La desfachatez de los partidos

En el marco del inicio de las campañas políticas se encuentra la desconfianza ciudadana en la institución de los partidos políticos, para participar como funcionarios de las mesas directivas de casilla.

Y es que no es para menos que la ciudadanía no desee participar, con cuanto escándalo que protagoniza la clase política y que podría verse reflejado en la baja calificación que el periódico Reforma ha publicado sobre la gestión del presidente de la República.

Es difícil ocultar el descontento ciudadano, cuando lo que pretendió ser la reforma impulsora con la energética, no ha traído los beneficios esperados a los hogares mexicanos.

Cuando las demás reformas complementaron el proyecto encaminado en el Pacto por México, han sido capitalizadas por algunos cuantos. Un gobierno que pareciera insensible a la crítica y al descontento, junto con unos partidos políticos que parece que están empeñados a sacar a relucir lo impresentable, por decirlo de una manera amable, de sus cuadros.

Esto viene a ser el caldo de cultivo para que la ciudadanía se niegue a participar como funcionarios de casilla, crisis que está medrando en muchos de los 300 distritos en que está dividido electoralmente el país.

Un Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con un origen y militancia cuasi familiar, dirigido por juniors y mirreyes de la política, cuyo único interés estriba en incorporar en el cuadro básico de medicamentos los productos de uno de sus integrantes, a cuyo instituto político le es más redituable ser el patiño del partido en el poder, para violar cuantas veces sea necesaria la legislación electoral y tratar de posicionar sus candidatos.

Un Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuyo principal bastión lo es la ciudad de México, que ha perdido gubernaturas como Zacatecas o Michoacán, producto de la corrupción y de los malos manejos, al que el desencanto por impulsar candidatos con reputaciones poco honorables, como el expresidente municipal de Iguala o la senadora Iris Vianey Mendoza, señalada como integrante de los Caballeros Templarios por el doctor José Luis Mireles, le ha traído terribles consecuencias.

Un Partido Acción Nacional (PAN) que poco a poco y difícilmente se ha recuperado de la crisis interna por las divisiones, derivado de su proceso interno para la renovación de su dirigencia nacional.

Un Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuyo gobierno y dirigencia se niegan a escuchar las críticas de la opinión pública por el desempeño de sus gobernantes y militantes.

Aquí subyace el problema, cuando sobresalen escándalos como las recurrentes faltas del PVEM que lo han llevado a tener alrededor de 160 millones de pesos en multas electorales; con asuntos como el multimillonario escándalo de la línea 12 del metro, Oceanografía, las sobre compras en Pemex y CFE, los moches en Cámara de Diputados, el concurso desvirtuado y manoseado para ingresar a la rama consular del Servicio Exterior Mexicano, la cancelación por corrupción de la licitación del Tren Rápido México – Querétaro, los sospechosos bienes de José Murat en Nueva York, el Ministro de la Corte Eduardo Medina Mora que nunca ha juzgado un caso, el deslinde de responsabilidades que hizo el PRI Nacional sobre Cuauhtémoc Gutiérrez, y por supuesto, la Casa Blanca y la casa de Malinalco. En ambas Cámaras del Congreso, la SCJN, los gobiernos de los estados, municipios y sus Poderes Legislativos locales también se cuecen habas.

De todo lo anterior, y más, en cuya ausencia de justicia se obtienen condiciones favorables para la generación de movimientos de oposición, como la CETEG en Guerrero, la Sección XXII de la CNTE en Oaxaca o Hezbollah con la delincuencia en la frontera mexicana con Estados Unidos.

Además de vulnerar el campo social y político de la seguridad nacional mexicana, que pareciera que es lo que menos les importa.

Que los partidos no pidan a la autoridad o a la justicia electoral, lo que no están dispuestos a otorgar: confianza.

El México que pudo haber sido

“Veo un México con hambre de sed y justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales” fueron las palabras que acercaron al malogrado candidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, a un entusiasmo ciudadano y político, y que en términos de comunicación política, podría ser lo más parecido al célebre discurso de Martin Luther King “I have a dream”.

El discurso que pronunció Colosio actualmente es utilizado por la clase política para invocar las bondades, de lo que pudo haber sido su gobierno. Nadie podría saber a ciencia cierta si sería la mejor administración del país o si podría haber iniciado con una renovación moral de la ciudadanía y la clase política.

También de manera reciente, el mismo partido de Colosio conmemoró un aniversario más del nacimiento de El Patricio, Benito Juárez, en cuyo ideario político descansa gran parte del sistema político y jurídico mexicano.

