De Informe de gobierno a problema de Estado

En el marco de la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, que abarca a ambas Cámaras, el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario de Gobernación, presentará el informe de la administración a su cargo, correspondiente al tercer año de Gobierno.

El informe contiene las acciones derivadas del Plan Nacional de Desarrollo, como documento rector y generador de políticas públicas, que se auxilia de los Programas Sectoriales de cada Secretaría de Estado, que articulan estas las políticas que son impulsadas por el Presupuesto de Egresos.

Pasada la expectativa política previa al nombramiento de nuevos titulares en siete Secretarías de Estado y tres áreas sustantivas de la administración pública federal, las circunstancias económicas, -principalmente-, quizás no permitan visualizar el impacto de las once reformas estructurales, sobre todo en lo que concierne a la reforma energética, en cuyo análisis se colocaron altas expectativas para la captación de ingresos y estar en mejores condiciones en la paridad peso -  dólar así como el precio del barril de petróleo.

No creo que haya algún servidor público en el Gobierno Federal que tenga deseos que le vaya mal al país y que no ponga sus mejores esfuerzos en producir mejores resultados, sobre todo en política económica y social, que es donde es posible medir su impacto con los documentos rectores arriba citados.

El Índice Democrático de los Gobiernos en América Latina que presenta el rotativo The Economist Intelligence Unit coloca a México en el séptimo lugar de un total de veinte, en el que señala algunas vulnerabilidades en libertades políticas y civiles.

No obstante lo anterior, la numeralia que presenta el Informe de Gobierno pudiera verse opacada por los escándalos que trascienden y es necesario colocarlos en un plano de crítico, preferentemente de autocrítica por la clase política del país.

Trasciende cuando se trata de libertades políticas y civiles a que se refiere el informe de The Economist, persisten casos que comprometen seriamente la violación de derechos humanos en México, como Tlatlaya, Ayotzinapa, o Tanhuato, en el que se ven involucrados elementos de alguna corporación de seguridad o de las fuerzas armadas o que hay complicidad en la autoridad para no investigar.

Va más allá cuando en países de primer mundo, -a los que aspiramos en los discursos políticos-, nos tienen en un concepto de salvajes, por el grado de crueldad y sanguinario con el que se cometen delitos del alto impacto, sin que el Estado retome las riendas de la seguridad en el país. Prueba de ello son los casi 25 mil muertos en lo que va del sexenio.

Molesta cuando no hay un ejercicio de autocrítica y de reconocimiento a un proceder a todas luces incorrecto o inmoral, como por ejemplo, la licitación del tren México – Querétaro, la Casa Blanca y Malinalco, la fuga del Chapo, la exoneración del PVEM, los audios de OHL, reporte CONEVAL y los dos millones de personas en pobreza, la impopular designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, corrupción en PEMEX y CFE, los Congresos de Puebla, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Baja California que aprobaron leyes antibronco que violan libertades políticas y civiles, etcétera.

El fondo del conflicto de interés

En una conferencia de prensa de poco más de dos horas, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) Virgilio Andrade, trató de explicar a la opinión pública, que el Presidente de la República, su esposa, y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, no incurrieron en el señalado conflicto de interés, en la adquisición de la casa blanca y de la casa de Malinalco.

El principal argumento que ofreció Andrade, consistió en señalar que los bienes se adquirieron con anterioridad, a que Peña Nieto asumiera la titularidad del Poder Ejecutivo, es decir, cuando fue Gobernador del Estado de México. Por cuanto a Luis Videgaray, dijo que se trataba de un crédito hipotecario.

Aún cuando el marco normativo anticorrupción es deficiente, las fracciones XI y XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, señalan el conflicto de interés y la abstención de aceptar bienes muebles o inmuebles.

El titular de la Función Pública debió de dispensar su participación, en virtud a la relación laboral y profesional, que sostiene con el titular del Poder Ejecutivo y del Secretario de Hacienda y por la insuficiente legislación en la materia.

El también exconsejero del IFE debió de informarlo a su superior para efecto de abstenerse en la atención de este asunto, y por tanto, el dictamen presentado por Andrade pudiera ser inválido, cuando su superior jerárquico es el sujeto de investigación.

