Liberan salario

La Cámara de Diputados aprobó retirar de la Constitución, como referencia y unidad de medida, al salario mínimo. Es una medida positiva, por cuanto se podría comenzar a liberar el salario y que el patrón pueda comenzar a aumentar su dotación.

Hasta ahora hay empresarios que han encontrado en el salario mínimo, la excusa para no aumentar el costo del trabajo de un empleado, argumentando que al hacerlo, se carece de competitividad. Lo cierto es que hay empresarios que omiten un aumento al salario, con tal de ver incrementado sus propios ingresos, en vez de ponerse un sueldo base.

Durante la discusión de este tema en la Cámara Baja, sobraron los que quisieron adjudicarse la paternidad de esta iniciativa, y en contraste, nadie quiso hacerse cargo del costo político de haberlo implementado, desde hace casi 40 años, con las repercusiones que ello ha implicado.

Sin embargo y como próximamente será las negociaciones para establecer el salario mínimo para 2016, es posible que el aumento al salario signifique sólo unos cuantos pesos en contraste con los aumentos generalizados en los precios de los bienes y productos de consumo de primera necesidad.

El salario mínimo se asocia con el pago de pensiones que ha existido en nuestro país desde siempre. Es decir, mientras que unos trabajan para obtener el sustento diario, en el otro caso son legados por actos patrióticos. Por ejemplo, el 3 de noviembre de 1953, el Congreso de la Unión aprobó el pago de una pensión de 15 pesos diarios, a Agripina Hidalgo, por el sólo hecho de ser descendiente de Miguel Hidalgo y Costilla, quien llevaba 142 años de haber sido fusilado.

El 9 de enero de 1934 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto del presidente Abelardo L. Rodríguez, por el que quedan extinguidas las pensiones que disfrutaban, con cargo al erario público, los sucesores en décimo cuarta generación y la familia española de los condes de Miravalle; ambas familias descendientes del Emperador Moctezuma II, cuya erogación fue implementada desde tiempos de la colonia española y respetada en 1821, cuando el recién independizado y naciente Estado mexicano asumió el compromiso de mantener las “pensiones de Moctezuma”.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era muy común encontrar solicitudes de particulares dirigidas al Congreso de la Unión, en las que pedían una pensión económica por servicios prestados a la República, a través de sus cuerpos de ejército, ya sea durante la guerra de Reforma, ya sea durante la guerra de Intervención.

A su muerte, Benito Juárez fue galardonado con el título de benemérito de la patria en grado heroico, en sesión del Congreso del 18 de abril de 1873. En esa misma sesión, se aprobó el pago de una pensión de 3,000 pesos anuales, a cada una de las hijas de Juárez –Doña Soledad, Doña Josefa y Doña Jesús- así como al menor Benito Juárez Maza, mientras concluyera su carrera o cumpliera 25 años de edad. Mismo derecho se otorgó a cualquiera de los siete hijos legítimos de Juárez que llegare a la pobreza.

El 27 de agosto de 1861 murió en su tierra natal, San Juan de los Lagos, Jalisco, doña Rita Pérez de Moreno, rechazando una pensión que le ofreció el gobierno federal y quien ofrendó a su esposo, el insurgente Pedro Moreno y a sus tres hijos, a la causa de la independencia.

Por otra parte, en reconocimiento a su labor, en favor de la causa de la independencia y como restitución de parte de sus bienes incautados por el gobierno virreinal, que ascendían a cincuenta mil pesos de la época, el Congreso de 1822 decidió que la primera mujer reportera del país, Leona Vicario, recibiera las propiedades de la calle de Santo Domingo esquina con Cocheras, hoy República de Brasil esquina con República de Colombia, así como las propiedades de los números 9 y 10 de esta última calle, en la ciudad de México.

Sin duda alguna, hay necesidades económicas más apremiantes en este momento, que pagar sueldos estratosféricos que rayan en la ofensa para la inteligencia de cualquier ciudadano, como los de algunos servidores públicos. No se critica el derecho a devengar un emolumento, pero “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala": dicho por Benito Juárez.

La percepción del agravio

La clase política vende la idea a la ciudadanía que con el sistema anticorrupción aprobado por el Congreso, es la panacea para uno de los males de este país, que más agravios causa en el ciudadano.

Mientras que para la ciudadanía le agravia la pobreza, la corrupción, el desempleo, el fracaso educativo, la desigualdad, los fraudes, la impunidad, la delincuencia, la injusticia, la violencia, la partidocracia, las mentiras, los moches, el despilfarro y la opacidad, entre otros temas, a la clase política le agravia la critica política, el señalamiento, la transparencia y la denuncia pública.

Un estudio reciente hecho por el CIDE y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), denominado “México:Anatomía de la corrupción” incorpora una gráfica de la comparación de corrupción de gobernadores de México y Estados Unidos, de 2000 a 2013.

La gráfica indica que mientras en Estados Unidos en ese periodo hubo nueve gobernadores acusados, con los mismos casos investigados y con las mismas detenciones, en México hubo 41 gobernadores acusados, 16 de ellos investigados y sólo 4 detenidos, exponiendo lo deficiente del sistema anti impunidad mexicano.