En la paradoja de la vida, resulta curioso que el mismo partido que invoca los mejores dotes y virtudes, tanto de Juárez como del asesinado candidato, sea ahora quien se encuentre involucrado en crisis de credibilidad y en escándalos de corrupción.

Son crisis de credibilidad, porque casi un lustro después se sigue ciñendo la sospecha que su magnicidio fue orquestado desde las entrañas del sistema político mexicano, de cuyo instituto político también dirigió.

Es en ese mismo lustro que vio pasar a un par de administraciones del Partido Acción Nacional, pero que al regresar a ocupar la Residencia Oficial de Los Pinos al triunfo de Enrique Peña Nieto, parece que el viejo partido no aprendió la lección y no corrige sus antiguos errores, sino que regresaron en una versión corregida y aumentada.

No contrasta el espíritu del discurso de sed y justicia de Colosio, cuando en la comisión de honor y justicia del PRI cambió de dirigente dos ocasiones en menos de una semana, para aprobar el dictamen que exoneró al expresidente del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de dirigir una red de prostitución con recursos públicos. A esto se refería Colosio con el agravio por la ausencia de justicia. Cabe la posibilidad que exista un gran compromiso con el también llamado “Rey de la Basura”, cuando gran parte de las candidaturas en el Distrito Federal le han sido asignadas a cuadros políticos allegados a este impresentable personaje, como su señora madre.

La crisis de credibilidad se extiende a la institución del Senado de la República, cuando más de 50 mil ciudadanos se volcaron para rechazar la designación en la terna, que el titular del Poder Ejecutivo Federal hizo sobre Eduardo Medina Mora, como candidato a Ministro de la Corte, un abogado que fue director del CISEN, procurador general de la República, embajador de México en Gran Bretaña y en Estados Unidos, sin experiencia alguna en la función jurisdiccional y que al final, la suerte política le favoreció.

Es de este órgano legislativo que sale la actual titular de la PGR, con el entredicho de tener lazos consanguíneos con un vicepresidente de Televisa, lo que pone en duda la imparcialidad de sus actuaciones y visto como un pago más en la larga cadena de favores políticos, entre esa empresa y el gobierno en turno, como la exención de alrededor de 3 mil millones de pesos en impuestos.

Por otra parte, escándalos de corrupción en personajes del sistema político mexicano, cuyos montos y cinismo se vuelven ofensivos, ante unas restricciones presupuestales que no permiten el impulso de la economía, desde la inversión gubernamental.

Las propiedades en Nueva York del exgobernador de Oaxaca, José Murat; la Casa Blanca del presidente de la República y del secretario de Hacienda; la línea 12 del metro; así como el Tren México – Querétaro, Ayotzinapa, Tlatlaya, CNTE, CETEG, y un largo etcétera.

En algún otro momento el país vivió otros graves momentos de crisis: En sesión del 15 de diciembre de 1861, Vicente Rivapalacio, presidente del II Congreso, se dirige al Presidente Juárez, a quien la asamblea le otorga facultades extraordinarias para hacer frente a la intervención francesa, con el siguiente discurso de Estado: “La historia enseña que todas las naciones, para llegar a la reforma y a la verdadera civilización, han tenido que pasar por pruebas terribles y por dolorosos sacrificios, y muchas veces los pueblos más poderosos debieron tocar el borde del abismo y, sin embargo, pudieron salvarse por la fe y la unión entre sus hijos”.

En el México que pudo haber sido y con todo lo mucho que son recordados, ¿Habrían Juárez o Colosio tolerado esto?.

La seguridad, vulnerada

El enfrentamiento en Ocotlán, Jalisco, en el que fallecieron 5 oficiales de la Gendarmería Nacional, 2 civiles y 8 policías más resultaron lesionados, así como el posterior enfrentamiento en Zacoalco, constituyen un riesgo para la seguridad nacional y no una amenaza.

El problema en este asunto es que viene a develar una estructura de seguridad en Jalisco vulnerada y desgastada, con mandos formados en la improvisación o la amistad, con casi una quinta parte de elementos reprobados en exámenes de control de confianza y con una grave recomendación del CISEN para remover a un cuadro en seguridad.

Pero además, una estructura de seguridad de Jalisco carente de doctrina de seguridad propia, y por lo cual, la Fiscalía debe importarla del Distrito Federal, como ocurrió en los enfrentamientos de la barra del equipo de Guadalajara, así como del enfrentamiento de policías con comerciantes en las inmediaciones de San Juan de Dios.

