Si bien es cierto
que la licencia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aminora por
el momento la presión política de la ciudadanía por la desaparición de los 43
normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa, la crisis no termina ahí.
No puede decirse
que se trata de un tema concluido o con avances significativos, cuando no han
aparecido los jóvenes en cuya ausencia hay graves y delicados asuntos por
resolver que evidenciaron la crisis por la que atraviesan los derechos humanos
en México. Hay quien afirma que Ayotzinapa es el siguiente caso de graves
violaciones, después de los acontecimientos de Tlatelolco en 1968.
Por la naturaleza
de las causas, podría decirse que los sucesos de 1968 es un tema superado, en
virtud a que la gran mayoría de las causas políticas, económicas y sociales que
generaron las protestas y los acontecimientos del 2 de octubre de ese año, han
sido superadas con las distintas reformas a la Constitución, en esas materias,
así mismo con la promulgación de nuevas leyes, que vienen a complementar la
gama de derechos individuales o colectivos en el país, más no así, el tema de
la responsabilidad política y penal por las muertes, que no ha sido superado.
Por su parte,
parece que Ayotzinapa es la culminación en la violación a los derechos humanos,
producto del estado de inseguridad que vivimos desde el inicio de la mal
llamada guerra, que fue iniciada en la administración del expresidente Felipe
Calderón Hinojosa y cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo.
Casos como el
asesinato de jóvenes en Villas de Salvárcar en Cd. Juárez, Chih., los 72
migrantes muertos en San Fernando, Tamps., los 52 fallecidos en el Casino Royal
de Monterrey, N.L., y en el periodo intermedio del expresidente Calderón y los
hechos de 1968, algunos más como los 17 campesinos de Aguas Blancas, los
muertos de Acteal y el halconazo de 1971, son ejemplos de la impunidad que
alimenta el descontento social en cuyo tejido subyace el origen de movimientos
subversivos.
El agravio revive
cada 10 de junio, cada 2 de octubre y cada vez que llegue a conmemorarse algún
triste acontecimiento al cual, el sistema político mexicano le apueste al
olvido, en lugar de hacer justicia.
Esta sensación de
injusticia, de inseguridad, de temor, de miedo o de ausencia de autoridad,
podría encontrar su origen en alguno de los factores de medición de la pobreza
del CONEVAL, pudiendo ser causado por alguna mala decisión de política pública.
Por ejemplo en
materia económica, de las decisiones de política pública que sean tomadas,
depende la generación de condiciones que propicien el ingreso corriente per
cápita, como factor para conocer si su línea de bienestar económico es lo
suficiente como para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación,
educación, salud y bienestar.
De estas mismas
políticas públicas pero en educación, depende que sus hijos acudan a un centro
escolar público para recibir educación, pero no sólo en cantidad, sino en
calidad y sin que esta sea orientada a someter a la persona y mantenerla en un
estado de ignorancia, sino por el contrario, ésta debe procurar en todo momento
enaltecer los valores, cívicos nacionales, y sin que la autoridad educativa le
delegue la responsabilidad de educar a las televisoras nacionales y sus decadentes
valores transmitidos en programas, como los de Laura Bozzo o Rocío Sánchez
Azuara.
Estas son sólo
unas cuantas menciones por las cuales, han llevado al estado de inconformidad social,
en cuyo ejemplo contrasta con la lejana aspiración de vida de primer mundo, al
que desea llevarnos las reformas estructurales aprobadas por el Congreso.
A este recuento
de daños se suma la petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, en la que mediante una resolución expresa la preocupación
del organismo por la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa.
Además, esta
misma semana el Parlamento Europeo se posicionó mediante una resolución del
pleno en Estrasburgo en Francia, en la que hace referencia a la desaparición
forzada de los estudiantes.
Empero, la
licencia de Aguirre Rivero no es garantía de aparición de los normalistas
guerrerenses, pero de alguna manera despresuriza la tensión política en el país
con el grupo social de los estudiantes, últimamente vulnerado en Jalisco,
Puebla o Veracruz.
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