Un solo ejemplo que quizás sea representativo del agravio ciudadano lo constituye, la injusta distribución de la riqueza, que podría generar o coincidir en factores de corrupción, por la vía del régimen de consolidación fiscal.

Dicho régimen se aplica para las grandes empresas y consiste en la deducción de perdidas contra ganancias acumuladas por impuestos, mediante la adquisición premeditada de una empresa con pérdidas y mantenerla de esa manera, para demostrar a la SHCP sus mermas y deducirlas de sus utilidades.

Otro ejemplo son las facilidades fiscales a grandes corporativos. Entre el 2000 y el 2005 los 50 grandes contribuyentes -de empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras-, pagaron sólo 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA), en promedio.

A esto súmele que Guadalajara podría ser la capital del lavado de dinero en el país, según el Departamento del Tesoro norteamericano. Lo sospechoso es que la desacreditada Fiscalía de Jalisco no actúe en consecuencia, ya que cabe la posibilidad que alguna empresa relacionada a algún político sea el beneficiario de las deducciones anteriores y se encuentre entre los 176 negocios sospechosos de éxito empresarial, y por tanto, “hueles a pura lana mojada”.

Esto funciona porque existe un sistema fiscal diseñado para omitir información y generar canonjías a discreción. La percepción de agravio tributaria también es palpable e incide en el ánimo de la ciudadanía.

Para el campo político, si no hay perdón para ciudadanos que pagan impuestos, tampoco lo debe haber para servidores públicos deshonestos, como cualquier exgobernador que haya abusado de sus funciones. Medidos con la misma vara, nomás.

Por eso el genio militar del padre José María Morelos abarcó todos los campos de la seguridad nacional y sin saberlo, creó los objetivos nacionales con la promulgación de los Sentimientos de la Nación, ganándose la admiración y respeto de todos.

Entre sus subalternos, Morelos tenía la fama de irresponsable, quienes constantemente se preocupaban de que al Generalísimo no se le ocurriera alguna locura, -como la de no marchar en sus exploraciones personales más allá de un punto ubicado-, dado a los Bravo, Galeana y Matamoros.

A los dos meses del sitio de Cuautla, las fuerzas habían menguado en ambos bandos y cuyo ejército insurgente estaba necesitado de obligar a los realistas a gastar parque, pedía voluntarios para que se acercaran a las trincheras enemigas y provocaran los disparos de los españoles.

Como en la guerra y en el amor, todo se vale, entre los voluntarios a tan peligrosa misión, estaba una mujer: María Reyes. Una insurgente que se acercaba a las filas de los gachupines, se levantaba las enaguas mostrándoles las nalgas a los realistas y provocando sus disparos.

Seguramente esta mujer salió ilesa, ya que con el tiempo, fue juzgada por la Inquisición y encarcelada durante cinco años por tan osados actos.

La educación pública y la educación política

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) acaba de publicar un reporte, en el que afirma que la educación primaria en México tiene una calidad, debajo del promedio de la mayoría de los países del mundo y coloca a nuestro país, en el lugar 102 de 124.

El mismo informe señala que la calidad de la educación es carente, principalmente en matemáticas y ciencias. Esto podría explicar la ausencia de un razonamiento lógico en el mexicano para resolver problemas en esas áreas de la ciencia.

La reforma educativa aprobada al inicio de la LXII Legislatura parece que no ha revertido tendencias de unos años atrás. En julio de 2009 se aprobó la eliminación de la materia de historia en libros de texto, y la derecha del yunque trató por todos los medios de incorporar la objeción de conciencia en materia de salud, para evitar la prestación del servicio médico, argumentando motivos religiosos.

Un poco antes, en julio del 2008, el Banco Mundial publicó su informe “México, nota sobre los determinantes de la política en materia de aprendizaje”, en donde señalaba que el 52 % de la población adulta, carece de aptitudes y conocimientos básicos para hacer de nuestro país una economía competitiva.

Un poco más atrás a principios de 2007, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que dirige el mexicano José Ángel Gurría, calificó al SNTE de Elba Esther Gordillo, como “lastre” para la economía mexicana.

Por último, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala en un informe que el sindicato de Elba Esther Gordillo, es el paradigma de la corrupción educativa a nivel mundial. Es probable que estos ejemplos y la corrupción rampante, hayan sido el motivo en la  presente administración para procesar penalmente a Gordillo.

Lo cierto es que educativamente, nuestro país no es el ejemplo que nos gustaría presumir en el mundo y este ejemplo permea a todos los estratos de la sociedad, incluyendo a la clase política.

Es probable que aquí radique la insensibilidad y la falta de educación de algunos integrantes de la clase política, para despacharse con la cuchara grande en actos de corrupción, sin el menor pudor o recato que la educación pueda otorgar.

