El gobierno debe cambiar de rumbo

En la crisis política de la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero, el Senado aprobó posponer unos días el tema, para resolver si existiría la desaparición de poderes en ese estado.

Las reacciones derivadas del asesinato de un joven jugador de futbol del equipo Avispas y de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, le generaron un grave frente de crisis nacional, cuyos efectos alcanzaron al gobierno federal a nivel internacional, en el que la solución parece encontrarse en la dimisión o remoción del gobernador.

Derivado de lo anterior se encuentran vulneradas y muy debilitadas las estructuras de los campos político, social y de seguridad en el país, cuyo orígen se encuentra en la corrupción, razón por la cual, el Partido Acción Nacional se apresuró a lanzar el sistema anticorrupción, tema pendiente a manera de reforma.

En este tema se encuentra pendiente la integración de la Comisión Nacional Anticorrupción, en la que podría ser posible incorporar a la Auditoría Superior de la Federación, así como a las entidades de fiscalización de los Estados, pudiendo ser dirigida por un académico, no por un político.

Esta crisis del área política trajo consigo la percepción ciudadana de un silencioso pacto de impunidad, que pudiera existir entre todos los partidos políticos, para ocultar las corruptelas de sus integrantes.

Lo más grave, vino a demostrar la vulnerabilidad en el que nos encontramos los ciudadanos que estamos integrados al campo social, por la colusión de servidores públicos con la delincuencia, en nuestro perjuicio.

Demostró la crisis en que se encuentran los derechos humanos en México, que han sido denunciados por organizaciones internacionales.

En esta crisis de credibilidad, el gobierno debe cambiar de rumbo, a efecto de insertar la moral en la ciudadanía y en su clase política, como un valor que ha sido altamente vulnerado en los ciudadanos y que la clase política no solo conozca a la moral, como “un árbol que da moras”, dicho por Gonzalo N. Santos, gobernador de San Luis Potosí en la década de los 30’s.

Cuando el destino nos alcance

En la crisis de la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero, parece que el destino ya está escrito. Se trata de su remoción, por la vía de licencia por su propia voluntad, o bien, del ejercicio que apruebe el Senado luego de la solicitud del grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara Alta para la desaparición de poderes en Guerrero.

Las reacciones derivadas del asesinato de un joven jugador de futbol del equipo Avispas y de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, le generaron un grave frente de crisis, nacional e internacional, que ya no existe solución política a este conflicto, más que sólo por la vía de la dimisión o remoción.

Derivado de lo anterior se encuentran vulneradas y muy debilitadas las estructuras de los campos político, social y de seguridad.

Del área política, esta crisis evidenció la permisibilidad y tolerancia de las actividades de los militantes y sus élites al interior de los partidos políticos. Esto muestra la necesidad de implementar la Comisión Nacional Anticorrupción, para evitar prácticas ajenas e ilegales a las del servicio público. Cuando en un principio el presidente del PRD, Carlos Navarrete, defendió al gobernador Aguirre, ahora ya no mete las manos al fuego por él. Es probable que en el cálculo político haya considerado que Guerrero sería una plaza perdida para su partido.

En la integración de la Comisión Anticorrupción, podría ser posible incorporar a la Auditoría Superior de la Federación, así como a las entidades de fiscalización de los Estados, dirigida por un académico, no por un político.

Esta crisis del área política trajo consigo la percepción ciudadana, de un silencioso pacto de impunidad que pudiera existir entre todos los partidos y su clase política para ocultarse de corruptelas de sus integrantes, y del cual, podría desprenderse la especulación de que el gobernador Aguirre deje la gubernatura, a cambio de inmunidad política para él y su familia, y probablemente alguna candidatura para su hijo.

En el campo de seguridad, vino a demostrar la fragilidad y corruptibilidad de las instituciones de seguridad en municipios y estados. Se señala que el director de seguridad del municipio de Iguala recibía hasta 600 mil pesos mensuales de la delincuencia, como podría suceder en algún otro municipio del país; por otra parte, se han encontrado más de 20 tumbas clandestinas con restos humanos que hasta este momento, ninguna de las osamentas pertenecen a los estudiantes desaparecidos, pero esto genera un nuevo frente de crisis por saber a quién pertenecen esos restos.

Por otra parte, vino a demostrar lo delicado en que se encuentra el sistema de procuración e impartición de justicia mexicano. El primero, todavía funcionando con un sistema inquisitorio, mientras que el segundo, con fallas en el debido proceso y bajo la sospecha por la corruptibilidad de algunos jueces o la aplicación política de la ley. El ejemplo más palpable: la liberación de Florence Cassez y de Rafael Caro Quintero.

Generó que organizaciones como la sección 22 de la CNTE de Oaxaca, se trasladaran a Guerrero para protestar por los desaparecidos; que organizaciones subversivas como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y otros, volvieran a la escena pública, mediante comunicados para apoyar a los normalistas.

Lo más grave, vino a demostrar la vulnerabilidad en el que nos encontramos los ciudadanos que estamos integrados al campo social, por la colusión de servidores públicos con la delincuencia, -de los tres niveles y en los tres órdenes de gobierno-, en nuestro perjuicio.

Demostró el decadente y miserable estado en el que se encuentran los derechos humanos en México, como si su actual presidente mereciera ser reelegido en el cargo, con múltiples y diversos frentes de crisis con organizaciones de derechos humanos, por la inacción en algunos casos, omisión en otros y tolerancia hacia la autoridad.

