El
enfrentamiento en Ocotlán, Jalisco, en el que fallecieron 5 oficiales de la
Gendarmería Nacional, 2 civiles y 8 policías más resultaron lesionados, así
como el posterior enfrentamiento en Zacoalco, constituyen un riesgo para la
seguridad nacional y no una amenaza.
El
problema en este asunto es que viene a develar una estructura de seguridad en
Jalisco vulnerada y desgastada, con mandos formados en la improvisación o la
amistad, con casi una quinta parte de elementos reprobados en exámenes de
control de confianza y con una grave recomendación del CISEN para remover a un
cuadro en seguridad.
Pero
además, una estructura de seguridad de Jalisco carente de doctrina de seguridad
propia, y por lo cual, la Fiscalía debe importarla del Distrito Federal, como
ocurrió en los enfrentamientos de la barra del equipo de Guadalajara, así como
del enfrentamiento de policías con comerciantes en las inmediaciones de San
Juan de Dios.
No
sólo eso. Cuando en el Ejército, Fuerza Aérea y Armada mexicanos los mandos
territoriales tienen una duración de 2 o 3 años en el desempeño de su encargo,
no es posible que mandos de la Fiscalía, -incluido su titular-, lleve en el
cargo 9 años contínuos, en cuya permanencia es posible que se generen nichos de
corrupción o complicidad. Por esto es que Jalisco presenta los nada honrosos
primeros lugares en generación de delitos en el país.
La
lealtad al país, a sus instituciones y la ciudadanía, se demuestra combatiendo
el crimen, pero hay quien cree que se administra.
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