Citas memorables de la historia de México

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sábado, 28 de marzo de 2009

Que haya ecuanimidad



El 23 de septiembre pasado, el presidente de la República presentó al Senado la iniciativa que expide la Ley de Extinción de Dominio, que tiene por objeto la pérdida de derechos patrimoniales para personas físicas o morales en favor del Estado, cuando se determine jurídicamente la procedencia ilegal de los bienes, así como la constitución de un fondo destinado a la reparación del daño de las víctimas u ofendidos; pero cuya redacción puede prestarse a abusos y atropellos, sobre todo, en la aplicación de la máxima jurídica que establece que “Donde el legislador no precisa, el juzgador no distingue”.

Por lo anterior, las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado revisan los 66 artículos que conforman dicha iniciativa, y avalaron candados, para evitar que la aplicación de la norma afecte a personas inocentes.

Entre los cambios propuestos por el PRI y el PRD, se establece que la prescripción de la extinción de dominio sea en un lapso de 20 años, así como que cualquier ciudadano pueda demandar que se excluyan sus bienes de la aplicación de dicha ley, si demuestra que no encubrió o participó en el hecho delictivo, con lo que se protege los derechos de terceros que, por ejemplo, renten casas a personas que las utilizan para delinquir sin que sus propietarios sepan que sus inquilinos son delincuentes.

Esta iniciativa motivó una controversia verbal, -con tintes electorales- iniciado por el presidente del partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez; que acusaba al partido Revolucionario Institucional (PRI) representado en el Congreso, de “obstruir” esta reforma necesaria para el país, siendo además, apoyado por la Arquidiócesis de México, por conducto del editorial “La Batalla de Fondo”, publicado en su sistema informativo del pasado 15 de marzo.

El partido Acción Nacional tiene todo el derecho -como entidad de interés público-, de participar cuantas veces quiera en política, más no la iglesia católica mexicana, quien tiene proscrita esa participación de acuerdo a la Carta Magna y sus ordenamientos.

Mientras Hidalgo nos dio independencia, Juárez nos legó identidad nacional. Ellos no estuvieron en contra de la religión, sino de los abusos en su época. Pero veamos algunos ejemplos de los hechos en la historia. Forme su opinión.

El 28 de febrero de 1767, el Rey Carlos III expulsa por decreto a los jesuitas del territorio colonial, por haberse enriquecido enormemente en las misiones e interferir en la política colonial y concentrar una gran cantidad de bienes inmuebles. Son restituidos por Santa Anna en 1853.

El 24 de septiembre de 1810, en un edicto inclemente del Santo Oficio, Hidalgo fue excomulgado por Manuel Abad y Queipo, Obispo de Valladolid -hoy Morelia en Michoacán- sanción que fue ratificada por los obispos de la capital mexicana y de Guadalajara. El decreto de la Inquisición sentenciaba en uno de sus párrafos: “…Sea condenado Miguel Hidalgo donde quiera que esté, en la casa o en el campo: en los caminos o en las veredas; en las selvas o en el agua, o aún en la iglesia. Que sea maldito en el vivir y en el morir; en el comer y el beber; en el ayuno o en la sed; en el dormitar o en el dormir; en la vigilia o andando; estando de pie o sentado; acostado o andando; mingiendo o cancando y en todas las sangrías. Que sea maldito interior y exteriormente. Que sea maldito en su pelo. Que sea maldito en su cerebro. Que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes, en su frente y en sus oídos; y en sus cejas y en sus mejillas; en sus quijadas y en sus narices; en sus dientes anteriores y en sus molares; en sus labios y en su garganta; en sus hombros y en sus muñecas; en sus brazos, en sus manos y en sus dedos. Que sea condenado en su pecho, en su corazón, y en todas las vísceras de su cuerpo. Que sea condenado en sus venas, en sus músculos, en sus caderas, en sus piernas, pies y uñas de los pies. Que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo. Que desde la parte superior de su cabeza hasta la planta de sus pies, no haya nada bueno en él. Que el Hijo del Dios viviente, con toda la gloria de su majestad, lo maldiga, y que el cielo con todos los poderes que hay en él se subleven contra él, lo maldigan y lo condenen." "Amén. ¡Así sea! Amén…” .