Ayotzinapa es la gota que derramó el vaso, pero todavía están pendientes de resolver los casos del asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel y su ayudante, así como el del secretario general del PAN en Guerrero, los cien mil muertos de la guerra del expresidente Calderón, secuestros, cobros de piso y demás.

“Cuando el destino nos alcance” no sólo es el nombre de una película; es una frase que engloba la justa retribución de la escuadra y el nivel, a la conducta que podríamos haber realizado en un pasado no muy lejano.

Es muy probable que en esta grave crisis que vive el estado de Guerrero, Ángel Aguirre haya sido alcanzado por su mismo destino, como quizás algún otro político pueda ser alcanzado por su destino.

75 años del PAN

El 16 de septiembre pasado, el Partido Acción Nacional cumplió sus primeros 75 años, en una crisis en su interior, en el que uno de los factores lo constituyó, el proceso interno para renovar su dirigencia nacional y que permea a su militancia y simpatizantes.

Es muy probable que este desgaste sea provocado por la falta de liderazgo político que está siendo invadido por los intereses ajenos a las ideas.

Diversos escándalos han marcado actualmente estos setenta y cinco años: La administración corrupta de Emilio González Márquez y de Luis Armando Reynoso Femat, en Jalisco y Aguascalientes rspectivamente, en el que el segundo comienza a pasar por el brazo de la ley, mientras que Márquez sigue sin recibir un llamada de atención.

Sergio Eguren y Rafael Medina, ex diputados locales que eran funcionarios de la delegación Benito Juárez en la ciudad de México, fueron detenidos en Brasil, luego de asistir a un partido de futbol de la selección mexicana, acusados de tocar a una mujer y golpear a su marido.

Otro más. Durante la instalación de la Comisión de la Familia del Senado, el legislador por Jalisco José María Martínez Martínez realizó comentarios polémicos, al señalar como una moda la diversidad en la convivencia entre personas del mismo sexo, así como el sentido plural de la familia, que le ha valido una avalancha de críticas en un probabe intento por elevar dogmas de fe o creencias religiosas personales a rango de políticas públicas.

La creación de una organización de corte nenonazi en Jalisco; los comentarios racistas en contra del futbolista Ronaldo; los moches presuntamente realizados por el excoordinador del los diputados del PAN en San Lázaro, en fin.

Mientras sigan imponiéndose intereses ajenos a la rehabilitación moral de la política que impulsaban sus fundadores, seguiremos viendo escándalos en su militancia solapados por su dirigencia y que trascienden a la vida política del país.

Presenta EPN 2º. informe

El pasado martes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó el mensaje político con motivo de su segundo informe de gobierno, en el que resaltó las once reformas aprobadas por las Cámaras del Congreso, que prometen cambiar el futuro económico del país.

Un día antes, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cumplía con el mandaro constitucional y entregaba el texto y los anexos del informe, al diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente del Congreso de la Unión.

Esta nueva configuración del país deberá demostrar que las reformas aprobadas tendrán efectos sobre el crecimiento y calidad de vida de la población.

No obstante lo anterior, el Índice de Competitividad Global 2014 – 2015 que expide el Foro Económico Mundial, afirma que nuestro país cayó seis lugares para ubicarse en lo sucesivo, en el lugar 61 del ranking. El organismo internacional afirma que Chile, Panamá y Costa Rica son los países más competitivos de América Latina, aunque no le crea del todo, porque dice que Brasil bajó sólo una posición y se ubica en el lugar 57, cuando su presidenta Dilma Russeff, acaba de declarar al país en recesión.

Además la reciente encuesta de Mitofksy arroja que el 47% de los encuestados aprueba la gestión del presidente, en contraste con el 51% que lo reprueba.

De los anteriores números habrá quien censure la gestión de Peña Nieto, mientras que seguramente haya quien opine lo contrario. Lo cierto es que lo coloca en un empate técnico, pero con la desventaja de que la ciudadanía espera que el entusiasmo mostrado por el Ejecutivo Federal en las reformas señaladas, se vea reflejado en los bolsillos y en la mesa de las casas de este país.

Es muy problale que esos cuatro puntos porcentuales a que se refiere la casa encuestadora citada, lo constituyan tres temas básicamente: la sensación de inseguridad, la insuficiente economía y, una última, en la ausencia en el combate a la corrupción, que desmoraliza por su falta de justicia y prevalencia de impunidad, tema pendiente de una nueva reforma.

Bonos inmorales

En el transcurso de los debates de las leyes secundarias de la reforma energética, la diputada Zuleyma Huidobro de Movimiento Ciudadano (MC) afirmó que todos sus compañeros diputados han recibido bonos, a manera de gratificación.

De manera paralela, el coordinador de los diputados emecistas, Ricardo Monreal, devolvió 15 millones de pesos (mdp) que pertenecen a las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios en Cámara Baja y que en un año suma unos 225 millones de pesos (mdp), los cuales son ejercidos con discreción.

La denuncia señalada por la legisladora abre la posibilidad de que se haya tratado de una recompensa por haber sufragado el sentido de su voto, de una manera determinada, pudiendo configurar una ilegalidad que se centra en la inmoralidad.

No solo lo anterior, sino que el mismo Monreal dio a conocer que la Cámara de Diputados pretende solicitar un bono de fin de legislatura por 1 millón de pesos.

En estos momentos en que se coloca a nivel nacional el tema del aumento a los salarios mínimos, este bono de marcha representa una ofensa al ciudadano.

