En el marco de la apertura del Primer
Periodo Ordinario de Sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,
que abarca a ambas Cámaras, el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario de
Gobernación, presentará el informe de la administración a su cargo,
correspondiente al tercer año de Gobierno.
El informe contiene las acciones
derivadas del Plan Nacional de Desarrollo, como documento rector y generador de
políticas públicas, que se auxilia de los Programas Sectoriales de cada
Secretaría de Estado, que articulan estas las políticas que son impulsadas por
el Presupuesto de Egresos.
Pasada la expectativa política previa al
nombramiento de nuevos titulares en siete Secretarías de Estado y tres áreas
sustantivas de la administración pública federal, las circunstancias
económicas, -principalmente-, quizás no permitan visualizar el impacto de las once
reformas estructurales, sobre todo en lo que concierne a la reforma energética,
en cuyo análisis se colocaron altas expectativas para la captación de ingresos
y estar en mejores condiciones en la paridad peso - dólar así como el precio del barril de
petróleo.
No creo que haya algún servidor público
en el Gobierno Federal que tenga deseos que le vaya mal al país y que no ponga
sus mejores esfuerzos en producir mejores resultados, sobre todo en política
económica y social, que es donde es posible medir su impacto con los documentos
rectores arriba citados.
El Índice Democrático de los Gobiernos en
América Latina que presenta el rotativo The Economist Intelligence Unit coloca a México en el séptimo lugar de un total de veinte, en el
que señala algunas vulnerabilidades en libertades políticas y civiles.
No obstante lo anterior, la numeralia que
presenta el Informe de Gobierno pudiera verse opacada por los escándalos que
trascienden y es necesario colocarlos en un plano de crítico, preferentemente
de autocrítica por la clase política del país.
Trasciende cuando se trata de libertades
políticas y civiles a que se refiere el informe de The Economist, persisten
casos que comprometen seriamente la violación de derechos humanos en México,
como Tlatlaya, Ayotzinapa, o Tanhuato, en el que se ven involucrados elementos
de alguna corporación de seguridad o de las fuerzas armadas o que hay
complicidad en la autoridad para no investigar.
Va más allá cuando en países de primer
mundo, -a los que aspiramos en los discursos políticos-, nos tienen en un
concepto de salvajes, por el grado de crueldad y sanguinario con el que se
cometen delitos del alto impacto, sin que el Estado retome las riendas de la
seguridad en el país. Prueba de ello son los casi 25 mil muertos en lo que va
del sexenio.
Molesta cuando no hay un ejercicio de autocrítica
y de reconocimiento a un proceder a todas luces incorrecto o inmoral, como por
ejemplo, la licitación del tren México – Querétaro, la Casa Blanca y Malinalco,
la fuga del Chapo, la exoneración del PVEM, los audios de OHL, reporte CONEVAL
y los dos millones de personas en pobreza, la impopular designación de Eduardo
Medina Mora como ministro de la Corte, corrupción en PEMEX y CFE, los Congresos
de Puebla, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Baja California que
aprobaron leyes antibronco que violan libertades políticas y civiles, etcétera.
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