El también exgobernador Reyna no alcanzó a utilizar el aparato de procuración de justicia, como ha sucedido con personajes públicos en otras ocasiones, en el que ante cualquier señalamiento de conductas irregulares, buscan, piden y exigen que el ministerio público los investigue y ante medios los declare pulcros y sin mácula alguna. Este es el malentendido uso de las procuradurías de justicia, que son instituciones para perseguir delitos y no para extender certificados de buena conducta política.
En su momento otros políticos que se encontraron bajo el escrutinio público, buscaron en algún momento el auxilio del ministerio público y al no obtenerlo, salen a medios para pregonar que hay un nefasto interés, sesgo partidista, perverso trasfondo o tinte político, que desea desestabilizarlos. Una declaración a medios no substituye la actuación ministerial de la procuración de justicia.
Esta es una conducta dada en algunos integrantes de la clase política, en la que en una extraña relación, desean obtener en la publicidad de sus actos, la fama y el reconocimiento público en pos del avance en sus carreras políticas, pero que al menor intento de ser evidenciados en algún acto de corrupción o ilegalidad, buscan pasar inadvertidos, en el anonimato y pretendiendo que nadie los critique de sus conductas.
En este supuesto se encuentren las senadoras michoacanas Iris Vianey Mendoza (PRD) y María Luisa Calderón Hinojosa (PAN), así como el exgobernador de esta entidad, Leonel Godoy Rangel, con graves señalamientos por sospecha de tener vínculos con la delincuencia.
La perredista acusada por el líder de las autodefensas en ese estado, José Manuel Mireles Valverde de colaborar con los Templarios; la panista señalada por Servando Gómez “La Tuta”; y el exgobernador Godoy bajo sospecha, entre otras cosas, de proteger a su hermano, el exdiputado Julio César Godoy Toscano quien recibe el apoyo de “La Tuta” para ganar la elección así como otras reveladoras declaraciones.
Arraigar al exsecretario de gobierno de Michoacán sin tomar en cuenta los serios dichos que involucran a las legisladoras y antes al exgobernador, -como una línea de investigación y proceder en consecuencia-, es hacer que la PGR sea utilizada para acreditar la buena conducta política de todos ellos, en el que desean pasar desapercibidos para la opinión pública y la justicia, abusando del fuero y la pertenencia a la clase política, buscando el apoyo de su partido para estar en condiciones de negociar la impunidad como moneda de curso legal, a cambio de la votación de su grupo parlamentario en el Congreso o condicionar el apoyo político al gobierno en turno. Esto se llama chantaje político.
Cuando un delincuente señala a un político o funcionario de alto nivel, las autoridades federales lo investigan a discreción y sin dar parte a la opinión pública para evitar someterlo a un juicio mediático; en contraste y en un acto poco usual de la PGR, a Reyna se le detuvo y se le arraigó por 40 días, en el que su detención debe arrojar luz que aporte los detalles de la protección institucional a Los Caballeros Templarios, venga de donde venga. Este mismo proceder debe implementarse con quienes protegen a los demás cárteles, sean de cualquier signo o procedencia política. Aquí sería interesante que la PGR diera a conocer, a cuáles integrantes de la clase política ha señalado Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, por protegerlo durante 13 años que estuvo prófugo de la justicia.
En ejercicio del derecho a la sospecha y con el objeto de despejar todas las dudas, sin que sean certificados en conducta, sería interesante conocer los informes de inteligencia del ejército y la armada, sobre los señalamientos de que se les imputa para estar en condiciones de deslindar responsabilidades. La autoridad tiene la palabra.
Ante las arbitrariedades y abusos de los indígenas en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, a finales de septiembre de 1810, Ignacio Allende le reclamaba al padre Hidalgo el proceder de los indios, cuya respuesta fue “¿Qué quiere que haga? ¡Se están vengando de 300 años de injusticia!...”.