No sólo eso. Cuando en el Ejército, Fuerza Aérea y Armada mexicanos los mandos territoriales tienen una duración de 2 o 3 años en el desempeño de su encargo, no es posible que mandos de la Fiscalía, -incluido su titular-, lleve en el cargo 9 años contínuos, en cuya permanencia es posible que se generen nichos de corrupción o complicidad. Por esto es que Jalisco presenta los nada honrosos primeros lugares en generación de delitos en el país.

La lealtad al país, a sus instituciones y la ciudadanía, se demuestra combatiendo el crimen, pero hay quien cree que se administra.

Libre expresión o información

En el fondo de la crisis que protagonizaron la periodista Carmen Aristegui y MVS de Joaquín Vargas, la opinión pública se encuentra debatiendo si se trata de una transgresión a la libertad de expresión o al derecho a la información.

Ambos, tanto la libertad de expresión como el derecho a la información, son bienes jurídicos que tutela el derecho y protege el Estado mexicano mediante sus instituciones; además son objetivos nacionales que se persiguen como anhelo, en el marco de la seguridad nacional mexicana.

El derecho a la libertad de expresión consigna que el individuo tenga la capacidad de divulgar lo que su leal saber y entender le indique, mientras que en el derecho a la información busca que el individuo reciba y difunda información en poder del gobierno.

Los radicales creen que a Aristegui o al país le violaron su derecho a la libertad de expresión y que generaron protestas en redes sociales y en las oficinas de MVS Radio, pero parece que no es así. Carmen sigue, como ciudadana, conservando la libertad de decir lo que piense, ya no en MVS pero podría ser en CNN donde tiene un espacio o por medio de alguna plataforma pública, como YouTube o Live365, por citar algunas.

El problema entre Aristegui y Vargas es un asunto eminentemente laboral, por haber despedido a dos integrantes de su equipo y por implementar políticas editoriales, en cuyo fondo podría encontrarse un trasfondo político. Vargas es un concesionario de un bien del dominio público como es, la señal en la que transmitía Aristegui.

No obstante lo anterior, la delgada línea entre la libertad de expresión de Aristegui como comunicadora y el derecho a la información de la ciudadanía, vino a darle la razón a Aristegui, cuando entre las formas para despedir a sus subalternos y a ella misma, se encuentran los contenidos informativos con el toque audaz y temerario propio de la comunicadora, cuyas críticas hacia el ejercicio del poder no eran del agrado de los destinatarios.

El derecho a la información compromete un ejercicio de investigación periodística, y los resultados que arroje es el producto que usted o yo como ciudadanos, tenemos derecho y consumimos.

Es precisamente el derecho a la información por el que conocimos los sucesos de la Casa Blanca, que comprometen al presidente de la República, su esposa y al secretario de Hacienda.

Gracias a ese derecho, es que diversos medios de comunicación dieron cuenta del escándalo de “los moches”, entre el diputado Luis Alberto Villarreal, excoordinador del grupo parlamentario del PAN, escándalo que se amplió a diputados de casi todos los grupos parlamentarios.

El ejercicio del derecho a la información nos permitió conocer que los senadores prefirieron apoyar la propuesta para Ministro de la Corte venida del presidente Peña Nieto en la persona de Eduardo Medina Mora, que voltear a ver a las decenas de miles de firmas de ciudadanos que nos opusimos a esa designación.

Por cierto es en el mismo Senado que ahora los legisladores anuncian que se impondrán una reducción a su salario por la fastuosa cantidad de 10 mil pesos y para todo 2015 aumenta la nómina 16.7% para quedar en 1,893 millones de pesos. Parece burla.

Como los anteriores ejemplos, se encuentran escándalos como oceanografía, la línea 12 del metro, el Partido Verde Ecologista de México, la liberación y sospechosa devolución de los bienes de Raúl Salinas, la exoneración del expresidente del PRI en el DF y cualquier otro escándalo político que contenga un valor informativo.

El bien jurídico tutelado que está siendo afectado no es la libertad de expresión, sino el derecho a la información.

Un mundo nos vigila. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, en dos reportes que envió al Congreso norteamericano, afirma que “La corrupción es el impulsor del lavado de dinero y de sus delitos derivados. La corrupción es endémica en todos los niveles de la sociedad y del gobierno mexicano. El gobierno de México debe combatir la corrupción”.

El derecho a la información también se encuentra en el alcance de las reformas a la transparencia aprobadas en el Senado cuyos grupos parlamentarios deberían hacer públicas todas las subvenciones que reciben.

