Naciones Unidas
publicó este lunes el informe sobre tortura, en el que arroja que “La tortura y los malos tratos durante los
momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la
justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad",
así lo dijo Juan E. Méndez, relator especial de la organización.
Resaltó que la
finalidad de dicho procedimiento es castigar o extraer confesiones o
información, con evidencia de la participación activa de fuerzas policiales y
ministeriales, en cuyas prácticas prevalece la indiferencia o complicidad de
médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.
No sólo eso, sino que
el informe de Naciones Unidas viene a corroborar el Informe la Oficina en
Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA, por su siglas en inglés), quien
afirma que durante más de dos décadas, sucesivos gobiernos mexicanos han tomado
medidas para crear fuerzas policiales más profesionales, modernas y mejor
equipadas. Aunque estas reformas han incluido algunos elementos positivos, no
han logrado establecer sólidos controles internos y externos sobre las acciones
policiales, lo que permite que continúe un patrón generalizado de abuso y
corrupción.
Ante los señalamientos
de Naciones Unidas, el gobierno mexicano por conducto de Jorge Lomónaco Tonda,
representante permanente de México ante Organismos Internacionales con sede en
Suiza, dijo en sesión del Consejo de Derechos Humanos, que nuestro país reconoce
una serie de retos por atender en la materia, pero no comparte “una aseveración como la que propone el
relator” de Naciones Unidas.
En el triste y
deplorable papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha sostenido un
papel de audacia y valentía política ante las aseveraciones que sobre nuestro
país hizo el expresidente de Uruguay, José Mujica así como el Papa Francisco,
para reclamar con toda energía y la debida representación lo dicho por esos
actores políticos; mientras tanto, cuando en los Estados Unidos han asesinado a
tres mexicanos, la misma cancillería ha
procedido con simples notas diplomáticas que sólo demuestran la pobreza
y mediocridad de la política de relaciones exteriores.
No obstante lo
anterior, lo cierto es que hay miles y miles de muertos contabilizados de los
cuales, es probable que la autoridad haya participado con un número
indeterminado, difícil de cuantificar y cuya cifra es la que no puede ocultar
la cancillería.
Por eso es que ahora
que el relator de Naciones Unidas asocia la indiferencia o complicidad de
autoridades, como algunos jueces, es que se levanta la voz ciudadana para
reclamarle al Senado, que no se ratifique a Eduardo Medina Mora en el cargo de
Ministro de la Corte a propuesta del Presidente de la República, porque sus
actos como servidor público, lejos de engrandecer las instituciones de
procuración de justicia e inteligencia del estado mexicano, vino a desvirtuar
el espíritu de dichas funciones.
No fueron suficientes
las más de 50 mil voces que reclamaban a los senadores del PRI y PAN no
ratificar a Medina Mora. Esto los coloca en una vulnerabilidad para las
críticas y señalamientos, sobre todo porque el Senado manda el mensaje a la
opinión pública, de insensibilidad e indiferencia a las demandas ciudadanas, en
un momento en el que se acercan las elecciones y la ciudadanía podría invocar
este enojo para votar en contra de sus partidos, a menos que la verdadera razón
para haber votado a favor lo sea que les haya dolido los 100 pesos que
anunciaron como descuento de su dieta y demás prestaciones, como una medida de
austeridad.
Pero no sólo la
tortura es física. Los ciudadanos padecemos también la tortura política, cuando
algunos regidores, presidentes municipales, gobernadores, diputados locales,
federales o senadores, no son sensibles a las demandas o peticiones ciudadanas
y violentan la voluntad popular.
Padecemos la tortura
política, cuando en el desempeño de sus funciones sobreponen intereses de grupo
a intereses ciudadanos, o bien, cuando sin empacho o pudor alguno, toman el
dinero que no les corresponde, ignorando olímpicamente a propios y extraños,
como si se tratara de su patrimonio y pasando a la historia como un servidor público
del montón, sin criterio propio y esperanzado a que su jefe político o su
partido les arrojen unas migajas políticas para su triste y miserable subsistencia
política.
Una
tortura histórica. La perversidad, crueldad y ruindad de la Santa Inquisición
mexicana, a los que algunos en estos tiempos les encantarían revivir tan dignos
status, como Manuel Abad y Queipo, quien decretó la degradación eclesiástica de
Miguel Hidalgo y José María Morelos, en el que “te arrancamos la potestad de sacrificar, consagrar y bendecir, que
recibiste con la unción de las manos y los dedos”, mientras eran raspadas
su manos y yemas de los dedos, daban inicio al ritual de degradación
eclesiástica, para posteriormente, y “como
hijo ingrato, y borramos de tu cabeza la corona, signo real del sacerdocio, a
causa de la maldad de tu conducta”, al tiempo que le raspaban la cabeza
para borrar simbólicamente la unción obispal para ordenar. Poco antes vino la
terrible excomunión.
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