Consecuencias de la crisis de Guerrero

La crisis que arrojó la muerte de 6 jóvenes y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural normal de Ayotzinapa en Guerrero, trae consigo consecuencias de corto y largo alcance e impacto.

En el campo político, mostró la corrupción y la colusión de servidores públicos locales y municipales, así como en el partido político y su dirigencia, que postuló al presidente municipal de Iguala en Guerrero, José Luis Abarca y quien contaba presuntamente con la participación de su esposa.

Los servidores públicos en quienes se presumen una militancia, o por lo menos simpatía con el partido gobernante en la entidad, debieron haber conocido de las ilegales actividades en que figuraba Abarca y su esposa, por tanto, los hace corresponsables.

Además, es muy posible que la colusión de servidores públicos haya hecho posible que la autoridad conferida a ellos, violara el bien jurídico tutelado del derecho a la seguridad, a la vida, a la integridad, a sus derechos humanos, entre algunos más.

Pone en tela de juicio las relaciones de poder político, al interior y entre los partidos políticos, con fines de protección e impunidad.

Justo ahora que se encuentra el tema la elección del nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es el momento idóneo para reflexionar sobre el pobre, tibio y decadente papel que ha tenido la administración de Raúl Plascencia al frente de la oficina del ombudsman nacional.

Dentro de todo el análisis que realicen los especialistas de la materia, es prudente incorporar la valoración que pueda tener su desempeño, como un elemento a considerar en su probable corresponsabilidad en el estado de indefensión en materia de derechos humanos en que se encuentra la ciudadanía.

El desempeño en casos como los migrantes, el menor fallecido por la aplicación de la Ley Bala en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla; los civiles muertos por elementos del ejército en Tlatlaya, Estado de México y los muertos y desaparecidos de Ayotzinapa, han colocado a México en el banquillo de los acusados a nivel internacional, cuyo órgano autónomo mexicano de protección de derechos humanos, ha sido inútil y rebasado por los temas.

La crisis no concluyó con la licencia de Ángel Aguirre y el nombramiento de Rogelio Ortega Martínez, como gobernador interino, ya que éste último está denunciado en la Procuraduría General de la República (PGR), como enlace de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en México, cuya organización realia secuestros de larga duración a personajes de la vida política de Colombia, como Ingrid Betancourt, quien duró secuestrada 6 largos años, y cuyo modus operandi es el que probablemente pueda tener retenido a los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. No sólo esto, sino que la llegada de Ortega Martínez al poder pueda generar un frente de crisis, primeramente ideológico, con otras organizaciones subversivas con asiento en Guerrero, que más adelante escale al terreno de violencia.

En el campo social, la ciudadanía muy seguramente conoció por vox populi la podredumbre en la que se revolcaba su clase política. Es muy probable que por miedo no denunciara ante la autoridad local o federal, pero se comprueba que poco o nada podría haber servido una denuncia ciudadana anónima, cuando era de su conocimiento y aun así, se permitió seguir en el cargo.

La crisis genera protestas que son capitalizadas por grupos anarquistas, quienes encuentran en la impunidad, el motivo para cometer actos vandálicos y destrozos.

En el campo de la seguridad, los sistemas de inteligencia de los cuerpos de seguridad local y federal debieron conocer en tiempo y forma, las actividades en las que participaban las autoridades de Iguala en complicidad con la delincuencia, mostrando con esto, un desinterés en la actividad de inteligencia y hasta una desarticulación en las corporaciones, y cuyo trabajo informativo, en poco o nada previno hechos de esta naturaleza.

Para subsanar esta deficiencia y buscar el paradero de los estudiantes desaparecidos, hay toda una división de unos diez mil hombres que buscan por cielo y tierra a los jóvenes.