Por sobre todas las cosas, entre el derecho a la información y la libertad de expresión, vive y transita el conocimiento de los hechos generados por los actores públicos y la opinión de la ciudadanía. El primero, en quien recae la responsabilidad de sujetar sus actos de conformidad con lo que señala el derecho, y el segundo, a señalar con prudencia y responsabilidad, todo lo que salga de los límites que la ley impone al servicio público, aunque no les guste a algunos.

A muchos legisladores se les olvida que “Como la buena Ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”: José María Morelos y Pavon en “Sentimientos de la Nación”.

La tortura en México

Naciones Unidas publicó este lunes el informe sobre tortura, en el que arroja que “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad", así lo dijo Juan E. Méndez, relator especial de la organización.

Resaltó que la finalidad de dicho procedimiento es castigar o extraer confesiones o información, con evidencia de la participación activa de fuerzas policiales y ministeriales, en cuyas prácticas prevalece la indiferencia o complicidad de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

No sólo eso, sino que el informe de Naciones Unidas viene a corroborar el Informe la Oficina en Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA, por su siglas en inglés), quien afirma que durante más de dos décadas, sucesivos gobiernos mexicanos han tomado medidas para crear fuerzas policiales más profesionales, modernas y mejor equipadas. Aunque estas reformas han incluido algunos elementos positivos, no han logrado establecer sólidos controles internos y externos sobre las acciones policiales, lo que permite que continúe un patrón generalizado de abuso y corrupción.

Ante los señalamientos de Naciones Unidas, el gobierno mexicano por conducto de Jorge Lomónaco Tonda, representante permanente de México ante Organismos Internacionales con sede en Suiza, dijo en sesión del Consejo de Derechos Humanos, que nuestro país reconoce una serie de retos por atender en la materia, pero no comparte “una aseveración como la que propone el relator” de Naciones Unidas.

En el triste y deplorable papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha sostenido un papel de audacia y valentía política ante las aseveraciones que sobre nuestro país hizo el expresidente de Uruguay, José Mujica así como el Papa Francisco, para reclamar con toda energía y la debida representación lo dicho por esos actores políticos; mientras tanto, cuando en los Estados Unidos han asesinado a tres mexicanos, la misma cancillería ha  procedido con simples notas diplomáticas que sólo demuestran la pobreza y mediocridad de la política de relaciones exteriores.

No obstante lo anterior, lo cierto es que hay miles y miles de muertos contabilizados de los cuales, es probable que la autoridad haya participado con un número indeterminado, difícil de cuantificar y cuya cifra es la que no puede ocultar la cancillería.

Por eso es que ahora que el relator de Naciones Unidas asocia la indiferencia o complicidad de autoridades, como algunos jueces, es que se levanta la voz ciudadana para reclamarle al Senado, que no se ratifique a Eduardo Medina Mora en el cargo de Ministro de la Corte a propuesta del Presidente de la República, porque sus actos como servidor público, lejos de engrandecer las instituciones de procuración de justicia e inteligencia del estado mexicano, vino a desvirtuar el espíritu de dichas funciones.

No fueron suficientes las más de 50 mil voces que reclamaban a los senadores del PRI y PAN no ratificar a Medina Mora. Esto los coloca en una vulnerabilidad para las críticas y señalamientos, sobre todo porque el Senado manda el mensaje a la opinión pública, de insensibilidad e indiferencia a las demandas ciudadanas, en un momento en el que se acercan las elecciones y la ciudadanía podría invocar este enojo para votar en contra de sus partidos, a menos que la verdadera razón para haber votado a favor lo sea que les haya dolido los 100 pesos que anunciaron como descuento de su dieta y demás prestaciones, como una medida de austeridad.

Pero no sólo la tortura es física. Los ciudadanos padecemos también la tortura política, cuando algunos regidores, presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, federales o senadores, no son sensibles a las demandas o peticiones ciudadanas y violentan la voluntad popular.

Padecemos la tortura política, cuando en el desempeño de sus funciones sobreponen intereses de grupo a intereses ciudadanos, o bien, cuando sin empacho o pudor alguno, toman el dinero que no les corresponde, ignorando olímpicamente a propios y extraños, como si se tratara de su patrimonio y pasando a la historia como un servidor público del montón, sin criterio propio y esperanzado a que su jefe político o su partido les arrojen unas migajas políticas para su triste y miserable subsistencia política.