Es probable que uno de los primeros actos de corrupción e injusticia lo sea, las denominadas pensiones de Moctezuma, llamados así a la calidad de propietaria a perpetuidad dada por el rey Carlos V al señorío de Tacuba, en favor de Isabel Tecuichpo Ixcaxochitzin Moctezuma, hija del emperador Moctezuma Xocoyotzin, cuyas rentas por el usufructo de ese Señorío constituirían las pensiones citadas, que perduraron por toda la época de la colonia española.

En 1821, el recién independizado y naciente Estado mexicano asumió el compromiso de mantener las “pensiones de Moctezuma” a favor de los sucesores en la decimo cuarta generación y la familia española de los condes de Miravalle, ambas familias descendientes del Emperador Moctezuma II.

Esta pensión fue suprimida por Decreto del Presidente Abelardo L. Rodríguez y publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 9 de enero de 1934.

Luego entonces, si Hernán Cortes, Capitán General de la invencible Armada Española muere el 2 de diciembre de 1547, muy probablemente las “pensiones de Moctezuma” pudieron haber sido implementadas en 1550 y suprimidas hasta 1934, es decir, duraron -casi 400, 384 años para ser exactos- en vigor y seguramente ahora es un monto incalculable.

Probablemente en la actualidad haya personajes de la vida política que creen merecer algo similar a las pensiones de Moctezuma.

Jalisco en código rojo

El viernes 1 de mayo tuvo lugar más de 40 puntos de conflicto, entre vehículos siniestrados, comercios, gasolineras y sucursales bancarias incendiadas, producto de la reacción a la implementación del operativo Jalisco de las fuerzas federales, para presuntamente detener un capo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sur de Jalisco.

El CJNG sacó a relucir su capacidad de fuego al derribar el helicóptero del ejército mexicano, con un lanza cohetes. Pero además, vino a demostrar la capacidad de organización, de logística y de despliegue operativo del CJNG, al poner en crisis de seguridad 25 ciudades de Jalisco, su zona metropolitana en Guadalajara y algunas ciudades de Michoacán, Guanajuato y Colima.

En el campo político vino a evidenciar que el Primer Mandatario, Aristóteles Sandoval, conocía del operativo al exhortar a sus servidores públicos de primer nivel, a no abandonar la entidad desde un día antes. El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en Jalisco hicieron pronunciamientos el mismo viernes, para condenar los hechos o para apoyar al Ejecutivo del Estado. El PRI en Jalisco mantuvo un silencio, y por tanto, es posible que la clase política de su partido, así como sus candidatos, hayan dejado sólo políticamente al Primer Mandatario de Jalisco.

En el campo económico se calcula que las pérdidas materiales, ascienden a unos 550 millones de pesos. Los soldados y elementos de seguridad que fallecieron, seguramente fueron recibidos en el glorioso santo sanctorum de la República por algún héroe de la independencia.

En el campo de seguridad evidenció que las fuerzas federales no le confían la seguridad a la Fiscalía General de Jalisco (FGE), en el que se presume que Nájera no comparte información de inteligencia.

El modelo de seguridad en Jalisco implementado por Luis Carlos Nájera, desde que fue Secretario de Seguridad Pública en Jalisco y que se basa en técnicas policiales, tácticas de seguridad, de inteligencia, doctrina de seguridad y operativos, ha sido superado y por tanto, él y sus mandos no tienen nada más que ofrecer a la ciudadanía de Jalisco.

Cuenta con mandos formados en la amistad o en la improvisación, enquistados  así como él desde hace 9 años, carece de doctrina de seguridad propia y casi la mitad de su estado de fuerza, calculado en unos 19 mil policías locales y municipales, reprobaron las pruebas de control y confianza, cuya producción de delitos de alto impacto, como los desaparecidos, coloca a Jalisco en el segundo lugar del país.

El CISEN recomendó remover a un mando de seguridad de la zona metropolitana de Guadalajara, recomendado por el Fiscal Nájera. Esto no es cosa menor. El propio Luis Carlos Nájera tiene señalamientos de proteger al CJNG, así como una recomendación en la Comisión de Derechos Humanos, por la muerte de un preso, principalmente.

Por lo anterior, todos los mandos de la FGE deben renunciar y el titular, además, debe someterse a investigación en el Ministerio Público Federal, y se deben nombrar nuevos mandos comprometidos con el estado de derecho.

Los campos señalados estaban seriamente vulnerados, razón por la cual, la Federación implementó el operativo Jalisco para contener el avance de la delincuencia.

En el control de daños en medios nacionales y en la rueda de prensa a la que convocó el titular de la Fiscalía, sólo se remitió a señalar las estadísticas de los daños, y careció de un ejercicio autocrítico a su desempeño o de propuesta para evitar nuevamente en lo futuro sucesos de este tipo.

Al decadente modelo de seguridad de Luis Carlos Nájera, titular de la FGE, se le agrega las deficiencias en el modelo de información del gobierno de Jalisco, y que en la anterior crisis cuando el CJNG dio muerte a 15 policías de la FGE, un mando intermedio fue quien salió a medios a informar lo que le correspondía al Primer Mandatario o al Fiscal Nájera.