Como el derecho canónico de la época prohibía, bajo pena de excomunión, privar de la vida a un eclesiástico, el alto clero tuvo que proceder a la degradación sacerdotal de Hidalgo. El doctoral de la Iglesia de Durango, Francisco Fernández Valentín,  fue el responsable del acto en comento.

Mientras le arrancaba la sotana y el alzacuello, pronunció las siguientes palabras: “...Por la autoridad de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la nuestra, te quitamos el hábito clerical, te desnudamos del adorno de la religión y te despojamos de todo orden, beneficio y privilegio […] y por ser indigno de la profesión eclesiástica, te devolvemos con ignominia al estado seglar...”.

Fernández Valentín raspó con un cuchillo la piel de la cabeza del Hidalgo, las palmas de sus manos, las yemas de sus dedos y cortó parte de su cabello, con el fin de “despojarle” del orden sacerdotal. Después fue entregado a los españoles para su fusilamiento.

Por todo el oprobio de la inquisición mexicana, por Cédula Real núm. 153 del 12 de abril de 1815, el Ministerio de Gracia y Justicia prohíbe, que los sacerdotes en los púlpitos, pasen a referir noticias ajenas de la Cátedra del Espíritu Santo, con el objeto de formar opiniones y partidos, distintas de la palabra de Dios. 

Luego, una vez proclamada la Constitución de 1857, el papa Pío IX mediante decreto pontificio, ordenaba a la feligresía católica que no jurara la Constitución. 10 años después, el Vaticano rompió relaciones diplomáticas con México. 

La guerra de Reforma -o de los Tres Años-, de 1857 a 1860, inició cuando el general conservador Félix Zuloaga, dio a conocer el Plan de Tacubaya, el cual demandaba la abrogación de la Constitución de 1857, la permanencia de Ignacio Comonfort en la presidencia y la convocatoria de un Congreso extraordinario, el cual se encargaría de elaborar otra carta constitucional que, según los conservadores, garantizara los verdaderos intereses del pueblo. 

La segunda Intervención Francesa -de 1862 a 1867-, promovida por los conservadores al traer a un extranjero para gobernarnos, en la que se presume que la iglesia prometió un apoyo económico para su sostenimiento de 29 millones de pesos, de los cuales, sólo hizo entrega de 2 de ellos. No era tan malo, como dicen.

El 11 de agosto de 1859, el presidente Juárez decreta que el 12 de diciembre, sea Día de la Virgen de Guadalupe, como fiesta nacional.

No se omite mencionar la guerra cristera y el fanatismo religioso de la madre Conchita, quien ofreció a bendecir la pistola con la que León Toral asesinó al presidente Álvaro Obregón, así como más recientemente el escándalo al seno de los Legionarios de Cristo, por el presunto caso de pederastia y la paternidad de Marcial Maciel, que ha causado un sisma dentro de esa congregación, señalado recientemente por The New York Times. 

El 20 de marzo del 2006, y por primera vez después de 134 años, la iglesia ofició una misa a Benito Juárez, en el templo de San Felipe Neri de Oaxaca, organizada por liberales, en el marco de los festejos por el bicentenario de su natalicio y oficiada por José Luis Chávez Botello -Arzobispo de Oaxaca- quien por cierto, fue párroco de la iglesia de San Sebastián de Analco en Guadalajara, durante las explosiones de 1992 de esa ciudad. 

Por último, reconocidos académicos señalan que desde la asunción del gobierno panista al poder, se les ha quitado el nombre de Benito Juárez a 417 calles, plazas y municipios del país, sustituidos por nombres como San Miguel Arcángel y otros.

