Por errores procesales fue liberado Rafael Caro
Quintero, quien llevaba 28 años preso en Puente Grande, Jal. luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito determinó sobreseer
cuatro juicios, por cumplida una condena, así como una absolución por el delito
de asociación delictuosa.
En términos jurídicos, el sobreseimiento
significa el desistirse de la acción de la justicia sin resolver el caso de
fondo, es decir, el llano carpetazo.
En un comunicado el Consejo de la
Judicatura Federal explicó las razones por las que se determinó desistir la
acción de la justicia. En el caso del secuestro y asesinato del agente de la
DEA, Enrique Camarena Salazar y del piloto Alfredo Zavala Avelar, el juez determinó
que el juzgado federal que lo sentenció no tenía competencia en el caso, que se
trataba de un delito del fuero común. En el resto de los procedimientos, el
Consejo de la Judicatura Federal dice muy sutilmente que la PGR no integró
adecuadamente las averiguaciones pevias, razón por la cual, dejó en libertad a
Caro Quintero.
Lo anterior fue el principal motivo
para que las relaciones entre México y Estados Unidos entraran en una periodo
de crisis política, por el corrompimiento del sitema de seguridad mexicana.
Este momento político dio pie a la
reestructuración de la seguridad nacional mexicana y al desmantelamiento de la
temible Dirección Federal de Seguridad, para convertirse en el CISEN de ahora.
Si bien es cierto que el delito de
privación de la vida es del fuero común, muy seguramente la presión política
del momento obligó al gobierno de Miguel de la Madrid a que la PGR atrajera la
investigación y la conformación de la averiguación previa.
Por su parte, la PGR emitió un comunicado
en el que dice que el juez federal debió haber remitido el expediente al juez
que estimara competente para que conociera del juicio, pues de la manera en que
sucedió, produce la absolución sin juicio por un juez que el mismo Tribunal
consideró incompetente.
Como haya sido, nuevamente falló el
sistema de procuración y administración de justicia, como también falló al
permitir la liberación del hermano incómodo del expresidente Carlos Salinas de
Gortari y por supuesto, la devolución de sus bienes, producto de la
corrrupción. Sólo falta que el Estado mexicano le pida perdón, faltaba más.
Pero por supuesto que no haya sido un preocupado
padre de familia que al no encontrar trabajo necesario para llevar el sustento
a su familia, haya optado por robar un litro de leche o un kilo de blanquillos para
llevar a su hogar porque de inmediato le cae el largo brazo de la ley; ah! pero
que tal que los senadores del PAN se autorecetaron 430 mil pesos de la nada y
con el cinismo que ahora a algunos no quieren regresar el dinero y a quienes
deberían fincárseles responsabilidades, no obstante su fuero constitucional.
La verdadera reforma que el gobierno
del presidente Peña Nieto debería implementar, sería en el tema de la justicia.
No es posible que por errores de procedimiento haya sido dejada en libertad
Florence Cassez y Raúl Salinas de Gortari, errores que lo que demuestran es un
uso cómplice de la justicia, aprovechándose de las fallas procesales que
pudieran haber sido cometidas de manera premeditada y sin responsabilidad de
servidor público alguno.
Un personaje histórico que no se liberó
del juicio de la historia, fue Agustín de Iturbide cuyo su ascenso al imperio
de México fue en circunstancias poco claras. En octubre de 1810 Miguel Hidalgo
invita a Agustín de Iturbide a unirse a la causa insurgente, quien la declina y
durante los once años de la guerra de independencia, decide combatir en contra
de aquellos quienes soñaron con la independencia.
Se sabe que su trato como combatiente y
autoridad fue cruel y en exceso, razón por la cual, se le negó el ascenso a
general.
Cuando Iturbide se entrevista con
Vicente Guerrero en febrero de 1821, para sellar la alianza política y militar
con el abrazo de Acatempan, unos meses antes Iturbide seguía persiguiendo y
matando insurgentes.
Para el 18 de mayo de 1821, el sargento
Pío Marcha y la tropa del regimiento de Celaya que comandada Iturbide, azuzaban
a la plebe: “¡viva Agustín de Iturbide, emperador de México!”. Dos días
después, Iturbide “accedió” a los deseos de la turba en el alboroto callejero y
su “nombramiento” fue ratificado por el Congreso y coronado como Agustín
I de México por el obispo de Guadalajara, Juan Cruz Ruiz de Cabañas.
Un testigo presencial dice que el
presidente del Congreso se dirigió a Iturbide, con “sujétese bien la corona,
no se le vaya a caer”.
En sus memorias, Iturbide escribiría sin empacho
alguno, que "[...] El Congreso de México trató de erigir estatuas a los
jefes de la insurrección... . A estos mismos jefes había yo perseguido, y
volvería a perseguir [...]“, en referencia a los insurgentes
Hidalgo, Morelos y demás.
