Los extraordinarios

La semana pasada se realizó en el Congreso de la Unión, el Periodo Extraordinario de Sesiones para aprobar varios temas, previamente agendados en ambas Cámaras, como lo son diversas reformas al texto constitucional para regular el formato del informe presidencial, la regulación del Ejecutivo Federal para promulgar Decretos, incluir la figura de la iniciativa preferente, ratificar el veto presupuestal para el Ejecutivo Federal, regular las ausencias del Ejecutivo Federal, la substitución por falta absoluta del presidente de la República y las condecoraciones de gobiernos extranjeros, como temas del Senado.

Cámara de Diputados tuvo principalmente como contenidos de su agenda, la elección de Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), la aprobación de leyes secundarias en el marco de la reforma electoral, la aprobación de reformas constitucionales en materia de educación, entre otras, no sin omitir el tema interno de la selección del presidente la Mesa Directiva que ejercerá el último año de la legislatura y que recaerá en algún diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

No fue del todo productiva como se esperaba, ya que cuando una Cámara aprobó ciertas disposiciones, en la colegisladora no hubo el consenso necesario. En Cámara Baja además, se aprobó el nombramiento de Alfredo Figueroa, Francisco Guerrero y María Macarita Elizondo, como los tres nuevos Consejeros del Instituto Electoral Federal (IFE), que protestarán su cargo el 1 5de agosto próximo.

El Congreso aprobó las propuestas para cambiar el formato del informe presidencial, pero que debieron haberse hecho al amparo de los trabajos de la reforma del estado, por la naturaleza y significado de éste. Cabe aquí otro debate que hable acerca de si el informe lo hace como jefe de estado o como jefe de gobierno. La reforma consiste en que el Ejecutivo Federal entregue por escrito el informe que guarda la administración bajo su mando, pudiendo alguna de las dos Cámaras convocarle a él o a algunos de sus secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores de área, para que mediante la pregunta parlamentaria, novedosa disposición ahora constitucional, se pueda ahondar más en asuntos relativos a su informe.

Parece que el texto aprobado sólo salva, de momento, al Ejecutivo Federal, de las críticas y señalamientos que puedan hacerle de manera personal e interpelando su discurso, pero dejando a salvo su integridad y los bochornos de que pueda ser objeto.

Sin embargo, en lo futuro, el presidente deberá cuidar mucho la forma y el fondo de lo que presente en su informe; en otras palabras, ni verdades a medias ni mentiras piadosas, porque de otra manera puede correr el riesgo de que sus informes se conviertan en amargos tragos, al no poder defender lo indefendible o sostener una manipulación de la información, ya que los legisladores, así lo desearíamos, contarán con los elementos necesarios para rebatir todos y cada uno de los argumentos que carezcan de sustento, lo que nos daría un resultado poco alentador para el país, como las comparecencias de Alberto Cárdenas, o de Francisco Ramírez; el primero como secretario de Agricultura, y el segundo en su única comparecencia como secretario de Gobernación, respectivamente.

El formato propuesto puede sentar precedente para las comparecencias de los secretarios de estado, sus funcionarios y el resto de los directores de organismos públicos ante Comisiones del Congreso mexicano y que actualmente operan bajo los mismos términos que los del presidente, excepto el del protocolo. Quedando pendiente que se regule la posibilidad de que el Congreso pueda citar a comparecer a particulares, como en otros parlamentos o congresos del mundo.

Por otra parte, la Cámara Baja aprobó declarar la nulidad de una elección presidencial, elevando del 20 al 25 por ciento, el número casillas con irregularidades; entre otras causales. Además, aprobaron reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que los secretos bancario, fiduciario y fiscal, no sean limitante para las autoridades electorales en la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos.

Como tema pendiente del Congreso, quedaron las modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión, aprobadas por Diputados pero sin consensos en el Senado. Se presume que hubo presiones de las televisoras para omitir el tema.

Además de lo anterior, se prevé un nuevo periodo extraordinario de sesiones, en el que se tiene contemplado tocar lo relativo al tema de la reforma energética, una vez que concluyan los Foros de Debate después del 22 de julio próximo.

