En el fondo de la
crisis que protagonizaron la periodista Carmen Aristegui y MVS de Joaquín
Vargas, la opinión pública se encuentra debatiendo si se trata de una
transgresión a la libertad de expresión o al derecho a la información.
Ambos, tanto la
libertad de expresión como el derecho a la información, son bienes jurídicos
que tutela el derecho y protege el Estado mexicano mediante sus instituciones;
además son objetivos nacionales que se persiguen como anhelo, en el marco de la
seguridad nacional mexicana.
El derecho a la
libertad de expresión consigna que el individuo tenga la capacidad de divulgar
lo que su leal saber y entender le indique, mientras que en el derecho a la
información busca que el individuo reciba y difunda información en poder del
gobierno.
Los radicales
creen que a Aristegui o al país le violaron su derecho a la libertad de
expresión y que generaron protestas en redes sociales y en las oficinas de MVS
Radio, pero parece que no es así. Carmen sigue, como ciudadana, conservando la
libertad de decir lo que piense, ya no en MVS pero podría ser en CNN donde
tiene un espacio o por medio de alguna plataforma pública, como YouTube o
Live365, por citar algunas.
El problema entre
Aristegui y Vargas es un asunto eminentemente laboral, por haber despedido a
dos integrantes de su equipo y por implementar políticas editoriales, en cuyo
fondo podría encontrarse un trasfondo político. Vargas es un concesionario de
un bien del dominio público como es, la señal en la que transmitía Aristegui.
No obstante lo
anterior, la delgada línea entre la libertad de expresión de Aristegui como
comunicadora y el derecho a la información de la ciudadanía, vino a darle la
razón a Aristegui, cuando entre las formas para despedir a sus subalternos y a
ella misma, se encuentran los contenidos informativos con el toque audaz y
temerario propio de la comunicadora, cuyas críticas hacia el ejercicio del
poder no eran del agrado de los destinatarios.
El derecho a la
información compromete un ejercicio de investigación periodística, y los
resultados que arroje es el producto que usted o yo como ciudadanos, tenemos
derecho y consumimos.
Es precisamente
el derecho a la información por el que conocimos los sucesos de la Casa Blanca,
que comprometen al presidente de la República, su esposa y al secretario de
Hacienda.
Gracias a ese
derecho, es que diversos medios de comunicación dieron cuenta del escándalo de
“los moches”, entre el diputado Luis Alberto Villarreal, excoordinador del
grupo parlamentario del PAN, escándalo que se amplió a diputados de casi todos
los grupos parlamentarios.
El ejercicio del
derecho a la información nos permitió conocer que los senadores prefirieron
apoyar la propuesta para Ministro de la Corte venida del presidente Peña Nieto
en la persona de Eduardo Medina Mora, que voltear a ver a las decenas de miles
de firmas de ciudadanos que nos opusimos a esa designación.
Por cierto es en
el mismo Senado que ahora los legisladores anuncian que se impondrán una
reducción a su salario por la fastuosa cantidad de 10 mil pesos y para todo
2015 aumenta la nómina 16.7% para quedar en 1,893 millones de pesos. Parece
burla.
Como los
anteriores ejemplos, se encuentran escándalos como oceanografía, la línea 12
del metro, el Partido Verde Ecologista de México, la liberación y sospechosa
devolución de los bienes de Raúl Salinas, la exoneración del expresidente del
PRI en el DF y cualquier otro escándalo político que contenga un valor
informativo.
El bien jurídico tutelado que está siendo afectado no es la libertad de
expresión, sino el derecho a la información.
Un mundo nos
vigila. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la
Ley del Departamento de Estado, en dos reportes que envió al Congreso
norteamericano, afirma que “La corrupción
es el impulsor del lavado de dinero y de sus delitos derivados. La corrupción
es endémica en todos los niveles de la sociedad y del gobierno mexicano. El
gobierno de México debe combatir la corrupción”.
El derecho a la
información también se encuentra en el alcance de las reformas a la
transparencia aprobadas en el Senado cuyos grupos parlamentarios deberían hacer
públicas todas las subvenciones que reciben.
Por sobre todas
las cosas, entre el derecho a la información y la libertad de expresión, vive y
transita el conocimiento de los hechos generados por los actores públicos y la
opinión de la ciudadanía. El primero, en quien recae la responsabilidad de
sujetar sus actos de conformidad con lo que señala el derecho, y el segundo, a
señalar con prudencia y responsabilidad, todo lo que salga de los límites que
la ley impone al servicio público, aunque no les guste a algunos.
A muchos
legisladores se les olvida que “Como la
buena Ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser
tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la
indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus
costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”: José María
Morelos y Pavon en “Sentimientos de la Nación”.
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