Hay quien afirma que Jalisco podría ser el nuevo Michoacán. No se descarta.

Los soldados y elementos de seguridad que fallecieron, seguramente fueron recibidos en el glorioso santo sanctorum de la República, por la “Dulcísima Madre de la Patria”.

Nos referimos a Leona Vicario, -la primera mujer periodista de México-, quien con recursos propios, suministraba provisiones de boca y guerra al ejército insurgente, convencía a los mejores armeros vizcaínos que se unieran a la guerra de independencia, distribuía la correspondencia rebelde, recibía en su casa a los jefes insurgentes, ayudaba a las familias de los apresados y era miembro de la sociedad secreta de Los Guadalupes, protectora de los rebeldes.

Al ser descubierta e interrogada por el inquisidor Matías Monte Agudo, dice de Leona Vicario, que “No tembló ni un ápice ante mi presencia ante mis amenazas de prisiones, castigos, de excomuniones... ¡Y me sostenía la mirada!”.

Fue rescatada de su cautiverio y se unió al ejército de Morelos, en compañía de su esposo, Andrés Quintana Roo, pero vivió entre penurias: su criada, María de Soto Mayor, señala que “Perseguía la niña Leona para limpiarle los mocos y lavarle la cara, a Juanito Nepomuceno, el hijo del señor Morelos”.

A su muerte y en las comparecencias de la Comisión para declararla como “Dulcísima Madre de la Patria”, nunca antes se había visto llorar a un Benemérito de la Patria, pero su esposo, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), demostró que los héroes también son humanos: “¡Le he dado todo a mi patria! ¡Todo! ¡La vida misma  le daría! ¡Pero no la de Leona!”.

En las deliberaciones de los vocales, uno de los escribanos de la comisión -el bachiller de apellido Lerdo de Tejada- fue felicitado por el presidente Santa Anna, quien lo invitó a participar en política, pero se negó y firmó su acuerdo por escrito.

30 años más tarde la vida le cambió a ese bachiller de nombre Sebastián, al ser Presidente de la República.

El México que pudo haber sido

“Veo un México con hambre de sed y justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales” fueron las palabras que acercaron al malogrado candidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, a un entusiasmo ciudadano y político, y que en términos de comunicación política, podría ser lo más parecido al célebre discurso de Martin Luther King “I have a dream”.

El discurso que pronunció Colosio actualmente es utilizado por la clase política para invocar las bondades, de lo que pudo haber sido su gobierno. Nadie podría saber a ciencia cierta si sería la mejor administración del país o si podría haber iniciado con una renovación moral de la ciudadanía y la clase política.

También de manera reciente, el mismo partido de Colosio conmemoró un aniversario más del nacimiento de El Patricio, Benito Juárez, en cuyo ideario político descansa gran parte del sistema político y jurídico mexicano.

En la paradoja de la vida, resulta curioso que el mismo partido que invoca los mejores dotes y virtudes, tanto de Juárez como del asesinado candidato, sea ahora quien se encuentre involucrado en crisis de credibilidad y en escándalos de corrupción.

Son crisis de credibilidad, porque casi un lustro después se sigue ciñendo la sospecha que su magnicidio fue orquestado desde las entrañas del sistema político mexicano, de cuyo instituto político también dirigió.

Es en ese mismo lustro que vio pasar a un par de administraciones del Partido Acción Nacional, pero que al regresar a ocupar la Residencia Oficial de Los Pinos al triunfo de Enrique Peña Nieto, parece que el viejo partido no aprendió la lección y no corrige sus antiguos errores, sino que regresaron en una versión corregida y aumentada.

No contrasta el espíritu del discurso de sed y justicia de Colosio, cuando en la comisión de honor y justicia del PRI cambió de dirigente dos ocasiones en menos de una semana, para aprobar el dictamen que exoneró al expresidente del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de dirigir una red de prostitución con recursos públicos. A esto se refería Colosio con el agravio por la ausencia de justicia. Cabe la posibilidad que exista un gran compromiso con el también llamado “Rey de la Basura”, cuando gran parte de las candidaturas en el Distrito Federal le han sido asignadas a cuadros políticos allegados a este impresentable personaje, como su señora madre.

La crisis de credibilidad se extiende a la institución del Senado de la República, cuando más de 50 mil ciudadanos se volcaron para rechazar la designación en la terna, que el titular del Poder Ejecutivo Federal hizo sobre Eduardo Medina Mora, como candidato a Ministro de la Corte, un abogado que fue director del CISEN, procurador general de la República, embajador de México en Gran Bretaña y en Estados Unidos, sin experiencia alguna en la función jurisdiccional y que al final, la suerte política le favoreció.

Es de este órgano legislativo que sale la actual titular de la PGR, con el entredicho de tener lazos consanguíneos con un vicepresidente de Televisa, lo que pone en duda la imparcialidad de sus actuaciones y visto como un pago más en la larga cadena de favores políticos, entre esa empresa y el gobierno en turno, como la exención de alrededor de 3 mil millones de pesos en impuestos.