Pudiera ser que dentro de esta transformación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), haya decidido de inmediato tomar manos a la obra y recomendar al Gobierno de Jalisco la remoción del director de seguridad pública del municipio de Zapopan, Hernán Guízar Maldonado, cuando este personaje nunca debió ser nombrado como tal, ya que de ser reportero de la fuente fue habilitado e investido con mando policial por el Fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, sin que Guizar tuviera conocimiento en técnicas y tácticas policiales y en quien recayó una recomendación en la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco dirigida a su exjefe Nájera Gutiérrez, por la muerte de un detenido. Cabría la duda si la remoción es porque el CISEN descubriría la comisión de algún delito, del fuero común o federal.

Las consecuencias

En la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa, hay quien afirma que Ayotzinapa es el siguiente caso de graves violaciones, después de los acontecimientos de Tlatelolco en 1968.

Por la naturaleza de las causas, podría decirse que los sucesos de 1968 es un tema superado, en virtud a que la gran mayoría de las causas políticas, económicas y sociales que generaron las protestas y los acontecimientos del 2 de octubre de ese año, han sido superadas con las distintas reformas a la Constitución, en esas materias, así mismo con la promulgación de nuevas leyes, que vienen a complementar la gama de derechos individuales o colectivos en el país, más no así, el tema de la responsabilidad política y penal por las muertes, que no ha sido superado.

Por su parte, parece que Ayotzinapa es la culminación en la violación a los derechos humanos, producto del estado de inseguridad que vivimos desde el inicio de la mal llamada guerra, que fue iniciada en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo.

Esta sensación de injusticia, de inseguridad, de temor, de miedo o de ausencia de autoridad, podría encontrar su origen en la falta de voluntad del gobierno como entidad, de solucionar problemas que se han vuelto comunes en nuestras vidas, como por ejemplo, hablar de los niveles de violencia que antes no tocábamos y que de alguna u otra manera, han alcanzado a nuestro primer círculo de relaciones.

Los temas de nuestra seguridad nacional han involucrado el secuestro, la impunidad, la injustica, por citar algunos, que por eso naciones de primer mundo extienden alertas a sus ciudadanos que visitan nuestro país, en el que su seguridad nacional se circunscribe al robo de unas bicicletas y a un asesinato en un robo en todo el país.

Por es es muy grave acostumbrarnos a vivir con esta violencia y más, que el objetivo de la violencia esté dirigido al nicho de población estudiantil del campo social, cuyos estudiantes de Guerrero o Ricardo Esparza Villegas de la UdG, han sido lamentablemente víctimas.

El recuento de los daños

Si bien es cierto que la licencia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aminora por el momento la presión política de la ciudadanía por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa, la crisis no termina ahí.

No puede decirse que se trata de un tema concluido o con avances significativos, cuando no han aparecido los jóvenes en cuya ausencia hay graves y delicados asuntos por resolver que evidenciaron la crisis por la que atraviesan los derechos humanos en México. Hay quien afirma que Ayotzinapa es el siguiente caso de graves violaciones, después de los acontecimientos de Tlatelolco en 1968.

Por la naturaleza de las causas, podría decirse que los sucesos de 1968 es un tema superado, en virtud a que la gran mayoría de las causas políticas, económicas y sociales que generaron las protestas y los acontecimientos del 2 de octubre de ese año, han sido superadas con las distintas reformas a la Constitución, en esas materias, así mismo con la promulgación de nuevas leyes, que vienen a complementar la gama de derechos individuales o colectivos en el país, más no así, el tema de la responsabilidad política y penal por las muertes, que no ha sido superado.

Por su parte, parece que Ayotzinapa es la culminación en la violación a los derechos humanos, producto del estado de inseguridad que vivimos desde el inicio de la mal llamada guerra, que fue iniciada en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo.

Casos como el asesinato de jóvenes en Villas de Salvárcar en Cd. Juárez, Chih., los 72 migrantes muertos en San Fernando, Tamps., los 52 fallecidos en el Casino Royal de Monterrey, N.L., y en el periodo intermedio del expresidente Calderón y los hechos de 1968, algunos más como los 17 campesinos de Aguas Blancas, los muertos de Acteal y el halconazo de 1971, son ejemplos de la impunidad que alimenta el descontento social en cuyo tejido subyace el origen de movimientos subversivos.

