En un temerario señalamiento, el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, afirmó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrían haber sido sobornados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal (D.F.), Marcelo Ebrard Casaubon, para votar a favor de que los matrimonios de personas del mismo sexo, puedan adoptar menores de edad.
De manera textual, dijo que: "…A lo mejor salen otra vez con su batea de babas estos señores y mañana o pasado aprueban la adopción. No lo dudo que estén muy maiceados desde luego, por Ebrard; están muy maiceados y por organismos internacionales…", en esta acusación, que legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentaron las declaraciones del también arzobispo, señalando que enrarecen el ambiente político y no contribuyen al debate motivo de la votación en la SCJN.
En respuesta a lo anterior, el Jefe del Gobierno del D.F., dijo que las declaraciones son imprudentes y deberá probarlas pues son muy graves; por su parte el pleno de la SCJN, censuró los dichos del Cardenal, y el Ministro Sergio Valls, criticó el lenguaje, la forma y el fondo de las controvertidas declaraciones.
La Arquidiócesis Primada de México por conducto de su vocero, el sacerdote Hugo Valdemar, lamentó la decisión de la Corte en mención y justificó los dichos del prelado Sandoval Íñiguez pues “siempre ha sido una persona que habla con mucha fuerza y claridad”, precisó.
Valdemar también descalificó la actuación del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, ya que él es “autor de este desastre, de estos atentados contra la familia. Por eso no he tenido reparo en decir que el PRD es el mayor enemigo de la familia en México" y lo acusó de tener “vocación de fascista”. Además, la iglesia católica mexicana hizo un llamado a la feligresía a castigar en las urnas a aquellos partidos políticos que atentan contra la fe.
No es que Sandoval Íñiguez haya dado su opinión con la autoridad que representa, muy respetable; el punto central del cuestionamiento es que con el uso de un lenguaje inapropiado haya acusado a la SCJN de ser corrompida por la autoridad del DF.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación debería intervenir para impedir y sancionar este tipo de prácticas que atentan contra la vida del estado laico de la República, de otra manera, seguirá la relación de abuso - tolerancia existente.
Por eso, en su momento oportuno y fuera de versiones maniqueas, hubo una serie de medidas para salvar a la República: las Leyes de Reforma, como la indudable acta de nacimiento del Estado moderno en México, promulgadas en plena guerra de los tres años o de reforma.
El 12 de julio de 1859 se promulgó la Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos; el 23, la Ley del matrimonio civil; el 28 la Ley orgánica del Registro Civil y la Ley sobre el estado civil de las personas; el 31, el decreto que cesaba toda intervención del clero en cementerios y camposantos. El 11 de agosto se reglamentaron los días festivos y se prohibió la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Un año más tarde, el 4 de diciembre de 1860, se expidió la Ley sobre libertad de cultos. Este conjunto de leyes fueron el inicio de una nueva era en la política, la economía y la cultura, con el presidente Benito Juárez, al frente.
Al ser proclamada la Ley Juárez, -que abolía el fuero militar y eclesiástico en el mandato de Juan Álvarez-, los comentarios en las mansiones de los ricos, -proclives a la causa conservadora-, espantados, comentaban: “…no tiene la culpa el indio, -en referencia al Ministro Juárez-, sino el pinto (Juan Álvarez), su compadre…”.
En un ejercicio de buena voluntad y por principio de cuentas, la iglesia católica debería promover el retiro de la excomunión a Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón y el resto de liberales mexicanos, entre ellos masones, como una manifestación de respeto al Estado mexicano, a propósito de la proximidad del bicentenario de su independencia.
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