Acusan al Jefe de Gobierno del DF y a Ministros

En un temerario señalamiento, el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, afirmó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrían haber sido sobornados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal (D.F.), Marcelo Ebrard Casaubon, para votar a favor de que los matrimonios de personas del mismo sexo, puedan adoptar menores de edad.

De manera textual, dijo que: "…A lo mejor salen otra vez con su batea de babas estos señores y mañana o pasado aprueban la adopción. No lo dudo que estén muy maiceados desde luego, por Ebrard; están muy maiceados y por organismos internacionales…", en esta acusación, que legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentaron las declaraciones del también arzobispo, señalando que enrarecen el ambiente político y no contribuyen al debate motivo de la votación en la SCJN.

En respuesta a lo anterior, el Jefe del Gobierno del D.F., dijo que las declaraciones son imprudentes y deberá probarlas pues son muy graves; por su parte el pleno de la SCJN, censuró los dichos del Cardenal, y el Ministro Sergio Valls, criticó el lenguaje, la forma y el fondo de las controvertidas declaraciones.

La Arquidiócesis Primada de México por conducto de su vocero, el sacerdote Hugo Valdemar, lamentó la decisión de la Corte en mención y justificó los dichos del prelado Sandoval Íñiguez pues “siempre ha sido una persona que habla con mucha fuerza y claridad”, precisó.

Valdemar también descalificó la actuación del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, ya que él es “autor de este desastre, de estos atentados contra la familia. Por eso no he tenido reparo en decir que el PRD es el mayor enemigo de la familia en México" y lo acusó de tener “vocación de fascista”. Además, la iglesia católica mexicana hizo un llamado a la feligresía a castigar en las urnas a aquellos partidos políticos que atentan contra la fe.

No es que Sandoval Íñiguez haya dado su opinión con la autoridad que representa, muy respetable; el punto central del cuestionamiento es que con el uso de un lenguaje inapropiado haya acusado a la SCJN de ser corrompida por  la autoridad del DF.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación  debería intervenir para impedir y sancionar este tipo de prácticas que atentan contra la vida del estado laico de la República, de otra manera, seguirá la relación de abuso - tolerancia existente.

Por eso, en su momento oportuno y fuera de versiones maniqueas, hubo una serie de medidas para salvar a la República: las Leyes de Reforma, como la indudable acta de nacimiento del Estado moderno en México, promulgadas en plena guerra de los tres años o de reforma.

El 12 de julio de 1859 se promulgó la Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos; el 23, la Ley del matrimonio civil; el 28 la Ley orgánica del Registro Civil y la Ley sobre el estado civil de las personas; el 31, el decreto que cesaba toda intervención del clero en cementerios y camposantos. El 11 de agosto se reglamentaron los días festivos y se prohibió la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Un año más tarde, el 4 de diciembre de 1860, se expidió la Ley sobre libertad de cultos. Este conjunto de leyes fueron el inicio de una nueva era en la política, la economía y la cultura, con el presidente Benito Juárez, al frente.

Al ser proclamada la Ley Juárez, -que abolía el fuero militar y eclesiástico en el mandato de Juan Álvarez-, los comentarios en las mansiones de los ricos, -proclives a la causa conservadora-, espantados, comentaban: “…no tiene la culpa el indio, -en referencia al Ministro Juárez-, sino el pinto (Juan Álvarez), su compadre…”.

En un ejercicio de buena voluntad y por principio de cuentas, la iglesia católica debería promover el retiro de la excomunión a Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón y el resto de liberales mexicanos, entre ellos masones, como una manifestación de respeto al Estado mexicano, a propósito de la proximidad del bicentenario de su independencia.

Proponen que el presidente acuda a San Lázaro

En agosto de 2008, el Constituyente Permanente integrado por las Cámaras del Congreso de la Unión y por las Legislaturas de las Entidades Federativas, determinó modificar el artículo 69 constitucional, para que en lo sucesivo, el presidente de la República dejara de acudir a rendir el informe sobre el estado de la administración a su cargo, cada 1 de septiembre, y sólo se limite a enviarlo por escrito.

Entonces, quizás la gota que derramó el vaso para que se aprobara esta moción, fue aquel septiembre de 2006, cuando por las circunstancias poselectorales del momento, el expresidente Vicente Fox llegó a San Lázaro con pleno conocimiento de que la tribuna se encontraba tomada por legisladores afines al ex candidato Andrés Manuel López Obrador, pensando que podría presentar su informe, cosa que no sucedió y se convirtió en el primer presidente de México que no pudo cumplir con su obligación constitucional.

Con estas reformas se terminaron las vergonzosas interpelaciones al presidente, que entre una extraña combinación de aplausos, gritos y abucheos, intentaba presentar su informe, momentos difíciles que fueron trasladados a sus subordinados.

En virtud de lo anterior, el presidente Felipe Calderón ha presentado los tres informes de la administración en su mandato por escrito; sin embargo, el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), José Ricardo López Pescador, propuso que las Cámaras de Diputados y Senadores busquen un acuerdo para que el presidente de la República acuda a San Lázaro, el próximo 1 de septiembre, con el fin de que el Primer Mandatario entregue su IV Informe de Gobierno de forma personal, y que explique lo realizado en esta administración.

