El fin de semana pasado tuvo lugar la
elección interna para renovar la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN),
cuyo vencedor resultó el queretano Ricardo Anaya Cortés, frente al senador con
licencia, Javier Corral Jurado, que posiciona al grupo político de su
expresidente, Gustavo Madero Muñóz, y quien seguramente será el coordinador de
los diputados federales panistas en la conformación de la LXIII Legislatura de
la Cámara baja.
Mientras tanto, en el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), se registraron como candidatos únicos,
Manlio Fabio Beltrones y Carolina Monroy, en lo que se ha denominado como un
triunfo de la militancia priísta, frente al primer priísta del país y su grupo
compacto político.
En el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), su actual dirigente, Carlos Navarrete Ruíz, ha pedido a su
Consejo Nacional que designen a una nueva dirigencia y ya hay varios
interesados en ocupar las diversas carteras.
Ellos, Anaya, Beltrones y el que resulte electo
en el PRD, serán los que dirijan los destinos de sus partidos, con miras a las
elecciones para renovar gobernador en las elecciones locales de 2016 en los
estados de Aguascalientes, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Pero es posible que la autoridad
electoral no tenga la autoridad, -moral por supuesto-, que se requiere para
organizar los procesos electorales en estas 12 Entidades Federativas, ya que el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) perdonó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
la serie de ilegalidades preelectorales, electorales y poselectorales,
suficientes para retirarle el registro.
El principal argumento para desistir de
dicha pena, provino de un desafortunado comentario del consejero presidente
Lorenzo Córdova Vianello, quien dijo que por los actos del PVEM “no puso en riesgo la democracia…”. Sin
embargo, si consideramos a la democracia integrada al estado de derecho, el
PVEM violó todo lo posible para obtener un beneficio, y por tanto, el
razonamiento de Córdova Vianello es absurdo.
Además, el Presidente del INE dijo que
sancionar al PVEM con 600 millones de pesos opacaba los señalamientos de
impunidad y falta de castigo. Dijo que la pérdida del registro sería equiparable
a la nulidad de la elección, como si todo ese dinero fuera suficiente para
borrar las ilegalidades.
Por su parte y en abono a lo dicho por
Córdova, la consejera Adriana Fabela, presidenta de la Comisión de Quejas y
Denuncias del INE, reiteró que las ilegalidades cometidas por el Verde “no son de gravedad extrema que conduzca a su
desaparición…”.
Este Consejo General no se ha
caracterizado por ser organizado o previsor, ya que desde enero de este año rumbo
a la jornada electoral del 7 de junio pasado, los sistemas de cómputo
presentaron deficiencias en los sistemas de nómina, de captura de ciudadanos, en
la primera insaculación e incluso, advirtiendo de la probabilidad en fallar el
PREP al consejero Ciro Murayama con tiempo suficiente, quien minimizó y subestimó
el dicho.
La democracia no sólo comprende los actos
preparatorios y el de la jornada electoral, como algunos ignorantemente usan
como argumento para desviar el tema. En su más amplia expresión compromete una
serie de valores políticos, económicos y sociales, en un sistema cuyo campo
social se encuentra vulnerado y cuyos actos de dicha autoridad vienen a
enrarecer el ambiente político a favor de los partidos políticos.
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