Que nunca llegue el rumor de la discordia”, versa la fachada del Teatro Degollado en Guadalajara.

sábado, 21 de marzo de 2009

Lo primero

Tres temas abarcaron la atención en el Congreso en esta semana. El primero, la Cámara de Diputados conmemoró el CCIII aniversario del natalicio de Benito Pablo Juárez Garcia -el Benemérito de las Américas-, en la que diputados de todos los grupos parlamentarios, consideraron necesario rescatar su legado en torno a la separación Estado-Iglesia, la justicia social, el respeto a la diversidad ideológica y la tolerancia entre los pueblos, entre otros temas, a fin de revertir los problemas de inseguridad y pobreza que enfrenta la nación.

La proclama de Benemérito de las Américas, fue hecha por el Honorable Congreso de la República Dominicana, en sesión del 11 de mayo de 1867, por los méritos obtenidos al derrotar al ejercito francés y destruyendo para siempre la preponderancia de Europa sobre el continente Americano. 

Además, el Congreso mexicano declaró al presidente Juárez “Benemérito de la Patria” –en grado heroico-, en sesión del 18 de abril de 1873, y ordenó colocar su nombre en letras de oro en el muro de honor del Congreso, así como el apotegma “Entre los individuos como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. 


El siguiente tema -por su naturaleza polémica-, fue el referente a la Ley de Salarios Máximos, que como es de su conocimiento, pretende que ningún servidor público devengue cantidad superior por concepto de sueldo que la del presidente de la República. 

Para tal efecto, la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), se reunió y aprobó, que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tanto federales como estatales y del Distrito Federal, así como los organismos con autonomía reconocida en sus constituciones y estatuto de gobierno, respectivamente, deban incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos, entre otros. 

Por último, pero no menos importante, el Congreso celebró el LXXI aniversario de la expropiación petrolera de 1938, en la que los legisladores coincidieron en señalar, que representó un evento de reivindicación nacional, que le permitió al país tener el control directo de la riqueza petrolera para utilizarla en obra pública, transportes, salud y educación. 

Todos los temas anteriores son importantes -desde luego-, para mantener la lealtad al país, sus instituciones y sus hijos pródigos, de los cuales, hay bastantes ejemplos de lealtad. 

En 1819, el Virrey Juan Ruiz de Apodaca concede el indulto al insurgente Vicente Guerrero -a cambio de deponer las armas-, en un mensaje que fue transmitido a través de su padre. Guerrero, al escuchar las súplicas de su padre por abandonar la independencia, se dirigió a sus tropas, diciéndoles “…Soldados, este hombre que veis aquí es mi padre, quien trae hasta mi el mensaje de los españoles para ofrecerme el perdón. Yo siempre lo he respetado, pero… ¡¡¡La patria es primero!!!…”, dijo el primer Gran Maestro de la Logia York en México. 

En 1841, el nombre de Vicente Guerrero es elevado a la dignidad de letras de oro en el muro de honor del Congreso, y con los años, en 1971, el 23 de septiembre el Congreso sesionó para que la máxima “La Patria es Primero” fuera colocada -como su autor- en letras de oro, pero la diputación federal del Partido Acción Nacional trató de chantajear la sesión, a cambio de que también fuera incluido el nombre de Agustín de Iturbide. 

“… Señor Presidente, señores diputados, señores invitados. […] ¡¡¡Cómo es posible que quieran ustedes señores de Acción Nacional negar ser los indignos herederos, digo indignos, porque no se atreven a defenderlos de frente, de todos los que han mancillado a México durante más de 150 años de vida independiente? … … ¿Quiénes históricamente fueron a traer a un Emperador extranjero? ¡¡¡Sus padres políticos!!!, …” dijo así el diputado Francisco Ortiz Mendoza del PPS, durante el debate en esa sesión de 1971, a quienes trataban de defender posturas indefendibles con los actos de Iturbide. 