Por cuanto a la actriz Angélica Rivera, el razonamiento que funda la sospecha de una investigación sesgada y parcial, -consiste entre otras cosas-, en cuestionar cómo es que una actriz de mediana trascendencia, acumula en 6 años una riqueza muy superior al mejor artista mexicano, de Hollywood o de Cannes, para adquirir una residencia de un precio que oscila los 7 millones de dólares.

La presunta investigación de la SFP adoleció de formas y fondo. El portal de la Función Pública no señaló la metodología en la que se basó para realizar la investigación, se presentaron dichos en base a búsquedas de internet, y Andrade no contestó a la pregunta expresa si interrogó a Juan Armando Hinojosa, propietario de la casa blanca.

Además en una rápida estrategia de control de daños, el titular del Poder Ejecutivo Federal pidió disculpas a nombre propio y de su esposa, por las interpretaciones que dejaban entrever la posibilidad de un conflicto de intereses, al que le siguió el titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso.

El momento político para presentar estas disculpas no eran los mejores, toda vez que fueron ofrecidos en los momentos más álgidos en los que la opinión pública volcaba su crítica en redes sociales. No sólo esto, sino que en ese mismo día el nuevo presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, llamaba a su militancia a la autocrítica y que no concordaba con el contenido de la información dada a conocer por Virgilio Andrade.

Por otra parte y mientras que en países de América Latina con más carencias sociales que México, persiguen la corrupción y detienen a sus autoridades, en lo que Virgilio Andrade exoneraba al Presidente de México, en Guatemala la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, era arrestada por su presunta vinculación con el caso de corrupción en las aduanas, en la crisis que afronta el presidente Otto Pérez Molina de ese país.

En México, parece que el único conflicto de interés, es el que el Gobierno tiene con sus gobernados.

Condenan 31 años de cárcel por desaparición forzada

El artículo 215-B del Código Penal Federal es el que tipifica el delito de desaparición forzada en nuestro país, pudiendo el juzgador imponer una pena máxima de cuarenta años de prisión.

Sin embargo, en el caso del subteniente del Ejército Mexicano que el juez Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León le dictó auto de formal prisión por 31 años, dice que quedó demostrado que la víctima fue privada, y sigue en calidad de desaparecido, por el procesado.

La desaparición forzada es un delito que por su complejidad, supone la violación de varios derechos humanos y que se convierte en un delito de lesa humanidad.

Este tipo de delito se encuentra prescrito en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y comprende una serie de conductas tipificadas, como lo son tortura, violación, prostitución, cárcel o persecución por motivos políticos, asesinato y otros más.

Es un delito que por cuyas características puede acumularse y concursar con otros delitos y que puede comprometer al Estado, como garante del bien jurídico tutelado transgredido como es, el derecho a la vida, a la libertad y seguridad personal, a la libertad de opinión, entre otros.

Es llamado de lesa humanidad porque en su materialización concurre la violencia en sus diferentes modalidades en cuyas formas y naturaleza ofende y agravia a la sociedad por el grado de materialización y de odio impreso.

El caso del Subteniente del Ejército Mexicano abre la posibilidad de afirmar que en México, se cometen graves violaciones a los derechos humanos, cuyas características se ajustan a la desaparición forzada, como un delito de lesa humanidad.

En esta situación se encuentra los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, próximo a un año de su desaparición; los hechos de Tlatlaya en el estado de México, así como los cadáveres encontrados en el rancho “El Sol” en el municipio de Tanhuato en Michoacán, en cuyos hechos se cierne la sospecha de un delito lesa humanidad, no por la desaparición, sino por la posibilidad de haberse realizado ejecuciones sumarias.

Si bien es cierto que la sentencia del Juez Primero en Nuevo León deslindó a la Secretaría de la Defensa Nacional de los hechos, no puede evadir como una generalidad, e incorporarlo en una posible responsabilidad del Estado Mexicano, ya que el elemento castrense pertenece a un cuerpo de fuerza armada que defiende los intereses del Estado, quien se encuentra sometido a leyes y tratados internacionales, como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en su actuación y por tanto podría ser sujeto de sanciones internacionales.