Una tortura histórica. La perversidad, crueldad y ruindad de la Santa Inquisición mexicana, a los que algunos en estos tiempos les encantarían revivir tan dignos status, como Manuel Abad y Queipo, quien decretó la degradación eclesiástica de Miguel Hidalgo y José María Morelos, en el que “te arrancamos la potestad de sacrificar, consagrar y bendecir, que recibiste con la unción de las manos y los dedos”, mientras eran raspadas su manos y yemas de los dedos, daban inicio al ritual de degradación eclesiástica, para posteriormente, y “como hijo ingrato, y borramos de tu cabeza la corona, signo real del sacerdocio, a causa de la maldad de tu conducta”, al tiempo que le raspaban la cabeza para borrar simbólicamente la unción obispal para ordenar. Poco antes vino la terrible excomunión.

Incredulidad y desconfianza

En su gira de trabajo por Londres, el presidente Enrique Peña Nieto dijo en entrevista al periódico Financial Times, que en el país prevalece una sensación de incredulidad y desconfianza.

No es para menos dicha afirmación, cuando en el escaparate nacional se encuentran los cambios que se presentaron mientras se daba la noticia de la detención del líder de la organización delictiva “Los Caballeros Templarios”, Servando Gómez Hernández “la Tuta”, el Ejecutivo Federal removió al ahora ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en substitución de Jorge Carlos Ramírez Marín, quien contenderá por una curul en la LXIII Legislatura.

Además, la exSenadora Arely Gómez González fue designada como titular de la PGR y Eduardo Medina Mora como candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La recién designada titular de la PGR es hermana de Leopoldo Gómez, Vicepresidente de Televisa, cuya empresa ha sido favorecida, entre otras cosas, con la devolución de por lo menos 3,000 millones de pesos y quizás la condonación de gran parte de las cuentas generadas por el consumo de energía eléctrica, o quizás alguno que otro impuesto o derecho estatal o municipal en el país.

Entre la desconfianza, el reto que tiene la licenciada Gómez en su encomienda como titular de la PGR, será que investigue a la empresa de la que su hermano es Vicepresidente, a petición del Buró Federal de Investigaciones norteamericano, a efecto de corroborar que en el escándalo de las camionetas encontradas en Nicaragua con dinero sospechoso que portaban logotipos de Televisa, reluzca la verdad.

Hay desconfianza cuando en la integración de candidaturas a cargos de elección popular, en las designaciones se vean a hijos o cónyuges de políticos, sobrinos, tíos, primos, hermanos, o bien, personajes que saben que están a punto de ser perseguidos por la justicia, como Marcelo Ebrard quien a toda costa obtuvo una candidatura por Movimiento Ciudadano, de manera descarada y como si fuera una herencia en vida, o bien, que candidatos como la actriz Carmen Salinas, responda que "No sé que voy a hacer en la Cámara", al tomar protesta como candidata.

Claro que hay incredulidad y desconfianza en este país, cuando la justicia de la misma PGR que llevó a la cárcel al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, desconoce cómo sustentar debidamente las demandas y en juzgados el exmandatario sea exonerado por el delito de lavado de dinero y con la misma suerte podría correr Elba Esther Gordillo, Servando Gómez Martínez “La Tuta” o el recién arrestado el “Z-40”.

Hay desconfianza por la designación de Eduardo Medina Mora como Ministro de la SCJN, porque siendo Director del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), la clase académica mexicana lo señala de alterar la Agenda de Riesgos del Estado Mexicano en el sexenio del expresidente Vicente Fox para incorporar la agenda de intereses de grupo Banamex y realizar inteligencia para ese grupo con recursos públicos, cuyo titular en México es su hermano Manuel.

De hecho, la clase académica acaba de presentar al Senado más de 20 mil firmas en contra de su designación, mientras que el PRD afirma que Medina Mora no es “honorable, capaz, ni probo”.

Medina Mora fue titular de la PGR cuando Televisa se prestó al montaje por la que fue detenida la ciudadana francesa Florence Cassez por Genaro García Luna, exDirector de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y por tanto, demostró falta de capacidad e impericia al realizar una mala integración de la averiguación previa, de cuyas fallas en el debido proceso, la SCJN determinó la libertad de Cassez.

Se ha dado a conocer que Medina Mora siendo titular de la PGR podría haber tenido conocimiento de la introducción de armas, de manera premeditada, bajo el operativo norteamericano “Rápido y Furioso”, lo que lo coloca en una delicada situación.