Desde entonces, ese axioma goza de un lugar privilegiado en el salón de sesiones de las Cámaras del Congreso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en Palacio Nacional.

sábado, 14 de marzo de 2009

La sentencia


Como parte de su visita de Estado, el presidente de Francia Nicolás Sarkozy, fue recibido el lunes en sesión solemne del Senado de la República, en la que dijo que “…dos ciudadanos franceses fueron hace poco víctimas en México de la salvaje barbarie de estas mafias (de delincuentes)…”. Prosiguió, diciendo que “…me dijeron que no tenía que comentar, lo cual me da muchas ganas de comentarlo [… ] y a la vez asumiré mi deber que es ocuparme de mis conciudadanos como cualquier edil de México tiene el deber de preocuparse de sus conciudadanos. …”, en clara alusión a la francesa Florence Cassez, detenida y sentenciada por el delito de secuestro; así como al asesinato del científico galo Cristopher Augur.

La opinión pública tiene la percepción de que el objetivo principal de la visita del mandatario, se circunscribió a gestionar la liberación de su compatriota Cassez.

Voces autorizadas pidieron al presidente Felipe Calderón, que no concediera su liberación, pese a los términos de la Convención de Estrasburgo, que prevé que algún ciudadano europeo, pueda purgar su condena en su país de origen, por algún delito realizado en otro país.

La experiencia internacional dice lo contrario. Hace poco más de un año, un grupo de médicos franceses fue condenado en Libia, por haber contagiado con el virus del SIDA con agujas contaminadas.

Por gestiones de Turquía, los franceses fueron enviados a su país para seguir purgando su condena, pero a su llegada, fueron liberados por las autoridades, provocando el enojo de los libios.

Muy probablemente y en lo económico, el presidente francés le solicitaría al mandatario mexicano, la reconsideración para liberar o trasladar a su conciudadana a su país, y que se inserta en medio de una guerra del Estado mexicano en contra de la violencia, y a unos meses de las elecciones intermedias.

En contraste, se conformó una Comisión Binacional, que analizará las condiciones en que la ciudadana francesa fue juzgada y sobre la aplicación del Convenio de Estrasburgo, en su caso.

Recordemos que el amparo promovido por los abogados de la francesa, fue instituido por el jalisciense Mariano Otero, y adoptado en la Constitución de 1857, que el presidente Benito Juárez invocó para contener la Segunda Intervención Francesa, de 1864 a 1867.

Para hacerle frente a la intervención, el Presidente Benito Juárez dispuso que la defensa mexicana se dividiera en cuatro grandes cuerpos militares: el del Norte, encabezado por Mariano Escobedo; el del Centro, al mando del general Vicente Riva Palacio; el de Oriente, a cargo del general Porfirio Díaz; y el de Occidente, con Ramón Corona a la vanguardia, para defender Guadalajara, cuando la mañana del 6 de enero de 1864, el pueblo tapatío vio entrar por la calle de Pedro Moreno, al invicto y temido ejército francés de Napoleón III.

Las tropas mexicanas replegaron y vencieron en Querétaro a las fuerzas encabezadas por Maximiliano y sus conservadores.

El Archiduque fue defendido en juicio por sus abogados, Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre, quienes no pudieron evitar que a las 6 de la mañana del 19 de junio de 1867, Maximiliano, junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón, fueran ejecutados.

Momentos antes, Maximiliano obsequió algunas monedas de 20 pesos de oro a los soldados, con la súplica que dispararan en su corazón, y no a la cara.

Se formó en el paredón y dijo: “… Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. ¡Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria! ¡Viva México!...”. Acto seguido, los soldados abrieron fuego, terminando las ilusiones de los tres colosos del imperio.

En México, Juárez publicó el 15 de julio de 1867, un manifiesto de 2 cuartillas, que en su parte medular señalaba: “…Que el pueblo y gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz…”.

La prensa en Europa elogiaba al primer presidente indio de México que derrotó al invencible ejército francés.

En Italia, tal fue la admiración que Alessandro Mussolini profesaba por el presidente mexicano Juárez, que bautizó a su primogénito con el nombre de Benito, a quien el mundo conoció como El Duce, en la Segunda Guerra Mundial.

La sentencia de la ciudadanía dice que Florence Cassez debe purgar su condena en México.

sábado, 7 de marzo de 2009

Por mucho tiempo abusaron...