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado calificó al PRI y al Partido del Trabajo, (PT), de incongruentes, por promover otras modificaciones al formato del informe presidencial, para que el jefe del Ejecutivo acuda de nueva cuenta al Congreso de la Unión a presentarse ante el Legislativo, y acusó que “lo quieren revivir para satisfacer su vorágine política”.

Al ser proclamada la independencia, Agustín de Iturbide, fue el primero en informar al Congreso, mediante dos informes: uno en noviembre de 1822 y el otro en marzo de 1823, y además, los entonces ministerios de Relaciones Exteriores e Interiores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Hacienda Pública y, por último el de Guerra, hacían lo propio mediante memorias de trabajo; quienes aprovechaban para gestionar sus intereses por conducto de los oradores del gobierno.

Iturbide controvertido. Hubo un intento por incluir el nombre de Iturbide en letras de oro, retirado en 1921. Durante la sesión solemne del Congreso del 23 de septiembre de 1971, en la que se develó en letras de oro, la máxima de Vicente Guerrero: “La Patria es Primero”.

“… Señor Presidente, ¡Se ha encendido al rojo vivo otra vez, el debate histórico del desarrollo de México!, …¡Cómo es posible que quieran ustedes señores de Acción Nacional negar ser los indignos herederos, digo indignos, porque no se atreven a defenderlos de frente, de todos los que han mancillado a México durante más de 150 años de vida independiente? …¿Quiénes históricamente fueron a traer a un Emperador extranjero? ¡Sus padres políticos!, …”: sostenía el diputado Francisco Ortiz Mendoza, quien junto con el jalisciense Abel Salgado Velasco, demostraron que por sus actos, fue un traidor y oportunista a los ojos del pueblo.

Prosiguiendo, el artículo 68 de la Constitución de 1824, preveía que el presidente de la Federación, -así denominado-, asistiera el 1 de enero de cada año, a la apertura del periodo ordinario de sesiones y pronunciara un discurso alusivo, pero no para informar. La obligación para que el presidente de la República asistiera a informar, data de la constitución de 1857 en su artículo 63.

Durante el mandato del presidente Porfirio Díaz, los informes presidenciales se presentaban en 2 ocasiones ante el Congreso; posteriormente el constituyente de 1917 le asignó al artículo 69 de la Carta Magna dicha obligación, mismo que fue reformado en 1923 y en 1986, con cambios de forma que conservaron el espíritu del Constituyente, hasta la del 15 de agosto de 2008, aún vigente.

Replantear estrategia de seguridad: Calderón

La semana pasada el presidente Felipe Calderón convocó a los Diálogos por la seguridad, en el que con la presencia de miembros de la sociedad civil, escuchó de viva voz los reclamos en temas de seguridad, con la participación de algunos integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional, sobre el rumbo que lleva el país para recuperar la seguridad perdida.

En las primeras intervenciones, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés, admitió que la guerra al narcotráfico lleva un saldo de 28,000 ejecutados, la mayoría de ellos presuntamente vinculados a cárteles de las drogas, cifra que contrasta con los 24,000 homicidios que dio el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, el 17 de junio pasado.

Precisó el CISEN por conducto de su director, que del número de ejecutados, más del 90% corresponde a personas vinculadas con el crimen organizado; el 6% son autoridades o miembros de las Fuerzas Armadas y sólo el 1% a víctimas inocentes, según aseguró, lo que significa 25,200 muertos en el primer caso, 16,800 en el segundo y 2,800 en el último, respectivamente.

El director del CISEN, afirmó que se han detenido casi 20,000 personas del cártel del Golfo-Zetas; 18,000 del Pacifico; 12,000 de Juárez, y 9,000 de los Beltrán Leyva; han sido decomisadas 84,000 armas que equivale a 8 veces lo que se le ha incautado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) así como 330 millones de dólares (mdd) y 441 millones de pesos (mdp).

Sin embargo, pareciera que a los investigadores, académicos y periodistas asistentes, la explicación del titular del CISEN fue insuficiente, en virtud de que en materia de información y transparencia, la batalla contra la delincuencia organizada ya se ha perdido.

Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, dijo que “No se puede medir la eficacia y la eficiencia. La información debe estar al alcance de todos sobre los delitos que ocurren, dónde y qué se está haciendo”. Raúl Benítez Manaut, señaló que  “El gobierno no ha sabido transmitir si va ganando o perdiendo la guerra. No ha sabido comunicar qué pasó en los operativos tras la muerte de los capos Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Coronel”, para finalizar que “No entiendo porqué el gobierno sí le da información a las agencias extranjeras”.

En su intervención, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, afirmó que la propuesta del Ejecutivo Federal es que los obispos hagan la chamba, la hagan de ministerio público, de jueces, de detectives y de policías, quien además criticó que la estrategia del Poder Ejecutivo haya sido el ataque frontal, de carácter bélico donde el principal actor es el Ejército, el cual está preparado para matar y no para investigar.