Es ofensivo, porque el monto representa el ingreso de varios trabajadores durante los 30 o 40 años de su vida productiva.

Es inmoral, porque es muy probable que para la obtención del bono de fin de legislatura que denuncia Monreal, se recurra a artimañas o subterfugios legales para engañar a la ciudadanía, subestimando su capacidad e inteligencia.

Es desafortunado, porque ni siquiera aumentando el 70% que calcula la CEPAL en lo que se encuentra devaluado el salario mínimo, se recupera el poder adquisitivo del trabajador.

De los bonos legislativos, vea usted el deplorable estado económico y de moral en el que se encuentra la institución del Poder Legislativo en el interior del país, provocado por la voracidad en algunos integrantes de la clase política.

Proponen aumentar sueldo

En una maniobra próxima al inicio del proceso electoral federal, los partidos políticos han propuesto el tema del aumento al salario mínimo.

Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del D.F., propuso elevar el salario mínimo y aumentarlo 20 pesos a partir del próximo año, hasta que en diez años alcance 171 pesos; en contraste, el Partido Acción Nacional busca realizar una consulta con miras a aumentar en un 25% el salario mínimo a partir de 2015.

El argumento de Mancera es que de 1976 a la fecha, el salario mínimo se ha reducido en 71% a nivel nacional, aunque es posible que podría ser en varias centenas porcentuales, derivado de los distintos aumentos a la gasolina y que produce en espiral, un aumento en los precios de todos los bienes y servicios, incluidos los de la canasta básica, colegiatura, renta de una vivienda y manutención de los integrantes de una familia; a esto, bien podría aumentarse las distintas crisis económicas en dicho periodo, por ejemplo de 1976, 1982, 1988, 1994, 2000 y 2007, por citar algunas, que contribuyen a la merma del ingreso de un trabajador, por lo que el cálculo del equipo del Jefe de Gobierno, es conservador y se queda corto, muy corto.

Por su parte, el criterio del equipo de Gustavo Madero está siendo colocado en una consulta, basada en el análisis de que la inflación en México en 2013 cerró en 3.97%, en línea con el aumento al salario del año pasado de 3.9%, entre otros factores. Nada nuevo bajo el sol.

El salario en México está condicionado a los análisis que realicen los sectores empresariales y obreros, representados en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y que les permite concluir cuánto dinero necesita un trabajador para “vivir dignamente” en función del costo de vida, la inflación producto del aumento de los precios. El salario deberá satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador, su educación y sus placeres honestos y los de su familia, considerándolo como jefe de familia. 

En la incongruencia de las cosas, hace algunos años se vio a líderes sindicales, como el corrupto de Víctor Flores Morales, dirigente de los trabajadores ferrocarrileros, asistir a negociar 1 o 2 pesos de aumento al salario mínimo, descendiendo de un automóvil Alfa Romeo con un costo de 500 mil pesos, vistiendo un traje Ermenegildo Zegna de 100 mil pesos y un reloj Tag suizo de 125 mil pesos; y más recientemente se ha sabido de las corruptelas del sempiterno líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, cuyo gremio tiene una deuda calculada en unos 1,400 millones de dólares en Texas, en la que esperamos que dicha deuda no sea incorporada a los pasivos laborales rescatados por los diputados federales durante la aprobación del paquete de leyes secundarias de la reforma energética.

El salario mínimo general para 2014 es de 67.29 pesos diarios, lo que representa 2,018.70 pesos mensuales, cifra que contrasta con la línea de bienestar medida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y que a junio de 2014, dice que con 1,225.16 pesos mensuales por persona en zona urbana y 853.60 en zona rural es que una persona satisface sus necesidades. Que se lo digan a Romero Deschamps y amigos que lo acompañan.

Por lo anterior, si usted vive en alguna zona urbana y devenga el salario mínimo, le sobran 793.54 pesos mensuales para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Cualquier cifra inferior a las descritas en el párrafo anterior corresponden a la pobreza.

No todo debe aumentar en el salario mínimo. Como usted sabe el salario mínimo es factor de cobro en más de 600 trámites en el país, que tienen que ver con multas, infracciones y tasaciones federales, estatales y municipales, en el que si verdaderamente se desea beneficiar al trabajador, debe de retirarse el factor del salario mínimo a la hipoteca que realiza el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores sobre la vivienda que adquiera el trabajador, o bien, a las aportaciones que realiza el trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social de otra forma, pagaría el aumento que se otorgue.

No sólo eso, sino que debe moderarse la voracidad de la costosa y a veces inútil, burocracia dorada mexicana, que con sueldos de primer mundo no coinciden los resultados del producto de su trabajo, con lo ridículo que parece un salario mínimo, en un país cuyo costo de vida no representa los miserables 2,018.70 pesos del salario mínimo general al mes.

Pero para verdaderamente aumentar el sueldo se necesita de valor para poner en su lugar a los grupos de interés que resultarán afectados por estas medidas y no sólo como interés electorero.

Pero en la historia y en contraste, no se necesito de tanto dinero para demostrar voluntad. En el sitio de Cuautla, desarrollado entre el 19 de febrero y el 2 de mayo de 1812, en la población de Cuautla, hoy Estado de Morelos, el ejército insurgente de Morelos se encontraba necesitado de obligar a los realistas a gastar municiones, pedía voluntarios para que se acercaran a las trincheras enemigas para que provocaran los disparos de los realistas españoles.

