Como sabe, este domingo recurriremos a las urnas, -en elecciones intermedias federales, para renovar la totalidad de curules de la Cámara de Diputados; así también, en algunas entidades federativas se elegirá Gobernador, Diputados Locales y Munícipes, y que se circunscribe en un ejercicio democrático y plural.
Por primera vez, se puso en práctica las reformas electorales aprobadas en el 2008, luego del proceso electoral presidencial 2006, y que merecerán una nueva revisión.
Durante los primeros años de la lucha insurgente, el 13 de septiembre de 1813 en Chilpancingo se convocó al Primer Congreso, en el que se leyeron los “Sentimientos de la Nación” de José María Morelos y Pavón, y además, se planteó la importantísima elección del generalísimo de las fuerzas insurgentes.
Los candidatos eran los capitanes Ignacio López Rayón, José María Liceaga y José María Morelos, quien en un acto de modestia renunció al nombramiento y, a cambio, pidió que se le nombrara el “Siervo de la Nación”.
En este Congreso fueron electos Ignacio López Rayón por la provincia de Nueva Galicia, Sixto Verduzco por la de Michoacán, José María Liceaga por Guanajuato, José María Murguía por Oaxaca, Carlos María de Bustamante por la provincia de México, José María Cos por Veracruz, Andrés Quintana Roo por Puebla, José Manuel Herrera por Técpan y el teniente general Manuel Muñiz, no con calidad parlamentaria sino como invitado especial del generalísimo, para discurrir el ataque a Valladolid. De este Congreso nace la Constitución de Apatzingan y desde luego fue un Congreso no reconocido por el Virreinato.
Una vez consumada la independencia en 1821, el Poder Legislativo fue predominante durante la primera etapa del México independiente durante el siglo XIX.
En este siglo, se gestó como una reacción a las invasiones de diversos países y a las rebeliones internas. El presidencialismo fue totalmente consolidado en el siglo XX a través de la Constitución de 1917.
En 1821, la elaboración de la instrucción electoral fue objeto de largas discusiones, por un lado la Junta Soberana se inclinó por tomar como base la población, y de otro, Iturbide insistía en tomar la representación corporativa y el número de partidos en cada provincia.
Finalmente prevaleció la idea Iturbidista. Esta decisión tendría sus efectos meses más tarde. Igual que la experiencia gaditana, las provincias se quejarían y demandarían una verdadera representatividad.
Finalmente se eligieron 167 diputados, 150 propietarios y 17 suplentes. El apoyo de los grupos provinciales al Plan de Iguala se vio reflejado en estas elecciones.
De acuerdo al total de diputados, 80 de ellos pertenecían al clero, al ejército, a funcionarios del estado y algunos letrados. Estos también eran vecinos de las capitales provinciales. Un segundo elemento a señalar es la presencia de 55 diputados bajo el requisito de vecinos o “particulares”, señalados en las actas. Un grupo menor, 13 diputados eran propietarios de los territorios del norte. Solamente dos comerciantes, cinco propietarios de talleres artesanales, dos dueños de minas y dos nobles.
El 1 de abril de 1824 inician las discusiones del proyecto de la primera Constitución Política de México, por las que el Congreso estableció la independencia del poder judicial respecto al ejecutivo y legislativo, intolerancia religiosa y fueros para el clero y la milicia. Ramos Arizpe era el líder del grupo liberal frente al cual los conservadores, en minoría, poco pudieron hacer para combatir el principio federativo rechazado muchas veces tan solo por el nombre, pues siendo nuevo para muchos, no tenían idea sobre este sistema de gobierno del cual, no trataban los libros políticos franceses ni españoles que circulaban en esa época en México; luego entonces, la nación adoptará el sistema republicano, representativo, popular y federal.
En el desorden institucional por instaurar el federalismo o el centralismo, como forma de gobierno, para ser diputado se requería haber pagado una contribución directa en la clase de propietarios, comerciantes e industriales, y por tanto la distribución de diputados se ostentaba entre las clases dominantes. Además, quienes no pertenecían a ellas no podían votar ni ser votados.