El agravio revive cada 10 de junio, cada 2 de octubre y cada vez que llegue a conmemorarse algún triste acontecimiento al cual, el sistema político mexicano le apueste al olvido, en lugar de hacer justicia.

Esta sensación de injusticia, de inseguridad, de temor, de miedo o de ausencia de autoridad, podría encontrar su origen en alguno de los factores de medición de la pobreza del CONEVAL, pudiendo ser causado por alguna mala decisión de política pública.

Por ejemplo en materia económica, de las decisiones de política pública que sean tomadas, depende la generación de condiciones que propicien el ingreso corriente per cápita, como factor para conocer si su línea de bienestar económico es lo suficiente como para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, educación, salud y bienestar.

De estas mismas políticas públicas pero en educación, depende que sus hijos acudan a un centro escolar público para recibir educación, pero no sólo en cantidad, sino en calidad y sin que esta sea orientada a someter a la persona y mantenerla en un estado de ignorancia, sino por el contrario, ésta debe procurar en todo momento enaltecer los valores, cívicos nacionales, y sin que la autoridad educativa le delegue la responsabilidad de educar a las televisoras nacionales y sus decadentes valores transmitidos en programas, como los de Laura Bozzo o Rocío Sánchez Azuara.

Estas son sólo unas cuantas menciones por las cuales, han llevado al estado de inconformidad social, en cuyo ejemplo contrasta con la lejana aspiración de vida de primer mundo, al que desea llevarnos las reformas estructurales aprobadas por el Congreso.

A este recuento de daños se suma la petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que mediante una resolución expresa la preocupación del organismo por la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa.

Además, esta misma semana el Parlamento Europeo se posicionó mediante una resolución del pleno en Estrasburgo en Francia, en la que hace referencia a la desaparición forzada de los estudiantes.

Empero, la licencia de Aguirre Rivero no es garantía de aparición de los normalistas guerrerenses, pero de alguna manera despresuriza la tensión política en el país con el grupo social de los estudiantes, últimamente vulnerado en Jalisco, Puebla o Veracruz.

El gobierno debe cambiar de rumbo

En la crisis política de la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero, el Senado aprobó posponer unos días el tema, para resolver si existiría la desaparición de poderes en ese estado.

Las reacciones derivadas del asesinato de un joven jugador de futbol del equipo Avispas y de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, le generaron un grave frente de crisis nacional, cuyos efectos alcanzaron al gobierno federal a nivel internacional, en el que la solución parece encontrarse en la dimisión o remoción del gobernador.

Derivado de lo anterior se encuentran vulneradas y muy debilitadas las estructuras de los campos político, social y de seguridad en el país, cuyo orígen se encuentra en la corrupción, razón por la cual, el Partido Acción Nacional se apresuró a lanzar el sistema anticorrupción, tema pendiente a manera de reforma.

En este tema se encuentra pendiente la integración de la Comisión Nacional Anticorrupción, en la que podría ser posible incorporar a la Auditoría Superior de la Federación, así como a las entidades de fiscalización de los Estados, pudiendo ser dirigida por un académico, no por un político.

Esta crisis del área política trajo consigo la percepción ciudadana de un silencioso pacto de impunidad, que pudiera existir entre todos los partidos políticos, para ocultar las corruptelas de sus integrantes.

Lo más grave, vino a demostrar la vulnerabilidad en el que nos encontramos los ciudadanos que estamos integrados al campo social, por la colusión de servidores públicos con la delincuencia, en nuestro perjuicio.

Demostró la crisis en que se encuentran los derechos humanos en México, que han sido denunciados por organizaciones internacionales.

En esta crisis de credibilidad, el gobierno debe cambiar de rumbo, a efecto de insertar la moral en la ciudadanía y en su clase política, como un valor que ha sido altamente vulnerado en los ciudadanos y que la clase política no solo conozca a la moral, como “un árbol que da moras”, dicho por Gonzalo N. Santos, gobernador de San Luis Potosí en la década de los 30’s.