Entre los voluntarios a tan peligrosa misión, estaba una mujer: María Reyes. Se trataba de una insurgente que se acercaba a las filas de los gachupines, se levantaba las enaguas mostrándoles las nalgas a los realistas para hacerlos disparar y que perdieran parque.

Seguramente esta mujer salió ilesa, ya que con el tiempo, fue juzgada por la Inquisición y encarcelada durante cinco años por tan osados pero valientes actos.

Arraigan al secretario de gobierno de Michoacán

El secretario general de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna, fue detenido y arraigado por su presunta colaboración con el grupo delictivo de los Caballeros Templarios y contradiciendo al gobernador de esa entidad, Fausto Vallejo Figueroa, quien afirmaba meter las manos al fuego por él.

El también exgobernador Reyna no alcanzó a utilizar el aparato de procuración de justicia, como ha sucedido con personajes públicos en otras ocasiones, en el que ante cualquier señalamiento de conductas irregulares, buscan, piden y exigen que el ministerio público los investigue y ante medios los declare pulcros y sin mácula alguna. Este es el malentendido uso de las procuradurías de justicia, que son instituciones para perseguir delitos y no para extender certificados de buena conducta política.

En su momento otros políticos que se encontraron bajo el escrutinio público, buscaron en algún momento el auxilio del ministerio público y al no obtenerlo, salen a medios para pregonar que hay un nefasto interés, sesgo partidista, perverso trasfondo o tinte político, que desea desestabilizarlos. Una declaración a medios no substituye la actuación ministerial de la procuración de justicia.

Esta es una conducta dada en algunos integrantes de la clase política, en la que en una extraña relación, desean obtener en la publicidad de sus actos, la fama y el reconocimiento público en pos del avance en sus carreras políticas, pero que al menor intento de ser evidenciados en algún acto de corrupción o ilegalidad, buscan pasar inadvertidos, en el anonimato y pretendiendo que nadie los critique de sus conductas.

En este supuesto se encuentren las senadoras michoacanas Iris Vianey Mendoza (PRD) y María Luisa Calderón Hinojosa (PAN), así como el exgobernador de esta entidad, Leonel Godoy Rangel, con graves señalamientos por sospecha de tener vínculos con la delincuencia.

La perredista acusada por el líder de las autodefensas en ese estado, José Manuel Mireles Valverde de colaborar con los Templarios; la panista señalada por Servando Gómez “La Tuta”; y el exgobernador Godoy bajo sospecha, entre otras cosas, de proteger a su hermano, el exdiputado Julio César Godoy Toscano quien recibe el apoyo de “La Tuta” para ganar la elección así como otras reveladoras declaraciones.

Arraigar al exsecretario de gobierno de Michoacán sin tomar en cuenta los serios dichos que involucran a las legisladoras y antes al exgobernador, -como una línea de investigación y proceder en consecuencia-, es hacer que la PGR sea utilizada para acreditar la buena conducta política de todos ellos, en el que desean pasar desapercibidos para la opinión pública y la justicia, abusando del fuero y la pertenencia a la clase política, buscando el apoyo de su partido para estar en condiciones de negociar la impunidad como moneda de curso legal, a cambio de la votación de su grupo parlamentario en el Congreso o condicionar el apoyo político al gobierno en turno. Esto se llama chantaje político.

Cuando un delincuente señala a un político o funcionario de alto nivel, las autoridades federales lo investigan a discreción y sin dar parte a la opinión pública para evitar someterlo a un juicio mediático; en contraste y en un acto poco usual de la PGR, a Reyna se le detuvo y se le arraigó por 40 días, en el que su detención debe arrojar luz que aporte los detalles de la protección institucional a Los Caballeros Templarios, venga de donde venga. Este mismo proceder debe implementarse con quienes protegen a los demás cárteles, sean de cualquier signo o procedencia política. Aquí sería interesante que la PGR diera a conocer, a cuáles integrantes de la clase política ha señalado Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, por protegerlo durante 13 años que estuvo prófugo de la justicia.

En ejercicio del derecho a la sospecha y con el objeto de despejar todas las dudas, sin que sean certificados en conducta, sería interesante conocer los informes de inteligencia del ejército y la armada, sobre los señalamientos de que se les imputa para estar en condiciones de deslindar responsabilidades. La autoridad tiene la palabra.

Ante las arbitrariedades y abusos de los indígenas en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, a finales de septiembre de 1810, Ignacio Allende le reclamaba al padre Hidalgo el proceder de los indios, cuya respuesta fue “¿Qué quiere que haga? ¡Se están vengando de 300 años de injusticia!...”.

Nueva reformas … nueva actitud

Luego del impasse que sufrió el Pacto por México, se reactiva el diálogo político mediante la presentación de la reforma financiera presentada por el presidente Peña Nieto, en la que modifica 13 leyes vigentes.

Principalmente, tiene como fin ampliar y abaratar la oferta de crédito en el país y cuyas medidas fueron bien recibidas por la comunidad económica, en la que “por sus sólidos fundamentos macroeconómicos, equilibrios financieros, baja inflación y el compromiso de la clase política de aprobar las reformas estructurales”, la agencia Fitch Ratings incrementó la calificación crediticia de México.

No obstante lo anterior, persiste en el ánimo de la opinión pública la necesidad de incorporar en la agenda del Pacto por México, una reforma para moralizar las prácticas de la clase política mexicana, o bien acelerar los trabajos de la recién creada pero muy discreta, Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), para combatir los excesos de servidores públicos o su descendencia.