Según el decreto para las elecciones del 19 de junio de 1843, además de realizar elecciones para diputados, las asambleas departamentales eran quienes elegían al presidente de la República.
Después, el 5 de febrero de 1857, el recinto del Congreso en Palacio Nacional lucía abarrotado de curiosos, cuando en un momento de emoción profunda, el presidente del Congreso Constituyente, Valentín Gómez Farías, anciano enfermo de casi 76 años, “patriarca de la libertad de México, prestando el apoyo moral de su nombre y de su gloria al nuevo código político”, se levanta de su escaño y ayudado por varios diputados llega al centro del salón.
Se arrodilla delante del evangelio y jura la nueva Carta Magna. Después, todos, de pie y con el brazo extendido, responden a la pregunta de si juran reconocer, guardar y hacer guardar la Constitución, con un enérgico y uniforme: ¡Sí, juramos!.
Las Leyes de Reforma se habían incorporado al texto constitucional. A partir del siguiente Congreso, -conocio como Primera Legislatura-, todos los diputados en vez de juramentar sobre la biblia, -como era la costumbre-, por primera vez protestaron el cargo sobre las Leyes de Reforma y se omitió la asistencia de los diputados a catedral al Te Deum. Además, comenzó la práctica de nombrar comisiones de visita a los Ministerios o Secretarías del Ejecutivo, entre otras prácticas.
En la Constitución de 1857 se proclaman derechos de primera generación y algunos de segunda, en los que se imprime la pertenencia ciudadana y política de un individuo hacia un Estado o Nación, así como garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos.
La Ley Orgánica Electoral del 12 de febrero de 1857, introdujo a la práctica electoral mexicana, la universalidad del voto a todos los nacidos en territorio nacional o fuera de ella, con tal que unos y otros, hayan cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y que tengan un modo honesto de vivir.
El 5 de mayo de 1869, el presidente Benito Juárez decreta la Ley que modifica el artículo 16 de la Ley Orgánica Electoral, en la que se establece que en las elecciones para la renovación de los poderes federales, no podrán ser electos diputados al congreso federal, los individuos que hubieren servido a la intervención o al llamado imperio.
El 10 de marzo de 1869 aparece una circular que tiene por objeto, el de no consentir que ninguno de los empleados de la Federación en los Estados, tome parte con su carácter oficial, ni se valga del nombre del gobierno, para nada de lo que concierne a las elecciones, en las que sólo deben obrar con su simple carácter de ciudadanos.
En 1871 se publica la reforma a la Ley Electoral, por la que se dispone que en los días de elecciones, la fuerza armada de la Federación permanezca en sus cuarteles, destacamentos, guardias o retenes, y desde un mes antes no pueda movilizarse por el Ejecutivo, sino en los casos de invasión exterior o de sublevación interior.
Además, se prevé que todos los funcionarios públicos, cometerán un delito oficial tolerando o disimulando la violencia de la fuerza armada, el cohecho o soborno, el fraude o los abusos que sus subalternos cometieren contra la libertad electoral, en las elecciones de los funcionarios federales. La tolerancia o disimulo consitutían un delito oficial calificado, si los mencionados abusos fueren cometidos por la fuerza armada, por sus oficiales o sus jefes.
En abril de 1887, es reformada la Constitución para autorizar por un sólo periodo, la reelección del presidente de la República. Así, Porfirio Díaz inició una nueva gestión el 1 de diciembre de 1888.
El 6 de febrero de 1917, Venustiano Carranza promulga la Ley Electoral, bajo el principio Maderista “Sufragio Efectivo. No Reelección”.
En 1918 se promulga el decreto de Venustiano Carranza, que introduce la palabra “votó” en la lista de electores, la desaparición de la mayoría absoluta, mayores garantías para el secreto del voto y la permanencia del padrón electoral, en cuya confección participan instancias clave como el Registro Civil y los Juzgados de lo Penal.