Cuando el destino nos alcance

En la crisis de la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero, parece que el destino ya está escrito. Se trata de su remoción, por la vía de licencia por su propia voluntad, o bien, del ejercicio que apruebe el Senado luego de la solicitud del grupo parlamentario de Acción Nacional en la Cámara Alta para la desaparición de poderes en Guerrero.

Las reacciones derivadas del asesinato de un joven jugador de futbol del equipo Avispas y de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, le generaron un grave frente de crisis, nacional e internacional, que ya no existe solución política a este conflicto, más que sólo por la vía de la dimisión o remoción.

Derivado de lo anterior se encuentran vulneradas y muy debilitadas las estructuras de los campos político, social y de seguridad.

Del área política, esta crisis evidenció la permisibilidad y tolerancia de las actividades de los militantes y sus élites al interior de los partidos políticos. Esto muestra la necesidad de implementar la Comisión Nacional Anticorrupción, para evitar prácticas ajenas e ilegales a las del servicio público. Cuando en un principio el presidente del PRD, Carlos Navarrete, defendió al gobernador Aguirre, ahora ya no mete las manos al fuego por él. Es probable que en el cálculo político haya considerado que Guerrero sería una plaza perdida para su partido.

En la integración de la Comisión Anticorrupción, podría ser posible incorporar a la Auditoría Superior de la Federación, así como a las entidades de fiscalización de los Estados, dirigida por un académico, no por un político.

Esta crisis del área política trajo consigo la percepción ciudadana, de un silencioso pacto de impunidad que pudiera existir entre todos los partidos y su clase política para ocultarse de corruptelas de sus integrantes, y del cual, podría desprenderse la especulación de que el gobernador Aguirre deje la gubernatura, a cambio de inmunidad política para él y su familia, y probablemente alguna candidatura para su hijo.

En el campo de seguridad, vino a demostrar la fragilidad y corruptibilidad de las instituciones de seguridad en municipios y estados. Se señala que el director de seguridad del municipio de Iguala recibía hasta 600 mil pesos mensuales de la delincuencia, como podría suceder en algún otro municipio del país; por otra parte, se han encontrado más de 20 tumbas clandestinas con restos humanos que hasta este momento, ninguna de las osamentas pertenecen a los estudiantes desaparecidos, pero esto genera un nuevo frente de crisis por saber a quién pertenecen esos restos.

Por otra parte, vino a demostrar lo delicado en que se encuentra el sistema de procuración e impartición de justicia mexicano. El primero, todavía funcionando con un sistema inquisitorio, mientras que el segundo, con fallas en el debido proceso y bajo la sospecha por la corruptibilidad de algunos jueces o la aplicación política de la ley. El ejemplo más palpable: la liberación de Florence Cassez y de Rafael Caro Quintero.

Generó que organizaciones como la sección 22 de la CNTE de Oaxaca, se trasladaran a Guerrero para protestar por los desaparecidos; que organizaciones subversivas como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y otros, volvieran a la escena pública, mediante comunicados para apoyar a los normalistas.

Lo más grave, vino a demostrar la vulnerabilidad en el que nos encontramos los ciudadanos que estamos integrados al campo social, por la colusión de servidores públicos con la delincuencia, -de los tres niveles y en los tres órdenes de gobierno-, en nuestro perjuicio.

Demostró el decadente y miserable estado en el que se encuentran los derechos humanos en México, como si su actual presidente mereciera ser reelegido en el cargo, con múltiples y diversos frentes de crisis con organizaciones de derechos humanos, por la inacción en algunos casos, omisión en otros y tolerancia hacia la autoridad.

Ayotzinapa es la gota que derramó el vaso, pero todavía están pendientes de resolver los casos del asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel y su ayudante, así como el del secretario general del PAN en Guerrero, los cien mil muertos de la guerra del expresidente Calderón, secuestros, cobros de piso y demás.