En el tema de Ayotzinapa, la cancillería mexicana realizó intensos cabildeos ante organismos internacionales para minimizar la responsabilidad del Estado Mexicano. Aquí cobra relevancia la participación de ONG´s y de defensores de los derechos humanos, quienes por su conducto presionaron a organismos de derechos humanos para deslindar responsabilidades.

Por su impacto en la sociedad y sus modos de ejecución que violan un catálogo de derechos humanos, la desaparición forzada se trata de un asunto de seguridad nacional, que compromete los objetivos nacionales del Estado Mexicano que se encuentran intrínsecos en la serie de derechos integrados a la parte dogmática de la Constitución.

En ciencia política, es un problema que involucra a uno de los elementos tradicionales del Estado: el gobierno, ya que de él depende el monopolio de la violencia, -tesis principal de Max Weber para atribuirle al Estado la función de seguridad, cuyos beneficiarios son el ciudadano y la sociedad.

Por lo que respecta al gobierno en su más amplia expresión, significa que no sólo se involucra al titular de las funciones ejecutivas, sino a quienes ejerzan las funciones legislativa y judicial, integrados al estado de derecho. En otras palabras, le compete al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, como integrantes del Supremo Gobierno y a su vez en los Estados, ejercer lo que el derecho les atribuye para garantizar que el monopolio de la violencia sirva, de manera regulada, para dotar de seguridad al ciudadano y la sociedad a la cual se encuentra integrada.

La falta de legalidad es lo que impidió investigar los hechos de desapariciones forzada de la guerra sucia de la década de los 70’s cuyo cálculo de desaparecidos se desconoce a ciencia cierta. Por eso en 2003 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó una sentencia sobre la desaparición forzada, -cuyo delito no prescribe-, en tanto la víctima no sea hallada. Esta histórica sentencia está relacionada con la desaparición de Jesús Piedra Ibarra en 1975 y que genera jurisprudencia para los cientos de casos producidos con motivo de la guerra sucia en México.

Una estadística más reciente afirma que entre 2006 y 2013, la PGR y las Procuradurías o Fiscalías de los Estados registraron 291 averiguaciones por el delito de desaparición forzada, de las cuáles, sólo seis concluyeron en sentencia condenatoria.

Ahora bien, el Código de Justicia Militar se reformó recientemente para que los militares que hayan cometido algún delito en el ejercicio de sus funciones, compurguen una pena en cárceles castrenses. Esto no asegura que la punibilidad sea un factor determinante para que inhibir el delito entre los militares. Lo mejor sería que militares y marinos fueran paulatinamente retirados de las calles, y en su lugar, las fuerzas de seguridad de las Entidades asuman el control de la seguridad pública, pero como sabemos que algunas fueron penetradas por el brazo corruptor de la delincuencia, es que se justifica la participación de las fuerzas militares en la seguridad pública. Todo un círculo vicioso.

Esta sentencia podría ser el momento propicio para dar un golpe de timón y rediseñar la política de seguridad y de derechos humanos, para aminorar los efectos de la desaparición forzada en México, aunque la clase política cierre los ojos o voltee a ver a otro lado.

Calificados y descalificados

El fin de semana pasado tuvo lugar la elección interna para renovar la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), cuyo vencedor resultó el queretano Ricardo Anaya Cortés, frente al senador con licencia, Javier Corral Jurado, que posiciona al grupo político de su expresidente, Gustavo Madero Muñóz, y quien seguramente será el coordinador de los diputados federales panistas en la conformación de la LXIII Legislatura de la Cámara baja.

Mientras tanto, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se registraron como candidatos únicos, Manlio Fabio Beltrones y Carolina Monroy, en lo que se ha denominado como un triunfo de la militancia priísta, frente al primer priísta del país y su grupo compacto político.

En el Partido de la Revolución Democrática (PRD), su actual dirigente, Carlos Navarrete Ruíz, ha pedido a su Consejo Nacional que designen a una nueva dirigencia y ya hay varios interesados en ocupar las diversas carteras.

Ellos, Anaya, Beltrones y el que resulte electo en el PRD, serán los que dirijan los destinos de sus partidos, con miras a las elecciones para renovar gobernador en las elecciones locales de 2016 en los estados de Aguascalientes, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Pero es posible que la autoridad electoral no tenga la autoridad, -moral por supuesto-, que se requiere para organizar los procesos electorales en estas 12 Entidades Federativas,  ya que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) perdonó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la serie de ilegalidades preelectorales, electorales y poselectorales, suficientes para retirarle el registro.