Algunos ejemplos de excesos lo constituyen, la Lady Profeco, al tratar de clausurar un restaurante; los excesos de la hija del sempiterno líder petrolero y senador Carlos Romero Deschamps, cuando su hija Paulina, publicó algunas imágenes de su viaje a Francia. Además, cuando los medios publicaron que su hijo, a quien hace unos meses el senador había obsequiado un automóvil ferrari con valor de 2.5 millones de dólares (mdd), es poseedor de dos departamentos en zonas residenciales en Miami, cuyo valor es por 7.5 mdd.

Por supuesto, los lujos y excesos de Elba Esther Gordillo, cuando el SNTE le aportaba a sus cuentas, la insignificante cantidad de 15 millones de pesos (mdp) mensuales, para su gastos propios y seguramente los de su familia.

Se trata de verdaderos juniors, que algunos ostentan puestos directivos en secretarías o dependencias, sin tacto político o social y repudiando a sus subalternos y a quienes llegan a ellos en busca de solucionar algún problema, algunos en espera de realizar algún negocio merced de su cargo o su papito, pero que sin el menor recato o vergüenza, extienden la mano para cobrar sin merecerlo y cuya principal preocupación es elegir el próximo destino turístico a vacacionar, para subir en redes sociales, fotos de sus aventuras en alguna tierra exótica del mundo.

Algunos de ellos, hijos de cuadros políticos que recibieron su formación en educación media en academias militares o semimilitares extranjeras, demostrando su desprecio y vergüenza para incorporarse al sistema educativo militar mexicano en el Heroico Colegio Militar o a la Heroica Escuela Naval Militar, pero que gustosos portan uniformes extranjeros y escoltan banderas de otros países.

Auténticos colonizadores del poder, quienes por obra y gracia propia o de sus  ascendientes, heredan los cargos públicos de elección como si fueran de su propiedad e incorporándose al jetset mexicano para ser parte de las mejores revistas sociales del país, rodeados de lujos y excesos, abordando automóviles con un valor equivalente, a lo que un trabajador puede aspirar como patrimonio en toda su vida laboral.

Por eso, le comparto la idea de Francisco Guerrero Garro de su muro en Facebook, por la que afirma que en México hay tres categorías de ciudadanos. La premier, la de los hijos de gente importante, rica o famosa, como la Lady Profeco, los hijos de Romero Deschamps, el Niño Verde, los Sahagún Bribiesca, los hijos de Granier Melo y seguramente los hijos de algún otro –o varios- sempiterno líder sindical de la CROC o la CTM en el interior del país. Ahí, cuando lo requieren, la maquinaria de la administración pública se mueve con una rapidez inusitada y se realiza cualquier acto de autoridad, como administrar justicia pronta y expedita, faltaba más.

La clase militante; de gente que milita, -política o socialmente-, en contra de la injusticia o de la violencia, como comunicadores o activistas sociales. Aquí, las autoridades de administración pública y sus áreas, -como la justicia-, dicen que van actuar pero no lo hacen, pero no dejan de decir que se hará justicia y dejan que pase el tiempo hasta que se olvida.

Por último, no menos importante la clase económica, la de miles de mexicanos anónimos, que sólo son un numero más para el burócrata que recibe órdenes de su jefe, -el junior, por supuesto-, y cuya insensibilidad genera desconfianza hacia la autoridad.

Por todo lo anterior y más, es que la indignación es pública, toda vez que no es posible el grado de permisibilidad y de impunidad con que algunos miembros de la clase política, -o su descendencia-, ostentan el poder, sin que las palabras pena, vergüenza, moral o corrupción sean parte de su vocabulario.

Administración panista en privado

Pospuesta por casi 16 meses, el sábado pasado en un evento más privado que público, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, inauguró la polémica Estela de Luz con un costo de poco más de 1,000 millones de pesos (mdp).

Esta obra debió de presentarse durante los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, en cualquier fecha del último trimestre de 2010, pero la corrupción rampante e imperante en su construcción, no permitió que fuera inaugurada.

Dice la Secretaría de la Función Pública (SFP) que por estos hechos, ha sancionado a 26 servidores públicos, y el titular del Ejecutivo Federal afirmó –en una desafortunada comparación-, que esta torre es un “símbolo de la mexicanidad”, por lo que parece que da a entender que todos los mexicanos somos corruptos.

Para colmo, y como si no hubiera material y mano de obra calificado en México, el cuarzo y el acero usados en su construcción se trajeron del extranjero.

No obstante lo anterior y como queriendo que la cosa quede en privado, el sector informal se convirtió en el principal generador de ocupación de la economía mexicana durante las dos administraciones federales emanadas del Partido Acción Nacional (PAN).

Datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) afirman que en estos 11 años, el sector formal generó prácticamente uno de cada cuatro puestos de trabajo de los 10.8 millones en que aumentó la población ocupada de diciembre de 2000 hasta fines de 2011. Los tres restantes correspondieron al ámbito de las actividades informales.

Además de lo anterior, aproximadamente poco más de 2 millones y medio de personas, dejaron de buscar trabajo al no encontrarlo y pasaron a formar parte de la "población disponible", dentro de la población no económicamente activa. Y quienes se mantienen dentro de las filas de la desocupación total e insisten en buscar un empleo remunerado, que no encuentran, tuvieron un incremento de 202 por ciento, hasta llegar a 2 millones 781 mil 703 personas, de acuerdo con el más reciente informe trimestral del INEGI.

