En
la grave crisis política que generó la muerte de varios jóvenes y la desaparición
de decenas de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Guerrero, llega
el nuevo presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos
Navarrete, a fin de parafrasear que “somos
corruptos, pero el PAN y el PRI también”.
Lo
anterior para señalar que en este problema, no se le acuse solamente al
gobernador Ángel Aguirre Rivero de ese estado, sin voltear a ver a los
gobernadores del estado de México y de Tamaulipas, Eruviel Ávila y Egidio
Torre, respectivamente, por la inseguridad en esos estados.
En
el colmo, aparece una narcomanta que amenaza con divulgar los nombres de
funcionarios involucrados, si no se libera a los 22 policías de Iguala,
sospechosos de la muerte de los estudiantes. Solo faltó que amenazaran a la
ciudadanía por pedir la renuncia del gobernador de Guerrero.
Para
el tema de Ayotzinapa cuyo municipio y estado son gobernados por el PRD, no hay
control de daños que justifique la colución de servidores públicos municipales
y estatales para matar a estudiantes, por cualquier razón y cuyo gobernador
sale a medios para deslindarse. Los servidores públicos federales, como la PGR
y el CISEN, lo sabían así que son responsables por omisión.
Y
de acuerdo a lo que dice el presidente del sol azteca, en el Partido
Revolucionario Institucional no hay control de daños que pueda atemperar la
opinión pública por la gravedad de los delitos condenados por organismos
internacionales, cuando en el estado de México mueren 22 personas en un
enfrentamiento con el ejército.
En
el Partido Acción Nacional no hay control de daños que aminorara la muerte de
49 niños, producto de un incendio en una guardería por la sospechosa colución
de servidores públicos del IMSS y de Sonora en Hermosillo.
No
puede haber conciencia social que guarde todos los muertos de una guerra sin
sentido de la administración pasada y las políticas públicas presentes, que no
alcanzan a tocar el nicho de corrupción en el que conviven algunos integrantes
de la clase política, que pareciera que representan los intereses de la
delincuencia.
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