Ante Senadores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta, compareció Guillermo Zamarripa, Director de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Luis Pazos, Director de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros ( CONDUSEF) y Enrique Castillo, presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM), para informar sobre el estado que guardan las comisiones bancarias, a propósito de las iniciativas que pretenden regularlas.

Los Senadores escucharon el miércoles pasado, los argumentos de los banqueros y de las autoridades, en contra de la regulación de las tasas de interés y las comisiones.

Los servidores públicos y el dirigente de la ABM, señalaban que un control de precios, tanto en tasas como en comisiones, inhibiría la inversión y el desarrollo del sector financiero; y además, generaría el crecimiento de mecanismos informales no regulados de otorgamiento de crédito, y principalmente, se afectaría más a los pobres.

Los legisladores, por su parte, acusaron a los banqueros de incurrir en prácticas oligopólicas y en repartir tarjetas de crédito “como si fueran palomitas”.

Se escuchó el caso de una menor de 4 años en Guadalajara, que -de manera absurda- recibió en su domicilio una tarjeta de crédito.

Explicaron que avanzarán con la reforma, para hacer lo que los reguladores -la SHCP principalmente- no ha querido corregir. Señalaron que reformarán la ley para evitar la usura técnica de los bancos.

Para la opinión pública causó sorpresa que los servidores públicos hayan defendido los intereses de la ABM, en vez de asumir una posición contraria o imparcial, tanto así que el jefe de la Unidad de Banca y Ahorro de la SHCP, Guillermo Zamarripa, llamó al Congreso para “que no se les pase la mano” con una reforma que puede generar efectos no deseados.

Recién comenzada la revolución -o guerra- de independencia en 1810, un joven se unió a las filas insurgentes: Antonio Portillo, quien se desempeñó como uno de los ayudantes de Miguel Hidalgo.

Combatió y peleó por la causa insurgente, hasta el fusilamiento de Hidalgo, regresando a Guanajuato, su tierra natal.

Con los años, en julio de 1863, el presidente Benito Juárez conoció al señor Portillo, -ahora un viejo de más de 80 años- quien era el vigilante de la casa del Padre de la Patria, en Dolores Hidalgo.

Portillo le pidió un fusil y combatir -como lo hizo al lado de Hidalgo-, ahora en contra de los franceses, quienes habían invadido la República.

Juárez, al ver el noble gesto del anciano, se dirigió a él diciéndole: “…Don Antonio, muchas gracias por sus servicios prestados a la patria, pero ahora, nos toca a nosotros defender el legado que usted junto con el Padre Hidalgo nos dejó…”. Posteriormente lo nombró curador de la casa de Hidalgo y lo hizo capitán del ejército.

En cierta ocasión, cuando el presidente Porfirio Díaz se dirigía a vacacionar a la rivera de la laguna de Chapala en Jalisco, a su paso por Tlaquepaque, su ayudantía le acercó a Pantaleón Panduro, alfarero de renombre de la época, quien le elaboró un busto en barro y se lo entregó en propia mano al mandatario; a lo que el presidente elogió la perfección de aquella pieza, y le ofreció lo que quisiera, Panduro no dudo en pedirle un pequeño favor: que lo hiciera Presidente de la República.

Don Porfirio Díaz, hombre de palabra, se quitó la banda presidencial para imponerla en el pecho del alfarero por toda una hora, quien desde luego no ejerció acto de autoridad alguno, pero para la historia portó la banda presidencial.

Lejos de los actos de humildad señalados, para la ABM se trata de un negocio, el cual, ha llevado a quiebra técnica a familias o negocios enteros, producto del error de diciembre de 1994 y del FOBAPROA, en el cual, los bancos realizaron todas las acciones legales necesarias para cobrarle su deuda, sus intereses, impuestos, intereses de los impuestos y las demás costas que resulten, con la amenaza de colocar su nombre en Buró de Crédito, enriqueciéndose a costa de la ciudadanía, al margen de la ley y sin nadie que les pusiera un alto, olvidándose del país que los recibió y sus ciudadanos.