Parece que los cables de Wikileaks en
2009 cobran nuevamente vigencia, al señalar que el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN) “carece de la
capacidad para dirigir con efectividad el proceso (de inteligencia) entre
dependencias, particularmente cuando se incluye a gigantes institucionales como
la SSPF […] La incapacidad del CISEN para funcionar hasta ahora como un líder
real en las operaciones de inteligencia y análisis, ha dejado a México sin un
coordinador intergubernamental efectivo”.
El modelo institucional que esta
administración implementó para las funciones del CISEN incluye, reincorporarse
a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) por la vía de la Comisión Nacional de
Seguridad, es decir, una concentración de poderes al eliminar la Secretaría de
Seguridad Pública, invocada recientemente con motivo de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La recopilación de información y su
procesamiento, a fin de aportar análisis y diagnósticos a los tomadores de
decisiones, son funciones del CISEN, pero distintas de las funciones policiales
a cuya naturaleza pertenece la Policía Federal.
Al CISEN le asignaron la tarea de vigilar
los centros penitenciarios, desplazando al ejército de estas funciones, y por
tanto, el poder civil se encontraba vulnerado a la corrupción.
A pesar del anuncio al inicio de este
sexenio que hizo Manuel Mondragón, ex Comisionado Nacional de Seguridad,
Plataforma México no se desmanteló del todo. Diseñada como una gran base de
datos criminal para desplegar en tiempo real información proveniente de los C-4
de las policías de los Estados, Plataforma México siguió informando al
siguiente nivel de autoridad, sobre los movimientos de los criminales.
A lo anterior debe sumársele la nula
experiencia del titular del CISEN, Eugenio Imaz, quien parece que no ha sabido
estar a la altura para sostener un sistema de inteligencia y contrainteligencia
civil, capaz de generar información para ser consumida por las instancias de
seguridad nacional que la Ley establece: Defensa, Marina, Relaciones
Exteriores, Hacienda y la misma SEGOB.
Quizás Imaz no sea el responsable del
malogrado estado en que se encuentre la inteligencia en México, cuyos
consumidores de información parece que no confían en los productos generados
por el CISEN, pero debería informarle al presidente, el verdadero estado en que
se encuentra la inteligencia mexicana.
Ejemplos sobran. La Agenda Nacional de
Riesgos (ANR) producida por el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad
Nacional, debió prever escenarios políticos y sociales, como Tlatlaya, Ayotzinapa
u Ostula, para evitar su realización o aminorar sus consecuencias a la mínima
expresión. Esta ANR es el documento que identifica riegos y amenazas a la seguridad
nacional.
La corrupción, como lo advirtió el
Secretario de Defensa al señalarlo como problema de seguridad nacional, no
debió permear en mandos medios o superiores que relajaron la disciplina y consintieron
el escape de Guzmán Loera. Es más, ni siquiera el CISEN debió de hacerse cargo,
ya que se desvió la naturaleza de sus funciones.
Luego entonces, si en la ANR no están
contemplados con base al análisis de la información, los eventos que puedan
generar crisis, políticas, económicas o sociales, es que alguien en la cadena
de consumo de información no hizo bien su trabajo, y por omisión, no se advirtió del riesgo que representaba el
contenido de la información, o bien, fue subestimada como si se tratara de una
reunión de amigos de preparatoria, y por tanto, solamente se le dio un valor
por la conveniencia política de divulgarla.
Aquí se incluye al Poder Legislativo,
como corresponsable por Ley del consumo de esta información.
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