El principal argumento para desistir de dicha pena, provino de un desafortunado comentario del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien dijo que por los actos del PVEM “no puso en riesgo la democracia…”. Sin embargo, si consideramos a la democracia integrada al estado de derecho, el PVEM violó todo lo posible para obtener un beneficio, y por tanto, el razonamiento de Córdova Vianello es absurdo.

Además, el Presidente del INE dijo que sancionar al PVEM con 600 millones de pesos opacaba los señalamientos de impunidad y falta de castigo. Dijo que la pérdida del registro sería equiparable a la nulidad de la elección, como si todo ese dinero fuera suficiente para borrar las ilegalidades.

Por su parte y en abono a lo dicho por Córdova, la consejera Adriana Fabela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, reiteró que las ilegalidades cometidas por el Verde “no son de gravedad extrema que conduzca a su desaparición…”.

Este Consejo General no se ha caracterizado por ser organizado o previsor, ya que desde enero de este año rumbo a la jornada electoral del 7 de junio pasado, los sistemas de cómputo presentaron deficiencias en los sistemas de nómina, de captura de ciudadanos, en la primera insaculación e incluso, advirtiendo de la probabilidad en fallar el PREP al consejero Ciro Murayama con tiempo suficiente, quien minimizó y subestimó el dicho.

La democracia no sólo comprende los actos preparatorios y el de la jornada electoral, como algunos ignorantemente usan como argumento para desviar el tema. En su más amplia expresión compromete una serie de valores políticos, económicos y sociales, en un sistema cuyo campo social se encuentra vulnerado y cuyos actos de dicha autoridad vienen a enrarecer el ambiente político a favor de los partidos políticos.

Perdonan al PVEM

En sesión del miércoles pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) perdonó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la serie de ilegalidades preelectorales, electorales y poselectorales, suficientes para retirarle el registro.

La petición de retiro de registro vino de poco más de 150 mil ciudadanos encabezados por los catedráticos Sergio Aguayo y Denise Dresser, así como el ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, Eduardo Huchim, que demandaron a los Consejeros del INE imponer la máxima pena, prevista en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, cuyas conductas incurrieron en prácticas graves y sistemáticas al desarrollo del proceso electoral, sin embargo y en una votación dividida, 7 de los Consejeros votaron a favor del dictamen que dejaba de imponer dichas sanciones y 4 de ellos en contra.

En un desafortunado comentario, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, dijo que los actos del PVEM “no puso en riesgo la democracia…”. Sin embargo, si consideramos a la democracia integrada al estado de derecho, el PVEM violó todo lo posible para obtener un beneficio, y por tanto, el razonamiento de Córdova Vianello es obsoleto y sin argumento.

Por su parte, la consejera Adriana Fabela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, reiteró que las ilegalidades cometidas por el Verde “no son de gravedad extrema que conduzca a su desaparición…”.

Por lo que respecta al Consejero Presidente, no es la primera vez que presenta un desvarío en público. En mayo pasado, previo a la jornada electoral, Córdova Vianello dijo una serie de improperios maleducados respecto de los indigenas en México, lo que le valió una serie de críticas.

Además, dijo que sancionar al PVEM con 600 millones de pesos opacaba los señalamientos de impunidad y falta de castigo. Dijo que la pérdida del registro sería equiparable a la nulidad de la elección.

Este Consejo General no se ha caracterizado por ser organizado o previsor. Desde enero de este año, Consejeros Distritales advirtieron a las autoridades de oficinas centrales, que los sistemas de cómputo presentaban fallas constantes, en los sistemas de nómina, de captura de ciudadanos, primera insaculación e incluso, advirtiendo de la probabilidad en fallar el PREP presentando fallas en la jornada electoral al alterar cifras en un 100.50% , no obstante lo anterior, y avisado que fue el consejero Ciro Murayama con tiempo suficiente, minimizó y subestimó lo dicho por los Consejeros.

No sólo eso. Recientemente el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña ha sido señalado de hostigamiento sexual por una académica excolaboradora del servidor público del citado Consejo General, aún cuando el sentido de su voto fue rechazando los términos del dictamen.