Por otra parte, escándalos de corrupción en personajes del sistema político mexicano, cuyos montos y cinismo se vuelven ofensivos, ante unas restricciones presupuestales que no permiten el impulso de la economía, desde la inversión gubernamental.

Las propiedades en Nueva York del exgobernador de Oaxaca, José Murat; la Casa Blanca del presidente de la República y del secretario de Hacienda; la línea 12 del metro; así como el Tren México – Querétaro, Ayotzinapa, Tlatlaya, CNTE, CETEG, y un largo etcétera.

En algún otro momento el país vivió otros graves momentos de crisis: En sesión del 15 de diciembre de 1861, Vicente Rivapalacio, presidente del II Congreso, se dirige al Presidente Juárez, a quien la asamblea le otorga facultades extraordinarias para hacer frente a la intervención francesa, con el siguiente discurso de Estado: “La historia enseña que todas las naciones, para llegar a la reforma y a la verdadera civilización, han tenido que pasar por pruebas terribles y por dolorosos sacrificios, y muchas veces los pueblos más poderosos debieron tocar el borde del abismo y, sin embargo, pudieron salvarse por la fe y la unión entre sus hijos”.

En el México que pudo haber sido y con todo lo mucho que son recordados, ¿Habrían Juárez o Colosio tolerado esto?.

Libre expresión o información

En el fondo de la crisis que protagonizaron la periodista Carmen Aristegui y MVS de Joaquín Vargas, la opinión pública se encuentra debatiendo si se trata de una transgresión a la libertad de expresión o al derecho a la información.

Ambos, tanto la libertad de expresión como el derecho a la información, son bienes jurídicos que tutela el derecho y protege el Estado mexicano mediante sus instituciones; además son objetivos nacionales que se persiguen como anhelo, en el marco de la seguridad nacional mexicana.

El derecho a la libertad de expresión consigna que el individuo tenga la capacidad de divulgar lo que su leal saber y entender le indique, mientras que en el derecho a la información busca que el individuo reciba y difunda información en poder del gobierno.

Los radicales creen que a Aristegui o al país le violaron su derecho a la libertad de expresión y que generaron protestas en redes sociales y en las oficinas de MVS Radio, pero parece que no es así. Carmen sigue, como ciudadana, conservando la libertad de decir lo que piense, ya no en MVS pero podría ser en CNN donde tiene un espacio o por medio de alguna plataforma pública, como YouTube o Live365, por citar algunas.

El problema entre Aristegui y Vargas es un asunto eminentemente laboral, por haber despedido a dos integrantes de su equipo y por implementar políticas editoriales, en cuyo fondo podría encontrarse un trasfondo político. Vargas es un concesionario de un bien del dominio público como es, la señal en la que transmitía Aristegui.

No obstante lo anterior, la delgada línea entre la libertad de expresión de Aristegui como comunicadora y el derecho a la información de la ciudadanía, vino a darle la razón a Aristegui, cuando entre las formas para despedir a sus subalternos y a ella misma, se encuentran los contenidos informativos con el toque audaz y temerario propio de la comunicadora, cuyas críticas hacia el ejercicio del poder no eran del agrado de los destinatarios.

El derecho a la información compromete un ejercicio de investigación periodística, y los resultados que arroje es el producto que usted o yo como ciudadanos, tenemos derecho y consumimos.

Es precisamente el derecho a la información por el que conocimos los sucesos de la Casa Blanca, que comprometen al presidente de la República, su esposa y al secretario de Hacienda.

Gracias a ese derecho, es que diversos medios de comunicación dieron cuenta del escándalo de “los moches”, entre el diputado Luis Alberto Villarreal, excoordinador del grupo parlamentario del PAN, escándalo que se amplió a diputados de casi todos los grupos parlamentarios.

El ejercicio del derecho a la información nos permitió conocer que los senadores prefirieron apoyar la propuesta para Ministro de la Corte venida del presidente Peña Nieto en la persona de Eduardo Medina Mora, que voltear a ver a las decenas de miles de firmas de ciudadanos que nos opusimos a esa designación.

Por cierto es en el mismo Senado que ahora los legisladores anuncian que se impondrán una reducción a su salario por la fastuosa cantidad de 10 mil pesos y para todo 2015 aumenta la nómina 16.7% para quedar en 1,893 millones de pesos. Parece burla.

Como los anteriores ejemplos, se encuentran escándalos como oceanografía, la línea 12 del metro, el Partido Verde Ecologista de México, la liberación y sospechosa devolución de los bienes de Raúl Salinas, la exoneración del expresidente del PRI en el DF y cualquier otro escándalo político que contenga un valor informativo.

El bien jurídico tutelado que está siendo afectado no es la libertad de expresión, sino el derecho a la información.

Un mundo nos vigila. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, en dos reportes que envió al Congreso norteamericano, afirma que “La corrupción es el impulsor del lavado de dinero y de sus delitos derivados. La corrupción es endémica en todos los niveles de la sociedad y del gobierno mexicano. El gobierno de México debe combatir la corrupción”.

