un individuo hacia un Estado o Nación, así como garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. 

La Ley Orgánica Electoral del 12 de febrero de 1857, introdujo a la práctica electoral mexicana, la universalidad del voto a todos los nacidos en territorio nacional o fuera de ella, con tal que unos y otros, hayan cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y que tengan un modo honesto de vivir. 

El 5 de mayo de 1869, el presidente Benito Juárez decreta la Ley que modifica el artículo 16 de la Ley Orgánica Electoral, en la que se establece que en las elecciones para la renovación de los poderes federales, no podrán ser electos diputados al congreso federal, los individuos que hubieren servido a la intervención o al llamado imperio. 

El 10 de marzo de 1869 aparece una circular que tiene por objeto, el de no consentir que ninguno de los empleados de la Federación en los Estados, tome parte con su carácter oficial, ni se valga del nombre del gobierno, para nada de lo que concierne a las elecciones, en las que sólo deben obrar con su simple carácter de ciudadanos. 

En 1871 se publica la reforma a la Ley Electoral, por la que se dispone que en los días de elecciones, la fuerza armada de la Federación permanezca en sus cuarteles, destacamentos, guardias o retenes, y desde un mes antes no pueda movilizarse por el Ejecutivo, sino en los casos de invasión exterior o de sublevación interior.

Además, se prevé que todos los funcionarios públicos, cometerán un delito oficial tolerando o disimulando la violencia de la fuerza armada, el cohecho o soborno, el fraude o los abusos que sus subalternos cometieren contra la libertad electoral, en las elecciones de los funcionarios federales. La tolerancia o disimulo consitutían un delito oficial calificado, si los mencionados abusos fueren cometidos por la fuerza armada, por sus oficiales o sus jefes. 

En abril de 1887, es reformada la Constitución para autorizar por un sólo periodo, la reelección del presidente de la República. Así, Porfirio Díaz inició una nueva gestión el 1 de diciembre de 1888. 

El 6 de febrero de 1917, Venustiano Carranza promulga la Ley Electoral, bajo el principio Maderista “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 

En 1918 se promulga el decreto de Venustiano Carranza, que introduce la palabra “votó” en la lista de electores, la desaparición de la mayoría absoluta, mayores garantías para el secreto del voto y la permanencia del padrón electoral, en cuya confección participan instancias clave como el Registro Civil y los Juzgados de lo Penal. 

El 29 de abril de 1933, es publicada la reforma para, -entre otras-, para prohibir la reelección inmediata de diputados y senadores propietarios, aun como suplementes; para establecer la no reelección absoluta de quien haya ocupado el cargo de presidente de la República con cualquier carácter; y para establecer la no reelección inmediata de presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, y miembros de consejos municipales o juntas de administración civil. 

El 12 de febrero de 1947, entra en vigor las reformas para permitir la participación de la mujer en las elecciones municipales como votantes y como candidatas. 

El 1 de septiembre de 1952, bajo los trabajos de la XLII Legislatura, ingresó la primera mujer diputada federal: Aurora Jiménez de Palacios, electa por el distrito único de Baja California Norte. 

Para conceder a la mujer el derecho a votar y ser elegida en los comicios, el Presidente Adolfo Ruiz Cortines presenta al Congreso, la iniciativa que es aprobada el 17 de octubre de 1953. Años antes, con este mismo propósito, el presidente Cárdenas había tratado de reformar sin lograrlo. No es un error cronológico. Primero, hubo una mujer diputada federal y luego, se modificó el texto constitucional. 

La reforma electoral de 1970, introdujo el voto universal, sin más restricciones que haber cumplido con la edad de 18 años. 

Si usted se considera de ideas de avanzada, vote por la opción que así le convenga; si sus principios se lo dictan hay también alternativa para ello.

Vote por lo que le convenga a usted, su familia y su entorno; porque con su voto, hace fuerte a la democracia y créame que costó sangre, sudor y lágrimas a generaciones pasadas.

Usted y yo, somos los herederos de esas luchas y conquistas políticas que algunos desprecian y no valoran.

Nosotros no padecimos penurias o desgracias por las guerras, -de independencia, de reforma, de intervención ni de revolución; no supimos lo que es estar sujetos a una conquista y dominación por 300 años, al arbitrio de un tribunal inquisitorio; no vivimos reelección tras reelección, entre otras circunstancias. 

No se vaya con el canto de las sirenas para votar por el menos peor, o con una visión simplista de anular su voto, que es parte de una estrategia perversa.

Hay propuestas y los partidos y sus candidatos tuvieron la oportunidad para mostrarlas.

¿Pusimos atención en esas propuestas o le dimos valor a las campañas de desprestigio?