Qué terribles conductas y mensajes han enviado. Por una parte, los dichos menospreciando a los indígenas, por otra parte el hostigamiento sexual de uno de sus integrantes y por último, la sumisión a un partido político que en coalición con el partido gobernante, llegará moralmente descalificado a integrar la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Lo más grave de este tema, son los apotegmas pronunciados por los Consejeros y que se encuadran en diversos temas. Por ejemplo, lo dicho por la Consejera Fabela, en el sentido que las faltas del PVEM “no son de gravedad...”, pues entonces que nos explique qué es la gravedad y cuál es su concepto de ello.

El PVEM incurrió en colocación de propaganda en lugares prohibidos, obsequio de boletos para funciones de cine, mensajes promocionales en salas cinematográficas, infomerciales de sus candidatos, mensajes por tuiter de artistas y deportistas, entre otras muchas más faltas, una y otra vez, a lo largo y ancho de todo el país.

El escándalo más reciente de los deportistas lo protagonizó, Miguel Herrera “El Piojo” exdirector técnico de la selección mexicana de futbol, quien fue citado a declarar por la Sala Regional del TRIFE, por haber enviado un tuit el día de la jornada electoral, con un mensaje evidentemente político partidista a favor del PVEM.

La democracia no sólo comprende los actos preparatorios y el de la jornada electoral, como algunos ignorantemente usan como argumento para desviar el tema. En su más amplia expresión compromete una serie de valores políticos, económicos y sociales, en un sistema cuyo campo social se encuentra vulnerado por la impunidad con el que se conducen personajes políticos que sin recato, menos vergüenza, cometen cualquier ilegalidad o delito.

Consecuencias de la fuga del Chapo Guzmán

El pasado 11 de julio se cumplirá el primer mes de la nueva fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de una cárcel mexicana de máxima seguridad, con un sin fin de hipótesis sobre la forma, que van desde la complicidad de las autoridades, así como una serie de hipótesis tácticas operativas, que lograron su cometido.

Hasta el momento hay siete custodios del penal consignados y sospechosamente ningún mando medio o superior, cuando es notorio que tuvo que haber participado la corrupción en distintos niveles del sistema carcelario mexicano. Sólo el ex Jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Ramón Pequeño García, fue removido de ese cargo y, -a manera de burla para la ciudadanía-, colocado como director de la policía científica de la misma dependencia federal, en una simulación mediática.

Parece que las investigaciones no se han extendido más que al primer círculo de custodia del capo, omitiendo por cualquier motivo, seguir la cadena de autoridad.

No sólo es esto. En el plano de la política exterior, se le han generado varios frentes de crisis al gobierno mexicano. En primer lugar, por la ausencia de embajador mexicano en Washington que de las explicaciones necesarias a las agencias de seguridad norteamericanas, cuyo espacio se encuentra vacante desde hace meses, luego de la designación de Eduardo Medina Mora, como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente hay un rumor que señala a Miguel Basañez, como próximo embajador y que fue colaborador de Alfredo Del Mazo, ex gobernador del Estado de México.

Luego, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Pérez Verdía, afirmó inocentemente que la fuga del capo no afectaría la relación con el vecino país del norte.

En segundo lugar, se ha ventilado a la opinión pública, la remoción del titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido Garcia. Los nombres mencionados para sustituirlo son Renato Sales, Roberto Campa y Enrique Galindo.

En tercer lugar, la PGR ha girado directriz para negar solicitudes de información relativas al tema de tráfico de armas, en reciprocidad a la negativa que el Gobierno mexicano ha recibido de la Oficina del gobierno norteamericano para Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos e interrogar detenidos en ese país.

Por último, en 2009 los cables Wikileaks señalaban que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) “carece de la capacidad para dirigir con efectividad el proceso (de inteligencia) entre dependencias, particularmente cuando se incluye a gigantes institucionales como la SSPF […] La incapacidad del CISEN para funcionar hasta ahora como un líder real en las operaciones de inteligencia y análisis, ha dejado a México sin un coordinador intergubernamental efectivo”.

