La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por el legislador Javier González Garza (PRD), hizo un llamado al Instituto Federal Electoral (IFE) para que sus Consejeros, reconsideren el incremento de sus percepciones -de 172 mil 379 a 330 mil pesos mensuales actualmente-, a su decisión de homologar sus salarios con los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y muestren solidaridad para con el pueblo de México.
El aumento representa poco más del 90% de su sueldo. Mientras tanto, senadores del PAN, del PRI y del PRD criticaron el aumento que acordaron los consejeros del IFE.
Además, urgieron a la Cámara de Diputados, a dictaminar la ley de salarios máximos, que se aprobó en el Senado desde el 13 de marzo de 2007, y que fue uno de los primeros compromisos del presidente Felipe Calderón, al asumir la Presidencia de la República, con el objeto de moderar el sueldo de los servidores públicos -de primer nivel-, empezando por el suyo.
En respuesta a las críticas, el Consejero del IFE Arturo Sánchez, dijo no creer que sea una decisión inmoral, ya que se trata simple y sencillamente de una decisión conforme a la ley.
Si bien es cierto que la Constitución señala que los Consejeros devenguen el mismo sueldo que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -como fue el argumento-, la propia Carta Magna no señala que hay que sumar sobresueldos, prestaciones, compensaciones y demás retribuciones, como se presume que era la intención.
Al día siguiente y en conferencia de prensa, los Consejeros del IFE dieron marcha atrás a sus pretensiones, motivados por la presión de la opinión pública, que consideró inmoral e injusto dichas percepciones.
En todo caso, dicho aumento es desproporcionado y no concuerda con la realidad económica del país. La indignación señalaba que las nuevas percepciones mensuales, representaban el patrimonio de muchas personas.
Otros argumentos señalaban que deberían haberse aumentado en la misma proporción que el salario mínimo o la inflación. Algunos decían que pocos verían en sus manos esa cantidad. Hubo quien lo consideró inmerecido, por su titubeo al sancionar a las televisoras mexicanas.
En 1821 mediante el decreto número 12, expedido por la soberana junta provisional gubernativa del imperio mexicano, se le asignaba un sueldo de 120,000 pesos anuales a Agustín de Iturbide.
Iturbide, ungido emperador del Imperio Mexicano por el obispo de Guadalajara, Juan Cruz Ruiz de Cabañas, escribiría en sus memorias, que “…El Congreso de México trató de erigir estatuas a los jefes de la insurrección […]. A estos mismos jefes había yo perseguido, y volvería a perseguir [...]...”.
El 19 de julio de 1823 se publicó el decreto por el que los actos de los insurgentes fueron reconocidos para la posteridad.
Por sus abusos, el Congreso declaró la nulidad de la coronación de Iturbide, siendo destituido como monarca en sesión del Congreso del 19 de marzo de 1823 y enviado al exilio a Italia. También se decretó que cualquier persona que lo llamara “Su Alteza” sería tratado como traidor, además, todo lo que había sido denominado imperial, sería substituido por nacional, entre otras cosas.
El 6 de abril de 1861 y dada la situación de guerra, el Congreso aprobó la reducción en el sueldo del presidente Benito Juárez, de 36,000 a 30,000 pesos anuales.
Porfirio Díaz a su renuncia, se le otorgó una pensión mensual, misma que de manera íntegra la donó a la entonces Escuela de Aspirantes del Colegio Militar.
Sin duda alguna, hay necesidades económicas más apremiantes en este momento, que pagar sueldos estratosféricos.
Es verdad que se dio marcha atrás en la medida, que llegó a escandalizar la inteligencia de la ciudadanía.
No se critica el derecho a devengar un emolumento, pero “…Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala…". Lo dijo Benito Juárez.
El aumento representa poco más del 90% de su sueldo. Mientras tanto, senadores del PAN, del PRI y del PRD criticaron el aumento que acordaron los consejeros del IFE.
Además, urgieron a la Cámara de Diputados, a dictaminar la ley de salarios máximos, que se aprobó en el Senado desde el 13 de marzo de 2007, y que fue uno de los primeros compromisos del presidente Felipe Calderón, al asumir la Presidencia de la República, con el objeto de moderar el sueldo de los servidores públicos -de primer nivel-, empezando por el suyo.
En respuesta a las críticas, el Consejero del IFE Arturo Sánchez, dijo no creer que sea una decisión inmoral, ya que se trata simple y sencillamente de una decisión conforme a la ley.
Si bien es cierto que la Constitución señala que los Consejeros devenguen el mismo sueldo que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -como fue el argumento-, la propia Carta Magna no señala que hay que sumar sobresueldos, prestaciones, compensaciones y demás retribuciones, como se presume que era la intención.
Al día siguiente y en conferencia de prensa, los Consejeros del IFE dieron marcha atrás a sus pretensiones, motivados por la presión de la opinión pública, que consideró inmoral e injusto dichas percepciones.
En todo caso, dicho aumento es desproporcionado y no concuerda con la realidad económica del país. La indignación señalaba que las nuevas percepciones mensuales, representaban el patrimonio de muchas personas.
Otros argumentos señalaban que deberían haberse aumentado en la misma proporción que el salario mínimo o la inflación. Algunos decían que pocos verían en sus manos esa cantidad. Hubo quien lo consideró inmerecido, por su titubeo al sancionar a las televisoras mexicanas.
En 1821 mediante el decreto número 12, expedido por la soberana junta provisional gubernativa del imperio mexicano, se le asignaba un sueldo de 120,000 pesos anuales a Agustín de Iturbide.
Iturbide, ungido emperador del Imperio Mexicano por el obispo de Guadalajara, Juan Cruz Ruiz de Cabañas, escribiría en sus memorias, que “…El Congreso de México trató de erigir estatuas a los jefes de la insurrección […]. A estos mismos jefes había yo perseguido, y volvería a perseguir [...]...”.
El 19 de julio de 1823 se publicó el decreto por el que los actos de los insurgentes fueron reconocidos para la posteridad.
Por sus abusos, el Congreso declaró la nulidad de la coronación de Iturbide, siendo destituido como monarca en sesión del Congreso del 19 de marzo de 1823 y enviado al exilio a Italia. También se decretó que cualquier persona que lo llamara “Su Alteza” sería tratado como traidor, además, todo lo que había sido denominado imperial, sería substituido por nacional, entre otras cosas.
El 6 de abril de 1861 y dada la situación de guerra, el Congreso aprobó la reducción en el sueldo del presidente Benito Juárez, de 36,000 a 30,000 pesos anuales.
Porfirio Díaz a su renuncia, se le otorgó una pensión mensual, misma que de manera íntegra la donó a la entonces Escuela de Aspirantes del Colegio Militar.
Sin duda alguna, hay necesidades económicas más apremiantes en este momento, que pagar sueldos estratosféricos.
Es verdad que se dio marcha atrás en la medida, que llegó a escandalizar la inteligencia de la ciudadanía.
No se critica el derecho a devengar un emolumento, pero “…Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala…". Lo dijo Benito Juárez.