La forma es fondo y el fondo es forma

“Andrés Manuel (López Obrador, AMLO) nos obligó a firmar una carta para que nos comprometiéramos a seguir tomando la tribuna”, decía el diputado federal perredista Octavio Martínez Vargas, en el noticiero nocturno de Joaquín López Doriga del lunes 21 de abril, desde luego, con el propósito de que el tabasqueño chantajeara al Congreso a ceder a sus caprichos políticos.

Cuando los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) pedían foros temáticos de la reforma energética con duración de 4 meses, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores sólo ofreció 50 días. La gota que derramó el vaso de los senadores vino cuando las “adelitas” rodearon y tomaron todas las calles adyacentes al habilitado recinto alterno de la Cámara Alta en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del edificio de Donceles, motivo por el cual, tuvieron que desplazarse al 5to. Piso de Torre Caballito en Paseo de la Reforma, además, cuando se desarrollaba la sesión, aprobaron los nombres de los 18 senadores integrantes a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sin la presencia de legisladores del FAP. Me haces? Te hago.

Las iniciativas presentadas por el ejecutivo federal que reforman la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la que crea la Comisión del Petróleo; la que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como la que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y que en su conjunto son conocidas como reforma energética, se encuentran en Comisiones del Senado en espera de ser dictaminadas, sin embargo, en realidad es una reforma petrolera, ya que no toca lo relativo a la energía eléctrica, nuclear o eólica, por citar.

El debate ahora se centrará en los foros temáticos, objetados por el FAP, respecto del futuro de PEMEX por falta de liquidez para desarrollar nuevos proyectos, sobre todo en aguas profundas del Golfo de México, que garanticen el abasto del energético para el futuro, sin embargo y una vez más, el país no tiene porque ser rehén de una camarilla que, sin propuesta alguna, sólo pretende politizar el tema para mantener vigente sus frustradas aspiraciones.

Sin duda alguna, un elemento de negociación para el éxito de la realización de estos Foros de Debate, lo fue Santiago Creel Miranda, excoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara Alta, destituido los primeros días de junio por el presidente de su partido, Germán Martínez Cazares, en uso de las facultades que le atribuyen sus estatutos, pero en una forma del todo desaseada políticamente hablando.

Si bien es cierto que el ahora excoordinador de los senadores del PAN en el Senado no dio muestras de voluntad política para con la reforma energética del Ejecutivo Federal, su partido considera, que en la figura del senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, nuevo coordinador, habrá de obtener el consenso necesario para dicho objetivo, como se cree que lo hizo con la reforma fiscal aprobada a finales del año pasado, cuando en realidad, el mérito es de José Antonio Meade Kuribreña, en ese entonces, Coordinador de Asesores del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens.

Mientras usted lee estas líneas, en el Congreso de la Unión se llevará a cabo el Periodo Extraordinario de Sesiones para aprobar varios temas, previamente agendados en ambas Cámaras, como lo son diversas reformas al texto constitucional para regular el formato del informe presidencial, la regulación del Ejecutivo Federal para promulgar Decretos, se incluirá la figura de la iniciativa preferente, se ratificará el veto presupuestal para el Ejecutivo Federal, se regularán las ausencias del Ejecutivo Federal, la substitución por falta absoluta del presidente de la República y las condecoraciones de gobiernos extranjeros, como temas del Senado.

Cámara de Diputados tiene principalmente como contenidos de su agenda, la elección de Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), la aprobación de leyes secundarias en el marco de la reforma electoral, la aprobación de reformas constitucionales en materia de educación, entre otras, no sin omitir el tema interno de la selección del presidente la Mesa Directiva que ejercerá el último año de la legislatura y que recaerá en algún diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Por ahora, el periodo extraordinario de sesiones no prevé como uno de sus asuntos a tratar, la reforma energética, además, como se espera que los Foros de Debate concluyan hasta el 22 de julio próximo, quizás sea materia de un segundo periodo extraordinario de sesiones, o bien, esperar a que comience el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, en septiembre, para que sea aprobada. No hay nada escrito.