El 29 de abril de 1933, es publicada la reforma para, -entre otras-, para prohibir la reelección inmediata de diputados y senadores propietarios, aun como suplementes; para establecer la no reelección absoluta de quien haya ocupado el cargo de presidente de la República con cualquier carácter; y para establecer la no reelección inmediata de presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, y miembros de consejos municipales o juntas de administración civil.
El 12 de febrero de 1947, entra en vigor las reformas para permitir la participación de la mujer en las elecciones municipales como votantes y como candidatas.
El 1 de septiembre de 1952, bajo los trabajos de la XLII Legislatura, ingresó la primera mujer diputada federal: Aurora Jiménez de Palacios, electa por el distrito único de Baja California Norte.
Para conceder a la mujer el derecho a votar y ser elegida en los comicios, el Presidente Adolfo Ruiz Cortines presenta al Congreso, la iniciativa que es aprobada el 17 de octubre de 1953. Años antes, con este mismo propósito, el presidente Cárdenas había tratado de reformar sin lograrlo. No es un error cronológico. Primero, hubo una mujer diputada federal y luego, se modificó el texto constitucional.
La reforma electoral de 1970, introdujo el voto universal, sin más restricciones que haber cumplido con la edad de 18 años.
Si usted se considera de ideas de avanzada, vote por la opción que así le convenga; si sus principios se lo dictan hay también alternativa para ello.
Vote por lo que le convenga a usted, su familia y su entorno; porque con su voto, hace fuerte a la democracia y créame que costó sangre, sudor y lágrimas a generaciones pasadas.
Usted y yo, somos los herederos de esas luchas y conquistas políticas que algunos desprecian y no valoran.
Nosotros no padecimos penurias o desgracias por las guerras, -de independencia, de reforma, de intervención ni de revolución; no supimos lo que es estar sujetos a una conquista y dominación por 300 años, al arbitrio de un tribunal inquisitorio; no vivimos reelección tras reelección, entre otras circunstancias.
No se vaya con el canto de las sirenas para votar por el menos peor, o con una visión simplista de anular su voto, que es parte de una estrategia perversa.
Hay propuestas y los partidos y sus candidatos tuvieron la oportunidad para mostrarlas.
¿Pusimos atención en esas propuestas o le dimos valor a las campañas de desprestigio?
Por primera vez, se puso en práctica las reformas electorales aprobadas en el 2008, luego del proceso electoral presidencial 2006, y que merecerán una nueva revisión.
Durante los primeros años de la lucha insurgente, el 13 de septiembre de 1813 en Chilpancingo se convocó al Primer Congreso, en el que se leyeron los “Sentimientos de la Nación” de José María Morelos y Pavón, y además, se planteó la importantísima elección del generalísimo de las fuerzas insurgentes.
Los candidatos eran los capitanes Ignacio López Rayón, José María Liceaga y José María Morelos, quien en un acto de modestia renunció al nombramiento y, a cambio, pidió que se le nombrara el “Siervo de la Nación”.
En este Congreso fueron electos Ignacio López Rayón por la provincia de Nueva Galicia, Sixto Verduzco por la de Michoacán, José María Liceaga por Guanajuato, José María Murguía por Oaxaca, Carlos María de Bustamante por la provincia de México, José María Cos por Veracruz, Andrés Quintana Roo por Puebla, José Manuel Herrera por Técpan y el teniente general Manuel Muñiz, no con calidad parlamentaria sino como invitado especial del generalísimo, para discurrir el ataque a Valladolid. De este Congreso nace la Constitución de Apatzingan y desde luego fue un Congreso no reconocido por el Virreinato.
Una vez consumada la independencia en 1821, el Poder Legislativo fue predominante durante la primera etapa del México independiente durante el siglo XIX.
En este siglo, se gestó como una reacción a las invasiones de diversos países y a las rebeliones internas. El presidencialismo fue totalmente consolidado en el siglo XX a través de la Constitución de 1917.
En 1821, la elaboración de la instrucción electoral fue objeto de largas discusiones, por un lado la Junta Soberana se inclinó por tomar como base la población, y de otro, Iturbide insistía en tomar la representación corporativa y el número de partidos en cada provincia.