“Cuando el destino nos alcance” no sólo es el nombre de una película; es una frase que engloba la justa retribución de la escuadra y el nivel, a la conducta que podríamos haber realizado en un pasado no muy lejano.

Es muy probable que en esta grave crisis que vive el estado de Guerrero, Ángel Aguirre haya sido alcanzado por su mismo destino, como quizás algún otro político pueda ser alcanzado por su destino.

La impunidad en Ayotzinapa

Todas las fuerzas políticas del país podrían coincidir en que la impunidad es la causa que debilita las autoridades y las instituciones.

Ejemplos sobran del anterior y del actual sexenio, como la guardería ABC en Hermosillo y el caso Florence Cassez; de este sexenio, Oceanografía, Rafael Caro Quintero, Tlatlaya y con frente de crisis abierto, Ayotzinapa, en cuyas crisis alojan a damnificados políticos que ven truncadas sus carreras políticas en busca del siguiente cargo o puesto.

Buscan a las instituciones de procuración de justicia o electorales, para que en el uso de sus atribuciones, les extiendan un certificado de buena conducta política, o bien, refrenden ante la ciudadanía la legitimidad ansiada, que les permita seguir en el poder.

Este es el caso del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien dice que buscará un referendum de su mandato al que el Instituto Nacional Electoral le dijo contestó de manera negativa, al grave frente de crisis aún sin solucionar, por la matanza de estudiantes y la desaparición de otros de ellos, de la Escuela Normal de Ayotzinapa en su estado.

Es obvio que el gobernador Aguirre no es el responsable material, -ni intelectual-, de dichos crímenes; él no mandó matar a nadie ni jaló del gatillo en estos hechos, pero su autoridad como Primer Mandatario lo coloca en una responsabilidad de tipo político, porque su papel, así como el de cualquier gobernador es, conocer las condiciones políticas, económicas y sociales, desde el lugar más cercano a sus oficinas de gobierno, hasta las del último rincón o límite del estado que gobierna.

La razón de lo anterior radica, en que Aguirre Rivero es oriundo de Guerrero, en otro momento de crisis producto de los campesinos muertos en Aguas Blancas en 1995, él fue gobernador sustituto de ese estado, ha sido diputado federal y senador por Guerrero, lo que lo coloca en un ámbito de perfecto conocimiento de la situación política de su estado y debió conocer el entramado de redes políticas, económicas y sociales de las autoridades de los 81 municipios de Guerrero, así como un mapa de las condiciones de seguridad generado por las instituciones que gobierna.

Es posible que el gobernador Aguirre y cualquier ciudadano de Guerrero tenga autoridad en descalificar a quienes no vivimos en ese estado, para pedir la justicia política. Lo que seguramente desconoce el gobernador Aguirre, su séquito de colaboradores y su partido político, es que las conductas ejercidas en los estudiantes de esa escuela, y que consistieron en una desaparición forzada, carente de humanidad y que causó y sigue causando graves daños tanto psíquico como físicamente y que además han sido cometidos como parte de un ataque integral o sistemático contra una comunidad, se encuadra en crímenes de lesa humanidad que ampara el Estatuto de Roma, como instrumento que otorga vida juridica a la Corte Penal Internacional, instrumento adoptado en Roma, Italia, el 17 de julio de 1988 y ratificado por México en octubre de 2005.

La comunidad internacional en voz de Naciones Unidas, la OEA y la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, han protestado y condenado la impunidad en este grave caso de violación de derechos humanos, que compromete al estado mexicano y que podría generan una nueva crisis internacional para México.

Sostener a Aguirrero Rivero en el cargo podría ser una muestra de impunidad polítíca a la que se refieren los organismos internacionales y la ciudadanía. De nada valió el perdón que pidió la dirigencia de su partido, por postular al cargo de presidente municipal de Iguala, a José Luis Abarca; sus múltiples relaciones con la delincuencia lo delatan y el amparo que le fue otorgado por un juzgado de la ciudad de México, viene a enrarecer la petición de justicia.

