Recortes presupuestales

El viernes pasado el secretario de hacienda, Luis Videgaray, anunció una serie de medidas para estabilizar las finanzas públicas.

Dijo que el ajuste previsto al gasto público de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) asciende a 124,300 millones de pesos (mdp), monto que representa el 0.7% por ciento del PIB. Esta cantidad incluye ajustes de 62 mil mdp en Pemex y de 10 mil millones en CFE, aunque participan diversas dependencias.

Pero entre las dependencias que menos reducen su gasto, se encuenra lo que queda de la casi extinta Secretaría de la Función Pública, con una reducción de 20 mdp, Energía con 80 mdp, Presidencia de la República con 158 mdp.

Además, se determinó suspender de manera indefinida el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y la cancelación del Tren de Pasajeros Transpeninsular en Yucatán y Quintana Roo, aunque esto más bien parecería que no hubo un control de daños efectivo, contra la desacreditación a las sospechas por corrupción en licitación del tren queretano y que en el sector de comunicaciones suma 11,700 mdp los ajustes, cantidad que bien podría incorporarse al subejercicio de la SCT en un periodo trimestar o cuatrimestral, como siempre sucede.

No parece ser del todo indicado, cuando entre los programas presupuestales afectados por este recorte, se encuentra el de la pensión para adultos mayores. Este programa pertenece a los 3,750 mdp que se le descontarán a Sedesol, por la vía del ajuste citado.

Para que usted no se procupe por las percepciones de su servidor público favorito, el ajuste presupuestal sólo se reduce en un 10% en la partida de sueldos y salarios a mandos medios y superiores. Menos mal, caray.

Las reacciones no se hicieron esperar. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), terminó la semana con una desplome de 2.18% y el dólar llegó a estar hasta en 15.30 pesos.

Los comparativos son los siguientes. La reducción total a que se refiere el titular de la SHCP, equivale a los aprovechamientos en los ingresos del Estado mexicano para 2015 (122 mil mdp), equivale a casi el total de los ingresos por el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con 156 mil mdp, equivale a poco más de dos veces el presupuesto del Poder Judicial Federal (56,269 mdp), equivale al presupuesto de la Secretarìa de Salud (130 mil mdp) y a casi 21 veces el monto de lo defraudado en Ficrea.

A los partidos políticos y los grupos parlamentarios en ambas Cámaras del Congreso, no se les toca su presupuesto ni con el pétalo de una declaración. Faltaba más.

Empero, función pública entidad de la que dependen la aplicación de las medidas anticorrupción, le descuentan 20 mdp, del presupuesto aprobado de 1,483.9 mdp, es decir, como quitarle un pelo al gato. De este tamaño es el compromiso de los ajustes prespuestales con la transparencia y el combate a la corrupción.

¿Porqué existe un ajuste presupuestal cuando el Estado debería ejercer sus funciones?. Para inicios de 2014 en el rubro de créditos fiscales, el SAT no involucra a ninguna de las más de 150 empresas emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, como por ejemplo, Grupo Televisa quien en abril del 2013 fue sujeto de una condonación de 3,334 millones de pesos (mdp). Es muy probable que además de la condonación fiscal, Grupo Televisa sea sujeto de otros beneficios condonatorios, como en el servicio de energía eléctrica, -su principal insumo-, o quizás en impuestos estatales o municipales y así, mantener sometidos a gobiernos estatales o municipales.

Tiempo atrás en el 2009, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el informe “Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano, Oportunidades de Mejora, 2009”, arrojaba por ejemplo, que en el 2006, 50 grandes contribuyentes, -entre empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras-, pagaron 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre el 2000 y el 2005, en promedio, entre otras barbaridades.

Estas barbaridades coinciden con la falta de transparencia en créditos cancelados y condonados que ha realizado el SAT a personas morales, como Grupo Televisa y otros que el SAT no ha informado, quienes abusan de su capacidad de litigio e influencia pública para obligar al SAT a condonarles impuestos, como por ejemplo a ayuntamientos, ministros de la iglesia, figuras del espectáculo, políticos y periodistas, principalmente, a los que se les ha perdonado algún adedudo fiscal.

Bajo esta lógica, parece que no era tan necesario el recorte presupuestal.

Los escenarios de riesgo

Los dirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quiróz; y del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete Ruíz, coinciden en señalar que dada la cercanía de las elecciones federales del primer domingo de junio de este año, en Guerrero existen riesgos ante las protestas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

Mientras que el perredista señala como preocupante la situación en dicha entidad, el líder del PRI dice que se va superar con mucha participación ciudadana.