Con estos datos sería interesante que la Secretaría de Economía (SE) y la Procuraduría General de la República (PGR), señalen cuántas personas incorporadas a actividades informales o cuántas de las poco más de 2 millones de personas, se han incorporado a alguna de las redes que la delincuencia aporta a la economía ilegal, como por ejemplo en la venta de productos apócrifos, como la piratería, productos robados, sicarios, entre otros, ante la incapacidad de la autoridad legítimamente constituida de garantizar el derecho al trabajo o a la seguridad.

Esto es en la Federación pero bastaría algunos ejemplos en las entidades federativas, para saber que en los estados las cosas no están como deberían, como por ejemplo en las administraciones de Jalisco y Guanajuato, en el que la primera está por convertirse –por el nivel de deuda pública- en el Coahuila del PAN, y el segundo, por favorecer a toda costa a amigos –y por supuesto, familiares- del poder público.

Uno más: la anterior administración en Zacatecas, encabezada por la perredista Amalia García, dejó al estado con una deuda de 718 mdp, hasta septiembre de 2010.

Ahora, en diciembre de 2011 el saldo de la deuda pública del gobernador del PRI, Miguel Alonso Reyes, era de 5,261 mdp en el que esta cifra supera, la deuda aprobada por el Congreso zacatecano, y por si fuera poco, el mandatario estatal busca contratar otros 1,372 mdp de deuda pública.

En el tiempo, unos jóvenes tuvieron reacciones poco públicas en sus vidas. Los hermanos Aguirre Benavides de Parras, Coahuila, en 1912: Eugenio se unió a la lucha armada revolucionaria, ascendiendo hasta ser General y siendo uno de los lugartenientes de Francisco Villa, en la División del Norte.

Luis, fue secretario particular de Gustavo Madero, -hermano del entonces presidente-, y luego, secretario particular de Francisco Villa y Adrián fue diputado a la XXVI legislatura, -de 1912 a 1913-, disuelta  posteriormente por Victoriano Huerta.

El menor de los hermanos, Gustavo Aguirre Benavides, el 10 de abril de 1912 abordaba el buque S.S. Frankfurt, de Galveston en los Estados Unidos, para buscar su futuro en Alemania; ese mismo día pero en Southampton, Inglaterra, partía el R.M.S. Titanic, con más de 1,500 personas a bordo, entre quienes se encontraba Manuel Uruchurtu Ramírez, diputado mexicano a la XXV legislatura, quien regresaba de visitar en Francia al ex vicepresidente porfirista Ramón Corral.

En altamar el 14 de abril de 1912, Gustavo quien gozaba de la amistad de un oficial de comunicaciones de la nave, que le mostraba el novedoso telégrafo de claves morse, percibió que algo sucedía con el repiquetear incesante del telégrafo: “Hemos chocado con un iceberg”, “Vengan de prisa”, “Nos hundimos de prisa” “Estamos sacando a los pasajeros en botes pequeños”, fueron los llamados del Titanic.

De Uruchurtu, se dice que su reacción en el Titanic fue cederle su lugar en un bote, a una mujer y pedirle  que visitara a su familia en Veracruz, para hacerle saber sobre sus últimos minutos en vida.

A las 10:50 a.m. llegó el barco en que viajaba Gustavo al lugar del naufragio, encontrando un silencio sepulcral en la cubierta del barco, al chocar las decenas de cuerpos flotando, -con un macabro color azul-, sus chalecos salvavidas de color blanco entre los escombros del lujoso trasatlántico. Ahí quedó Uruchurtu también.

El R.M.S. Carpathia había recogido a los pocos sobrevivientes y los llevaba a tierra.

El 20 de abril en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, (SRE), informaba a la Cámara de Diputados, que “…está perfectamente confirmado que el señor diputado licenciado don Manuel Uruchurtu, era uno de los infortunados pasajeros del Trasatlántico Titanic. […]”. Los periódicos dieron parte de la tragedia pero su dimensión sólo el tiempo la aporto.

Al concluir su viaje, el capitán del Frankfurt obsequió a Gustavo Aguirre Benavides, la carta de navegación con las anotaciones del hundimiento del Titanic.

La descendencia de Gustavo, aún la conserva, y próximamente se cumplirá el primer centenario de la tragedia.

Todo con miras al futuro

Un balance preliminar del reciente viaje del presidente Felipe Calderón, coloca a la diplomacia mexicana en un incómodo dilema: la tibia actitud en la respuesta de la Cancillería a los múltiples señalamientos divulgados por Julian Assange y los cables de Wikileaks, no coincide con la petición que hizo el presidente Calderón al presidente Barack Obama, de remover al Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Carlos Pascual, presuntamente por haberse referido en desafortunados términos a las fuerzas armadas mexicanas en los cables interceptados.

Dicen los que saben que el motivo verdadero de la petición presidencial, estriba en que de la relación sentimental que lleva el diplomático norteamericano con una hija del diputado coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara Baja, Francisco Rojas Gutiérrez, se genere algún vínculo del vecino país del norte en el futuro proceso electoral 2012, en beneficio al tricolor. Sigue este frente abierto y mientras tanto, Washington ratificó a su Embajador.