Y en materia de seguridad

Cuando compareció el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, señaló la serie de infortunios acontecimientos por la batalla contra el narcotráfico, que arrojaron aproximadamente unos 2,000 muertos durante todo ese año; también las explosiones en instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), presuntamente a cargo del Ejército Popular Revolucionario; y, en general, la situación política del país.

Se refirió también a las carencias de información motivadas por el deterioro presupuestal en que se encontraba el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), pero nada agraciado, la diputada perredista Valia Batres Guadarrama le hizo ver su suerte, calificándolo de mentiroso, censurador, e incompetente, entre otros; que desde luego no fueron del agrado del exgobernador de Jalisco, en una comparecencia álgida por ser la primera del gobierno federal en turno.

Mencionaba el secretario de Gobernación, ante el pleno de la Cámara de Diputados, que el CISEN había tenido una significativa reducción financiera y de personal, que había desplazado a la dependencia a la discreción administrativa, por su bajo nivel de producción de inteligencia, en contraste con las ministraciones de recursos públicos con que contaba la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) en la década de los sesentas y hasta el inicio de los ochentas, casi comparable con el de alguna Secretaría de Estado; sin embargo, el tiempo y las circunstancias pasan, y ahora, el edificio frente al monumento de la Revolución que alojaba sus instalaciones, luce bajo la sombra del abandono, como fiel testigo de la vida política del país en esos años.

A tiempo atrás de dicha comparecencia, y con un nuevo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en un balance en materia de seguridad pública, el gobierno federal, incluido el ejército y la armada, ha tratado de contener el avance del narcotráfico con políticas y operativos, a veces exitosos, a veces erróneos; pero lo que más ha llamado la atención es la aparente falta de coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Eduardo Medina Mora; y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF), a cargo de Genaro García Luna; ambos personajes del gabinete del presidente Calderón, con fricciones entre sí, y cuyas políticas públicas se tradujeron en fallidos operativos, no del todo dados a conocer a la opinión pública; pero todo parece indicar que la pugna interna, entre ambos funcionarios.

En un intento por aportar a la lucha, el Congreso aprobó reformas constitucionales al sistema judicial, con lo que se pretende hacer frente al fenómeno de la delincuencia organizada, facultando al Ministerio Público para que pueda tener acceso a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral o cualquiera que se considere reservada; además, para que la policía pueda ingresar, sin orden judicial, a un domicilio, siempre y cuando se tenga información de alguna amenaza a la vida o integridad de una persona en su interior.

Para evitar fugas de información en la toma de decisiones, el Estado Mayor Presidencial contrató un sistema intercepción de llamadas, cámaras de televisión y un servicio de vigilancia privada para los 10 edificios que componen la Presidencia de la República, incluido Palacio Nacional. Se trata de evitar bochornosos acontecimientos como el del excoordinador de giras en Los Pinos, Nahúm Acosta, y que presuntamente filtraba información a la delincuencia organizada.

Por último, en el México del siglo 20, fuera de los movimientos sociales de 1910, el país vivió una paz social derivada de actos autoritarios que provocaban el temor de la delincuencia a cometer actos ilegales. En todos los casos el poder en turno usó la mano dura para controlar la inseguridad.

Parece que los cambios aprobados por el Congreso no han sido suficientes. Se habla de 4,000 muertos sólo en lo que va del periodo del presidente Felipe Calderón, que se encuadra en el marco de la iniciativa Mérida, recientemente discutida durante el desarrollo de los trabajos de la Reunión Interparlamentaria México – Estados Unidos de Norteamérica, celebrada el fin de semana pasado en Monterrey, donde los legisladores mexicanos persuadieron a sus homólogos de replantear dicha iniciativa, que contiene un paquete presupuestario por 350 millones de dólares.

No se necesita un Plan México. Se necesitan acciones concretas para superar el fenómeno de la delincuencia y tenerla contenida a su mínima expresión.