El derecho a la información también se encuentra en el alcance de las reformas a la transparencia aprobadas en el Senado cuyos grupos parlamentarios deberían hacer públicas todas las subvenciones que reciben.

Por sobre todas las cosas, entre el derecho a la información y la libertad de expresión, vive y transita el conocimiento de los hechos generados por los actores públicos y la opinión de la ciudadanía. El primero, en quien recae la responsabilidad de sujetar sus actos de conformidad con lo que señala el derecho, y el segundo, a señalar con prudencia y responsabilidad, todo lo que salga de los límites que la ley impone al servicio público, aunque no les guste a algunos.

A muchos legisladores se les olvida que “Como la buena Ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”: José María Morelos y Pavon en “Sentimientos de la Nación”.

La tortura en México

Naciones Unidas publicó este lunes el informe sobre tortura, en el que arroja que “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad", así lo dijo Juan E. Méndez, relator especial de la organización.

Resaltó que la finalidad de dicho procedimiento es castigar o extraer confesiones o información, con evidencia de la participación activa de fuerzas policiales y ministeriales, en cuyas prácticas prevalece la indiferencia o complicidad de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

No sólo eso, sino que el informe de Naciones Unidas viene a corroborar el Informe la Oficina en Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA, por su siglas en inglés), quien afirma que durante más de dos décadas, sucesivos gobiernos mexicanos han tomado medidas para crear fuerzas policiales más profesionales, modernas y mejor equipadas. Aunque estas reformas han incluido algunos elementos positivos, no han logrado establecer sólidos controles internos y externos sobre las acciones policiales, lo que permite que continúe un patrón generalizado de abuso y corrupción.

Ante los señalamientos de Naciones Unidas, el gobierno mexicano por conducto de Jorge Lomónaco Tonda, representante permanente de México ante Organismos Internacionales con sede en Suiza, dijo en sesión del Consejo de Derechos Humanos, que nuestro país reconoce una serie de retos por atender en la materia, pero no comparte “una aseveración como la que propone el relator” de Naciones Unidas.

En el triste y deplorable papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha sostenido un papel de audacia y valentía política ante las aseveraciones que sobre nuestro país hizo el expresidente de Uruguay, José Mujica así como el Papa Francisco, para reclamar con toda energía y la debida representación lo dicho por esos actores políticos; mientras tanto, cuando en los Estados Unidos han asesinado a tres mexicanos, la misma cancillería ha  procedido con simples notas diplomáticas que sólo demuestran la pobreza y mediocridad de la política de relaciones exteriores.

No obstante lo anterior, lo cierto es que hay miles y miles de muertos contabilizados de los cuales, es probable que la autoridad haya participado con un número indeterminado, difícil de cuantificar y cuya cifra es la que no puede ocultar la cancillería.

Por eso es que ahora que el relator de Naciones Unidas asocia la indiferencia o complicidad de autoridades, como algunos jueces, es que se levanta la voz ciudadana para reclamarle al Senado, que no se ratifique a Eduardo Medina Mora en el cargo de Ministro de la Corte a propuesta del Presidente de la República, porque sus actos como servidor público, lejos de engrandecer las instituciones de procuración de justicia e inteligencia del estado mexicano, vino a desvirtuar el espíritu de dichas funciones.

No fueron suficientes las más de 50 mil voces que reclamaban a los senadores del PRI y PAN no ratificar a Medina Mora. Esto los coloca en una vulnerabilidad para las críticas y señalamientos, sobre todo porque el Senado manda el mensaje a la opinión pública, de insensibilidad e indiferencia a las demandas ciudadanas, en un momento en el que se acercan las elecciones y la ciudadanía podría invocar este enojo para votar en contra de sus partidos, a menos que la verdadera razón para haber votado a favor lo sea que les haya dolido los 100 pesos que anunciaron como descuento de su dieta y demás prestaciones, como una medida de austeridad.

Pero no sólo la tortura es física. Los ciudadanos padecemos también la tortura política, cuando algunos regidores, presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, federales o senadores, no son sensibles a las demandas o peticiones ciudadanas y violentan la voluntad popular.

Padecemos la tortura política, cuando en el desempeño de sus funciones sobreponen intereses de grupo a intereses ciudadanos, o bien, cuando sin empacho o pudor alguno, toman el dinero que no les corresponde, ignorando olímpicamente a propios y extraños, como si se tratara de su patrimonio y pasando a la historia como un servidor público del montón, sin criterio propio y esperanzado a que su jefe político o su partido les arrojen unas migajas políticas para su triste y miserable subsistencia política.

Una tortura histórica. La perversidad, crueldad y ruindad de la Santa Inquisición mexicana, a los que algunos en estos tiempos les encantarían revivir tan dignos status, como Manuel Abad y Queipo, quien decretó la degradación eclesiástica de Miguel Hidalgo y José María Morelos, en el que “te arrancamos la potestad de sacrificar, consagrar y bendecir, que recibiste con la unción de las manos y los dedos”, mientras eran raspadas su manos y yemas de los dedos, daban inicio al ritual de degradación eclesiástica, para posteriormente, y “como hijo ingrato, y borramos de tu cabeza la corona, signo real del sacerdocio, a causa de la maldad de tu conducta”, al tiempo que le raspaban la cabeza para borrar simbólicamente la unción obispal para ordenar. Poco antes vino la terrible excomunión.