Por otra parte, hay quien dice que esta visita a la Casa Blanca en Washington, se debió al asesinato del agente norteamericano, Jaime Zapata, hace unas semanas, y del cual México tuvo que dar explicaciones. Una reacción política similar al asesinato del agente Enrique Camarena Salazar en 1985: se desmanteló la Dirección Federal de Seguridad (DFS), como un mensaje que debía de modificarse la conducta mexicana en inteligencia, entre otros.

Mientras tanto, se abre otro frente de crisis en el sector telecomunicaciones: se trata de la disputa entre Televisa y TV Azteca, en cuyos frentes las empresas propiedad de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, respectivamente, dejaron de percibir importantes recursos, provenientes de Telcel, propiedad de Carlos Slim, quienes se señalan mutuamente de falta de tarifas competitivas.

Y mire usted, Telmex también propiedad de Slim, dice que Televisa miente, por carecer de la infraestructura para darle servicio de telecomunicaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyo contrato fue recientemente asignado en 419 millones de pesos más caro a la compañía Bestel, del corporativo Televisa; por cierto muy similar, -en altos costos-, como el proceso en la licitación 21 del espectro, en el que participó Televisa y que fue impugnado por TV Azteca. Vaya, existen múltiples intereses, lejos del alcance de los mortales ciudadanos, como usted o yo.

Pareciera que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), autoridad que debiera de dirimir las controversias citadas y de quien existe la presunción que sus dominados someten al dominador, ha sido rebasada para solucionarlos.

Al acercarse los momentos de definiciones electorales con miras al futuro, seguramente de Los Pinos tendrán que intervenir en todos los temas.

En algún momento que fue futuro, los indios fueron fieles a su país: para lograr la revolución de Ayutla iniciada en 1854, el hijo del futuro presidente Juan Álvarez, de nombre Diego, reclutaba indios para formar tropas en Texca, -hoy Acapulco en Guerrero-.

Cierta ocasión, un indio zapoteca pidió su alta para combatir a Santa Anna: Benito Juárez. Al llegar al puesto de reclutamiento y preguntársele su nombre, se limitó a decir “Sabiendo que aquí se pelea por la libertad, he venido a ver en qué puedo ser útil”. A Juárez se le dotó de un calzón de manta y un cotón, un cobertor de cama y un par de botas.

En el campamento de rebeldes de Ayutla desconocían que Juárez, era abogado y para entonces, en su currículo se encontraba haber sido diputado, juez y gobernador de Oaxaca.

Cierto día, llegó una correspondencia al campamento, dirigida al licenciado Benito Juárez.

Diego Álvarez, al darse cuenta de la estatura política del personaje que se encontraba entre sus filas, le pidió disculpas por haberlo tratado con indiferencia, diciéndole “Usted es uno de los políticos más brillantes y le hemos dado vestimenta de indio”. Juárez, -con sentido del humor-, le respondió: “será que lo parezco, ¿o no?”, y en un acto de humildad prosiguió: “a la Patria lo mismo se le sirve de gobernador que de estafeta”.

Diego Álvarez lo nombró su secretario y como usted sabe en el futuro ese indio fue Presidente de la República.

Cuando se incurre en intolerancia

En la sesión del jueves pasado de la Cámara Baja, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), subió a la tribuna para mostrar una manta en la que señalaba que el presidente Felipe Calderón tiene problemas de alcoholismo, en la que el Grupo Parlamentario del PAN descalificó el proceder de Fernández Noroña y en un debate poco próspero, se optó por dar por terminada la sesión.

Seguramente los comentarios del diputado petista despertaron la molestia y el enojo de la Oficina Presidencial, como para que en un acto que despierta sospecha, la cadena radiofónica MVS haya decidido dar por concluida la relación laboral con la periodista Carmen Aristegui, quien pidió a la Presidencia de la República, a que arrojara luz en este asunto, confirmando o rechazando la versión.

No será la primera vez que algún mandatario sea señalado o incluso, evidenciado: en abril de 2008 el gobernador de Jalisco Emilio González Márquez en evidente estado de ebriedad, todo México se enteró que lo que algunos poquitos dicen “le vale madre” para terminar con pedirle consentimiento al cardenal Juan Sandoval de Guadalajara y lanzar ofensas a quienes pensamos distinto que él.

Indudablemente el gobernador de Jalisco sabe lo que se tiene qué hacer en Jalisco y quizás por esa razón, es que haya tomado la determinación de comprar publicidad en la capital de la República, distintas ciudades del país y por otro lado, pedir más dinero al Congreso de Jalisco para la compra de material para seguridad pública, a propósito de los sucesos de la semana pasada que paralizaron la vida nocturna del miércoles en Guadalajara.

Como se recordará, en esos sucesos hubo 7 bloqueos con quema de vehículos, y que la Secretaría General de Gobierno de Jalisco se los adjudica en respuesta a la detención de 2 personas relacionadas con un grupo delictivo. Además, la propia Secretaría de Gobierno minimizó la alerta de seguridad emitida por el Departamento de Estado Norteamericano para viajar a Guadalajara, como si el Secretario de Gobierno estuviera mejor enterado.

Para terminar con broche de oro y en un comentario desfavorecedor, la hija del gobernador  González Márquez, Ana Imelda González, calificó en su cuenta de twitter como “clientes fieles del narco” a los estudiantes de la universidad jesuita jalisciense ITESO.