Las protestas de ambos grupos exigen la suspensión de las elecciones intermedias federales en esa entidad cuyos comicios elegirían a los diputados federales, así como las elecciones locales, que renovarían al titular del Poder Ejecutivo y de los integrantes del Poder Legislativo en Guerrero.

En un escenario óptimo, la SEGOB junto con el Gobierno de Guerrero convencen a los maestros y a los padres de familia, que los estudiantes murieron y que el Estado no es responsable, lo que resultaría muy poco probable.

Un segundo escenario podría generarse cuando los manifestantes no logran impedir las elecciones, pero generan problemas en nichos pequeños de poder.

Se abre un tercer escenario con una poca probabilidad de que maestros y padres de los normalistas, logren sumar a las fuerzas políticas de Guerrero, para lograr su objetivo.

Pero no sólo los escenarios se abren en Guerrero. El PRI abre frentes de crisis y debe de implementar la operación cicatriz con los grupos y candidatos que no fueron favorecidos, en aquellas entidades federativas donde se eligió al candidato a gobernador, munícipes, diputados locales y federales, presuntamente producto de la unidad, pero con una clase política que sobrepone sus ambiciones personales a los objetivos nacionales del país. Además, el partido en el poder debe sugerir al gobierno federal que implemente políticas públicas que nivelen la economía, como consecuencia de la caída del peso frente al dólar y del precio del petróleo.

El PRD por su parte, debería preocuparse por no postular delincuentes.

Partidos políticos en crisis

Luego del escándalo en que se vio involucrado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la militancia de José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, consignado junto con su esposa, como los autores intelectuales de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en Guerrero, las cosas no han ido bien para ese partido.

Poco a poco han salido a relucir nuevos escándalos que involucran a la clase política del partido del sol azteca, como el caso de Ricardo Gallardo Cardona, alcalde con licencia en Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) encontró que desvió recursos a 13 empresas por alrededor de 200 millones de pesos (mdp) y además en posesión de sus pertenencias de un violín valuado en más de 5 mdp.

Además, el reciente escándalo del delegado político en Istapala en el Distrito Federal, quien el pasado 19 de enero presentara su licencia al cargo, por presuntos actos de corrupción luego del percance vehicular del pasado 17 de diciembre, en el que Jesús Valencia afirmó que el vehículo siniestrado era de su propiedad y posteriormente, al entrar en contradicciones, se supo que la camioneta en la que viajaba era propiedad de un contratista de la delegación a su cargo.

Recientemente el senador y exjefe de gobierno capitalino, Alejandro Encinas, anunció su intención de abandonar las filas del sol azteca, en lo que el presidente nacional de ese partido, Carlos Navarrete, ha minimizado la salida de Encinas y del también senador Mario Delgado, este último para incorporarse a las filas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

No solo en el PRD se cuecen habas. En el Partido Acción Nacional recientemente regresó como dirigente nacional, Gustavo Madero, quien es señalado por militantes de su partido de usar al instituto político para su beneficio personal y para mantenerse vigente.

Luego de eso, el saliente dirigente Ricardo Anaya Cortés, regresó a su curul en Cámara baja para incorporarse como coordinador del grupo parlamentario de su partido, y seguramente con la esperanza de que el albiazul lo postule como candidato a la primera magistratura de Querétaro en próximas elecciones.

Madero Muñóz abre un frente de crisis en la militancia de su partido, quien es señalado como el responsable de cerrarle las puertas a Margarita Zavala, en sus intenciones de posicionarse como candidata a una diputación federal plurinominal en las próximas elecciones federales del primer domingo de junio de este año.

En ambos casos es muy probable que el cálculo político de las dirigencias nacionales del PRD y del PAN, no sea lanzar las campanas al vuelo en los próximos comicios intermedios.

El PRD pagará muy cara la factura que le cobrará la ciudadanía y cabe la posibilidad que siga perdiendo antiguos bastiones electorales, como Zacatecas o Michoacán, al que podría sumársele algunas delegaciones políticas o quizás la mayoría en la Asamblea Legislatva del Distrito Federal.

Por su parte es muy probable que la militancia del partido albizaul le cobre a la dirigencia nacional, la ausencia de métodos democráticos que en otros tiempos caracterizó a ese instituto político, mediante el voto de castigo a los candidatos que pudiera imponer su dirigencia nacional y en castigo por no mantener equilibrios políticos, al otorgar una candidatura plurinominal al grupo del expresidente  Felipe Calderón, en la persona de Margarita Zavala.