Incredulidad y desconfianza

En su gira de trabajo por Londres, el presidente Enrique Peña Nieto dijo en entrevista al periódico Financial Times, que en el país prevalece una sensación de incredulidad y desconfianza.

No es para menos dicha afirmación, cuando en el escaparate nacional se encuentran los cambios que se presentaron mientras se daba la noticia de la detención del líder de la organización delictiva “Los Caballeros Templarios”, Servando Gómez Hernández “la Tuta”, el Ejecutivo Federal removió al ahora ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en substitución de Jorge Carlos Ramírez Marín, quien contenderá por una curul en la LXIII Legislatura.

Además, la exSenadora Arely Gómez González fue designada como titular de la PGR y Eduardo Medina Mora como candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La recién designada titular de la PGR es hermana de Leopoldo Gómez, Vicepresidente de Televisa, cuya empresa ha sido favorecida, entre otras cosas, con la devolución de por lo menos 3,000 millones de pesos y quizás la condonación de gran parte de las cuentas generadas por el consumo de energía eléctrica, o quizás alguno que otro impuesto o derecho estatal o municipal en el país.

Entre la desconfianza, el reto que tiene la licenciada Gómez en su encomienda como titular de la PGR, será que investigue a la empresa de la que su hermano es Vicepresidente, a petición del Buró Federal de Investigaciones norteamericano, a efecto de corroborar que en el escándalo de las camionetas encontradas en Nicaragua con dinero sospechoso que portaban logotipos de Televisa, reluzca la verdad.

Hay desconfianza cuando en la integración de candidaturas a cargos de elección popular, en las designaciones se vean a hijos o cónyuges de políticos, sobrinos, tíos, primos, hermanos, o bien, personajes que saben que están a punto de ser perseguidos por la justicia, como Marcelo Ebrard quien a toda costa obtuvo una candidatura por Movimiento Ciudadano, de manera descarada y como si fuera una herencia en vida, o bien, que candidatos como la actriz Carmen Salinas, responda que "No sé que voy a hacer en la Cámara", al tomar protesta como candidata.

Claro que hay incredulidad y desconfianza en este país, cuando la justicia de la misma PGR que llevó a la cárcel al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, desconoce cómo sustentar debidamente las demandas y en juzgados el exmandatario sea exonerado por el delito de lavado de dinero y con la misma suerte podría correr Elba Esther Gordillo, Servando Gómez Martínez “La Tuta” o el recién arrestado el “Z-40”.

Hay desconfianza por la designación de Eduardo Medina Mora como Ministro de la SCJN, porque siendo Director del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), la clase académica mexicana lo señala de alterar la Agenda de Riesgos del Estado Mexicano en el sexenio del expresidente Vicente Fox para incorporar la agenda de intereses de grupo Banamex y realizar inteligencia para ese grupo con recursos públicos, cuyo titular en México es su hermano Manuel.

De hecho, la clase académica acaba de presentar al Senado más de 20 mil firmas en contra de su designación, mientras que el PRD afirma que Medina Mora no es “honorable, capaz, ni probo”.

Medina Mora fue titular de la PGR cuando Televisa se prestó al montaje por la que fue detenida la ciudadana francesa Florence Cassez por Genaro García Luna, exDirector de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y por tanto, demostró falta de capacidad e impericia al realizar una mala integración de la averiguación previa, de cuyas fallas en el debido proceso, la SCJN determinó la libertad de Cassez.

Se ha dado a conocer que Medina Mora siendo titular de la PGR podría haber tenido conocimiento de la introducción de armas, de manera premeditada, bajo el operativo norteamericano “Rápido y Furioso”, lo que lo coloca en una delicada situación.

Además en la gestión de Medina Mora al frente de la PGR, se presentó la acusación que hizo el ministerio público a su cargo, en contra de las indígenas otomíes Jacinta y Teresa Madrigal, cuya autoridad llegó a la conclusión que 2 mujeres lograron desarmar, someter y secuestrar a 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) entrenados en técnicas y tácticas policiales. El tiempo le dio la razón a las indígenas y tuvieron que ser liberadas por tal absurdo.

La historia no se equivoca y da enseñanzas. La PGR y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de Monte Alejandro Rubido no han volteado al pasado para comprender el porqué el ejército de Oriente ganó la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862: claro, por la participación de una fuerza de indígenas zacapoaxtlas, en la que el General Republicano Miguel Negrete se dirigió a los 1,500 indios de la sierra norte de Puebla, de manera llana y coloquial: “Muchachos, nos vamos a batir con los que se dicen los primeros soldados del mundo, pero ustedes deben de demostrar que nosotros somos los primeros por el derecho que tenemos de nuestro suelo”.