Es muy probable que la impunidad y el vació de justicia que dejó la liberación de la ciudadana Florence Cassez, haya sido la causa por la que los legisladores de oposición consideraron que la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, no sea la más indicada y en el momento más inoportuno en el país para recibir la medalla “Eduardo Neri” que otorga el Congreso; o bien, que en el ánimo de la opinión pública la llegada del nuevo avión del presidente de la República, haya sido vista como un acto de frivolidad y en una coyuntura indeseada para el estado mexicano por la decadente protección de los derechos humanos en México.

Mientras tanto, este es un grave problema de seguridad nacional que confronta a los ciudadanos y la clase política; los primeros en reclamar a los segundos que separen del cargo al gobernador y de considerarlo en derecho, procesarlo; y por su parte, la clase política en aminorar los efectos generados por las graves violaciones de derechos humanos, como consecuencia de la impunidad y de la corrupción, que podrían trascender fronteras como el problema mismo, y enmarcarse en el derecho internacional.

La protesta en México y en el extranjero con motivo del asesinato de estudiantes de Ayotzinapa no debe ser desestimada o subestimada por la autoridad, de lo contrario, generaría condiciones para iniciar otro movimiento subversivo como el del Ejército Popular Revolucionario, en Guerrero por cierto.

En algún otro momento, el país vivió un momento de crisis: En sesión del 15 de diciembre de 1861, Vicente Rivapalacio, presidente del II Congreso, se dirige al Presidente Juárez, a quien la asamblea le otorga facultades extraordinarias para hacer frente a la intervención francesa, “La historia enseña que todas las naciones, para llegar a la reforma y a la verdadera civilización, han tenido que pasar por pruebas terribles y por dolorosos sacrificios, y muchas veces los pueblos más poderosos debieron tocar el borde del abismo y, sin embargo, pudieron salvarse por la fe y la unión entre sus hijos”.

Crisis sin control de daños

En la grave crisis política que generó la muerte de varios jóvenes y la desaparición de decenas de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Guerrero, llega el nuevo presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, a fin de parafrasear que “somos corruptos, pero el PAN y el PRI también”.

Lo anterior para señalar que en este problema, no se le acuse solamente al gobernador Ángel Aguirre Rivero de ese estado, sin voltear a ver a los gobernadores del estado de México y de Tamaulipas, Eruviel Ávila y Egidio Torre, respectivamente, por la inseguridad en esos estados.

En el colmo, aparece una narcomanta que amenaza con divulgar los nombres de funcionarios involucrados, si no se libera a los 22 policías de Iguala, sospechosos de la muerte de los estudiantes. Solo faltó que amenazaran a la ciudadanía por pedir la renuncia del gobernador de Guerrero.

Para el tema de Ayotzinapa cuyo municipio y estado son gobernados por el PRD, no hay control de daños que justifique la colución de servidores públicos municipales y estatales para matar a estudiantes, por cualquier razón y cuyo gobernador sale a medios para deslindarse. Los servidores públicos federales, como la PGR y el CISEN, lo sabían así que son responsables por omisión.

Y de acuerdo a lo que dice el presidente del sol azteca, en el Partido Revolucionario Institucional no hay control de daños que pueda atemperar la opinión pública por la gravedad de los delitos condenados por organismos internacionales, cuando en el estado de México mueren 22 personas en un enfrentamiento con el ejército.

En el Partido Acción Nacional no hay control de daños que aminorara la muerte de 49 niños, producto de un incendio en una guardería por la sospechosa colución de servidores públicos del IMSS y de Sonora en Hermosillo.

No puede haber conciencia social que guarde todos los muertos de una guerra sin sentido de la administración pasada y las políticas públicas presentes, que no alcanzan a tocar el nicho de corrupción en el que conviven algunos integrantes de la clase política, que pareciera que representan los intereses de la delincuencia.

Cálculos políticos

Dos temas en la opinión pública tuvieron que suceder para que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Chong, se involucrara de manera personal a fin de aminorar sus efectos: la crisis estudiantil y los derechos humanos.