Finalmente prevaleció la idea Iturbidista. Esta decisión tendría sus efectos meses más tarde. Igual que la experiencia gaditana, las provincias se quejarían y demandarían una verdadera representatividad.
Finalmente se eligieron 167 diputados, 150 propietarios y 17 suplentes. El apoyo de los grupos provinciales al Plan de Iguala se vio reflejado en estas elecciones.
De acuerdo al total de diputados, 80 de ellos pertenecían al clero, al ejército, a funcionarios del estado y algunos letrados. Estos también eran vecinos de las capitales provinciales. Un segundo elemento a señalar es la presencia de 55 diputados bajo el requisito de vecinos o “particulares”, señalados en las actas. Un grupo menor, 13 diputados eran propietarios de los territorios del norte. Solamente dos comerciantes, cinco propietarios de talleres artesanales, dos dueños de minas y dos nobles.
El 1 de abril de 1824 inician las discusiones del proyecto de la primera Constitución Política de México, por las que el Congreso estableció la independencia del poder judicial respecto al ejecutivo y legislativo, intolerancia religiosa y fueros para el clero y la milicia. Ramos Arizpe era el líder del grupo liberal frente al cual los conservadores, en minoría, poco pudieron hacer para combatir el principio federativo rechazado muchas veces tan solo por el nombre, pues siendo nuevo para muchos, no tenían idea sobre este sistema de gobierno del cual, no trataban los libros políticos franceses ni españoles que circulaban en esa época en México; luego entonces, la nación adoptará el sistema republicano, representativo, popular y federal.
En el desorden institucional por instaurar el federalismo o el centralismo, como forma de gobierno, para ser diputado se requería haber pagado una contribución directa en la clase de propietarios, comerciantes e industriales, y por tanto la distribución de diputados se ostentaba entre las clases dominantes. Además, quienes no pertenecían a ellas no podían votar ni ser votados.
Según el decreto para las elecciones del 19 de junio de 1843, además de realizar elecciones para diputados, las asambleas departamentales eran quienes elegían al presidente de la República.
Después, el 5 de febrero de 1857, el recinto del Congreso en Palacio Nacional lucía abarrotado de curiosos, cuando en un momento de emoción profunda, el presidente del Congreso Constituyente, Valentín Gómez Farías, anciano enfermo de casi 76 años, “patriarca de la libertad de México, prestando el apoyo moral de su nombre y de su gloria al nuevo código político”, se levanta de su escaño y ayudado por varios diputados llega al centro del salón.
Se arrodilla delante del evangelio y jura la nueva Carta Magna. Después, todos, de pie y con el brazo extendido, responden a la pregunta de si juran reconocer, guardar y hacer guardar la Constitución, con un enérgico y uniforme: ¡Sí, juramos!.
Las Leyes de Reforma se habían incorporado al texto constitucional. A partir del siguiente Congreso, -conocio como Primera Legislatura-, todos los diputados en vez de juramentar sobre la biblia, -como era la costumbre-, por primera vez protestaron el cargo sobre las Leyes de Reforma y se omitió la asistencia de los diputados a catedral al Te Deum. Además, comenzó la práctica de nombrar comisiones de visita a los Ministerios o Secretarías del Ejecutivo, entre otras prácticas.
En la Constitución de 1857 se proclaman derechos de primera generación y algunos de segunda, en los que se imprime la pertenencia ciudadana y política de un individuo hacia un Estado o Nación, así como garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos.
La Ley Orgánica Electoral del 12 de febrero de 1857, introdujo a la práctica electoral mexicana, la universalidad del voto a todos los nacidos en territorio nacional o fuera de ella, con tal que unos y otros, hayan cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y que tengan un modo honesto de vivir.
El 5 de mayo de 1869, el presidente Benito Juárez decreta la Ley que modifica el artículo 16 de la Ley Orgánica Electoral, en la que se establece que en las elecciones para la renovación de los poderes federales, no podrán ser electos diputados al congreso federal, los individuos que hubieren servido a la intervención o al llamado imperio.