Además en la gestión de Medina Mora al frente de la PGR, se presentó la acusación que hizo el ministerio público a su cargo, en contra de las indígenas otomíes Jacinta y Teresa Madrigal, cuya autoridad llegó a la conclusión que 2 mujeres lograron desarmar, someter y secuestrar a 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) entrenados en técnicas y tácticas policiales. El tiempo le dio la razón a las indígenas y tuvieron que ser liberadas por tal absurdo.

La historia no se equivoca y da enseñanzas. La PGR y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de Monte Alejandro Rubido no han volteado al pasado para comprender el porqué el ejército de Oriente ganó la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862: claro, por la participación de una fuerza de indígenas zacapoaxtlas, en la que el General Republicano Miguel Negrete se dirigió a los 1,500 indios de la sierra norte de Puebla, de manera llana y coloquial: “Muchachos, nos vamos a batir con los que se dicen los primeros soldados del mundo, pero ustedes deben de demostrar que nosotros somos los primeros por el derecho que tenemos de nuestro suelo”.

Después de este ejemplo, seguramente ahora la PGR y la CNS hayan discernido que con un batallón de unas 250 indígenas, -como Jacinta, Teresa o Alberta, por supuesto-, se pueda demostrar que los indígenas son más leales a su país y podrían contribuir a abatir la inseguridad.

Claro que hay incredulidad y desconfianza. Y falta hablar de los candidatos.

Los retos

Luego de tratar de desviar la atención con la detención del líder de la organización delictiva “Los Caballeros Templarios”, Servando Gómez Hernández “la Tuta”, el Ejecutivo Federal removió al ahora ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en substitución de Jorge Carlos Ramírez Marín, quien contenderá por una curul en la LXIII Legislatura.

Además, la exSenadora Arely Gómez González fue designada como titular de la PGR cuyo nombramiento fue aprobado por la Comisión de Justicia del Senado, en cuya comisión también compareció Eduardo Medina Mora, como candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gómez González tiene pendiente la aprobación del Pleno de la Cámara Alta para tomar su cargo.

Este fue el primer movimiento en su administración que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, pero los retos parecen que son grandes.

La recién designada titular de la PGR no puede desligarse de los vínculos consanguíneos con Leopoldo Gómez, quien es Vicepresidente de Televisa, cuya empresa ha sido favorecida, entre otras cosas, con la devolución de por lo menos 3,000 millones de pesos y quizás la condonación de gran parte de las cuentas generadas por el consumo de energía eléctrica, su principal insumo para la producción de su programación para audiencias con criterio de tercer mundo, como “Laura” o cualquier telenovela en horario estelar.

Además y al llegar a su escaño, Gómez González llegó al Senado impulsada por Televisa, ya que carecía de trabajo político previo que la distinguiera como militante del PRI, sumado a un trabajo como abogada.

Por su parte, Eduardo Medina Mora viene de ser embajador de México en Washington, DC; ex titular de la PGR y ex Director del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), a quien la clase académica mexicana lo señala de alterar la Agenda de Riesgos del Estado Mexicano en el sexenio del expresidente Vicente Fox para incorporar la agenda de intereses de grupo Banamex y realizar inteligencia para ese grupo con recursos públicos, cuyo titular en México es su hermano Manuel.

Por otra parte, el investigador Eduardo Villanueva afirma que Medina Mora a su paso por el CISEN generó recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el desempeño de su administración corrupta. Medina Mora no tiene experiencia como autoridad jurisdiccional, lo que le complicaría su llegada a la Suprema Corte de Justicia, sumado a las protestas en su contra por diversos grupos y su vínculo de amistad con otro ejecutivo de la televisora.

El común denominador de estas designaciones es que, de alguna u otra manera, se trata de personajes cercanos a Televisa, grupo que pareciera tener sometido al régimen en turno e imponer servidores públicos de cualquier nivel.

Lo anterior se corroboraría con la inclusión de personajes en las listas de candidatos a diputados federales por representación proporcional que hizo recientemente el Partido Revolucionario Institucional, como la actriz Carmen Salinas o el empresario de TV Azteca, Tristán Canales.

El reto que tiene la licenciada Gómez en su encomienda como titular de la PGR, será que la institución del ministerio público a su cargo termine las investigaciones del caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, que más bien parece que cerrará el tema, pero además, que investigue a la empresa de la que su hermano es Vicepresidente, a petición del Buró Federal de Investigaciones norteamericano, a efecto de corroborar que en el escándalo de las camionetas encontradas en Nicaragua con droga que portaban logotipos de Televisa, efectivamente no hubo participación de dicha empresa.