Parece que son batallas políticas internas que pondrían en entre dicho el futuro mediato de dichos institutos, cuya guerra se enmarcaría por el poder.

A propósito de la guerra, hace 73 años que nuestro país participo por última vez en un conflicto armado internacional, cuando el Primer Ministro Winston Churchill era enterado por un ayudante de su Estado Mayor, que a mediados de mayo de 1942 un barco con bandera mexicana era hundido por un submarino alemán, lo que podría significar el enojo de México y el motivo suficiente para invocar su participación en la conflagración mundial encabezada por los aliados, entre ellos Sir Winston Churchill.

Para el 28 de mayo de 1942, la Cámara de Diputados aprobaba el decreto del presidente Manuel Ávila Camacho, luego de que Alemania hundiera dos navíos petroleros mexicanos -el “Potrero del Llano” y el “Faja de Oro”- iniciando a la única participación de México en las guerras mundiales. México envió una nota de protesta a los países del Eje por intermedio de la legación diplomática de Suecia, pero Alemania se negó a recibirla e Italia y Japón no contestaron. De fines de junio a principios de septiembre de ese año, los submarinos alemanes hundieron -en el Golfo de México-, 4 barcos más: Tuxpan, Las Choapas, Barco Oaxaca y Amatlán.

Como usted sabe, México participo con un escuadrón de aviones cuyos pilotos a su regreso, fueron recibidos por el Congreso en noviembre de 1944 como héroes. El diputado jalisciense Adalberto Ortega Huizar integró la comitiva que los recibió y los acompañó hasta el interior del recinto parlamentario, donde un nutrido aplauso de pie los ovacionó y reconoció.

A lo lejos, observaba Churchill acariciando a su mascota Dodo, -un perro bulldog ingles-, mientras fumaba un habano.

La cuesta política y económica de enero

En enero de 2011 el entonces secretario de Economía, Bruno Ferrari, decía que la cuesta de enero se trataba de un asunto cultural, el cual puede ser combatido si los ciudadanos adoptan un consumo inteligente y responsable para comparar precios y calidad de los productos y servicios.

Hoy en día, a 4 años de distancia y con una alternancia política en el gobierno federal, las cosas parecen ser las mismas, porque no sólo se trata de una cuesta económica de inicio de año, sino con unas proyecciones económicas que esperaríamos que fueran producto de una pesadilla.

Pero no sólo se trata de la cuesta económica que impacta en la economía de las familias mexicanas, sino la cuesta política producto de una poca o nula credibilidad en transparentar la relación de la política con el dinero.

Pues como consumidor responsable que es usted de la política mexicana, la cuesta que nos debe de pagar la clase politica consiste en la dotación de credibilidad al ciudadano, por la vía de la implementación del sistema anticorrupción, con controles para el ejercicio de los recursos públicos.

Si usted como particular es sujeto de investigación para autorizarle un crédito para la compra de un auto o bien inmueble, ¿porqué la clase política no está sujeta a un buró de crédito político, en donde se lleven contabilizados los compromisos asumidos en campaña y los cumplidos, los delitos, faltas, actos de corrupción y demás que han cometido por sí mismos o por medio de su descendencia, para decidirse por el mejor de los candidatos?.

Al presidente Juárez no sólo se le debe invocar en actos públicos, tambien se le debe imitar: “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.

El nuevo modelo de justicia

La media noche del viernes comenzó a operar en la ciudad de México, el nuevo modelo de sistema acusatorio, primeramente para delitos no graves, culposos o por querella.

En un evento en el monumento a los Niños Héroes, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, en compañía del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías Azar  y del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dieron el martillazo que impone los trabajos de este nuevo modelo de justicia.

Poco a poco este nuevo diseño substituirá en las entidades federativas al sistema inquisitorio o inquisitivo, vigente desde hace unos 150 años en nuestro país, en el que su principal característica es ser eminentemente escrito.

Lo importante de este viejo esquema es que dejará de funcionar para delitos no graves, culposos o por querella de por medio, y que en múltiples ocasiones este sistema inquisitivo fue el modelo ideal para la venganza política, la revancha de grupos de interés, o bien, meter a la cárcel a alguien totalmente inocente.

Por ejemplo, el regimen politico en turno pudo controlar a la disidencia política, con las manifestaciones de fraude en los procesos electorales de mediados del siglo XX. Imposible pensar en la alternancia política, menos en la crítica política. Así mismo, el regimen político con un sistema de justicia inquisitorio controló las manifestaciones de protesta de 1968 y 1971.