El 10 de marzo de 1869 aparece una circular que tiene por objeto, el de no consentir que ninguno de los empleados de la Federación en los Estados, tome parte con su carácter oficial, ni se valga del nombre del gobierno, para nada de lo que concierne a las elecciones, en las que sólo deben obrar con su simple carácter de ciudadanos.
En 1871 se publica la reforma a la Ley Electoral, por la que se dispone que en los días de elecciones, la fuerza armada de la Federación permanezca en sus cuarteles, destacamentos, guardias o retenes, y desde un mes antes no pueda movilizarse por el Ejecutivo, sino en los casos de invasión exterior o de sublevación interior.
Además, se prevé que todos los funcionarios públicos, cometerán un delito oficial tolerando o disimulando la violencia de la fuerza armada, el cohecho o soborno, el fraude o los abusos que sus subalternos cometieren contra la libertad electoral, en las elecciones de los funcionarios federales. La tolerancia o disimulo consitutían un delito oficial calificado, si los mencionados abusos fueren cometidos por la fuerza armada, por sus oficiales o sus jefes.
En abril de 1887, es reformada la Constitución para autorizar por un sólo periodo, la reelección del presidente de la República. Así, Porfirio Díaz inició una nueva gestión el 1 de diciembre de 1888.
El 6 de febrero de 1917, Venustiano Carranza promulga la Ley Electoral, bajo el principio Maderista “Sufragio Efectivo. No Reelección”.
En 1918 se promulga el decreto de Venustiano Carranza, que introduce la palabra “votó” en la lista de electores, la desaparición de la mayoría absoluta, mayores garantías para el secreto del voto y la permanencia del padrón electoral, en cuya confección participan instancias clave como el Registro Civil y los Juzgados de lo Penal.
El 29 de abril de 1933, es publicada la reforma para, -entre otras-, para prohibir la reelección inmediata de diputados y senadores propietarios, aun como suplementes; para establecer la no reelección absoluta de quien haya ocupado el cargo de presidente de la República con cualquier carácter; y para establecer la no reelección inmediata de presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, y miembros de consejos municipales o juntas de administración civil.
El 12 de febrero de 1947, entra en vigor las reformas para permitir la participación de la mujer en las elecciones municipales como votantes y como candidatas.
El 1 de septiembre de 1952, bajo los trabajos de la XLII Legislatura, ingresó la primera mujer diputada federal: Aurora Jiménez de Palacios, electa por el distrito único de Baja California Norte.
Para conceder a la mujer el derecho a votar y ser elegida en los comicios, el Presidente Adolfo Ruiz Cortines presenta al Congreso, la iniciativa que es aprobada el 17 de octubre de 1953. Años antes, con este mismo propósito, el presidente Cárdenas había tratado de reformar sin lograrlo. No es un error cronológico. Primero, hubo una mujer diputada federal y luego, se modificó el texto constitucional.
La reforma electoral de 1970, introdujo el voto universal, sin más restricciones que haber cumplido con la edad de 18 años.
Si usted se considera de ideas de avanzada, vote por la opción que así le convenga; si sus principios se lo dictan hay también alternativa para ello.
Vote por lo que le convenga a usted, su familia y su entorno; porque con su voto, hace fuerte a la democracia y créame que costó sangre, sudor y lágrimas a generaciones pasadas.
Usted y yo, somos los herederos de esas luchas y conquistas políticas que algunos desprecian y no valoran.
Nosotros no padecimos penurias o desgracias por las guerras, -de independencia, de reforma, de intervención ni de revolución; no supimos lo que es estar sujetos a una conquista y dominación por 300 años, al arbitrio de un tribunal inquisitorio; no vivimos reelección tras reelección, entre otras circunstancias.
No se vaya con el canto de las sirenas para votar por el menos peor, o con una visión simplista de anular su voto, que es parte de una estrategia perversa.
Hay propuestas y los partidos y sus candidatos tuvieron la oportunidad para mostrarlas.
¿Pusimos atención en esas propuestas o le dimos valor a las campañas de desprestigio?
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