En agosto de 2008, el Constituyente Permanente integrado por las Cámaras del Congreso de la Unión y por las Legislaturas de las Entidades Federativas, determinó modificar el artículo 69 constitucional, para que en lo sucesivo, el presidente de la República dejara de acudir a rendir el informe sobre el estado de la administración a su cargo, cada 1 de septiembre, y sólo se limite a enviarlo por escrito.
Entonces, quizás la gota que derramó el vaso para que se aprobara esta moción, fue aquel septiembre de 2006, cuando por las circunstancias poselectorales del momento, el expresidente Vicente Fox llegó a San Lázaro con pleno conocimiento de que la tribuna se encontraba tomada por legisladores afines al ex candidato Andrés Manuel López Obrador, pensando que podría presentar su informe, cosa que no sucedió y se convirtió en el primer presidente de México que no pudo cumplir con su obligación constitucional.
Con estas reformas se terminaron las vergonzosas interpelaciones al presidente, que entre una extraña combinación de aplausos, gritos y abucheos, intentaba presentar su informe, momentos difíciles que fueron trasladados a sus subordinados.
En virtud de lo anterior, el presidente Felipe Calderón ha presentado los tres informes de la administración en su mandato por escrito; sin embargo, el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), José Ricardo López Pescador, propuso que las Cámaras de Diputados y Senadores busquen un acuerdo para que el presidente de la República acuda a San Lázaro, el próximo 1 de septiembre, con el fin de que el Primer Mandatario entregue su IV Informe de Gobierno de forma personal, y que explique lo realizado en esta administración.
El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado calificó al PRI y al Partido del Trabajo, (PT), de incongruentes, por promover otras modificaciones al formato del informe presidencial, para que el jefe del Ejecutivo acuda de nueva cuenta al Congreso de la Unión a presentarse ante el Legislativo, y acusó que “lo quieren revivir para satisfacer su vorágine política”.
Al ser proclamada la independencia, Agustín de Iturbide, fue el primero en informar al Congreso, mediante dos informes: uno en noviembre de 1822 y el otro en marzo de 1823, y además, los entonces ministerios de Relaciones Exteriores e Interiores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Hacienda Pública y, por último el de Guerra, hacían lo propio mediante memorias de trabajo; quienes aprovechaban para gestionar sus intereses por conducto de los oradores del gobierno.
Iturbide controvertido. Hubo un intento por incluir el nombre de Iturbide en letras de oro, retirado en 1921. Durante la sesión solemne del Congreso del 23 de septiembre de 1971, en la que se develó en letras de oro, la máxima de Vicente Guerrero: “La Patria es Primero”.
“… Señor Presidente, ¡Se ha encendido al rojo vivo otra vez, el debate histórico del desarrollo de México!, …¡Cómo es posible que quieran ustedes señores de Acción Nacional negar ser los indignos herederos, digo indignos, porque no se atreven a defenderlos de frente, de todos los que han mancillado a México durante más de 150 años de vida independiente? …¿Quiénes históricamente fueron a traer a un Emperador extranjero? ¡Sus padres políticos!, …”: sostenía el diputado Francisco Ortiz Mendoza, quien junto con el jalisciense Abel Salgado Velasco, demostraron que por sus actos, fue un traidor y oportunista a los ojos del pueblo.
Prosiguiendo, el artículo 68 de la Constitución de 1824, preveía que el presidente de la Federación, -así denominado-, asistiera el 1 de enero de cada año, a la apertura del periodo ordinario de sesiones y pronunciara un discurso alusivo, pero no para informar. La obligación para que el presidente de la República asistiera a informar, data de la constitución de 1857 en su artículo 63.
Durante el mandato del presidente Porfirio Díaz, los informes presidenciales se presentaban en 2 ocasiones ante el Congreso; posteriormente el constituyente de 1917 le asignó al artículo 69 de la Carta Magna dicha obligación, mismo que fue reformado en 1923 y en 1986, con cambios de forma que conservaron el espíritu del Constituyente, hasta la del 15 de agosto de 2008, aún vigente.
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