Como parte de su visita de Estado, el presidente de Francia Nicolás Sarkozy, fue recibido el lunes en sesión solemne del Senado de la República, en la que dijo que “…dos ciudadanos franceses fueron hace poco víctimas en México de la salvaje barbarie de estas mafias (de delincuentes)…”. Prosiguió, diciendo que “…me dijeron que no tenía que comentar, lo cual me da muchas ganas de comentarlo [… ] y a la vez asumiré mi deber que es ocuparme de mis conciudadanos como cualquier edil de México tiene el deber de preocuparse de sus conciudadanos. …”, en clara alusión a la francesa Florence Cassez, detenida y sentenciada por el delito de secuestro; así como al asesinato del científico galo Cristopher Augur.
La opinión pública tiene la percepción de que el objetivo principal de la visita del mandatario, se circunscribió a gestionar la liberación de su compatriota Cassez.
Voces autorizadas pidieron al presidente Felipe Calderón, que no concediera su liberación, pese a los términos de la Convención de Estrasburgo, que prevé que algún ciudadano europeo, pueda purgar su condena en su país de origen, por algún delito realizado en otro país.
La experiencia internacional dice lo contrario. Hace poco más de un año, un grupo de médicos franceses fue condenado en Libia, por haber contagiado con el virus del SIDA con agujas contaminadas.
Por gestiones de Turquía, los franceses fueron enviados a su país para seguir purgando su condena, pero a su llegada, fueron liberados por las autoridades, provocando el enojo de los libios.
Muy probablemente y en lo económico, el presidente francés le solicitaría al mandatario mexicano, la reconsideración para liberar o trasladar a su conciudadana a su país, y que se inserta en medio de una guerra del Estado mexicano en contra de la violencia, y a unos meses de las elecciones intermedias.
En contraste, se conformó una Comisión Binacional, que analizará las condiciones en que la ciudadana francesa fue juzgada y sobre la aplicación del Convenio de Estrasburgo, en su caso.
Recordemos que el amparo promovido por los abogados de la francesa, fue instituido por el jalisciense Mariano Otero, y adoptado en la Constitución de 1857, que el presidente Benito Juárez invocó para contener la Segunda Intervención Francesa, de 1864 a 1867.
Para hacerle frente a la intervención, el Presidente Benito Juárez dispuso que la defensa mexicana se dividiera en cuatro grandes cuerpos militares: el del Norte, encabezado por Mariano Escobedo; el del Centro, al mando del general Vicente Riva Palacio; el de Oriente, a cargo del general Porfirio Díaz; y el de Occidente, con Ramón Corona a la vanguardia, para defender Guadalajara, cuando la mañana del 6 de enero de 1864, el pueblo tapatío vio entrar por la calle de Pedro Moreno, al invicto y temido ejército francés de Napoleón III.
Las tropas mexicanas replegaron y vencieron en Querétaro a las fuerzas encabezadas por Maximiliano y sus conservadores.
El Archiduque fue defendido en juicio por sus abogados, Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre, quienes no pudieron evitar que a las 6 de la mañana del 19 de junio de 1867, Maximiliano, junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón, fueran ejecutados.
Momentos antes, Maximiliano obsequió algunas monedas de 20 pesos de oro a los soldados, con la súplica que dispararan en su corazón, y no a la cara.
Se formó en el paredón y dijo: “… Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. ¡Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria! ¡Viva México!...”. Acto seguido, los soldados abrieron fuego, terminando las ilusiones de los tres colosos del imperio.
En México, Juárez publicó el 15 de julio de 1867, un manifiesto de 2 cuartillas, que en su parte medular señalaba: “…Que el pueblo y gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz…”.
La prensa en Europa elogiaba al primer presidente indio de México que derrotó al invencible ejército francés.
En Italia, tal fue la admiración que Alessandro Mussolini profesaba por el presidente mexicano Juárez, que bautizó a su primogénito con el nombre de Benito, a quien el mundo conoció como El Duce, en la Segunda Guerra Mundial.
La sentencia de la ciudadanía dice que Florence Cassez debe purgar su condena en México.
La opinión pública tiene la percepción de que el objetivo principal de la visita del mandatario, se circunscribió a gestionar la liberación de su compatriota Cassez.
Voces autorizadas pidieron al presidente Felipe Calderón, que no concediera su liberación, pese a los términos de la Convención de Estrasburgo, que prevé que algún ciudadano europeo, pueda purgar su condena en su país de origen, por algún delito realizado en otro país.
La experiencia internacional dice lo contrario. Hace poco más de un año, un grupo de médicos franceses fue condenado en Libia, por haber contagiado con el virus del SIDA con agujas contaminadas.
Por gestiones de Turquía, los franceses fueron enviados a su país para seguir purgando su condena, pero a su llegada, fueron liberados por las autoridades, provocando el enojo de los libios.
Muy probablemente y en lo económico, el presidente francés le solicitaría al mandatario mexicano, la reconsideración para liberar o trasladar a su conciudadana a su país, y que se inserta en medio de una guerra del Estado mexicano en contra de la violencia, y a unos meses de las elecciones intermedias.
En contraste, se conformó una Comisión Binacional, que analizará las condiciones en que la ciudadana francesa fue juzgada y sobre la aplicación del Convenio de Estrasburgo, en su caso.
Recordemos que el amparo promovido por los abogados de la francesa, fue instituido por el jalisciense Mariano Otero, y adoptado en la Constitución de 1857, que el presidente Benito Juárez invocó para contener la Segunda Intervención Francesa, de 1864 a 1867.
Para hacerle frente a la intervención, el Presidente Benito Juárez dispuso que la defensa mexicana se dividiera en cuatro grandes cuerpos militares: el del Norte, encabezado por Mariano Escobedo; el del Centro, al mando del general Vicente Riva Palacio; el de Oriente, a cargo del general Porfirio Díaz; y el de Occidente, con Ramón Corona a la vanguardia, para defender Guadalajara, cuando la mañana del 6 de enero de 1864, el pueblo tapatío vio entrar por la calle de Pedro Moreno, al invicto y temido ejército francés de Napoleón III.
Las tropas mexicanas replegaron y vencieron en Querétaro a las fuerzas encabezadas por Maximiliano y sus conservadores.
El Archiduque fue defendido en juicio por sus abogados, Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre, quienes no pudieron evitar que a las 6 de la mañana del 19 de junio de 1867, Maximiliano, junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón, fueran ejecutados.
Momentos antes, Maximiliano obsequió algunas monedas de 20 pesos de oro a los soldados, con la súplica que dispararan en su corazón, y no a la cara.
Se formó en el paredón y dijo: “… Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. ¡Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria! ¡Viva México!...”. Acto seguido, los soldados abrieron fuego, terminando las ilusiones de los tres colosos del imperio.
En México, Juárez publicó el 15 de julio de 1867, un manifiesto de 2 cuartillas, que en su parte medular señalaba: “…Que el pueblo y gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz…”.
La prensa en Europa elogiaba al primer presidente indio de México que derrotó al invencible ejército francés.
En Italia, tal fue la admiración que Alessandro Mussolini profesaba por el presidente mexicano Juárez, que bautizó a su primogénito con el nombre de Benito, a quien el mundo conoció como El Duce, en la Segunda Guerra Mundial.
La sentencia de la ciudadanía dice que Florence Cassez debe purgar su condena en México.
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