En el primero de ellos, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) reaccionaron de manera inteligente a la autoridad de su directora, Yoloxóchitl Bustamante, quien en un intento por contener a la opinión pública, minimizó y subestimó la capacidad de los alumnos para organizarse y protestar por los cambios al reglamento del IPN que pretendía tecnificar la educación recibida en sus planteles educativos.

El martes pasado sorprendieron a la opinión pública por su capacidad de organización, al marchar de manera ordenada hasta las oficinas del secretario de Gobernación en Bucareli, procurando que en la retaguardia un grupo de estudiantes recogiera la basura generada por ellos mismos, agrupándose por escuela y grupo para evitar infiltrados anarquistas, entre otras medidas para su seguridad.

Es muy probable que el titular de la SEGOB y su cercano equipo hayan valorado la relación costo – beneficio por la cual, si desestimaban la protesta de los alumnos del IPN podrían haber generado una nueva crisis por falta de atención y cuyo tema se hubiera agregado al frente de crisis del gobierno de Guerrero y federal, por los alumnos muertos el viernes 26 de septiembre pasado y sus 43 compañeros desaparecidos todos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en ese estado, a un día de la conmemoración de los acontecimientos por el 46º. aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, caldo de cultivo propicio no para generar protesta callejera, sino quizás actos de violencia.

En el segundo frente de crisis correspondiente a los derechos humanos, tiene que ver con la probabilidad de declarar la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa que aún se encuentran en calidad de no localizados, así como los 22 muertos en Tlatlaya en el Estado de México a manos de un grupo de militares.

En el primer caso, el presidente municipal de Iguala en Guerrero y su director de seguridad pública tienen orden de presentación por estos hechos, en los que una parte de la sociedad guerrerense marchó en días pasados para exigir la licencia de su gobernador, Ángel Aguirre, para someterlo a juicio político por estos hechos.

En lo referente al tema de Tlatlaya, éste se perpetró el 30 de junio pasado, en una bodega del municipio del mismo nombre, cercano a la región de Tierra Caliente entre Michoacán y el Estado de México, en el que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que producto de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes, habían fallecido 22 de los últimos pero fue desmentido por una testigo presencial, quien afirma que fueron ejecutados aun cuando se habían rendido frente a los militares.

En las investigaciones que realiza la PGR dice que no aparecen evidencias que sustenten las ejecuciones que afirma la testigo, mientras que al menos 8 militares entre ellos un oficial, declaran ante un juzgado militar sobre estos hechos.

De comprobarse la ejecución y desaparición forzada en ambos casos, sería un grave frente de crisis para el gobierno federal, que vería mermado sus esfuerzos por mostrar que la reforma energética, politica, hacendaria, fiscal, entre otras, comienzan a transformar a nuestro país.

Es tan grave ambos asuntos, que los dos han trascendido al ámbito de Naciones Unidas, cuyo sistema en México ha presentado su consternación en comunicados por separado, en el que exige a las autoridades mexicanas su petición de justicia a las víctimas de los hechos de Tlatlaya, así como para la localización inmediata de las personas desaparecidas en Ayotzinapa.

No sólo eso. Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han condenado al gobierno mexicano por ambos hechos.

Es muy probable que en el primer caso, -el de los estudiantes-, aunque el tema era de la competencia y atribuciones del titular de la SEP, Emilio Chauyffet Chemor, la estrategia seguida haya sido omitir la participación del secretario de educación para evitar atraer de la memoria histórica la masacre de campesinos en Aguas Blancas, también en Guerrero, en 1995, siendo secretario de gobernación Chauyffet, lo que motivó el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR) a la luz pública un año después.

Mientras tanto, el tema de los estudiantes del IPN parece haber sido desactivado con la solución a sus demandas; pero el tema de las graves violaciones a los derechos humanos en Tlatlaya y Ayotzinapa es un asunto que dificilmente podrá transitar en tanto no se llegue a la verdad histórica y jurídica.