La
generación de políticas públicas es un proceso creativo que se origina en las
atribuciones que tiene encomendada alguna dependencia pública, en las que entre
otras cosas, se estudia la conveniencia, desarrollo e impacto para la
implementación de acciones en el servicio público, entre otras variables más.
Porque
pareciera que el anuncio del secretario de Hacienda de recortar el gasto
público, pudiera haber sido consecuencia de una deficiente política pública, en
la que las estimaciones y proyecciones económicas no fueron suficientes para
prever que en 2015 la situación económica no sea de prosperidad, como fue
diseñado producto de la reforma energética y de la reforma hacendaria o fiscal.
Nuevamente
el precio del petróleo situado en la línea de los 40 dólares por barril es el
causante que las finanzas públicas tengan que ser actualizadas, con nuevas
políticas públicas para hacer frente al faltante de ingresos para cubrir los
gastos y compromisos del gobierno.
Por
esta razón es que debería pensarse con seriedad la posibilidad de sustituir, -en
un determinado porcentaje-, el ingreso que obtiene el gobierno por la venta de
petróleo para complementarlo con alguna otra fuente de generación de ingresos.
Ojalá
que esto no sea el motivo para que se deje de invertir en gasto social. Una
propuesta que hizo el malogrado candidato Andrés Manuel López Obrador, es que
se reduzcan las prestaciones de la burocracia dorada, consistente en teléfonos
celulares, seguros de vida o viáticos de primer mundo y al mismo tiempo, que el
Ejecutivo y el Congreso reduzcan los viajes de turismo político que no producen
nada para el país.
Además
de lo anterior, no se ve en el espectro político a algún servidor público
defendiendo las bondades de la reforma energética, como fuente de generación de
ingresos, cuando se ha anunciado que nuestro país comprará petróleo a Estados
Unidos porque entonces, ¿dónde está el beneficio de la reforma energética si
comenzaremos a importar crudo?
Otra
mala decisión de política pública tiene que ver con las lagunas jurídicas que
generaron una defraudación por 2,700 millones de pesos a 6 mil ahorradores de
Ficrea, cuando la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su Unidad de
Inteligencia Financiera o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no hayan
detectado la movilización de cuantiosos fondos de una cuenta a otra, sin su
intervención.
No
hubo política pública que detectara el vacío jurídico para permitir a Rafael
Amezcua, dueño de Ficrea y ahora buscado con ficha roja por la Interpol, que
dejara en cero las cuentas de los ahorradores para retirarlas y depositar sus
recursos en sus cuentas individuales. Esto podría ser una responsabilidad
incluso penal.
A
lo anterior podría sumársele una broma de mal gusto que lanzaron a la opinión
pública y opinar sobre una iniciativa del diputado Alfredo Zamora García, para
elevar de 11 a 21 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Parece
una broma de mal gusto porque se envía el mensaje de que en México, la clase
política está desconectada de la ciudadanía, -como lo dijera el embajador de
Holanda- y no parece que se comprenda que la percepción ciudadana es de enojo y
molestia por el estado en que se encuentra la economía, la inseguridad o la
ausencia de justicia por la inacción de la clase política, como para tomarle
opinión sobre el aumento de integrantes de un Poder, que su desempeño no ha
estado a la altura de las circunstancias que ha demandado el país.
La
posible inacción en el desempeño de las atribuciones de la autoridad es el motivo
por el cual fallaron los servicios de inteligencia para detectar las anomalías
del presidente municipal de Iguala en Guerrero y sus consecuencias.
No
hay política pública que justifique la inacción de la autoridad en el ejercicio
de sus funciones, salvo que un interés superior lo motive para hacerlo.
Por
eso es que el desencanto de la ciudadanía con el desempeño de la clase política
llega a la crítica, al desprecio, la descalificación y en algunas ocasiones que
no son justificadas, a la ofensa y agresión.
Pero
mientras persista la desconexión entre los que idean y aprueban la
implementación de políticas públicas con la ciudadanía, no podrá prosperar la
economía, la seguridad o la justicia y muy seguramente, el respeto hacia la
autoridad.
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