El presidente Felipe Calderón, por su parte, aceptó replantear la estrategia y pidió que todos los actores políticos se involucren en ella, en un intento por contener los daños de la también llamada, guerra contra el narcotráfico, denominación de esta administración, además, aceptó que es necesario debatir el tema de la legalización de la mariguana, que ha generado toda clase de reacciones.

Así suceden las guerras. La noche del 13 y 20 de mayo de 1942 eran hundidos los barcos "Potrero del Llano" y “Faja de Oro”, respectivamente. México pedía explicaciones oficiales a Italia y Japón, quienes no respondieron a la protesta, mientras la Cancillería alemana se rehusaba a recibirla.

La sesión del Congreso del jueves 28 de mayo de 1942, estaba por iniciar. El secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdéz, platicaba con algunos diputados en el recinto de la calle de Donceles. Todos sabían la gravedad de la naturaleza de la convocatoria.

"Me presento a cumplir, ante ustedes, el más grave de los deberes que incumben a un jefe de Estado: el de someter a la Representación Nacional la necesidad de acudir al último de los recursos de que dispone un pueblo libre para defender sus destinos”: el presidente Manuel Ávila Camacho solicitando la declaración de guerra en contra de las potencias del Eje Berlín – Roma - Tokio.

Porqué puede fallar el Estado

Uno de los componentes del Estado Fallido es la ausencia de un estado de derecho, que garantice plenitud en el ejercicio de derechos de la ciudadanía y en el que el Estado hace uso del recurso del monopolio de la fuerza, para garantizar la vigencia de ese derecho.

Mientras el Secretario de la Reforma Agraria (SRA), Abelardo Escobar Prieto, asegura que existen muchas deficiencias en lo que tienen que reconstruir en Ciudad Juárez, Chihuahua, la titular de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, afirmó que en el caso de dicho punto fronterizo se ha perdido el estado de derecho.

Escobar Prieto, quien también ejerce la coordinación de los trabajos del Gobierno Federal para ese lugar, dijo que se están diseñando una serie de estrategias de atención a la violencia para el caso de mujeres, el rescate de espacios públicos la incorporación de 170 mil personas a esquemas de seguridad social y la atención de 1,000 planteles con el programa escuela segura, entre otros.

        

Debido al estallido del coche-bomba en Ciudad Juárez hace un par de semanas, el titular de la Procuraduría de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, señaló que el terrorismo no existe aquí, porque “las organizaciones criminales no responden a cuestiones ideológicas como en otros países, donde existe la narcoguerrilla”.

Como tal, el término “Estado Fallido” es muy polémico y poco estudiado; puede connotar que un Estado es ineficaz por no poder hacer cumplir las leyes; puede señalar debilidad de las instituciones o quizás la ausencia de una política de Estado para ejercer su autoridad; cabe también la penetración de la corrupción en las autoridades, entre otros factores.

La organización The Fund for Peace (FFP) así como Foreign Policy (FP) en su índice de Estados Fallidos 2010, coloca a México en el sitio 96 con una puntuación de 76.1 e insiste que la desigualdad es alta, la pobreza es generalizada y las violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad siguen siendo un problema.

Aunado a lo anterior, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, recientemente ha retirado a México de su lista de los 20 países más atractivos del mundo para invertir, señal de que algo ocurre en el ánimo de percepción entre los inversionistas extranjeros.

El informe de FFP también refiere, que el resultado ha sido 9,900 muertes relacionadas con la guerra contra el narco, (cálculo muy conservador si se toman en cuenta que podrían ser 25 mil la cifra), desde enero de 2007 hasta ese informe, en enero de 2010.

Luego de cubrir la protesta de reos en Gómez Palacio en Durango, fueron secuestrados el camarógrafo Alejandro Hernández y Héctor Gordoa, ambos colaboradores del programa Punto de Partida que conduce Denisse Maerker de Televisa, así como el camarógrafo Jaime Canales y Óscar Solís de Grupo Multimedios.

Esa misma protesta de reos del Centro de Readaptación Social pedía la restitución en el cargo de su exdirectora, Margarita Rojas Rodríguez, quien es acusada de permitir que los reos hayan salido por las noches en vehículos oficiales a cometer crímenes con armas de cargo de los custodios de ese penal.

La condición para la liberación de los periodistas: la difusión de tres narcovideos, en la primera vez en que el crimen organizado influye en las líneas editoriales de medios de comunicación nacionales.

Grupo Milenio transmitió en el Telediario de La Laguna el 27 de julio y Televisa, por conducto de Maerker, la noche del 29 de julio transmitió por 60 minutos una pantalla fija. Minutos antes, Maerker señaló, que: “no estamos dispuestos a salir esta noche a fingir que no está pasando nada. Sí está pasando”. Posteriormente, la tarde del sábado 31 de julio los plagiados fueron liberados, en un operativo de la Policía Federal.

Mientras tanto y de tiempo antes, son conocidas las diferencias entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por la dirección de operativos conjuntos, a quienes Francisco I. Madero bien podría señalarles: “Soldados de la República: recordad que la misión es defender las instituciones y no la de ser el sostén inconsciente de la tiranía”: como lo hizo en San Luis Potosí en 1910.