Más reciente el mismo sistema inquisitorio, -cómplice del régimen en turno-, evadió llevar ante la justicia a los responsables de la quiebra en que se encontraba el país en diciembre de 1988 y que implementó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, logrando rescatar empresas que algunas todavía subsisten y llevando a la quiebra a ciudadanos honestos quienes con lágimas en los ojos vieron cómo se deshacía su capital o sus bienes.

En estos hechos, se supone que el gobierno también adquiriría la cartera vencida de los ciudadanos insolventes de pagar sus deudas, no obstante eso, se supo que con posterioridad la cartera vencida fue vendida a la banca privada, y por tanto, cuando se presumía que las deudas habían sido pagadas por el Fondo, la realidad es que la banca siguió cobrando lo que ya había sido liquidado. Este podría ser, junto con los fraudes en las cajas populares en todo el país, el motivo por el cual la ciudadanía desconfía de sus autoridades en el más reciente fraude de ahorradores de Ficrea.

Es muy posible que exista responsabilidad de servidores públicos, porque no era la primera vez, -como dijimos líneas arriba-, de un fraude con recursos de ahorradores y por ende, la autoridad conoce los entre telones y vicios de las operadoras de fondos, como Ficrea, en donde se pone en tela de juicio la imparcialidad de la autoridad, al conocer de tiempo atrás las irregularidades de Ficrea y no advertir a los ahorradores o en el mejor de los casos, intervenir la operadora. Adivinó si pensó que detrás de este posible fraude se encuentra, claro está, el sistema inquisitorio de justicia, sumado a una deficiente dirección en la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios Financieros, una de ellas dirigida por el exprocurador de justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz, quien como titular de la justicia mexiquense no pudo encontrar a la niña Paulette debajo de su cama, seguramente debe conocer mucho de inteligencia financiera como para seguir la pista a cuantiosos depósitos y movimiento de dinero, incluyendo, las cuantiosas sumas producto de corrupción.

Mientras tanto, la ciudadanía esperamos que el asunto de los ahorradores defraudados por Ficrea, los moches en el Congreso, la corrupcion en Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Casa Blanca, el señalamiento que hace la regidora Lissette López Gordillo al Senador con licencia Ernesto Gándara Camou de tener un estrecho vínculo con Rafael Humberto Celaya, operador de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el señalamiento de personajes del PRD con pertenencia a la delincuencia, las acusaciones en contra de la maestra Elba Esther Gordillo, los señalamientos en contra del senador y líder petrolero Carlos Romero Deschamps, los automóviles de lujo, los relojes, departamentos en el extranjero y la vida de primer mundo que sólo puede ser posible, en algunos casos, producto de la corrupción e impunidad que laceran a la economía, subestiman la inteligencia y hieren la moral ciudadana, que puedan ser resueltos con este nuevo sistema.

Por eso, la prueba de fuego del nuevo modelo de justicia junto con el sistema anticorrupción por ser aprobado por el Congreso, podrían ser el encarcelamiento de los servidores públicos que tengan responsabilidad en el fraude a Ficrea así como sus directivos. Hemos visto imágenes en redes sociales que ofenden la inteligencia, en la que aparecen hijos o los mismos políticos gozando de viajes a lugares exóticos, a manera de turismo político, es decir, con cargo al erario público.

La desconexión en política

La generación de políticas públicas es un proceso creativo que se origina en las atribuciones que tiene encomendada alguna dependencia pública, en las que entre otras cosas, se estudia la conveniencia, desarrollo e impacto para la implementación de acciones en el servicio público, entre otras variables más.

Porque pareciera que el anuncio del secretario de Hacienda de recortar el gasto público, pudiera haber sido consecuencia de una deficiente política pública, en la que las estimaciones y proyecciones económicas no fueron suficientes para prever que en 2015 la situación económica no sea de prosperidad, como fue diseñado producto de la reforma energética y de la reforma hacendaria o fiscal.

Nuevamente el precio del petróleo situado en la línea de los 40 dólares por barril es el causante que las finanzas públicas tengan que ser actualizadas, con nuevas políticas públicas para hacer frente al faltante de ingresos para cubrir los gastos y compromisos del gobierno.

Por esta razón es que debería pensarse con seriedad la posibilidad de sustituir, -en un determinado porcentaje-, el ingreso que obtiene el gobierno por la venta de petróleo para complementarlo con alguna otra fuente de generación de ingresos.