No es un tema de buena relación ni de amistad. Es un tema de confianza mutua, en el que las autoridades mexicanas parece que no ponen lo que corresponde a su parte, para establecer niveles de seguridad.

Prueba de ello es que un par de semanas después de fugarse, es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la PGR hayan comenzado a participar con sus oficios por ley, para menoscabar la capacidad financiera o inmobiliaria, ésta última a través de la figura conocida como extinción de dominio, que merme seriamente la capacidad económica de la organización de Guzmán Loera. Quizás esta sea una de las razones que hayan causado molestia en las agencias norteamericanas.

Así que: “El que tenga oídos para oír, que oiga y el que tenga ojos para ver, que vea” la evidente reacción de Washington a la fuga de Guzmán Loera, y que seguramente las agencias norteamericanas aprovecharán los errores cometidos para generar condiciones a su favor, que se conviertan en una reconfiguración de la seguridad mexicana.

La batalla por los secretos

Parece que los cables de Wikileaks en 2009 cobran nuevamente vigencia, al señalar que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) “carece de la capacidad para dirigir con efectividad el proceso (de inteligencia) entre dependencias, particularmente cuando se incluye a gigantes institucionales como la SSPF […] La incapacidad del CISEN para funcionar hasta ahora como un líder real en las operaciones de inteligencia y análisis, ha dejado a México sin un coordinador intergubernamental efectivo”.

El modelo institucional que esta administración implementó para las funciones del CISEN incluye, reincorporarse a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) por la vía de la Comisión Nacional de Seguridad, es decir, una concentración de poderes al eliminar la Secretaría de Seguridad Pública, invocada recientemente con motivo de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La recopilación de información y su procesamiento, a fin de aportar análisis y diagnósticos a los tomadores de decisiones, son funciones del CISEN, pero distintas de las funciones policiales a cuya naturaleza pertenece la Policía Federal.

Al CISEN le asignaron la tarea de vigilar los centros penitenciarios, desplazando al ejército de estas funciones, y por tanto, el poder civil se encontraba vulnerado a la corrupción.

A pesar del anuncio al inicio de este sexenio que hizo Manuel Mondragón, ex Comisionado Nacional de Seguridad, Plataforma México no se desmanteló del todo. Diseñada como una gran base de datos criminal para desplegar en tiempo real información proveniente de los C-4 de las policías de los Estados, Plataforma México siguió informando al siguiente nivel de autoridad, sobre los movimientos de los criminales.

A lo anterior debe sumársele la nula experiencia del titular del CISEN, Eugenio Imaz, quien parece que no ha sabido estar a la altura para sostener un sistema de inteligencia y contrainteligencia civil, capaz de generar información para ser consumida por las instancias de seguridad nacional que la Ley establece: Defensa, Marina, Relaciones Exteriores, Hacienda y la misma SEGOB.

Quizás Imaz no sea el responsable del malogrado estado en que se encuentre la inteligencia en México, cuyos consumidores de información parece que no confían en los productos generados por el CISEN, pero debería informarle al presidente, el verdadero estado en que se encuentra la inteligencia mexicana.

Ejemplos sobran. La Agenda Nacional de Riesgos (ANR) producida por el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, debió prever escenarios políticos y sociales, como Tlatlaya, Ayotzinapa u Ostula, para evitar su realización o aminorar sus consecuencias a la mínima expresión. Esta ANR es el documento que identifica riegos y amenazas a la seguridad nacional.

La corrupción, como lo advirtió el Secretario de Defensa al señalarlo como problema de seguridad nacional, no debió permear en mandos medios o superiores que relajaron la disciplina y consintieron el escape de Guzmán Loera. Es más, ni siquiera el CISEN debió de hacerse cargo, ya que se desvió la naturaleza de sus funciones.

Luego entonces, si en la ANR no están contemplados con base al análisis de la información, los eventos que puedan generar crisis, políticas, económicas o sociales, es que alguien en la cadena de consumo de información no hizo bien su trabajo, y por omisión,  no se advirtió del riesgo que representaba el contenido de la información, o bien, fue subestimada como si se tratara de una reunión de amigos de preparatoria, y por tanto, solamente se le dio un valor por la conveniencia política de divulgarla.

Aquí se incluye al Poder Legislativo, como corresponsable por Ley del consumo de esta información.