Después de este ejemplo, seguramente ahora la PGR y la CNS hayan discernido que con un batallón de unas 250 indígenas, -como Jacinta, Teresa o Alberta, por supuesto-, se pueda demostrar que los indígenas son más leales a su país y podrían contribuir a abatir la inseguridad.

Claro que hay incredulidad y desconfianza. Y falta hablar de los candidatos.

Partidos políticos en crisis

Luego del escándalo en que se vio involucrado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la militancia de José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, consignado junto con su esposa, como los autores intelectuales de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en Guerrero, las cosas no han ido bien para ese partido.

Poco a poco han salido a relucir nuevos escándalos que involucran a la clase política del partido del sol azteca, como el caso de Ricardo Gallardo Cardona, alcalde con licencia en Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) encontró que desvió recursos a 13 empresas por alrededor de 200 millones de pesos (mdp) y además en posesión de sus pertenencias de un violín valuado en más de 5 mdp.

Además, el reciente escándalo del delegado político en Istapala en el Distrito Federal, quien el pasado 19 de enero presentara su licencia al cargo, por presuntos actos de corrupción luego del percance vehicular del pasado 17 de diciembre, en el que Jesús Valencia afirmó que el vehículo siniestrado era de su propiedad y posteriormente, al entrar en contradicciones, se supo que la camioneta en la que viajaba era propiedad de un contratista de la delegación a su cargo.

Recientemente el senador y exjefe de gobierno capitalino, Alejandro Encinas, anunció su intención de abandonar las filas del sol azteca, en lo que el presidente nacional de ese partido, Carlos Navarrete, ha minimizado la salida de Encinas y del también senador Mario Delgado, este último para incorporarse a las filas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

No solo en el PRD se cuecen habas. En el Partido Acción Nacional recientemente regresó como dirigente nacional, Gustavo Madero, quien es señalado por militantes de su partido de usar al instituto político para su beneficio personal y para mantenerse vigente.

Luego de eso, el saliente dirigente Ricardo Anaya Cortés, regresó a su curul en Cámara baja para incorporarse como coordinador del grupo parlamentario de su partido, y seguramente con la esperanza de que el albiazul lo postule como candidato a la primera magistratura de Querétaro en próximas elecciones.

Madero Muñóz abre un frente de crisis en la militancia de su partido, quien es señalado como el responsable de cerrarle las puertas a Margarita Zavala, en sus intenciones de posicionarse como candidata a una diputación federal plurinominal en las próximas elecciones federales del primer domingo de junio de este año.

En ambos casos es muy probable que el cálculo político de las dirigencias nacionales del PRD y del PAN, no sea lanzar las campanas al vuelo en los próximos comicios intermedios.

El PRD pagará muy cara la factura que le cobrará la ciudadanía y cabe la posibilidad que siga perdiendo antiguos bastiones electorales, como Zacatecas o Michoacán, al que podría sumársele algunas delegaciones políticas o quizás la mayoría en la Asamblea Legislatva del Distrito Federal.

Por su parte es muy probable que la militancia del partido albizaul le cobre a la dirigencia nacional, la ausencia de métodos democráticos que en otros tiempos caracterizó a ese instituto político, mediante el voto de castigo a los candidatos que pudiera imponer su dirigencia nacional y en castigo por no mantener equilibrios políticos, al otorgar una candidatura plurinominal al grupo del expresidente  Felipe Calderón, en la persona de Margarita Zavala.

Parece que son batallas políticas internas que pondrían en entre dicho el futuro mediato de dichos institutos, cuya guerra se enmarcaría por el poder.

A propósito de la guerra, hace 73 años que nuestro país participo por última vez en un conflicto armado internacional, cuando el Primer Ministro Winston Churchill era enterado por un ayudante de su Estado Mayor, que a mediados de mayo de 1942 un barco con bandera mexicana era hundido por un submarino alemán, lo que podría significar el enojo de México y el motivo suficiente para invocar su participación en la conflagración mundial encabezada por los aliados, entre ellos Sir Winston Churchill.

Para el 28 de mayo de 1942, la Cámara de Diputados aprobaba el decreto del presidente Manuel Ávila Camacho, luego de que Alemania hundiera dos navíos petroleros mexicanos -el “Potrero del Llano” y el “Faja de Oro”- iniciando a la única participación de México en las guerras mundiales. México envió una nota de protesta a los países del Eje por intermedio de la legación diplomática de Suecia, pero Alemania se negó a recibirla e Italia y Japón no contestaron. De fines de junio a principios de septiembre de ese año, los submarinos alemanes hundieron -en el Golfo de México-, 4 barcos más: Tuxpan, Las Choapas, Barco Oaxaca y Amatlán.

Como usted sabe, México participo con un escuadrón de aviones cuyos pilotos a su regreso, fueron recibidos por el Congreso en noviembre de 1944 como héroes. El diputado jalisciense Adalberto Ortega Huizar integró la comitiva que los recibió y los acompañó hasta el interior del recinto parlamentario, donde un nutrido aplauso de pie los ovacionó y reconoció.

A lo lejos, observaba Churchill acariciando a su mascota Dodo, -un perro bulldog ingles-, mientras fumaba un habano.