Ojalá que esto no sea el motivo para que se deje de invertir en gasto social. Una propuesta que hizo el malogrado candidato Andrés Manuel López Obrador, es que se reduzcan las prestaciones de la burocracia dorada, consistente en teléfonos celulares, seguros de vida o viáticos de primer mundo y al mismo tiempo, que el Ejecutivo y el Congreso reduzcan los viajes de turismo político que no producen nada para el país.

Además de lo anterior, no se ve en el espectro político a algún servidor público defendiendo las bondades de la reforma energética, como fuente de generación de ingresos, cuando se ha anunciado que nuestro país comprará petróleo a Estados Unidos porque entonces, ¿dónde está el beneficio de la reforma energética si comenzaremos a importar crudo?

Otra mala decisión de política pública tiene que ver con las lagunas jurídicas que generaron una defraudación por 2,700 millones de pesos a 6 mil ahorradores de Ficrea, cuando la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su Unidad de Inteligencia Financiera o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no hayan detectado la movilización de cuantiosos fondos de una cuenta a otra, sin su intervención.

No hubo política pública que detectara el vacío jurídico para permitir a Rafael Amezcua, dueño de Ficrea y ahora buscado con ficha roja por la Interpol, que dejara en cero las cuentas de los ahorradores para retirarlas y depositar sus recursos en sus cuentas individuales. Esto podría ser una responsabilidad incluso penal.

A lo anterior podría sumársele una broma de mal gusto que lanzaron a la opinión pública y opinar sobre una iniciativa del diputado Alfredo Zamora García, para elevar de 11 a 21 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Parece una broma de mal gusto porque se envía el mensaje de que en México, la clase política está desconectada de la ciudadanía, -como lo dijera el embajador de Holanda- y no parece que se comprenda que la percepción ciudadana es de enojo y molestia por el estado en que se encuentra la economía, la inseguridad o la ausencia de justicia por la inacción de la clase política, como para tomarle opinión sobre el aumento de integrantes de un Poder, que su desempeño no ha estado a la altura de las circunstancias que ha demandado el país.

La posible inacción en el desempeño de las atribuciones de la autoridad es el motivo por el cual fallaron los servicios de inteligencia para detectar las anomalías del presidente municipal de Iguala en Guerrero y sus consecuencias.

No hay política pública que justifique la inacción de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, salvo que un interés superior lo motive para hacerlo.

Por eso es que el desencanto de la ciudadanía con el desempeño de la clase política llega a la crítica, al desprecio, la descalificación y en algunas ocasiones que no son justificadas, a la ofensa y agresión.

Pero mientras persista la desconexión entre los que idean y aprueban la implementación de políticas públicas con la ciudadanía, no podrá prosperar la economía, la seguridad o la justicia y muy seguramente, el respeto hacia la autoridad.

El mensaje del Presidente

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió un mensaje a la nación en el que destacó siete acciones a favor de la economía y previo a su partida a Washington, D.C. para entrevistarse con el presidente Barack Obama.

Dijo que este año que inicia bajarán las tarifas de energía eléctrica; que no habrá más gasolinazos; que se dejará de pagar las llamadas de larga distancia de telefonía; que 10 millones de familias recibirán una televisión digital; que se dará mayor impulso al programa de jóvenes emprendedores y que se aplicará un programa de vivienda y se reativará la zona económica de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

El impacto de esta noticia fue recibida de manera ordinaria entre la opinión pública. Parece que mientras para la ciudadanía las mejores en su economía son a largo plazo y por sólo unos cuántos pesos, los beneficios para la clase política son de corto alcance y en abundancia.

Al día siguiente los periódicos de grupo Reforma, publicaban en portada los finos y recatados gustos en relojes del dirigente del PRI Nacional, César Camacho Quiróz; el hijo del presidente municipal de Ecatepec en el Estado de México, presumía en su perfil de Facebook las “vacas gordas” en viajes por el mundo y el vehículo de lujo de la esposa de un edil en Oaxaca era mostrado en redes sociales.

Los anteriores son algunos ejemplos de formas de vida que no compaginan con los ahorros que pretende el gobierno federal en energía, llamadas de teléfono, vivienda o televisiones que dijo el Ejecutivo Federal que comenzará a rendir frutos producto de sus reformas.

Pero la reforma que podría ser bien vista por la ciudadanía es la de anticorrupción, siempre y cuando en la integración del órgano anticorrupción, no sea dirigida o integrada por personaje alguno de la clase política, sino por ciudadanos o académicos sin vínculo político o partidista.

Y ahora que se acercan las campañas electorales, la credibilidad es un bien intangible que se gana en abonos pero que con facilidad se pierde de contado.