Así era “el viejo” llamado como tal, por su servidumbre del Castillo de Chapultepec: Porfirio Díaz, soldado de la República, defensor de Puebla en 1862, 30 años en el poder quien en septiembre de 1910 recibió de manos del Marqués de Polavieja el uniforme con que fue capturado José María Morelos y Pavón, con estas palabras: "Yo no pensé que mi buena fortuna me reservara este día memorable, en que mis manos de viejo soldado son ungidas con el contacto del uniforme que cubrió el pecho de un valiente, que sintió palpitar el corazón de un héroe y prestó íntimo abrigo a un altísimo espíritu, que peleó contra los españoles, no porque fuesen españoles, sino porque eran los opositores de sus ideales”.

Poco le duró el gusto de haber festejado el centenario independiente, ya que llegó la revolución en noviembre de ese 1910.

"Vengo ante la Suprema Representación de la Nación a dimitir sin reserva el encargo de Presidente Constitucional de la República, con que me honró el pueblo nacional; y lo hago con tanta más razón, cuando que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la Nación, derrochando sus riquezas, segando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales”: Así redacto Díaz su renuncia el 25 de mayo de 1911, al cargo de Presidente de la República.

En un fragmento de una carta de Porfirio Díaz a Enrique Fernández Castelló, en la primavera de 1912, se infiere que muy probablemente se arrepintió de renunciar al cargo: "…Ahora siento no haber reprimido la revolución. Tenía yo armas y dinero, pero ese dinero y armas eran del pueblo, y yo no quise pasar a la historia empleando el dinero y las armas del pueblo para contrariar su voluntad ... Digo que siento no haberlo hecho porque a la felicidad nacional debí sacrificar mi aspecto histórico ...”.

Arranca la sucesión por la Presidencia del PAN

En la sucesión por la Presidencia del Partido Acción Nacional (PAN), hasta el momento se han inscrito los senadores Gustavo Madero y Blanca Judith Díaz, el diputado Francisco Ramírez Acuña, Cecilia Romero, excomisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), y recientemente, el diputado Roberto Gil Zuarth.

El diputado Francisco Ramírez Acuña, ha sido secretario de Gobernación y gobernador de Jalisco, de quien se sabe es de línea dura del PAN; Cecilia Romero, viene del Instituto Nacional de Migración (INM) luego de la lamentable muerte de 72 inmigrantes de Centro y Sudamérica y de la cual, por supuesto no acepta responsabilidad alguna.

Por lo que atañe a la candidatura de Madero, se presume que está impulsada desde la Residencia Oficial de Los Pinos, en la que además, el senador por Chihuahua ha sido diputado federal en la LIX Legislatura, desempeñándo la Presidencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; por su parte, Blanca Díaz, senadora por Nuevo León, fue diputada federal en la misma legislatura e integrante de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana .

Por último, Roberto Gil hasta hace unas semanas, se desempeñó como subsecretario de

Gobernación, en la administración de Fernando Gómez Mont, quien lo acompañó a su registro en la sede nacional del PAN.

Se dice que candidaturas como la de de Cecilia Romero y Blanca Judith Díaz, son para dividir los votos de los 381 Consejeros Nacionales del PAN a favor de Madero, además, se cree que Romero es impulsada por la ultraderecha representada en el yunquismo en el PAN.

Luego del éxito de los pasados procesos electorales locales de 2009, en los que el PAN arrebató al Partido Revolucionario Institucional (PRI) las gubernaturas de Puebla, Oaxaca y Sinaloa, ahora tratará de convencer al electorado que sufragará en las próximas elecciones locales de 2011 y que, entre otras, se disputarán las gubernaturas de Baja California y del Estado de México, entre otras, como preámbulo a la elección federal de 2012, en la que se renovará la totalidad del Congreso de la Unión, con 500 curules en Cámara de Diputados y 128 escaños del Senado y, por supuesto, la Presidencia de la República.

Desde el 2000 en que arribó a la Presidencia de la República, la transición no significó el cambio que se esperaba; electoralmente ha perdido ocho gubernaturas: Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Nayarit, Aguascalientes, entre otros.

El costo del ejercicio en el poder, no se hizo esperar: Dejó de gobernar en importantes municipios del Estado de México y Baja California; de las gubernaturas del centro del país, sólo le quedan Guanajuato y Jalisco, y parece próximas a perder, en función de las prácticas de los gobiernos de ultraderecha que mandatan esas entidades, en las que ambas porciones territoriales son conocidas como corredor azul, y lo más importante, unos 30,000 muertos en la mal llamada guerra contra la inseguridad en el país.

El proceso de independencia tuvo una participación activa en la derecha: apoyó económica y militarmente a la Corona Española, contra los esfuerzos insurgentes de Hidalgo, Morelos y Guerrero. Una vez derrotados, promovieron la creación de una monarquía con Agustín de Iturbide.

La evolución de la derecha no se comprendería sin la participación de la Iglesia. Durante el siglo XIX, su causa política basada en la religión, provocó la guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa, y en el siglo XX, se reveló ante el poder civil legítimamente constituido, declarándole la guerra al gobierno, entre 1926 y 1929, en la guerra cristera, cuyos principales bastiones eran, por cierto, Jalisco y Guanajuato.

En 1939 nace el PAN, por la necesidad que esa ideología contara con una organización política que le ayudara a conquistar el poder y como respuesta al gobierno socialista de Lázaro Cárdenas. 

Sobre la participación de la iglesia en política, se sabe que durante su Asamblea Nacional en 1965, Manuel Gómez Morín propuso la proscripción de la participación del clero en su partido, quien no estaba en contra de la iglesia, sino de su influencia en el PAN.